Joaquín… once años ya

 Sin tacto

 

 

Por Sergio González Levet

 

Hoy hace once años, un manotazo duro, un golpe helado nos quitó la presencia física del hermano querido de mi esposa y de toda mi familia cercana. Tanto tiempo después en casa y en nuestros corazones lo seguimos recordando cada vez que tenemos oportunidad de traerlo a la memoria de nuevo.

     En aquel día fatídico, escribí lo que sigue de mi cuñado, y lo repito porque sigue vivo como siempre:

     Nunca olvidaré la cara de orgullo de mi hijo Camilo, a sus tres años de edad, cuando llegó a la casa y me dijo, casi gritando:

     —Papi, papi, mi tío Joaquín me presentó a Octagón, y mi tío es más musculoso que él.

     En esos años ochenteros, mi hijo llegó a presumir a su escuela que había estado con el entonces más famoso luchador mexicano, y su mirada de niño inteligente delataba el respeto que inspiraba la fuerza física de su familiar consentido.

     Mi cuñado y el hermano más cercano de mi esposa Elsa, Joaquín de León Aguirre, nos dio siempre muchas satisfacciones de este tipo, y de muchas más. Pero es que era un hombre sumamente fuerte, en el sentido más físico del término, aunque no me querrán creer que su complexión atlética apenas era el cobijo para un corazón lleno de ternura y bondad, que apenas lograba malocultar con sus modos bruscos de hombre hecho en la brega de la vida, en el trabajo duro y peligroso, en el gimnástico cultivo de su enorme musculatura.

     Joaquín además cultivaba un sentido muy personal sobre la justicia, el cual lo hacía domeñar sus fuerzas en razón del cuidado de los más débiles. Y junto a ese sentido, vivía de acuerdo a su personalísima consideración sobre la dignidad, que lo llevaba a enojarse seriamente cuando veía afectada su condición de hombre justo… aunque nunca dejado.

     Cuando yo lo conocí, tuve que echar mano de todas mis ganas para mantenerle la mirada y para mantener el sitio que yo le había puesto al corazón de su hermana. Y algo debió haber visto en mí, porque bajó sus armas y así el noviazgo prosperó hasta el victorioso matrimonio en el que hemos persistido por más de 30 años.

     Treinta años… y se me agolpan tantos recuerdos, este 2 de octubre que no se olvida y que no olvidaremos en adelante porque Joaquín se nos adelantó en el camino. Hombre valiente como pocos, mi cuñado trabajó durante mucho tiempo como un experto en el manejo de la alta tensión. Yo a menudo le preguntaba si no le daba miedo andar entre las líneas vivas, que representaban la muerte a unos centímetros apenas, o cuando se subía a esos postes de 30, 40, no sé cuántos metros de altura, y él nomás se reía y me decía:

     —No, cuñado, no me da miedo, ¡me da pavor! Por eso me cuido como sólo yo sé hacerlo.

     Y así lo hizo concienzudamente, hasta que hace unos días se descuidó por primera vez, y la traicionera electricidad le cobró la vida que él le había regateado por tantos años.

     Con tantos orgullos como nos dio, con tanto amor que le tenía su querida hermana que es mi querida esposa, nos queda reconfortarnos con la idea de que Joaquín tuvo una vida plena y consiguió todos sus anhelos.

     Vivió como quiso vivir, y eso muy pocos lo pueden blasonar como él lo hacía.

     Descansa en paz, mi querido Joaquín, tus más gratos recuerdos permanecen invictos entre nosotros.

 

sglevet@gmail.com

Rechaza TEPJF calificar actos anticipados

 IMPRONTA

Carlos Miguel Acosta Bravo

La decisión del TEPJF sí puede tener el efecto práctico de restarle dimensión nacional al problema, pero jurídicamente no equivale a declarar que las actividades de Morena sean legales ni a minimizar los antecedentes de la estrategia. El Tribunal resolvió una cuestión de competencia administrativa, quién debe investigar inicialmente las posibles infracciones, no si existen actos anticipados de precampaña o campaña.

La Sala Superior confirmó, por mayoría, que las denuncias contra Morena y sus coordinadores estatales fueran remitidas a los OPLE de las entidades involucradas. La razón central fue que las conductas denunciadas podían vincularse con elecciones locales concretas -principalmente gubernaturas- y ser individualizadas por entidad federativa. 

El criterio aplicado parte de la jurisprudencia 25/2015, corresponde a los órganos locales conocer de una infracción cuando ésta está prevista en la legislación estatal, impacta exclusivamente en una elección local, se encuentra territorialmente acotada y no pertenece a un supuesto reservado al INE. La Sala también sostuvo que el hecho de que la propaganda circule por internet o pueda consultarse en todo el país no convierte automáticamente una conducta local en nacional.

Por tanto, la resolución no dice que las Coordinaciones de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional no sean una forma de promoción política anticipada. Dice que, para efectos de investigación y sustanciación, los OPLE son las autoridades competentes en cada estado.

La objeción más sólida a la decisión es que puede fragmentar una conducta que fue denunciada como nacional, sistemática y coordinada. Movimiento Ciudadano argumentó que no se trataba de episodios aislados, sino de una metodología común, criterios generales aprobados por órganos nacionales de Morena; intervención del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones; designaciones simultáneas o coordinadas; utilización de una misma denominación partidista; posicionamiento de perfiles que, en procesos anteriores, terminaron siendo candidaturas a gubernaturas.

