CAFÉ DE MAÑANA
Por José Luis Enríquez Ambell
La sucesión en el Órgano de Fiscalización Superior, ya ha comenzado a ponerse de un mayor interés. Y no solamente por los nombres.
Porque mientras en los corrillos políticos, columnas, artículos y conversaciones legislativas aparecen: Bárbara Galindo Ramos, Leslie Mónica Garibo Puga y Eric Domínguez Vázquez, "existe un elemento que podría modificar por completo cualquier pronóstico".
Hace apenas unos días fueron cambiadas las reglas. Y cuando las reglas cambian justamente antes de cualquier sucesión, políticamente siempre vale la pena observar no solamente quién está dentro del tablero, sino también quién podría entrar como ficha del ajedrez.
El pasado 13 de agosto fue publicado el Decreto 533 y mediante el cual se modificó el artículo 67 de la Constitución Política de Veracruz.
La reforma eliminó para quien aspire a encabezar el ORFIS la exigencia de ser veracruzano o contar con una determinada residencia o su vecindad en el estado. Y dicho de manera más sencilla: Para dirigir el órgano encargado de revisar las cuentas públicas de Veracruz ya no es indispensable ser de Veracruz.
Y eso ya cambia bastante las cosas. Porque hasta antes de esa reforma cualquier análisis sobre la sucesión en el ORFIS necesariamente tenía que buscar dentro del universo político, administrativo y profesional veracruzano, ahora la cancha es nacional.
Y ahí aparece una pregunta que hasta hace pocos días parecía innecesaria: ¿Estamos viendo realmente a todos los jugadores?
"Y por ahora hay 3 nombres visibles", pero puede existir "una cuarta posibilidad". Y esa posibilidad todavía podría no tener un nombre.
Las cartas conocidas son: Bárbara Galindo, tiene quizá el perfil más directamente relacionado con el control y la fiscalización financiera.
Actualmente encabeza la CGE (Contraloría General del Estado) y anteriormente desarrolló funciones a nivel subdirección relacionadas con los recursos federales y con la Auditoría Superior de la Federación. Y eso no es menor.
Sobre todo porque una de las principales complicaciones actuales de la fiscalización consiste precisamente en determinar dónde comienza la competencia local y dónde termina cuando el dinero proviene de la Federación por Participaciones, Aportaciones, Convenios, Obras financiadas con recursos mezclados, los Fondos federales que terminan ejercidos por estados y los municipios. Así que toda esa arquitectura y dibujo financiero requiere del conocimiento técnico. Y Galindo lo tiene.
Sin embargo, quizá su principal fortaleza también genera su principal cuestionamiento.
Porque pasar directamente del órgano encargado de controlar internamente al Poder Ejecutivo al organismo responsable de fiscalizar externamente las cuentas de ese mismo poder Ejecutivo en su conjunto, hace que inevitablemente habrá una discusión sobre independencia. No necesariamente jurídica, pero sí política e institucional.
Y es que un auditor superior no solamente debe resultar ser independiente. Debe transmitir independencia. Porque cuando el organismo encargado de revisar las cuentas comienza a generar dudas sobre esa línea de distancia respecto a quienes ejercen el presupuesto, pues cualquier observación puede terminar contaminada por la política. A favor o en contra.
Ese sería uno de los principales retos de Bárbara Galindo si es que finalmente aparece de manera formal entre quienes buscan el cargo.
Desde el perfil jurídico, Leslie Mónica Garibo Puga representa otra posibilidad. Su trayectoria es fundamentalmente jurídica y administrativa.
Ya fue Contralora General del Estado al inicio del sexenio y administración de Cuitláhuac García y posteriormente ocupó responsabilidades jurídicas dentro de la administración pública federal.
Su experiencia coloca sobre la mesa un aspecto que casi frecuentemente se olvida cuando se habla del tema para la fiscalización. Porque auditar no significa solamente llegar a encontrar irregularidades. Hay que demostrar sobre todo que existen responsabilidades. Y ahí comienza otro problema.
