El PVEM ha sido omiso y apático en los casos de contaminación de Veracruz

 La Columna

Por Fanny Yépez

La marea roja en las playas de Tecolutla y la ampliación de la zona portuaria

Edgar Herrera y Marcelo Ruiz, hoy ignoran los votos de los pescadores

  

El Partido Verde Ecologista de México ha sido omiso sobre casos de contaminación que provocó que se registrara marea roja en 5 las playas del municipio de Tecolutla, tampoco se ha pronunciado sobre los daños al arrecife La Gallega, denunciado por las obras de ampliación de la zona portuaria.

 Pese a que su plataforma nominal se fundamenta en la ecología, defensora de la vida, el cuidado de la naturaleza, el desarrollo sustentable y la contención del deterioro ambiental.

 El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha mantenido un silencio cómplice y no ha emitido ningún pronunciamiento oficial, respecto a las recientes contingencias ambientales en el estado, incluyendo la marea roja y las denuncias de ecocidio por la Fase II de la ampliación de la zona portuaria de Veracruz.

 Su ausencia en las denuncias por daño ecológico en el Puerto es evidente, porque organizaciones ambientales, pescadores locales e incluso, figuras políticas de oposición, han denunciado formalmente ante la Profepa como sepultan el arrecife vivo La Gallega, bajo toneladas de roca debido a las obras del Rompeolas Oriente, en la zona norte del puerto.

 Mientras que los manifestantes acusan un daño irreversible a los ecosistemas marinos, el PVEM ha optado por desviar su agenda hacia la preparación de sus propuestas electorales y negociaciones de coalición, evitando confrontar las resoluciones de la Semarnat, dependencia federal que defendió la legalidad y los supuestos controles ambientales del proyecto portuario.

 A pesar de su agenda orientada a la protección del medio ambiente, la postura del partido ha sido cuestionada por colectivos civiles debido a la gravedad de los eventos reportados.

 Silencio ante la Marea Roja, sucede que, a inicios de noviembre de 2026, las autoridades sanitarias y la Secretaría de Salud de Veracruz, confirmaron una contingencia por marea roja en las costas de Tecolutla, ordenando el cierre inmediato de cinco playas, debido a riesgos respiratorios causados por biotoxinas marinas. Ningún liderazgo del PVEM se ha sumado a las exigencias de investigación exhaustiva sobre las causas antropogénicas de esta proliferación de microalgas.

 Concentración histórica de sitios contaminados y alertas, informes de organizaciones y medios señalan que, Veracruz concentra un porcentaje alto de sitios con riesgo o alerta ambiental en el país, incluyendo un listado de 14 proyectos en alerta, documentados por Greenpeace México y reportes de que la entidad aglutina una gran parte de los sitios con pasivos o contaminación acumulada. Veracruz concentra el 30% de sitios contaminados del país.

 La omisión del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante problemáticas ambientales graves en Veracruz, como la devastación del arrecife La Gallega y los episodios de marea roja o contaminación costera, es atribuida por analistas y organizaciones civiles, a su dependencia y subordinación a la agenda del gobierno federal, priorizando sus alianzas políticas por encima de la causa ambiental.

 A continuación, se detallan los factores clave que explican esta postura:

 1. Alianza con el partido en el poder (Morena)

 El PVEM opera en coalición legislativa y política con el partido gobernante. Dado que las obras de ampliación del Puerto de Veracruz —las cuales afectan directamente al arrecife La Gallega con el vertido de rocas—, son ejecutadas directamente por la Secretaría de Marina (SEMAR) y coordinadas por dependencias federales (como ASIPONA Veracruz), pero el Partido Verde evita confrontar o denunciar abiertamente, proyectos prioritarios de infraestructura del Ejecutivo Federal.

 2. Contradicción institucional (La postura de SEMARNAT)

 La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), encabezada por el bloque oficialista del cual el PVEM forma parte, emitió autorizaciones condicionadas para continuar los trabajos del puerto, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia ordenó suspenderlos en 2022 para reevaluar integralmente el impacto ecológico. Recientemente, la SEMARNAT justificó las obras alegando que el proyecto "no contempla construir sobre el arrecife", una postura oficial que el PVEM asume de forma pasiva, ignorando las alertas de colectivos como Greenpeace que denuncian un ecocidio por la dispersión de sedimentos.