El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón consideraba que esa posible unidad de acción debía ser investigada integralmente por el INE, pues dividir los hechos impediría determinar si existe una estrategia nacional. Sin embargo, esa propuesta fue rechazada y prevaleció el criterio de remitir los asuntos a los OPLE.

En otras palabras, el Tribunal privilegió la incidencia electoral territorial inmediata sobre el origen nacional y la posible sistematicidad de la conducta.

La preocupación no carece de fundamento. En la documentación del propio expediente se reconoce que Morena ha utilizado figuras partidistas de promoción ocoordinación antes de procesos electorales y que, en diversos casos, las personas designadas posteriormente fueron postuladas a las gubernaturas.

La sentencia recoge antecedentes de 2020-2021, con las Coordinaciones de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación; 2021-2022, con coordinaciones estatales previas a elecciones de gubernaturas; 2022-2023, en Estado de México y Coahuila; 2023-2024, cuando las personas designadas en entidades como Veracruz, Chiapas, Puebla, Tabasco, Morelos y Yucatán posteriormente fueron postuladas como candidatas o candidatos.

Ese historial no prueba por sí mismo que las coordinaciones de 2026 constituyan actos anticipados. Pero sí es relevante para investigar si la figura partidista está funcionando como una precandidatura anticipada o una candidatura de facto, aunque formalmente se presente como un cargo interno.

En términos políticos e institucionales, sí puede producir ese efecto por cuatro razones: Desnacionaliza el análisis. Cada OPLE revisará principalmente lo ocurrido en su entidad, no necesariamente la estrategia nacional del procedimiento.

Dificulta acreditar la sistematicidad. Un órgano local puede concentrarse en un video, un recorrido, una publicación o una designación específica, sin reconstruir toda la secuencia nacional.

Esta decisión puede generar criterios distintos. Los OPLE podrían resolver de manera desigual casos sustancialmente similares, uno podría considerar que hubo posicionamiento anticipado y otro que sólo se trató de actividad partidista interna.

También reduce la presión de una investigación centralizada. El INE cuenta con una visión nacional sobre partidos políticos nacionales, fiscalización, propaganda y coordinación partidista. Al distribuir los expedientes, esa visión puede diluirse.

La sentencia incluso reconoce que segmentar los hechos puede impedir que cada autoridad valore integralmente la relación entre las designaciones o determine si todas derivan de una decisión nacional del partido. Esa fue precisamente la preocupación formulada en el proyecto que no prosperó.

Sería incorrecto concluir que el TEPJF dio carta blanca a Morena. La Sala Superior no determinó que no hubiera actos anticipados, ni resolvió que las coordinaciones sean constitucionalmente válidas como mecanismo de promoción. El propio Tribunal señaló que la existencia de la sistematicidad, la eventual simulación y la actualización de actos anticipados son cuestiones de fondo que deben investigarse.

Tampoco impide que los OPLE acumulen información, soliciten pruebas, dicten medidas cautelares o remitan posteriormente algún asunto si advierten que rebasa su ámbito. La eficacia de la decisión dependerá de los organismos locales.

La resolución es formalmente defendible bajo el modelo federal de distribución de competencias, si la posible infracción incide en elecciones de gubernatura, los OPLE tienen una función natural. Sin embargo, resulta institucionalmente discutible cuando la denuncia no plantea seis o más hechos autónomos, sino una misma operación partidista nacional con efectos locales.

La distinción clave es ésta, una cosa es que el daño electoral se manifieste en cada estado; otra, que la conducta que lo produce haya sido diseñada, coordinada y ejecutada nacionalmente.

Si se acepta sólo la primera dimensión, los OPLE son competentes. Si se reconoce también la segunda y se considera imposible dividir la investigación sin perder su sentido, el INE tendría una justificación más fuerte para conocer integralmente del caso.

Por eso, la decisión puede interpretarse como una descentralización jurídica que corre el riesgo de convertirse en una desarticulación política y probatoria. No elimina la posibilidad de sancionar a Morena o a sus perfiles, pero sí vuelve más difícil demostrar que la práctica de las coordinaciones constituye una estrategia recurrente de posicionamiento anticipado, especialmente si los expedientes se tramitan como asuntos separados y sin una coordinación entre los OPLE.

El diputado quedabien

 DE PRIMERA MANO

Por Omar Zúñiga 

En política hay un oficio más antiguo que el de legislar: el de quedar bien.

En el Congreso de Veracruz, el diputado Carlos Marcelo Ruiz, coordinador de la bancada del Partido Verde, acaba de demostrar, una vez más, que lo domina con tal entusiasmo que no se toma la molestia de verificar lo que dice desde la tribuna.

Han sido varias, por ejemplo cuando votó (y echó las campanas al vuelo) contra el fin de la bursatilización y alabó la iniciativa enviada por Rocío Nahle, misma bursatilización propuesta por su padre en la política Fidel Herrera Beltrán, incongruencia con tal de quedar bien. Fidel lo hizo, Nahle lo mantiene.

La más reciente fue este martes 30 de septiembre, al fijar la postura de la bancada del PVEM sobre la minuta que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución General de la República, la que establece la nacionalidad mexicana única como requisito para aspirar a la Presidencia de la República, a las gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, el legislador habló de “certeza institucional” y de la “responsabilidad” de quienes ejercen los máximos cargos ejecutivos. 