Una observación puede estar perfectamente construida desde el punto de vista de lo financiero y terminar cayéndose años después porque hubo errores en la investigación, así como ciertas deficiencias en la individualización de conductas o violaciones al debido proceso.
En otras palabras: No basta con encontrar el dinero mal gastado; hay que construir jurídicamente el caso. Ahí un perfil jurídico puede tener fortalezas importantes, pero aparece la pregunta inversa.¿Hasta dónde alguien cuya experiencia principal ha sido jurídica y administrativa puede dirigir un organismo cuya columna vertebral continúa siendo la auditoría financiera, la contabilidad gubernamental, la obra pública e infraestructura y la revisión técnica? No significa que quien encabece el ORFIS tenga que ser personalmente el mejor contador, ingeniero o abogado. Para eso existe una institución, pero sí necesita entender todas esas áreas para dirigirlas.Y ese sería el examen de Garibo.
Hay un hombre, que conoce varios lados del escritorio, Eric Domínguez, y quién tiene otra característica. Ya conoce el sistema desde varios espacios.
Fue diputado local, presidió la Comisión de Vigilancia, fue presidente municipal de Papantla. Y actualmente está dentro de la administración financiera del Gobierno estatal desde la Sefiplan.
Hay además un dato interesante. Cuando presidió la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso Local, participó precisamente en el proceso mediante el cual fue designada la actual titular del ORFIS. Es decir, conoce el procedimiento y desde el Congreso. Después gobernó un municipio. Y ahí conoció el otro lado. Porque una cosa es tener que revisar una cuenta pública desde una oficina legislativa y otra muy diferente recibir las auditorías, y también atender requerimientos y solventar observaciones desde un ayuntamiento.
Hoy conoce además las finanzas estatales. Y esa es una experiencia transversal y puede representar una fortaleza considerable, pero nuevamente surge la misma palabra: Independencia.
Porque pasar de la estructura de la administración financiera estatal hacia el órgano que es el encargado precisamente de revisar esas finanzas implica necesariamente acreditar distancia. Y existe además otro aspecto que deberá revisar la Comisión de Vigilancia. La convocatoria exige experiencia específica en control, auditoría financiera y particularmente de responsabilidades.
Por ello no bastará una faceta de la trayectoria política o administrativa amplia. Habrá que comprobar incluso documentalmente que las funciones desempeñadas cumplen con esa exigencia técnica. Eso aplicará para Eric Domínguez. Y también debería aplicar, con idéntico rigor, para todos.
DE SOBREMESA
Pero, hay una Cuarta Silla, y hasta aquí podríamos pensar que la decisión estará entre personajes conocidos del escenario veracruzano.
Sin embargo, aparece también nuevamente la reforma constitucional. ¿Por qué eliminar precisamente ahora el requisito de origen y residencia? Puede haber una explicación sencilla: Abrir la competencia. Permitir que uno o una especialista de otras entidades puedan participar, con residencia o no.
Ampliar el universo profesional. Todo ello es jurídicamente muy defendible. Pero políticamente existe otra lectura posible. Que la reforma permita competir a alguien que antes simplemente no podía hacerlo. "Y ahí surge una hipótesis interesante". "No una versión". "No un rumor". "Y mucho menos un señalamiento sobre persona determinada". Solamente una posibilidad derivada de las nuevas reglas.
¿Qué ocurriría si apareciera un funcionario o exfuncionario de la Auditoría Superior de la Federación? El escenario ya es jurídicamente posible. Y así tampoco resultaría extraño técnicamente. Porque alguien con una carrera sólida dentro de la ASF podría llegar con la experiencia necesaria en gasto federalizado, auditoría financiera, participaciones, aportaciones, disciplina financiera, fiscalización municipal y procedimientos derivados de las revisiones.
