IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La evaluación de Consulta Mitofsky sobre los
gobernadores llega en un momento políticamente relevante, el proceso electoral
de 2027 ya comenzó y el 6 de junio se renovarán 17 gubernaturas, además de la
Cámara de Diputados, congresos locales y ayuntamientos.
En términos generales, el resultado es favorable
para los gobiernos estatales: 18 mandatarios se encuentran por encima del
promedio nacional y 14 por debajo. La aprobación promedio llegó a 52.8% en
agosto de 2026, después de que 20 gobernadores registraran incrementos, 11
retrocesos y uno permaneciera sin cambios. En la parte alta aparecen Mauricio
Kuri, de Querétaro; Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí; y Clara Brugada, jefa
de Gobierno de la Ciudad de México.
El dato no predice por sí mismo el resultado
electoral, pero sí establece una primera condición de competencia. Los
gobiernos mejor evaluados llegan con mayor capacidad para defender su gestión,
influir en la selección de candidaturas y transferir reconocimiento a sus
partidos. Los peor evaluados, en cambio, enfrentan un problema doble, deben
convencer a la ciudadanía y, al mismo tiempo, evitar que la elección se
convierta en un referéndum sobre su administración.
Una aprobación superior al promedio ofrece ventajas
concretas, permite presumir resultados antes del inicio formal de las campañas.
Mejora la posición del gobernador frente a las dirigencias partidistas.
Facilita la construcción de una narrativa de continuidad. Reduce, al menos
inicialmente, el costo político de defender al partido gobernante. Puede
impulsar a candidatos identificados con la administración estatal.
Pero una encuesta de aprobación no equivale a
intención de voto. La ciudadanía puede valorar positivamente a un gobernador y,
al mismo tiempo, votar por una opción distinta en la elección sucesoria.
También puede aprobar la gestión general, pero desaprobar problemas específicos
como inseguridad, corrupción, servicios públicos o falta de empleo.
La aprobación funciona como un activo político; no
como un cheque en blanco.
Mauricio Kuri aparece en el primer lugar de la
medición, con 61.8% de aprobación en agosto, seguido muy de cerca por Ricardo
Gallardo, con 61.7%, y Clara Brugada, con 61.5%.
Para el PAN, el dato es especialmente importante
porque Querétaro es uno de sus principales bastiones. La elección de 2027
pondrá a prueba si el reconocimiento de Kuri puede convertirse en respaldo para
la candidatura panista y para el conjunto de la oferta electoral del partido.
El gobernador llega con una ventaja narrativa:
puede presentar el proceso como una evaluación de continuidad, estabilidad y
resultados. Sin embargo, esa transferencia no es automática. Kuri no estará en
la boleta y la ciudadanía evaluará al candidato, su propuesta, su equipo y la
situación concreta del estado.
Ricardo Gallardo, con alto reconocimiento y gran activo para el PRI. El caso de San
Luis Potosí presenta una particularidad política. Ricardo Gallardo Cardona,
vinculado al Partido Verde, registra una aprobación de 61.7% y ocupa el segundo
lugar nacional. La información proporcionada identifica al mandatario como
priista, pero las mediciones consultadas lo ubican como gobernador del PVEM;
esa diferencia partidista debe aclararse antes de extraer conclusiones sobre
una eventual ventaja del PRI.
Más allá de la adscripción partidista, el dato
tiene una consecuencia evidente, el partido o coalición que gobierne San Luis
Potosí intentará convertir el respaldo a Gallardo en una plataforma de
continuidad.
La oposición, por su parte, tratará de separar la
evaluación personal del gobernador de los problemas estructurales del estado. Buscará
demostrar que una aprobación elevada no necesariamente significa que exista
consenso sobre el rumbo político, la seguridad, la calidad de los servicios o
el uso de los recursos públicos.
Clara Brugada ocupa el tercer lugar entre los
mandatarios mejor evaluados. Aunque en la Ciudad de México no se elegirá una
gubernatura, su posición tiene una importancia política mayor. En 2027 se
renovarán las 16 alcaldías, el Congreso capitalino y los diputados federales.
En total, la ciudadanía elegirá 286 cargos.
La aprobación de Brugada puede favorecer a Morena
en dos frentes. Primero, le permite defender la gestión capitalina como una
administración con respaldo ciudadano. Segundo, puede contribuir a que el
partido conserve o recupere alcaldías y mantenga una posición dominante en el
Congreso local.
Pero la Ciudad de México es políticamente
fragmentada. La aprobación de la jefa de Gobierno no se distribuye de manera
uniforme entre alcaldías, grupos sociales o zonas territoriales. Es probable
que la oposición intente convertir la elección en una evaluación de servicios
urbanos, seguridad, movilidad, agua, mantenimiento y calidad de vida.
La popularidad de Brugada puede ayudar a Morena,
pero el resultado dependerá también de la selección de candidatos, la unidad interna
y la capacidad de los partidos opositores para coordinarse. En la capital, una
diferencia pequeña en participación o movilización puede modificar el resultado
en varias alcaldías.
Uno de los riesgos de interpretar la medición de
Mitofsky es tratar 2027 como una sola contienda nacional. Aunque la elección
tendrá una fuerte dimensión federal y se renovarán 500 diputaciones, las 17
gubernaturas se disputarán bajo circunstancias distintas.
Los estados que renovarán gubernatura son
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua,
Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
En cada entidad importarán factores específicos: La
evaluación del gobernador saliente. La seguridad y la percepción de violencia.