“Razonable” su postura -al final quedabien-, que quien gobierne mantenga un vínculo jurídico y político claro y exclusivo con México, es la postura oficial.

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El maldito “pero” de siempre viene a cuento porque quiso adornar el discurso con un ejemplo y eligió el de la senadora con licencia María Jasmine Bugarín Rodríguez, de quien dijo que ese mismo día había renunciado a su otra nacionalidad para conservar exclusivamente la mexicana y poder coordinar en Nayarit los trabajos de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

¡Un ejemplo redondo!... con un solo defecto: es mentira.

La desmentida vino de la propia protagonista, pues este jueves por la mañana, en entrevista radiofónica, la propia Bugarín reveló que NO ha renunciado a su nacionalidad estadunidense. 

“Que apenas están evaluando la ruta”. Y, para rematar, que no lo ha hecho porque no es candidata.

Conviene detenerse en esto, porque no se trata de un matiz ni de un error de fechas. 

El flamante Marcelo Ruiz presentó ante el pleno de un Congreso local, como hecho consumado, una renuncia que no ha ocurrido. 

Lo utilzó como argumento para justificar su voto y el de su bancada, lo puso en el Diario de los Debates y la persona señalada como modelo de congruencia lo desmintió en menos de 24 horas.

Aquí no hay muchas salidas... o el diputado sabía que la renuncia no existía y la anunció de todos modos, lo que se llama mentir; o la repitió sin verificarla porque alguien se la pasó como línea, lo que se llama entreguismo. 

Ninguna de las dos opciones lo deja bien parado. 

En la primera, falta a la verdad desde la máxima tribuna del estado.

En la segunda, confirma que su función no es representar a los veracruzanos sino hacer eco, con el celo del converso, de lo que dicta el grupo en el poder.

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Y si el ejemplo se cae, también le alcanza al diputado federal y vocero de Morena Arturo Ávila, el famoso “Cero Votos”, que se ha sumado a la narrativa de la congruencia nacionalista con la misma ligereza. 

Cuando el discurso se arma sobre un hecho falso, quienes lo repiten no pueden escudarse en la buena fe. 

La persona que afirma algo que no es verdad, sabiéndolo o sin importarle saberlo, miente y a quien miente se le llama mentiroso. 

Y quien miente desde un cargo público no sólo se desacredita a sí mismo, sino la reforma que dice defender.

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Hay algo todavía más revelador en la respuesta de Bugarín, pues sostiene que no ha renunciado porque no es candidata, pero desde el 17 de junio pasado está de licencia en el Senado, precisamente para participar en el proceso interno con el que la coalición Morena-PVEM-PT definiría a su candidato a la gubernatura de Nayarit en 2027. 

Coordina en su estado la “Defensa de la Transformación”, que en el lenguaje de la 4T es la candidatura.

Es decir, la senadora se prepara para buscar una gubernatura, el Congreso de la Unión aprueba que quien aspire a una gubernatura tenga nacionalidad única, y ella conserva la doble nacionalidad mientras “evalúa la ruta”. 

Y mientras todo eso sucede, en Veracruz, el coordinador de los diputados del Verde la presenta como la encarnación de la reforma.

Es difícil encontrar una mejor ilustración de lo que significa la congruencia en el oficialismo, una cosa es lo que se vota, otra lo que se dice y otra muy distinta lo que se hace.

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Lo más grave no es la anécdota, sino lo que revela. 

El diputado Ruiz no necesitaba ningún ejemplo para votar a favor de la minuta, bastaba con “argumentar”, pero en la lógica del entreguismo legislativo no basta con votar con la mayoría, hay que demostrar lealtad, hay que mencionar nombres, hay que congraciarse con figuras que pueden ser útiles mañana.

Ese es Marcelo Ruiz de cuerpo entero, que utiliza la tribuna para lucirse ante el grupo político y no para informar con rigor a los ciudadanos; un diputado que puede afirmar un hecho falso sin consecuencias.

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Esa falta de congruencia que muestra el diputado quedabien, contrasta, por ejemplo, con su dirigente estatal Edgar Herrera Lendechy, con la diputada Citlali Medellín y por supuesto con la del diputado federal Javier Herrera Borunda, por solo mencionar unos ejemplos.

Algo debería aprenderles…

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Y hoy se cumple un aniversario más… 2 de octubre, ¡no se olvida!

¡Qué barbaridad!

deprimera.mano2020@gmail.com

Los pequeños detalles también ahuyentan al turismo

 

Los pequeños detalles también ahuyentan al turismo

BITÁCORA POLÍTICA
Miguel Ángel Cristiani G.

Después de 16 años de ausencia, Veracruz volverá a recibir cruceros internacionales.

La noticia merece celebrarse. La Secretaría de Marina y ASIPONA Veracruz confirmaron que el BM Beachcomber, de Margaritaville at Sea, llegará al puerto el 19 de enero de 2028, como parte de un itinerario que partirá de Galveston, Texas, y tendrá escalas en Cozumel, Progreso y Veracruz. El barco tiene capacidad para 3 mil 459 pasajeros y mil 90 tripulantes.

Es decir, vienen turistas internacionales.

Y con ellos vienen oportunidades para hoteles, restaurantes, taxis, artesanos, comerciantes, operadores turísticos y toda una cadena de servicios que vive precisamente de quienes llegan al puerto con dólares y ganas de conocer Veracruz.

