Por Miguel
Ángel Cristiani G.
En la primera
entrega de esta serie pusimos los números generales sobre la mesa: el Organismo
Público Local Electoral de Veracruz maneja cientos de millones de pesos cada
año y su presupuesto cambia considerablemente de acuerdo con el calendario
electoral.
Pero conocer
cuánto dinero recibe el OPLE es apenas la mitad de la historia.
La verdadera
pregunta comienza después:
¿En qué se
gasta?
Porque cuando
se habla del presupuesto de un organismo electoral, fácilmente se puede caer en
una confusión: pensar que todo el dinero corresponde a oficinas, salarios,
vehículos, viáticos y operación administrativa.
No es así.
Una parte
considerable corresponde al financiamiento público de los partidos políticos y
otra se destina a organizar los procesos electorales. Por eso resulta
indispensable separar las bolsas y mirar cada capítulo de gasto.
Y cuando se
hace, aparecen datos que merecen una revisión mucho más detallada.
En 2024, por
ejemplo, el presupuesto autorizado del OPLE contempló cuatro grandes capítulos:
327.14 millones de pesos para servicios personales; 150.96 millones para
materiales y suministros; 486.42 millones para servicios generales, y 285.87
millones para transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. La
suma fue de 1,250.4 millones de pesos.
Pero hay una
diferencia importante entre presupuestar y ejercer.
El informe
correspondiente al cierre de 2024 muestra que solamente en materiales y
suministros el gasto acumulado llegó a 243.67 millones de pesos. De
esa cantidad, 220.29 millones correspondieron a materiales de administración,
emisión de documentos y artículos oficiales; 12.72 millones a alimentos y
utensilios; 4.84 millones a materiales y artículos de construcción; 4.30
millones a combustibles, lubricantes y aditivos, además de otros conceptos.
Aquí aparece
una primera llamada de atención periodística.
Los documentos
presupuestales nos muestran que no basta con mirar el monto global de un
capítulo. Hay que bajar hasta el concepto específico.
Porque decir
que el OPLE gastó determinada cantidad en “materiales y suministros” dice muy
poco.
Lo
verdaderamente revelador es saber qué materiales, para qué actividad,
mediante qué procedimiento de contratación y con qué proveedor fueron
adquiridos.
Y ahí comienza
una investigación que todavía tenemos pendiente.
En 2025 el escenario cambió sustancialmente.
El presupuesto autorizado fue de 1,400 millones de pesos. De
acuerdo con el informe financiero del OPLE, la distribución inicial contempló 365.96
millones para servicios personales, 330.47 millones para materiales y
suministros, 416.71 millones para servicios generales y 285.87 millones para
transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.
Es particularmente interesante observar el salto en materiales y
suministros.
De los 150.96 millones presupuestados en el documento de referencia
de 2024, el capítulo llegó a 330.47 millones en el presupuesto autorizado de
2025.
¿Por qué?
La respuesta tiene una explicación evidente: 2025 fue año de
elección de los ayuntamientos de Veracruz y eso implica una enorme cantidad de
documentación electoral, materiales, logística y operación.
Pero que exista una explicación lógica no significa que debamos
dejar de preguntar.
Al contrario.
Una elección puede justificar un mayor gasto; no justifica
automáticamente cualquier gasto.
Ésa debe ser la regla.
En el mismo presupuesto de 2025, los servicios generales
representaron 416.71 millones de pesos, mientras que los servicios personales
alcanzaron 365.96 millones.
Por eso resulta necesario abrir esos dos grandes capítulos.
¿Qué hay dentro de los servicios generales?
Arrendamientos, servicios
profesionales, mantenimiento, servicios básicos, comunicación, traslado y
viáticos, entre muchos otros conceptos.
¿Y dentro de servicios personales?
Sueldos, compensaciones,
prestaciones y demás remuneraciones.
La suma de ambos representa una cantidad suficientemente importante
como para que la ciudadanía conozca con precisión cómo se integra.
El panorama cambió nuevamente para 2026.
El OPLE había planteado originalmente un presupuesto de 734.48
millones de pesos, incluyendo 258.80 millones para servicios personales,
166.32 millones para servicios generales, 45.45 millones para materiales y
suministros y 263.91 millones para prerrogativas de los partidos políticos.
Pero el presupuesto finalmente quedó en 665.73 millones de pesos.
Y posteriormente el propio organismo aprobó una redistribución.
El ajuste dejó 250.37 millones de pesos para servicios
personales, 29.35 millones para materiales y suministros y 121.98 millones para
servicios generales. Además, se contemplaron 264.04 millones para
prerrogativas a partidos políticos.
La diferencia no es menor.
El propio OPLE informó que la redistribución implicó una reducción
cercana al 50 por ciento en 104 partidas correspondientes a servicios
personales, materiales y suministros y servicios generales.
Y aquí aparece una de las preguntas más interesantes de toda nuestra
investigación:
Si en 2026 se puede operar con una reducción tan importante en más
de un centenar de partidas, ¿qué explica que esas mismas partidas hayan
requerido cantidades sustancialmente mayores en ejercicios anteriores?
No estamos afirmando que exista un gasto indebido.
Estamos haciendo una pregunta que cualquier ciudadano tiene derecho
a formular.
Porque el presupuesto público no pertenece al organismo que lo
administra.
Pertenece a los ciudadanos.
Hay otro punto que debemos separar desde ahora.
Las prerrogativas de los partidos políticos aparecen dentro del
presupuesto del OPLE, pero no son recursos que el organismo pueda disponer
libremente para su propia operación.
En 2026 se destinaron
264.04 millones de pesos a prerrogativas de partidos políticos, equivalentes al
39.66 por ciento del presupuesto redistribuido.
Eso significa que casi cuatro de cada diez pesos del presupuesto de
ese ejercicio tienen un destino específico relacionado con el financiamiento
político.
Por eso, cuando alguien afirma que “el OPLE cuesta 665 millones de
pesos”, la afirmación necesita una precisión.
Una parte importante de ese dinero no se queda en el OPLE.
Se transfiere a los partidos políticos conforme a las reglas de
financiamiento público.
Y esa distinción será precisamente el tema de nuestra siguiente
entrega.
Después de revisar estas cifras, queda claro que hablar simplemente
de “el presupuesto del OPLE” resulta insuficiente.
Hay que hablar de:
lo que cuesta mantener al organismo;
lo que cuesta organizar una elección;
lo que se entrega a los partidos;
y lo que se compra con recursos públicos.
Cada una de esas bolsas merece una investigación diferente.
Y hay algo más.
Los documentos oficiales nos permiten saber cuánto se presupuestó y
cuánto se ejerció, pero todavía tenemos que ir más abajo: contrato por
contrato, proveedor por proveedor y partida por partida.
Ahí puede estar la verdadera historia.
Porque una democracia necesita elecciones.
Pero también necesita transparencia.
Y cuando se trata de dinero público, preguntar “¿en qué se
gastó?” no es atacar a la democracia.
Es precisamente ejercerla.
Continuará.
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