 3. Pragmatismo político e histórico

 Históricamente, diversas organizaciones ambientalistas e investigadores señalan que el PVEM utiliza la agenda ecologista únicamente, como una plataforma de marketing electoral para mantener su registro y financiamiento público. Su actuación suele enfocarse en iniciativas de menor impacto sistémico (como la prohibición de animales en circos o penas más altas a talamontes), esquivando disputas donde se involucren grandes intereses económicos y estatales, como la expansión portuaria de Veracruz o las fallas en el tratamiento de aguas, que derivan en fenómenos como la marea roja.

 El contraste con la oposición

 Mientras el PVEM guarda silencio, partidos de oposición y activistas independientes han abanderado el reclamo ciudadano. Organizaciones civiles de la Red del Corredor Arrecifal del Golfo de México, han promovido amparos y protestas pacíficas, evidenciando que la defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano, ha quedado en manos de la sociedad civil organizada y no de las instituciones políticas, que se ostentan como ecologistas.

 El líder estatal del PVEM, Edgar Herrera Lendechy y el coordinador de la bancada en la legislatura estatal Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, han defraudado y decepcionado a muchos, sobre todo a las organizaciones ecologistas, porque han olvidado la parte importante donde se sustenta la mística de este instituto político, No dudamos que volverán con descaro a pedir el voto en las próximas elecciones intermedias, a todos los afectados, sobre todo a los pescadores

MORENA Y SU "IMPLOSIÓN" EN VERACRUZ..

 Ricardo Chua

Los conflictos políticos que hay en MORENA Veracruz.. Debido a las candidaturas a los cargos de elección popular, que se "jugarán" en 2027.. Están a punto de provocar una "implosión" que provoque que este partido tenga graves problemas antes y durante el proceso local y federal en la entidad.. Hoy eso se puede vislumbrar porque los escenarios políticos empiezan a ser más claros.. Y por ello, es que los partidos de oposición en el Estado, que hace 6 meses se daban por "muertos", están teniendo una recuperación pausada.. Y ese es el verdadero peligro para la 4T en Veracruz.. 

Toda esa división, provocada desde el centro del poder que maneja a MORENA en Veracruz, hace que la oposición crezca y se FORTALEZCA en las "entrañas" del partido gobernante en la entidad.. Todo por las disputas por las candidaturas a diputados locales y federales.. Pero sobre todo, esto se genera por una situación muy simple, que no están viendo los "Morenos", pero que sucede en la estructura política de la 4T. Y es que la militancia tiene inconformidad por el método de selección.. Muchos "Morenistas" no creen en las encuestas, saben que las decisiones vienen por "dedazos".. 

Así que para MORENA, PVEM y PT en la elección federal.. Como para MORENA y PVEM en la elección local.. Hacen que este método complique, que los grupos políticos al interior de la 4T, lleguen a ponerse de acuerdo en el tema de las candidaturas.. Sobre todo por las decisiones que se puedan estar tomando en el comité nacional de MORENA en CDMX y la dirigencia estatal de este organismo político en la capital Xalapa.. Ese es el verdadero problema, que no están viendo venir en la cúpula de MORENA, pero que abajo entre la militancia, los está "fracturando".. 

Hay que recordar que la IMPLOSIÓN.. Es un fenómeno físico en el que un objeto, una cavidad o estructura se derrumba o se rompe hacía adentro de sí mismo (Eso le está pasando a MORENA a sólo unos meses de las elecciones del 2027).. Esto ocurre cuando la presión externa, que puede ser ejercida por el agua, la atmósfera o algún otro medio, es mucho mayor que la presión ejercida en el interior de dicho objeto, por lo cual, es que se genera ese colapso instantáneo.. Si ese escenario, no se parece al que está viviendo políticamente MORENA, es que hay "ceguera" política.. 

Sólo hay que recordar, que este tipo de IMPLOSIÓN que se presentará en MORENA y la 4T, ya está "patentada".. Debido a que este fue el mismo "fenómeno" que logró "reventar" al PRI (En el 2000 y 2018), también al PAN (En 2012), que desde sus mismas "entrañas" salieron los "opositores" al PRI y al PAN, para conformar un nuevo movimiento, que terminó siendo el PRD.. Ahí hay muchos casos en la historia política del país y en Veracruz, no es muy distinto.. Priistas, perredistas y panistas hoy están en MORENA porque es el partido de "moda".. Hasta hoy.. Mañana quién sabe... 

El caso aquí será ver.. Cuántos "morenistas" que no serán seleccionados candidatos, cuántos grupos de poder que no los dejan participar en los procesos internos.. Buscarán otras alternativas políticas en Veracruz para seguir participando en los cargos de elección popular.. Cuántos a los que hoy vemos como "férreos" Moreniostas, los veremos mañana operando en contra de la 4T con tal de ganar el distrito electoral federal o local en la entidad.. Y no tendrán empacho en decir que lo hacen porque allá no les dieron espacio.. Y esa implosión es lo que lleva a un partido político a perder.. 