Por eso resulta indispensable poner atención no solamente en las grandes obras y anuncios, sino también en esos pequeños detalles que pueden hacer la diferencia entre que un turista se vaya hablando maravillas de Veracruz... o que decida no regresar.

Este miércoles tuvimos oportunidad de visitar el famoso Gran Café del Portal, en el Centro Histórico del puerto, un establecimiento que se presenta precisamente como un sitio de “origen, historia y tradición”. El propio establecimiento señala que desde 1929 forma parte de la vida del Centro Histórico y que su ubicación ha sido un punto obligado para visitantes.

Fuimos, como tantos visitantes, a disfrutar del tradicional café lechero, acompañado de una canilla y una banderilla.

El café, muy bien.

La tradición, también.

Pero...

Cuando llegó la carta del menú fue imposible no reparar en ella.

La cubierta estaba deteriorada, con las orillas carcomidas por el uso y un aspecto que, lejos de transmitir una imagen de tradición, parecía más bien el de un documento que llevaba demasiados años guardado en algún rincón.

Y aquí está precisamente el detalle.

Una cosa es conservar la historia y otra muy distinta es confundir la historia con el deterioro.

La carta puede ser sencilla. No tiene que costar una fortuna ni convertirse en una pieza de museo. Pero debe estar limpia, presentable y en condiciones dignas de un establecimiento que recibe visitantes y que, además, forma parte de la imagen turística de Veracruz.

Porque si estamos esperando a los cruceristas internacionales, tenemos que entender que el turismo empieza a juzgar el destino desde que baja del barco.

Lo observa todo.

La limpieza.

La atención.

Los precios.

Los baños.

Los restaurantes.

Las calles.

Los edificios.

Y hasta la carta donde le ofrecen el menú.

No vaya a ser que después de esperar 16 años para que regresen los cruceros, resulte que estamos preparando la bienvenida con detalles que parecen decirles a los visitantes: “bienvenidos a Veracruz... pero aquí todavía no nos hemos dado cuenta de que ya llegaron”.

Todavía estamos a tiempo.

Las autoridades pueden promover el turismo, las navieras pueden traer los barcos y el puerto puede recibirlos.

Pero la experiencia final la construyen todos.

Y ahí también tienen responsabilidad los empresarios turísticos.

Porque una ciudad que aspira a recibir nuevamente turismo internacional tiene que cuidar hasta el último detalle.

Y como diría nuestro filósofo xalapeño ateniense, Pancho López:

“A este lugar no regreso.”

Y cuando un turista piensa lo mismo, ya perdimos mucho más que una consumición.

 

La ley “antimemes” abrió la caja de Pandora

 La Columna

Por Fanny Yépez

Temor a la censura y la criminalización, creadores y moneros

Que antes del registro, los candidatos demuestren que tienen la “piel gruesa”

 

El impacto de la llamada "Ley Antimemes" sobre la libertad de expresión es el centro de un intenso debate en México. Oficialmente, la reforma aprobada por el Senado de la República, según busca combatir los fraudes y la piratería masiva. Sin embargo, la oposición y diversas organizaciones civiles alertan que la ambigüedad en su redacción podría vulnerar la libertad de expresión en el entorno digital.

 Los 72 senadores se arriesgaron y dieron el primer paso para que la ley sea oficial, y con ello sancionar a quienes hagan mal uso de ciertas imágenes institucionales, y aunque en un principio la ley reduce riesgos para fraudes en internet, deja dudas sobre la libertad de expresión, de acuerdo con la maestra Daniela Carrasco, del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.

 Principales reacciones y posturas

Temor a la censura y la criminalización, creadores y moneros como Salvador del Toro (Chavo del Toro), han advertido que la redacción ambigua de la propuesta —que busca sancionar el uso indebido de la identidad e imagen gubernamental, abre una puerta peligrosa para perseguir el humor político, la parodia y la crítica.

 Desafío al poder, ante el riesgo de que las multas o restricciones alcancen a los chistes gráficos y contenidos digitales, Chavo del Toro señaló con ironía en espacios de radio y televisión: "Si quieren que estemos en la cárcel los caricaturistas, pues vamos a la cárcel, ya qué más", haciendo un llamado a la organización de los creadores para defender este derecho.

 Defensa de los pilares democráticos, diversos caricaturistas y figuras del medio han coincidido en que, la sátira no es un delito y que este tipo de iniciativas generan la sensación de un control excesivo, sobre la conversación en redes sociales y la prensa crítica.

 Daniela Carrasco explica que aún hay interrogantes sobre la ‘Ley Antimemes’ desde el punto de vista constitucional, esto debido a los límites que debe tener una reforma penal cuando involucra el uso de imágenes, logos, símbolos y elementos de identidad de las instituciones en internet.

 El dictamen indica que se impondrán de uno a cinco años de prisión, además de una multa de mil a 10 mil Unidades de Medida y Actualización (UMAs), a las personas que “utilice, reproduzcan, imiten o incorporen, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento de carácter oficial perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno, para inducir al error o engaño, con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informativo, o cualquier otra actuación atribuible a una institución pública, a través de cualquier medio”.

 Argumentos de quienes consideran que SÍ lesiona la libertad de expresión

• Ambigüedad legal y conceptos genéricos: Organizaciones como ARTICULO 19 y diversos analistas, advierten que la reforma utiliza términos demasiado amplios. Esto abre la puerta a interpretaciones subjetivas que podrían criminalizar la crítica política, la sátira o las caricaturas.