La economía local y el empleo. La obra pública y los servicios. La relación
entre el gobierno estatal y los municipios. La selección de candidaturas. La
fortaleza territorial de los partidos. La posibilidad de alianzas y rupturas.
La participación electoral. La evaluación del Gobierno federal.
Por ello, la aprobación estatal es una variable
importante, pero no la única. Un gobernador puede tener buen desempeño personal
y enfrentar un partido dividido. También puede tener una calificación media y
entregar la elección a un candidato competitivo si la oposición no logra
organizarse.
En los estados donde el gobernador está claramente
por encima del promedio, el partido gobernante tendrá argumentos para plantear
una elección de continuidad. La lógica será sencilla, si la ciudadanía aprueba
la administración, conviene conservar el rumbo.
Esa estrategia será más potente cuando la
aprobación se acompañe de resultados visibles y de una sucesión ordenada. Si existen
obras reconocibles, programas valorados y una candidatura competitiva, la
encuesta puede reforzar la decisión de votar por el oficialismo.
Los gobernadores mejor evaluados tendrán mayor
capacidad de influencia en la designación de candidatos. Las dirigencias
partidistas difícilmente ignorarán a un mandatario que conserva niveles
superiores a 60% de aprobación, especialmente si mantiene control territorial y
capacidad de movilización.
Sin embargo, la popularidad también puede generar
disputas internas. Varios grupos buscarán ser los beneficiarios de la
continuidad y la competencia por la candidatura puede dividir a la coalición
gobernante.
Los 14 gobernadores ubicados por debajo del
promedio enfrentarán un entorno más difícil. La oposición intentará convertir
la elección en un juicio sobre resultados, promesas incumplidas y problemas no
resueltos.
Pero un bajo desempeño no garantiza una derrota. La
oposición necesitará una candidatura creíble, una estructura suficiente y un
discurso capaz de explicar cómo corregirá las deficiencias. Atacar al
gobernador no será suficiente si no existe una alternativa convincente.
Morena, el PAN, el PRI, el Partido Verde y las
coaliciones buscarán presentar los resultados como evidencia de la superioridad
de sus respectivos modelos. El oficialismo destacará que algunos de sus
gobiernos se encuentran entre los mejor evaluados; el PAN utilizará el caso de
Querétaro como prueba de capacidad de gestión; y el PRI intentará recuperar
espacios donde aún conserve estructuras y gobiernos competitivos.
No obstante, la mezcla partidista de los tres
primeros lugares muestra que la aprobación ciudadana no se distribuye de manera
estrictamente ideológica. La ciudadanía parece evaluar también resultados,
liderazgo y cercanía, aunque esas percepciones se transforman después en
decisiones partidistas y electorales.
Toda medición de aprobación tiene límites. El
resultado depende del cuestionario, la fecha de levantamiento, el tamaño y tipo
de muestra, la forma de preguntar y el contexto político. Además, una
fotografía de agosto no puede anticipar el comportamiento ciudadano de junio de
2027.
Entre la evaluación publicada y la jornada
electoral ocurrirán debates, crisis de seguridad, conflictos internos, cambios
económicos, definición de candidaturas y campañas de contraste. Cualquiera de
esos factores puede modificar la opinión pública.
El verdadero valor político del ranking se
observará en la capacidad de cada mandatario para transferir reconocimiento a
su partido.
Mauricio Kuri tendrá que demostrar que su
aprobación puede traducirse en continuidad para el PAN en Querétaro. Ricardo
Gallardo deberá convertir su respaldo personal en una sucesión ordenada y
competitiva en San Luis Potosí. Clara Brugada tendrá que ayudar a Morena a
conservar presencia en la Ciudad de México sin que la elección se reduzca a una
evaluación de los servicios urbanos.
En los tres casos, la clave será la percepción de
que existe un proyecto, un equipo y una candidatura capaces de mantener los
aspectos positivos de la administración y corregir sus pendientes.
Un gobernador popular puede ser una locomotora
electoral. Pero también puede convertirse en una carga si la candidatura
sucesora no está a la altura, si existen conflictos de corrupción o si la
oposición logra imponer una agenda distinta.
La ciudadanía reconoce la gestión del gobernador,
pero decide votar por otra fuerza en la Cámara de Diputados, el Congreso local
o los ayuntamientos. Este escenario es particularmente posible en la Ciudad de
México, donde la elección de alcaldías tiene dinámicas territoriales propias.
La aprobación disminuye por problemas de seguridad,
crisis económica, conflictos internos o escándalos. Los partidos opositores
aprovechan la caída para presentar la elección como una oportunidad de alternancia.
Las coaliciones se dividen, surgen candidaturas
competitivas fuera de las estructuras tradicionales y el resultado se define
por márgenes estrechos. En este caso, el reconocimiento del gobernador ayuda,
pero no sustituye la capacidad de movilización electoral.
La evaluación de Consulta Mitofsky tendrá
influencia en las elecciones de 2027 porque ofrecerá una primera fotografía de
la fortaleza política de los gobiernos estatales. Los 18 mandatarios ubicados
por encima del promedio llegan con una ventaja de percepción; los 14 que están
debajo enfrentan mayores incentivos para corregir, renovar equipos y justificar
su gestión.
Pero la encuesta no decide elecciones. La
aprobación es una condición favorable, no un resultado anticipado. Entre el reconocimiento
de una gestión y el voto por su sucesor existe una distancia que sólo puede
cubrirse con candidaturas competitivas, partidos cohesionados, resultados
verificables y una estrategia territorial eficaz.
En 2027, la pregunta no será únicamente quién
gobierna mejor según las encuestas. Será quién logra convertir esa evaluación
en confianza electoral.
