45 millones de pesos, 48 horas y
las preguntas que el gobierno todavía debe responder
Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay decisiones de gobierno que, más allá de su
impacto mediático, dejan una estela de preguntas que ninguna estrategia de
comunicación alcanza a disipar.
El concierto del DJ neerlandés Martin Garrix en la
Macroplaza del puerto de Veracruz fue, sin duda, un éxito de convocatoria.
Miles de personas disfrutaron del espectáculo, los hoteles reportaron buena
ocupación y las autoridades celebraron el evento como una muestra de que
Veracruz puede albergar espectáculos internacionales.
Hasta ahí, nadie tendría motivo para objetar.
El problema comienza cuando el espectáculo termina
y aparece el expediente administrativo.
La información difundida sobre la contratación
señala un monto de 45.4 millones de pesos y un procedimiento formalizado
apenas 48 horas antes del evento, mediante adjudicación directa. No es
un detalle menor. Es precisamente el tipo de decisiones que, por su cuantía y
oportunidad, exigen la mayor transparencia posible.
Las leyes de adquisiciones contemplan excepciones a
la licitación pública. Existen casos en los que la adjudicación directa puede
ser legal y procedente. Sin embargo, cuando se trata de recursos públicos por
decenas de millones de pesos, la legalidad no basta por sí sola: también es
indispensable que exista una explicación clara, completa y accesible para la
ciudadanía.
Porque aquí la pregunta no es si Martin Garrix
merece cobrar lo que cobra. Ése es el valor que fija el mercado del
entretenimiento internacional.
La verdadera pregunta es otra:
¿Por qué un contrato de esta magnitud terminó
formalizándose apenas dos días antes del espectáculo?
Los conciertos de talla internacional no se
organizan de un día para otro. Requieren negociaciones, logística, permisos,
producción, transporte, hospedaje, seguridad, montaje y promoción que
normalmente comienzan con meses de anticipación.
Si la planeación inició con suficiente tiempo, ¿por
qué el procedimiento administrativo se resolvió hasta el final?
Y si realmente se tomó la decisión apenas unos días
antes, entonces la interrogante es todavía más delicada: ¿qué circunstancias
justificaron actuar con esa premura?
El dinero utilizado no pertenece al gobierno en
turno.
Pertenece a los contribuyentes.
Cada peso que sale del erario lleva implícita una
obligación de rendir cuentas.
En una democracia, la transparencia no debe ser una
reacción ante la crítica; debe formar parte natural de la administración
pública. Los expedientes de contratación, las justificaciones legales, los
dictámenes técnicos y los criterios para determinar el monto contratado tendrían
que estar disponibles para cualquier ciudadano interesado en conocerlos.
Eso no debilita al gobierno.
Lo fortalece.
Lo contrario alimenta inevitablemente las
sospechas, aun cuando el procedimiento hubiera sido plenamente legal.
Ésa es la paradoja de la administración pública:
muchas veces el problema no nace de una irregularidad comprobada, sino de la
falta de información suficiente para disipar las dudas.
Y cuando la información llega a cuentagotas, las
redes sociales terminan llenando el vacío con especulaciones.
En política existe una máxima que nunca pierde
vigencia:
La confianza tarda años en construirse y apenas
unos minutos en ponerse en duda.
Por eso el debate no debería concentrarse en el
artista, ni en el escenario, ni siquiera en el éxito del espectáculo.
El verdadero tema es la transparencia.
Porque cuando un contrato público de 45.4
millones de pesos genera más preguntas que respuestas, el espectáculo deja
de estar sobre el escenario y se traslada inevitablemente al escritorio donde
se firmó el expediente.
Y en materia de gobierno, pocas cosas resultan más
costosas que la percepción de que las excepciones terminan convirtiéndose en la
regla.
Bitácora Final
La ciudadanía no cuestiona que existan espectáculos
de primer nivel. Lo que exige es saber, con claridad y sin reservas, cómo se
decidió gastar su dinero. La transparencia no cancela los conciertos; los
legitima. En una administración pública moderna, el mejor aplauso no siempre
proviene del público frente al escenario, sino de la confianza que inspira un
expediente abierto al escrutinio ciudadano.
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