 • Censura previa automatizada: Para evitar las altas multas contempladas, expertos señalan que las plataformas digitales podrían implementar filtros automatizados de monitoreo masivo. Esto derivaría en la eliminación preventiva de memes o videos legítimos que usen fragmentos de contenido protegido, afectando la cultura digital.

 • Vulnerabilidad del usuario: Al no contar con suficientes candados específicos en el texto original, los creadores de contenido y usuarios de redes sociales quedan expuestos a posibles denuncias o persecuciones penales por el simple uso de imágenes institucionales en tonos humorísticos o de protesta.

 Postura de la Oposición y Críticos

Legisladores de partidos como el PAN y Movimiento Ciudadano acusan que la ley abre la puerta a la censura y la criminalización de la libre expresión.

 El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, y la senadora Guadalupe Murguía denunciaron que el texto utiliza conceptos "genéricos, vagos e imprecisos" que podrían usarse de manera ambigua para castigar la parodia, la sátira política, los cartones y los memes en redes sociales.

 Argumentan que, si la verdadera intención no es perseguir el humor político, se debió incluir un transitorio o redacción que protegiera explícitamente estas expresiones democráticas.

 Postura del Oficialismo (Morena y Aliados)

Por otro lado, los defensores de la reforma, como el senador Javier Corral, sostienen que el objetivo de la ley no es censurar a los ciudadanos, sino combatir fraudes, extorsiones y falsificaciones.

• Afirman que la ley cuenta con candados específicos, ya que exige demostrar que existe una "escala comercial" y la intención explícita de engañar o cometer un delito utilizando la imagen del gobierno, por lo que los memes de usuarios comunes no estarían en riesgo.

 Durante las discusiones en comisiones, se hicieron ajustes al dictamen para argumentar que, el uso indebido se acota a la usurpación de identidad oficial con fines delictivos

 Argumentos del Gobierno y el bloque oficialista (Morena y aliados)

 Enfoque exclusivo en fraudes y derechos de autor, la presidenta Claudia Sheinbaum y legisladores oficialistas han aclarado explícitamente que la reforma no prohíbe los memes ni los contenidos satíricos. Su propósito es sancionar el uso de la identidad gráfica gubernamental o de documentos oficiales con intenciones de engaño o lucro ilícito (por ejemplo, páginas falsas para estafar ciudadanos).

 Criterios estrictos para que aplique el delito: Para que una conducta sea castigada bajo esta reforma, las autoridades señalan que deben confluir tres factores obligatorios: que exista una escala comercial, la intención de cometer un fraude y el propósito directo de inducir al engaño haciéndose pasar por una entidad oficial.

 Modificaciones de protección a la parodia: Ante las presiones de la oposición, se promovieron cambios en el texto final para especificar de manera directa que no se sancionará la parodia política ni los memes que utilicen elementos de la imagen institucional del Estado.

 De mi cosecha… así como quieren hacer esa distinción a las expresiones y que se limite la libertad, de igual modo debieran hacer, ahora que vienen las elecciones para el año 2027, y observar que todos los candidatos tengan la “piel gruesa”, que soporten los señalamientos de sus errores, que valoren la importancia de la opinión pública y si no tienen esa capacidad, entonces que no participen.

Adiós al Efectivo con la Nueva Ley

 Focus Group 

Por Jorge Ramón Rizzo*

En un giro sin precedentes para la política fiscal y económica del país, la recién aprobada Ley de Economía Digital ha encendido las alarmas de analistas, defensores de derechos civiles y hasta de ciertos sectores productivos. 

A diferencia de los países europeos, donde la digitalización fue consecuencia del desarrollo social, en México alrededor del 80% de las transacciones cotidianas se siguen realizando en efectivo. Otorgar poder absoluto a la Secretaría de Hacienda para prohibir el dinero físico en sectores estratégicos ignora métricas globales.

Al otorgarse una facultad extraordinaria a la Secretaría de Hacienda para determinar, bajo su propio criterio, cuáles son los "sectores estratégicos" y las "actividades relevantes" en los que los pagos digitales serán la única vía legal de transacción, el Estado no solo busca modernizar el comercio; está trazando una línea peligrosa hacia la exclusión y el control absoluto.

A primera vista, la narrativa oficial es atractiva: Combatir la evasión fiscal, reducir la informalidad, sofocar el financiamiento ilícito y subir al país al tren de la modernidad tecnológica. Suecia, Noruega, China e India, son países donde sus procesos de transición global hacia sociedades sin efectivo, ha permitido entender que los riesgos y desafíos de la digitalización obligatoria no son teóricos.

Sin embargo, en México, detrás de la promesa de eficiencia e innovación se esconde una medida de corte centralista que ignora la profunda brecha digital del país y vulnera la libertad de elección de los ciudadanos.

El primer gran tropiezo de esta ley es su carácter excluyente. Decretar que ciertos sectores operen exclusivamente de forma digital presupone una infraestructura que el país no tiene. 

Millones de ciudadanos carecen de acceso a internet estable, de cobertura de telefonía móvil confiable o, peor aún, de una cuenta bancaria. Al prohibir el dinero en efectivo en actividades clave, la ley no formaliza a los marginados; Los expulsa del mercado. 

Una persona de la tercera edad sin habilidades digitales o un comerciante en una zona rural incomunicada quedarán, por decreto, fuera de la legalidad económica.

