Por Miguel Ángel Cristiani G.
En política hay casualidades que resultan demasiado
convenientes para ser simples coincidencias. Y cuando el dinero público aparece
invertido en propiedades privadas, la obligación ciudadana no es aplaudir, sino
preguntar. Porque el silencio nunca ha sido sinónimo de transparencia.
En Tuxpan, la rehabilitación y pintura del emblemático
Edificio Delmar ha sido presentada oficialmente como una acción para rescatar
la imagen urbana del centro histórico. A primera vista, la explicación parece
razonable. Se trata de un inmueble representativo, ubicado frente al parque
principal, a un costado de la Catedral y en una de las zonas más visibles del
puerto. Durante años permaneció deteriorado, convertido en una postal incómoda
para autoridades que gustan presumir progreso desde el balcón del Palacio
Municipal.
Sin embargo, detrás de las brochas, la pintura fresca y los
discursos sobre embellecimiento urbano, comienzan a surgir versiones que
merecen atención. No porque sean ciertas, sino precisamente porque deben
aclararse.
Diversas voces en Tuxpan afirman que la rehabilitación del
inmueble podría estar relacionada con una operación de compraventa en la que
presuntamente estaría involucrado el propio alcalde. La versión que circula
sostiene que el edificio habría sido adquirido recientemente mediante terceros
y que posteriormente sería rentado al Ayuntamiento, generando así un mecanismo
para recuperar la inversión con recursos públicos.
Hasta este momento no existe evidencia pública que confirme
semejante señalamiento. Pero tampoco existe información suficiente que permita
descartarlo categóricamente.
Y ahí comienza el verdadero problema.
La transparencia no consiste en pedir confianza ciega a la
ciudadanía. La transparencia consiste en exhibir documentos, contratos,
escrituras y registros que despejen cualquier duda razonable.
Si el Ayuntamiento decidió invertir recursos en mejorar la
fachada de un edificio privado, resulta legítimo preguntar bajo qué figura
jurídica se realizó la intervención. ¿Existió convenio? ¿Hubo autorización
formal de los propietarios? ¿Cuál fue el monto destinado? ¿Qué beneficio
público justificó la inversión? ¿Quién es actualmente el propietario registrado
del inmueble? ¿existe un contrato de renta por cuatro años? con lo que se
pagaría el edificio.
Son preguntas elementales en cualquier democracia funcional.
Más aún cuando Tuxpan enfrenta rezagos evidentes en colonias
donde continúan faltando pavimentación, drenaje, alumbrado público y servicios
básicos. Para miles de ciudadanos resulta difícil comprender por qué existen
recursos para restaurar fachadas privadas mientras persisten necesidades
elementales en amplios sectores de la población.
El caso adquiere relevancia adicional por el valor histórico
y simbólico del Delmar. Aunque no forma parte formalmente de los grandes
catálogos patrimoniales del estado, sí constituye una referencia urbana para
generaciones de tuxpeños. Su arquitectura, su ubicación estratégica y su
presencia histórica dentro del desarrollo comercial del puerto lo convierten en
un inmueble de interés colectivo.
Precisamente por ello cualquier actuación pública sobre el
edificio debe encontrarse respaldada por absoluta transparencia.
Aquí es donde debería intervenir el Órgano de Fiscalización
Superior del Estado. No para perseguir a nadie ni para validar rumores, sino
para hacer exactamente aquello para lo que fue creado: revisar documentos,
verificar operaciones y garantizar que los recursos públicos se utilicen
conforme a la ley.
Una auditoría que incluya la revisión del Registro Público
de la Propiedad permitiría esclarecer si existió alguna operación reciente de
compraventa, quiénes son los propietarios actuales y si existe alguna relación
entre la rehabilitación realizada y posibles intereses particulares.
Porque cuando un gobierno actúa correctamente, la auditoría
no representa una amenaza. Representa una oportunidad para demostrar que todo
se hizo conforme a derecho.
Lo verdaderamente preocupante no son los rumores que
circulan en los cafés, en los pasillos políticos o en las redes sociales. Lo
preocupante es que la falta de información oficial termine alimentándolos.
La confianza pública se construye con documentos abiertos,
no con boletines; con rendición de cuentas, no con discursos; con transparencia
verificable, no con actos de fe.
Y en política, cuando un edificio privado comienza a recibir
demasiadas atenciones oficiales mientras las necesidades públicas siguen
esperando turno, la sospecha deja de ser un exceso de imaginación ciudadana
para convertirse en una consecuencia natural de la opacidad gubernamental.
Porque cuando el
dinero de todos termina embelleciendo propiedades de unos cuantos, lo que se
pinta no es una fachada: se maquilla un posible conflicto de interés.
