Por Miguel Ángel Cristiani
Cada vez que en México se habla de regular la
comunicación, el debate se polariza casi de inmediato. Unos advierten el riesgo
de la censura; otros sostienen que es indispensable poner orden en un espacio
donde la desinformación, las noticias falsas y los intereses comerciales
también afectan a la sociedad.
La discusión ha resurgido con el proyecto de Ley de
Audiencias, una propuesta que, en esencia, busca fortalecer los derechos de
quienes reciben información a través de la radio, la televisión y las plataformas
de comunicación. En principio, el objetivo parece incuestionable: toda persona
tiene derecho a recibir información veraz, diferenciada de la opinión, libre de
publicidad engañosa y con mecanismos para hacer valer sus derechos como
audiencia.
Difícilmente alguien podría oponerse a esos
principios.
Sin embargo, el debate no termina ahí.
La historia enseña que las leyes no sólo deben
juzgarse por sus buenas intenciones, sino también por los efectos que pueden
producir cuando se aplican.
Ahí es donde aparecen las dudas.
¿Hasta dónde puede llegar el Estado en la
regulación de los contenidos sin afectar la libertad editorial?
¿Quién determinará cuándo una información cumple
con los criterios establecidos por la ley?
¿Existirá el riesgo de que una interpretación
discrecional termine convirtiéndose en un mecanismo de presión para medios y
periodistas?
Son preguntas legítimas en cualquier democracia.
La libertad de expresión nunca ha significado
ausencia de responsabilidad. Los medios de comunicación tienen el deber ético
de verificar la información, distinguir claramente entre noticia y opinión,
rectificar cuando se equivocan y actuar con profesionalismo. Esa exigencia
forma parte de la esencia del periodismo.
Pero también es cierto que la libertad de expresión
pierde sentido cuando el poder público adquiere facultades que puedan influir,
directa o indirectamente, sobre las decisiones editoriales.
Por ello, el verdadero reto consiste en encontrar
un equilibrio.
Las audiencias merecen protección frente a la
desinformación, la manipulación o la publicidad disfrazada de noticia. Al mismo
tiempo, los periodistas necesitan garantías para investigar, cuestionar y
publicar sin temor a represalias derivadas de interpretaciones ambiguas de la
norma.
No se trata de escoger entre uno u otro derecho.
Una democracia madura necesita ambos.
Porque una audiencia desprotegida es vulnerable
frente a los abusos informativos.
Pero una prensa limitada también deja indefensa a
la sociedad frente a los abusos del poder.
En tiempos donde la información circula con una
velocidad nunca antes vista, el desafío ya no consiste únicamente en regular,
sino en fortalecer la ética periodística, la alfabetización mediática de la
ciudadanía y la transparencia de las instituciones.
Las mejores democracias no son aquellas donde el
gobierno decide qué debe publicarse.
Tampoco aquellas donde los medios actúan sin
responsabilidad.
Son aquellas donde existe una ciudadanía crítica,
medios libres, periodistas responsables y autoridades respetuosas de las libertades
constitucionales.
La discusión sobre la Ley de Audiencias representa
una oportunidad para construir ese equilibrio.
Lo verdaderamente preocupante sería que el debate
terminara reducido a posiciones irreconciliables, cuando en realidad lo que
está en juego es un principio superior: el derecho de la sociedad a estar bien
informada.
Pancho López, el filósofo ateniense xalapeño,
pregunta:
"¿Quién protege mejor a las audiencias: una
ley escrita en el papel o una sociedad que defiende, al mismo tiempo, medios
libres y periodistas responsables?"