El segundo aspecto crítico es la alarmante discrecionalidad otorgada a la Secretaría de Hacienda. ¿Bajo qué parámetros técnicos se definirá qué es un "sector estratégico" o una "actividad relevante"? 

La ambigüedad del texto legal abre la puerta a que criterios políticos, y no económicos, dicten qué industrias se ven obligadas a transformarse de la noche a la mañana. Esto genera una enorme incertidumbre jurídica para las empresas, que quedan a merced de regulaciones cambiantes y de la burocracia fiscal.

La Ley de Economía Digital, en su redacción actual, no democratiza la tecnología: La convierte en un arma de exclusión burocrática. Una economía fuerte y justa requiere libertades, no candados digitales. Imponer la digitalización a golpes de decreto solo conseguirá profundizar la brecha de desigualdad, empujando a los más vulnerables hacia un aislamiento económico irreversible.

Finalmente, no se puede obviar el factor del control social y de la privacidad. El efectivo representa el último bastión de autonomía financiera frente al Estado y las grandes corporaciones bancarias. Por eso el debate actual en México en torno a la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, ha salido a relucir y dará mucho de qué hablar en las semanas por venir.

Obligar a que toda transacción en sectores clave deje una huella digital permanente convierte a la Secretaría de Hacienda en un supervisor omnisciente de la vida privada de los ciudadanos. Cada compra, cada servicio contratado y cada intercambio comercial quedará registrado, fiscalizado y potencialmente expuesto a filtraciones de datos o ciberataques.

La modernización económica es necesaria, pero no puede imponerse a golpes de decreto ni a costa de los derechos de los más vulnerables. La Ley de Economía Digital, en su estado actual, confunde bancarización con desarrollo y control con progreso. Si el objetivo real es una economía más fuerte y transparente, el camino correcto es el de los incentivos, la inversión en infraestructura y la educación financiera; nunca el de la prohibición y la digitalización forzada. Es mi humilde opinión.

*Periodista/Tlaxcala

Suprema Corte de Justicia emite sentencia a favor del municipio de Acayucan, por el reclamo de más de 28 millones de pesos

 CLAROSCUROS

- Suprema Corte de Justicia emite sentencia a favor del municipio de

Acayucan, por el reclamo de más de 28 millones de pesos de participaciones federales no entregadas…

- La demanda fue presentada por la exalcaldesa Rosalba Rodríguez Rodríguez, en el 2023.

José Luis Ortega Vidal

(1)

La Gaceta Oficial del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave, publicó en su edición del miércoles 30 de septiembre del 2026 un SUMARIO del Gobierno Federal referido a una Controversia Constitucional donde aparece como ACTOR el municipio de Acayucan, en reclamo de más de 28 millones de pesos de participaciones federales no entregadas durante los años 2012 y 2016.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial de la Federación determina vía la Ponencia del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la:

S E N T E N C I A

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 313/2023, promovida por el Municipio de Acayucan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en contra del Poder Ejecutivo Federal.

(2)

Se lee en el rubro de:

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. Presentación de la demanda. Por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el ocho de mayo de dos mil veintitrés, Rosalba Rodríguez Rodríguez, ostentándose como Presidenta Municipal e Iván Dionisio Suriano Lara, ostentándose como Síndico, ambos del municipio de Acayucan, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, promovieron controversia constitucional, señalando como demandado al Poder Ejecutivo Federal, controvirtiendo lo siguiente:

“IV. ACTOS RECLAMADOS

a).- De la autoridad señalada se demanda la invalidez de la orden o instrucción mediante Oficio No. 351-A-0810(sic), de fecha 6 de marzo de 2023, el cual me fue notificado el día 21 de marzo del año 2023, por la cual se niega afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz y/o del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para efectos de que la Federación pague directamente las aportaciones y participaciones federales omitidas de ministrar al Municipio de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el año 2012 y 2016, pertenecientes a los (sic) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del mes de octubre de 2016, Fondo de Hidrocarburos, del Fondo Metropolitano Acayucan 2012, y los recursos que derivan del Fideicomiso F-998, denominados Remanente de Bursatilización del periodo febrero-julio 2016, los cuales pertenecen al Municipio, y que dicha obligación se cubre con las participaciones federales, por lo que, debido a que el Estado de Veracruz incumplió con la obligación constitucional de ministrarlas de forma puntual, efectiva y completas, transgrede en nuestro perjuicio el artículo 115 fracción IV, inciso b), de la Constitución Federales (sic), al no permitir al municipio de Acayucan, Ver., la libre administración de su hacienda municipal.

b).- De la autoridad señalada se demanda la invalidez de la orden o instrucción mediante Oficio No. 351-A-0810(sic), de fecha 6 de marzo de 2023, el cual me fue notificado el día 21 de marzo del año 2023, por la cual se niega afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz y/o del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para efectos de que la Federación pague directamente las aportaciones y participaciones federales omitidas de ministrar al Municipio de Acayucan, Veracruz de Ignacio de la Llave, durante el año 2012 y 2016, pertenecientes a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del mes de octubre de 2016, Fondo de Hidrocarburos, del Fondo Metropolitano Acayucan 2012, y los recursos que derivan del Fideicomiso F-998, denominados Remanente de Bursatilización del periodo febrero-julio 2016, por lo que, se solicitaba se retuvieran los recursos al Estado de Veracruz para que se le entreguen directamente al municipio, y;

c).- De la autoridad señalada se demanda la invalidez de la orden o instrucción mediante Oficio No. 351-A-0810(sic), de fecha 6 de marzo de 2023, el cual me fue notificado el día 21 de marzo del año 2023, por la cual se niega afectar las participaciones federales del Estado de Veracruz y/o del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y como consecuencia niega nuestra petición del pago de intereses que se hayan generado por la omisión de pago de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del mes de octubre de 2016, Fondo de Hidrocarburos, del Fondo Metropolitano Acayucan 2012, y los recursos que derivan del Fideicomiso F-998, denominados Remanente de Bursatilización del periodo febrero-julio 2016.”

