Por Miguel Ángel
Cristiani G.
En política, lo que se ordena desde el poder suele
convertirse en una prueba de lealtad. Pero también —y con frecuencia— en un
termómetro de congruencia. Y en estos días, ese termómetro está midiendo la
temperatura política dentro del partido oficial Morena con una pregunta simple:
¿Quién está dispuesto a dejar el cargo para competir por otro?
La instrucción vino desde la propia presidenta de México,
Claudia Sheinbaum. Desde la conferencia matutina —esa tribuna institucional
convertida en escenario cotidiano de la política nacional— dejó claro que
quienes aspiren a un cargo de elección popular por Movimiento Regeneración
Nacional deberán renunciar previamente a sus funciones si actualmente ocupan un
cargo público, ya sea federal, estatal o municipal.
La lógica parece elemental: evitar que los aspirantes
utilicen recursos públicos, influencia institucional o ventajas administrativas
para posicionarse electoralmente. No es un invento nuevo. Es un principio
básico de equidad en las contiendas que, de hecho, ha sido defendido durante
años por la propia izquierda mexicana cuando era oposición.
La pregunta inevitable es si ese principio se aplicará con
la misma disciplina que antes se exigía a los gobiernos priistas y panistas.
A nivel federal ya comenzaron a aparecer las primeras
respuestas. Tres senadoras de Morena pidieron licencia para competir en las
elecciones que vienen: Beatriz Mojica en Guerrero, Imelda Castro en Sinaloa y
Andrea Chávez en Chihuahua.
El caso de Mojica es particularmente interesante: en Guerrero
aparece como una de las figuras más competitivas dentro del oficialismo. En
Sinaloa, Imelda Castro entra a un terreno político complejo, donde las
estructuras locales pesan más que las simpatías nacionales. Y en Chihuahua,
Andrea Chávez enfrenta un escenario más complicado: aunque cuenta con respaldo
político en el Senado, en territorio parece ir por debajo del alcalde juarense,
Cruz Pérez Cuéllar, quien mantiene una presencia política más consolidada en la
frontera.
Hasta ahí, la disciplina partidista parece caminar.
Pero cuando se baja la lupa al nivel estatal
—particularmente en Veracruz— el panorama cambia de manera curiosa.
Porque en el terruño veracruzano, hasta ahora, nadie ha
presentado renuncia para buscar una candidatura de Morena.
Ni funcionarios federales
asentados en el estado.
Ni secretarios del gobierno estatal.
Ni alcaldes con aspiraciones evidentes.
Ni delegados que llevan meses en abierta promoción política.
Y eso abre una interrogante que va más allá del simple
trámite administrativo.
Si la instrucción vino desde la Presidencia, ¿por qué nadie
se mueve?
Hay varias posibles explicaciones. La primera es política:
muchos aspirantes esperan que las definiciones se retrasen para no soltar el
cargo antes de tiempo. La segunda es estratégica: nadie quiere quedarse sin
puesto y sin candidatura al mismo tiempo. Y la tercera —la más incómoda— es que
quizá algunos creen que la instrucción presidencial aplica para otros… pero no
para ellos.
En la cultura política mexicana existe un viejo vicio: la simulación.
Se acata el discurso, pero se evade el costo. Se respeta la forma, pero se
estira la norma hasta donde aguante.
Y ahí es donde empieza a ponerse a prueba la llamada
“transformación”.
Porque gobernar con autoridad moral implica algo más que
repetir consignas: exige coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.
Si Morena quiere demostrar que es distinto a los partidos
que durante décadas criticó, tendrá que empezar por aplicar sus propias reglas
con la misma severidad con que antes exigía las de los demás.
Y eso incluye algo tan simple —y tan difícil— como renunciar
al poder cuando se quiere aspirar a otro.
Porque en política la congruencia no se proclama en la
tribuna: se demuestra con decisiones personales.
Y hasta ahora, en
Veracruz, el silencio de las renuncias empieza a sonar más fuerte que cualquier
discurso.
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