Precisamente varias de las materias que Veracruz necesita fortalecer. Y es que hay otra circunstancia. ASF y ORFIS acaban de profundizar su coordinación para revisar los recursos de la Cuenta Pública 2025 ejercidos por los 212 municipios veracruzanos. Y el objetivo incluye homologar las metodologías, los criterios jurídicos, las herramientas tecnológicas e intercambio de información. Entonces la pregunta resulta inevitable. Si Veracruz está caminando hacia una fiscalización cada vez más coordinada con la Federación, ¿sería extraño que apareciera un perfil formado precisamente dentro de la fiscalización federal? No necesariamente. Y es que el foráneo NO sería automáticamente mejor, pero
tampoco habría que caer en el extremo contrario. Porque alguien proveniente de la ASF podría dominar perfectamente el gasto federalizado e igual desconocer profundamente la realidad municipal de Veracruz.
Y nuestra entidad sencilla de fiscalizar no es, pues son 212 municipios. Con diferencias enormes. No es igual auditar la capital Xalapa, Veracruz o Coatzacoalcos que revisar un pequeño ayuntamiento donde prácticamente todo el aparato administrativo cabe en unas cuantas oficinas.
Hay usos políticos. Prácticas administrativas. Legislación local. Códigos hacendarios. Procedimientos municipales. Criterios construidos durante años. Y una estructura interna del propio ORFIS que también requiere conocimiento y cierta continuidad.
Una llegada externa podría modernizar la institución, pero también podría cometer el error de querer reconstruir desde cero algo que ya funciona. Y ahí aparecería uno de los mayores desafíos. Saber qué cambiar. Y también saber qué conservar.
UN CAFÉ LECHERO LIGHT
La reforma elevó la vara. Hay una consecuencia que quizá no se ha discutido en lo suficiente. Cuando el universo de posibles candidatos estaba limitado territorialmente, el Congreso podía buscar al mejor perfil disponible dentro de Veracruz. Ahora ya no y pueden competir especialistas de cualquier parte del pais, necesariamente el standar sube. Porque entonces el Congreso tiene que explicar: ¿Por qué esa persona?¿Por qué ese currículum?¿Por qué esa experiencia? ¿Por qué alguien vinculado al Gobierno estatal y no un especialista externo? O en sentido contrario: ¿Por qué alguien proveniente de la Federación y no una persona que conoce profundamente la realidad veracruzana? Y es que la reforma amplió las opciones, pero también amplió la responsabilidad de quien tendrá que elegir.
UN CAFÉ CALIENTE
3 nombres y una incógnita. Así las cosas, y que hoy pueden observarse tres perfiles conocidos. Bárbara Galindo representa principalmente control gubernamental y experiencia vinculada con recursos federales. Leslie Garibo aporta el componente jurídico y administrativo. Eric Domínguez por su lado ofrece conocimiento en lo político, legislativo, municipal y financiero.
3 trayectorias. 3 fortalezas. Y también tres vulnerabilidades que tendrán que ser revisadas. Pero hay una cuarta silla. La del perfil que todavía no aparece. Alguien que podría llegar desde otra entidad y sitio. Y desde algún órgano estatal de fiscalización. Desde una institución nacional. O incluso desde la ASF. No significa que exista. Mucho menos que ya esté decidido. Pero después de la reforma constitucional sería políticamente ingenuo no considerar ese escenario. Y tal vez por eso habrá que esperar al cierre del registro antes de comenzar a repartir posiciones. Porque puede resultar que en alguna mesa política estén discutiendo quién va adelante entre tres corredores...... y todavía falte uno por llegar a la pista.
Al final, sea veracruzano o no, provenga del Ejecutivo, del Congreso, de un municipio o de la Federación, la verdadera prueba será exactamente la misma. Que pueda decir NO a otros actores e instituciones.
Y, si viene de la Federación, también no al poder federal. Porque para fiscalizar Veracruz no basta conocer de auditoría. Se necesita autonomía. Y ésa, guste o no guste, parezca o no parezca, no aparece escrita en ningún currículum. Habrá que verla en los hechos.
¡ES CUANTO!
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