BITÁCORA POLÍTICA
Miguel Ángel Cristiani G.
Veinte millones de pesos no son poca cosa.
Mucho menos cuando se trata de recursos públicos destinados
a planeación, supervisión y auditoría de obras del Ayuntamiento de Veracruz.
Por eso surge una pregunta bastante sencilla, pero que puede
resultar incómoda: ¿Quién contrató, ¿Quién supervisó y quién terminó auditando?
De acuerdo con la información que ha comenzado a circular,
cuatro contratos relacionados con servicios de planeación, supervisión y
auditoría de obra pública representarían más de 20 millones de pesos.
La cifra, por sí sola, no demuestra ninguna irregularidad.
Pero sí justifica que se revisen los contratos, los
procedimientos de adjudicación, las empresas participantes, los montos, los
entregables y, sobre todo, quiénes intervinieron en cada una de las etapas.
Y aquí aparece un elemento que merece especial atención.
La arquitecta Ana Isabel Martínez Torres encabeza la
Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Veracruz,
dependencia directamente relacionada con la ejecución y supervisión de
infraestructura municipal. Su participación en esas responsabilidades está
documentada oficialmente por el propio Ayuntamiento.
Por otra parte, Griselda Adahí Gil Marín fue designada al
inicio de la actual administración como titular del Órgano de Control Interno y
formó parte, junto con la Tesorería y Obras Públicas, de la Comisión Especial
para la Entrega-Recepción.
Posteriormente, en junio de este año, Gil Marín dejó la
titularidad del Órgano de Control Interno para asumir la Dirección de
Administración.
Hasta aquí, son hechos administrativos documentados.
Lo que corresponde esclarecer es lo demás.
Porque si en los expedientes de esos contratos aparece algún
posible parentesco entre funcionarios que participaron en los procedimientos y
propietarios o representantes de empresas beneficiadas, entonces la pregunta
deja de ser política y se convierte en una cuestión documental: ¿existía un
conflicto de interés?, ¿fue declarado?, ¿se excusó el funcionario
correspondiente?, ¿quién autorizó la contratación?
Y si no existe ningún vínculo irregular, también debe
demostrarse.
Ahí está precisamente la importancia de la transparencia.
Porque gastar más de 20 millones de pesos en servicios
relacionados con obras públicas puede ser perfectamente legal y justificable.
Lo que no puede ser es que nadie pueda explicar con claridad por qué se
contrataron esos servicios, quién los realizó, cuánto costaron y qué resultados
entregaron.
Y hay otra pregunta que merece respuesta:
¿Quién vigila a quienes tienen la responsabilidad de
vigilar?
Porque resulta paradójico que se paguen millones para
planear, supervisar y auditar obras públicas y, al mismo tiempo, queden dudas
sobre quién revisa a las empresas contratadas y quién verifica que
efectivamente cumplieron con lo establecido en los contratos.
Los regidores, sean de oposición o de la mayoría, tienen en
este asunto una tarea elemental: preguntar.
Preguntar cuánto.
Preguntar a quién.
Preguntar por qué.
Y preguntar qué se recibió a cambio de cada peso pagado.
No se trata de acusar sin pruebas.
Se trata de hacer algo mucho más sencillo: abrir los
expedientes.
Los contratos, las propuestas de los participantes, los
dictámenes de adjudicación, las declaraciones de intereses, los informes de
supervisión, los entregables de las auditorías y, en su caso, cualquier posible
relación familiar o empresarial deben estar disponibles para su revisión.
Porque cuando se habla de más de 20 millones de pesos del
erario, la transparencia no puede quedarse en el discurso de los boletines
oficiales.
Cada peso debe tener una explicación.
Y cada funcionario que intervino debe estar dispuesto a darla.
Porque en la administración pública no basta con decir que
todo está en orden.
Hay que demostrarlo.
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