(3)

En el apartado VI. Estudio de fondo, se lee:

“IV.- HECHOS O RAZONES QUE SUSTENTAN LA PETICIÓN.

7.- Por lo que, no obstante que se han realizado diversos requerimientos al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el objeto de que deje de omitir el pago de las participaciones y aportaciones federales, mismas que hacen un monto total de:

- Recursos de participaciones y/o aportaciones Federales Montos no depositados Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), del mes de octubre de 2016: $4,947,429.54

- Fondo de Hidrocarburos Municipio Productor. Ejercicio 2015: $388,903.00

- Fondo de Hidrocarburos Municipio Productor. Ejercicio 2016: $260,284.00

- Fondo de Hidrocarburos Municipio Productor, Hidrocarburos Terrestre, ejercicio 2016: $547,726.00

- Fondo Metropolitano Acayucan-2012: $18,315, 3770.08

- Bursatilización 2016: $1,167,698.00

- FORTALECE 2016: $3,000,000.00

- Cantidad total omitida de pago: $28,627, 417.22

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De ahí que por esta vía se venga reclamando la omisión de pago de los recursos pertenecientes a los fondos antes citados y los intereses generados por tal omisión, de ahí que se solicite la afectación de las participaciones federales al Gobierno del Estado de Veracruz, debido a que recibió los recursos y no los ha depositado al municipio de Acayucan, Ver.”

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En resumen, la exalcaldesa Rosalba Rodríguez Rodríguez y el síndico Iván Dionisio Suriano Lara, denunciaron la falta de entrega de recursos federales asignados al municipio de Acayucan durante diferentes meses de los años 2012 y 2016, provenientes de distintos rubros del presupuesto federal, hasta sumar la cantidad de 28 millones de 627 mil 417 pesos con 22 centavos.

El reclamo se realizó desde el año 2023 y llegó hasta la Suprema Corte de la Nación que sentenció a favor del municipio de Acayucan, Veracruz, en el presente año.

Corresponde a la actual administración a cuyo frente se encuentra el alcalde Raúl David Salomón García, atender este caso publicado en la Gaceta Oficial del Gobierno de Veracruz, el miércoles 30 de septiembre del 2026.

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“VII. EFECTOS

Esta Primera Sala determina, con fundamento en los artículos 41, fracción IV y 45 de la Ley Reglamentaria de la materias, como efecto de la invalidez del; (sic) autoridad demandada deberá emitir un nuevo oficio en el que, acatando los lineamientos de la presente sentencia, proceda a decidir lo que corresponda sobre la petición realizada por el Municipio actor.

Para ello se concede un plazo de noventa días contados a partir del día siguiente a aquel en que le sea notificado este fallo.

El demandado deberá hacer del conocimiento de este Alto Tribunal, el oficio que se emita en acatamiento de la presente ejecutoria.

Por lo expuesto y fundado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelve:

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente controversia constitucional.

SEGUNDO. Se declara la invalidez del oficio número 315-A.-0810, de seis de marzo de dos mil veintitrés, de conformidad con lo expuesto en el apartado sexto de esta resolución.

TERCERO. Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz.

(6)

Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de cuatro votos, de la Señora Ministra y los Señores Ministros: Jorge Mario Pardo Rebolledo (Ponente), Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En contra del voto emitido por la Ministra Presidenta Loretta Ortiz Ahlf.

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Este logro de la exalcaldesa Rosalba Rodríguez Rodríguez contrasta con el señalamiento del ORFIS sobre un presunto daño patrimonial superior a los 63 millones de pesos correspondientes al 2025, último año de su gestión edilicia.

Reconoce Pedro Miguel Rosaldo respaldo de Rocío Nahle a Coatzacoalcos; entregan más de 14 mdp a emprendedores

Coatzacoalcos, Ver., 1 de octubre de 2026.- “Un impulso gigante que Coatzacoalcos tiene décadas sin recibir”, expresó el alcalde Pedro Miguel Rosaldo García al agradecer a la gobernadora Rocío Nahle García la entrega de más de 14 millones de pesos del programa Apoyo a la Palabra, en beneficio de 2 mil emprendedores de Coatzacoalcos.

Durante el evento, en el que también estuvo presente la presidenta del Sistema DIF Municipal, Sonia Marie Salvador Goraieb, el presidente municipal destacó que estos apoyos representan una oportunidad para fortalecer la economía de las familias, impulsar sus negocios y generar mejores condiciones de bienestar.

“Coatzacoalcos, nosotros somos gente trabajadora y no pedimos que nos hagan las cosas, pedimos respaldo”, manifestó Rosaldo García, al señalar que los programas Apoyo a la Palabra, Apoyo a la Familia y la entrega de escrituras brindan herramientas para que las familias puedan salir adelante y construir su futuro con sus propias manos.

