Por Miguel Ángel Cristiani
La propuesta de realizar un censo de periodistas en
Veracruz ha abierto un debate que va mucho más allá de elaborar una simple
lista de nombres. En realidad, la discusión toca uno de los temas más sensibles
para cualquier sociedad democrática: la relación entre el Estado y la libertad
de expresión.
En principio, la idea puede parecer positiva.
Conocer cuántos periodistas ejercen realmente la
profesión, en qué condiciones laborales se desempeñan, cuáles son sus
necesidades de capacitación, seguridad social o protección personal, podría
convertirse en una herramienta útil para diseñar políticas públicas que
fortalezcan el ejercicio periodístico.
Nadie puede oponerse a que un gobierno conozca
mejor la realidad de un gremio para atender sus necesidades.
El problema comienza cuando aparecen las preguntas
que todavía no tienen respuesta.
¿Quién organizará ese censo?
¿Con qué fundamento jurídico?
¿Será voluntario o tendrá algún carácter
obligatorio?
¿Quién resguardará la información obtenida?
¿Qué uso se dará a los datos personales de quienes
decidan participar?
Y quizá la pregunta más importante de todas: ¿quién
determinará quién es periodista y quién no?
Porque el periodismo no se ejerce mediante una
patente, una licencia o una credencial expedida por el gobierno. Tampoco puede
reducirse a una definición burocrática.
Existen periodistas con décadas de trayectoria que
nunca cursaron una carrera universitaria, así como profesionistas titulados que
jamás han redactado una nota informativa. Hay quienes trabajan en empresas de
comunicación, quienes colaboran de manera independiente, quienes publican en
medios digitales y quienes ejercen desde comunidades donde el periodismo sigue
siendo un acto de compromiso más que una fuente de ingresos.
La diversidad del gremio hace prácticamente
imposible encerrar su realidad en una sola definición administrativa.
Por ello, cualquier ejercicio de esta naturaleza
debe construirse con absoluta transparencia y, sobre todo, con la participación
de las organizaciones representativas del periodismo, de las universidades, de
los especialistas en comunicación y de los propios periodistas.
Un censo no puede convertirse en un mecanismo para
otorgar certificados de autenticidad periodística.
Tampoco debe utilizarse para establecer categorías
entre quienes son considerados periodistas "oficiales" y quienes, por
alguna razón, queden fuera de un padrón.
Si el propósito es fortalecer al gremio, el camino
debe ser la inclusión y no la exclusión.
También es indispensable garantizar la protección
de los datos personales. En un país donde ejercer el periodismo sigue
representando riesgos, la información sobre identidad, domicilio, lugar de
trabajo o cobertura informativa debe manejarse con los más altos estándares de
confidencialidad.
La confianza será el principal requisito para el
éxito o el fracaso de cualquier censo.
El periodismo veracruzano necesita reconocimiento,
capacitación, mejores condiciones laborales y mecanismos eficaces de
protección. En eso difícilmente habrá desacuerdos.
Lo que sí merece una amplia discusión es el
instrumento que se utilizará para alcanzar esos objetivos.
Porque las mejores políticas públicas no son
aquellas que nacen de una buena intención, sino las que logran generar
confianza entre quienes serán sus destinatarios.
Si el censo pretende convertirse en una herramienta
para fortalecer la libertad de expresión, contará con el respaldo de muchos.
Pero si deja espacio para la duda, la discrecionalidad
o la posibilidad de convertirse en un mecanismo de control, difícilmente
logrará la legitimidad que requiere.
La diferencia entre un instrumento de apoyo y uno
de vigilancia no siempre está en el discurso con que se presenta, sino en las
garantías jurídicas y democráticas que lo acompañan.
Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño,
pregunta:
"Si para proteger a los periodistas primero
hay que hacer un censo, ¿quién hará el censo de las autoridades para saber
cuántas cumplen realmente con la obligación de garantizar la libertad de
expresión?"
