Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay historias que en Veracruz parecen no tener final.
Cambian los nombres de los empresarios, cambian los
gobiernos, cambian las circunstancias económicas, pero el argumento termina
siendo prácticamente el mismo: un ingenio azucarero entra en crisis, el
propietario advierte que ya no puede sostenerlo, aparece la amenaza del cierre,
los trabajadores protestan, los productores de caña se preocupan y, finalmente,
el gobierno entra al rescate.
Y entonces comienza otra vez el ciclo.
No es una historia nueva.
Quienes estudiábamos Periodismo en los años setenta
ya conocíamos perfectamente ese guion.
Por aquellos años, uno de los nombres que aparecía
con frecuencia en la industria azucarera veracruzana era el del empresario Pablo Machado, propietario de varios
ingenios, hasta que finalmente éstos terminaron siendo vendidos al gobierno.
Desde entonces han pasado décadas y el problema
sigue apareciendo con diferentes protagonistas.
Ahora el turno parece ser para el ingenio San Pedro.
La propia gobernadora Rocío Nahle García anunció
que el Gobierno de Veracruz intervendrá en su operación para garantizar el
mantenimiento de la factoría y asegurar que pueda iniciar la próxima zafra en
diciembre.
La explicación oficial tiene lógica.
El ingenio terminó su zafra en julio y los meses de
agosto, septiembre, octubre y noviembre son precisamente los destinados al
mantenimiento de las instalaciones. La intervención, se ha dicho, ocurre antes
de que la fábrica llegue al abandono o al desmantelamiento.
Hasta ahí, todo parece razonable.
El problema comienza cuando miramos la historia
completa.
De acuerdo con lo anunciado por la gobernadora, el
propietario, Don Antonio Porres Galán,
comenzará a cubrir adeudos con trabajadores, proveedores y acreedores, y
posteriormente entregará el ingenio a la Federación o al Estado para garantizar
la continuidad de la actividad productiva.
Y aquí aparece la pregunta que no podemos dejar
fuera:
¿Cuánto le va a costar al
gobierno rescatar el ingenio San Pedro?
Hasta ahora no se ha precisado el monto de la
inversión pública ni tampoco bajo qué figura jurídica quedará la operación de
la factoría.
Y esos datos son fundamentales.
Porque el Estado puede y debe intervenir cuando
está en riesgo una fuente de empleo de importancia regional y cuando existe una
actividad productiva que puede recuperarse.
Pero una cosa es rescatar una industria viable y
otra muy diferente es convertir al gobierno en el administrador permanente de
empresas privadas que no pudieron o no quisieron mantenerse.
La propia gobernadora lo resumió al señalar que los
ingenios tienen un origen público y cumplen una función social, por lo que, si
se operan correctamente, la inversión puede recuperarse.
Ojalá así sea.
Porque el verdadero problema no es rescatar al
ingenio.
El verdadero problema sería rescatarlo con dinero público para después repetir exactamente la misma
historia.
Ya conocemos el mecanismo.
El gobierno invierte.
Moderniza.
Rescata empleos.
La empresa vuelve a operar.
Después cambia de manos.
El nuevo propietario deja de invertir lo necesario.
La infraestructura vuelve a deteriorarse.
Aparecen los adeudos.
Y, unos años después, alguien vuelve a decir que el
ingenio está en crisis y que debe ser salvado.
Otra vez el gobierno.
Otra vez el dinero público.
Otra vez los trabajadores esperando.
Otra vez los productores de caña preocupados.
Y otra vez los contribuyentes pagando la cuenta.
Por eso, si Veracruz va a intervenir en San Pedro,
sería conveniente que desde ahora quedaran perfectamente establecidos los términos de esa intervención, el monto de
los recursos públicos, quién será responsable de administrarlos, cuáles serán
las metas de productividad, quién vigilará las inversiones y qué sucederá
cuando el ingenio vuelva a ser rentable.
Porque rescatar una empresa puede ser una decisión
económica.
Convertirse en su
salvador permanente puede convertirse en un barril sin fondo.
Y aquí hay otra comparación que tampoco debemos
perder de vista.
La gobernadora ha señalado que el caso de San Gabriel es diferente, porque
existen laudos pendientes, deterioro de infraestructura y problemas acumulados
de anteriores propietarios. En ese caso, ha dicho claramente: “El Estado no puede hacerse cargo de laudos”.
La diferencia es importante.
Porque precisamente demuestra que no todos los
rescates pueden hacerse de la misma manera.
La pregunta de fondo, entonces, no es solamente si
hay que salvar al ingenio San Pedro.
La pregunta es:
¿Cómo evitar que dentro
de diez o veinte años Veracruz vuelva a estar discutiendo exactamente lo mismo?
Porque desde los años setenta hasta nuestros días
ya hemos visto demasiadas veces esta película.
Cambian los dueños.
Cambian los gobiernos.
Cambian los nombres.
Pero la historia, lamentablemente, parece ser la
misma.
Y como diría nuestro personaje de siempre:
Pancho López pregunta: ¿y
quién va a pagar ahora la nueva cuenta del rescate?