El presidente municipal reconoció la cercanía de la mandataria estatal con Coatzacoalcos, al destacar que su regreso al municipio, a pocos días de una gira de trabajo, refleja su presencia en territorio y el respaldo a la economía y al patrimonio de las familias.

“Ella me ha enseñado que el servicio público exige trabajo constante y resultados, pero, sobre todo, principios, convicción y entrega al pueblo”, expresó.

Por su parte, la gobernadora Rocío Nahle García expresó su vínculo con el sur de Veracruz y el compromiso que mantiene con su población. Reconoció los avances que registra Coatzacoalcos en materia de imagen urbana, destacando la transformación que vive la ciudad bajo la administración del alcalde Rosaldo García.

“Cada día ya se ve más bonito mi Coatza, más pintadito, más limpio, con mejor malecón y cada día envío más seguridad a Coatzacoalcos”, expresó la mandataria, quien además anunció que se encuentra en la etapa final la construcción del C5.

Expuso que además de los Apoyos a la Palabra, también se entregaron 66 talleres comunitarios del programa Apoyo a la Familia, con herramientas y maquinaria para actividades de carpintería, bordado y costura, soldadura, cocina, panadería y repostería.

En coordinación con los sistemas DIF Nacional y Estatal, se distribuyeron 5 mil 300 apoyos en especie, entre ellos 3 mil 500 canastas alimentarias, lavadoras, refrigeradores, kits de limpieza, catres y tinacos. 

Además, la Beneficencia Pública otorgó mil 500 apoyos funcionales y de salud, mientras que el Instituto Veracruzano de la Vivienda entregó 19 escrituras públicas para brindar certeza jurídica a las familias.

Por último, Rosaldo García reiteró que el Ayuntamiento continuará trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado: “Mientras a ustedes, gente de Coatzacoalcos, no se rindan, su alcalde tampoco se va a rendir. Vamos a poner de pie a esta ciudad, cueste lo que cueste. Por amor a Veracruz y por amor a Coatzacoalcos, nos empieza a ir bien”, concluyó.

La Cuarta Transformación son hechos y al pueblo me debo: Rocío Nahle

  >36 mil apoyos a emprendedores durante la administración.

>En Coatzacoalcos: recuperación del malecón, más seguridad y obras.

 

Coatzacoalcos, Ver., jueves 1 de octubre de 2026.- La gobernadora Rocío Nahle García encabezó la entrega de 2 mil órdenes de pago del programa Apoyo a la Palabra, con una inversión superior a 14 millones de pesos, en beneficio de emprendedores de la cabecera municipal de Coatzacoalcos, Villa Allende, Mundo Nuevo, Lomas de Barrillas y el fraccionamiento Ciudad Olmeca.

 Con esta jornada, el programa suma 36 mil apoyos directos a emprendedoras y emprendedores durante la presente administración, como parte de una estrategia que facilita el acceso a recursos para el desarrollo de pequeños negocios.

 

La Mandataria explicó que Apoyo a la Palabra surgió de los compromisos asumidos durante sus recorridos por los 212 municipios y se basa en la confianza en las personas emprendedoras, con un esquema de entrega directa, sin intermediarios ni requisitos como avales o escrituras, que permite recuperar la inversión y acceder a un segundo financiamiento para continuar creciendo.

 

Acompañada de miembros del Gabinete estatal, reiteró su vínculo con Coatzacoalcos, “este es el sur, este es el pueblo, este es el lugar al cual yo me debo”, y reconoció la participación de la población de esta región en la transformación del país.

 

Al referirse a la Cuarta Transformación, la Gobernadora la definió como “hechos, es pueblo” y destacó la rehabilitación de la infraestructura urbana, la recuperación del malecón y el fortalecimiento de la seguridad, con la próxima conclusión del C5.

 

También mencionó el avance del puente Coatzacoalcos III, cuya licitación está en marcha, la eliminación de la caseta de cobro y la atención a la infraestructura hospitalaria de la región.

 

Como parte del programa Apoyo a la Familia, se entregaron herramientas y maquinaria a 66 talleres comunitarios: 14 de carpintería, 14 de bordado y costura, 14 de soldadura, 14 de cocina y 10 de panadería y repostería, a fin de ampliar sus capacidades productivas.

 

En coordinación con los sistemas DIF Nacional y Estatal, también se distribuyeron 5 mil 300 apoyos en especie, entre ellos 3 mil 500 canastas alimentarias, 400 lavadoras, 400 refrigeradores, 414 kits de limpieza, 200 catres, 120 tinacos, 100 kits de aseo personal y 100 de primeros auxilios.

 

Por su parte, la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública entregó mil 500 apoyos funcionales y de salud: 600 equipos de movilidad, entre sillas de ruedas, andaderas y bastones; 500 lentes de armazón y 400 auxiliares auditivos.

 

En materia de certeza jurídica, el Instituto Veracruzano de la Vivienda otorgó 19 escrituras públicas a familias, con lo que avanzan en la regularización de su patrimonio.

 

La secretaria de Desarrollo Social, Margarita Santopietro Peralta, destacó que estos programas forman parte de un modelo de atención humanista que transforma los recursos públicos en apoyos directos para quienes más lo necesitan.

 

El presidente municipal de Coatzacoalcos, Pedro Miguel Rosaldo García, reconoció el respaldo del Gobierno del Estado y destacó el alcance de los apoyos entregados, así como la presencia de la Gobernadora en la región sur.