Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay una diferencia abismal entre gobernar y
administrar el discurso. Cuando un gobierno necesita convertir una conferencia
de prensa en una sesión permanente de propaganda, deja de informar para empezar
a fabricar una realidad paralela. La llamada conferencia mañanera terminó hace
mucho por convertirse en una mentidera donde las cifras se acomodan al guion
político, aunque choquen frontalmente con lo que millones de mexicanos viven
todos los días frente a una bomba despachadora de gasolina.
La más reciente demostración la ofreció el titular
de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, al
presumir que el 79 por ciento de las estaciones de servicio vende el
combustible por debajo de los 27 pesos. El detalle que convenientemente quedó
diluido entre gráficas y discursos oficiales es que el dato corresponde al
diésel, no a la gasolina Magna ni a la Premium, que son las que consume
diariamente la inmensa mayoría de los automovilistas.
El ciudadano común no necesita consultar
estadísticas oficiales para saber cuánto cuesta el combustible. Basta acudir a
cualquier gasolinera del país para comprobar que llenar el tanque cuesta más
cada semana. La realidad no se construye con diapositivas; se paga con tarjeta
o en efectivo.
Lo preocupante no es únicamente la confusión entre
combustibles. Lo verdaderamente grave es el intento permanente de presentar
como éxito lo que constituye un evidente incumplimiento de una de las promesas
más emblemáticas del movimiento gobernante.
Vale la pena refrescar la memoria. Durante la
campaña presidencial se aseguró que la gasolina costaría alrededor de diez
pesos por litro. La explicación parecía sencilla: al combatir la corrupción y
construir una nueva refinería en Dos Bocas, Veracruz y México dejarían de depender
de las importaciones y el combustible sería más barato que en Estados Unidos.
La realidad terminó siendo mucho más obstinada que
la propaganda.
La refinería de Dos Bocas, anunciada como la
solución definitiva a la soberanía energética, acumuló retrasos, incrementos
multimillonarios en su costo y una producción muy por debajo de las
expectativas originalmente difundidas. Lo que se prometió como una obra que
abarataría el combustible terminó convertida en uno de los proyectos públicos
más costosos de la historia reciente, sin que ello se reflejara en el bolsillo
de los consumidores.
Mientras tanto, los precios continúan sujetos al
comportamiento internacional del petróleo, al costo de refinación, a la carga
fiscal y a factores económicos que nunca desaparecieron por decreto ni por
discurso presidencial.
Lo paradójico es que el gobierno insiste en
celebrar una estabilidad que para millones de familias simplemente no existe.
Quien utiliza diariamente su automóvil para trabajar, transportar mercancías o
trasladar a su familia sabe perfectamente que el gasto en combustible
representa una presión creciente sobre la economía doméstica. Esa experiencia
cotidiana pesa mucho más que cualquier porcentaje anunciado desde un atril.
La comunicación gubernamental ha sustituido
progresivamente la rendición de cuentas por el manejo selectivo de indicadores.
Cuando una cifra resulta favorable, ocupa los encabezados. Cuando contradice
las promesas originales, desaparece del relato oficial. Así se construye una
narrativa donde nunca existen errores, únicamente reinterpretaciones.
Sin embargo, la memoria ciudadana suele ser más
resistente de lo que imaginan los estrategas políticos. Las promesas de campaña
no caducan por el simple paso del tiempo. Permanecen como referencia obligada
para evaluar el desempeño de quienes solicitaron el voto prometiendo
transformar la realidad.
No se trata de exigir milagros económicos ni de
desconocer que el mercado internacional influye sobre el precio de los
combustibles. Se trata de exigir congruencia. Si se prometió gasolina a diez
pesos, el gobierno debe explicar con la misma intensidad por qué esa meta jamás
se alcanzó. Si se afirmó que Dos Bocas resolvería el problema, corresponde
informar con transparencia cuál ha sido realmente su impacto en los precios.
Gobernar implica asumir responsabilidades, no
redefinir permanentemente las expectativas para que los incumplimientos
parezcan éxitos administrativos.
Porque la función de una procuraduría del
consumidor debería ser defender al consumidor de los abusos del mercado, no
defender al gobierno de la memoria de los ciudadanos.
El litro de gasolina
podrá seguir subiendo, pero lo que ya alcanzó un precio impagable es el costo
de convertir las promesas incumplidas en triunfos oficiales mediante la fábrica
cotidiana de los otros datos.
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