Ante tal escenario, en el que todo se encuentra "revuelto" y que esta situación se complica aún más al interior de la 4T.. Por las divisiones internas ya tienen a este organismo en una crisis interna.. Lo que ha propiciado en la percepción ciudadana, que la 4T pueda sufrir una severa caída electoral.. Y todo esto sea aprovechado por los partidos de oposición en el Estado.. Así que en vísperas de la designación de candidatos en Veracruz.. Se denota que si aprovechan las circunstancias, puede que la oposición encuentre un "nicho de oportunidades".. 

Si a eso se le suma que no sólo hay descontento en MORENA sino en otros partidos de la 4T.. Como el Partido del Trabajo, quienes no estarán en esta coalición en la elección local...Es ahí donde el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, tendrán que estar muy atentos para "CACHAR" a esos personajes, que ya no se sienten "cómodos" dentro de la Cuarta Transformación.. Por ello, si esto se opera antes del 2027 y lo "potencializa" en el proceso electoral.. Se podría decir, que la oposición podría lograr victorias que no esperaba en muchos distritos electorales locales en Veracruz..

Así que el RETO ahora es "cachar" y abonar a la división interna de MORENA por las imposiciones en la selección de candidatos a diputados federales en Veracruz y en algunos distritos locales, donde también pasaría lo mismo con los aspirantes a legisladores locales..Ya que actualmente la clase gobernante en Veracruz, que maneja MORENA, quiere imponer a sus candidatos en la mayoría de distritos electorales locales.. Aspirantes de su "cuadra" y con ello evitar que se le "cuelen" otros personajes de otros grupos que serían ingobernables..Si no cuidan esto, podría presentarse una GRAN DERROTA de MORENA en la entidad, si es que sigue creciendo ese tema y no le ponen un alto.. Y perder en 2027, es debilitarse para el 2027 y 2030.. AMEN

Veracruz 2027, piso parejo

 DE PRIMERA MANO

Por Omar Zúñiga 

En Veracruz hay deportes que nunca pasan de moda, el beisbol, la futurología, la mentada al bache de cada cinco metros y cada tres años, la sospecha preventiva contra el árbitro electoral. 

Antes de que se imprima la primera boleta ya hay quien jura que el partido está vendido, que el resultado está cocinado y que el silbato tiene dueño, es una tradición tan arraigada como el café de Coatepec, aunque bastante menos gratificante.

Por eso hay que detenerse en lo que se dijo el viernes 6 de noviembre, en la sesión solemne con la que el Consejo General del OPLE Veracruz dio inicio formal a la elección del 2027, del que saldrá la próxima Legislatura del Congreso del Estado. 

Entre los discursos de rigor —y alguno que, como se contó aquí el domingo, dejó material de sobra para los memes— hubo uno que no buscó el aplauso fácil, sino trazar una raya en la cancha, el del secretario ejecutivo, Luis Fernando Reyes Rocha.

El mensaje cabe en una frase que debería enmarcarse en la oficina de cada dirigencia partidista, “el arbitraje electoral garantizará condiciones de equidad y un piso parejo para todos” y para que nadie se hiciera el desentendido, remató que las reglas del juego “se aplicarán con firmeza, sin distingos y con estricto apego a derecho”. 

Traducido del lenguaje institucional al de banqueta, “aquí no hay hijos ni entenados”, ni para el partido en el poder (qe visto está no sabe ni leer), ni para la oposición que se siente perseguida de oficio, ni para el partido recién nacido que apenas está aprendiendo a usar el gafete.

Reyes Rocha no se quedó en el formulismo, llamó a la legalidad “nuestra brújula innegociable” y advirtió que no hay espacio para la arbitrariedad, pero el planteamiento más fino fue otro, “la legalidad técnica, dijo, no basta si no viene acompañada de legitimidad, y la legitimidad no se hereda; se construye día a día”. 

Frase oportunísima en un estado donde más de uno cree que la legitimidad viene incluida con el apellido, con el cargo o con la foto junto a la gobernadora.

*****

Tampoco le sacó la vuelta al elefante en la sala, reconoció que la rendición de cuentas y la legitimidad de los árbitros electorales, tano el Federal como los locales, “se encuentran bajo el escrutinio más severo en toda su historia”. 

No lo dijo al aire, hay que recordar las últimas semanas que han sido de alta tensión, la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y la investigación de la Auditoría Superior de la Federación a proveedores del mismo INE y de los OPLE ligados al “amigo” de Taddei, José Alfredo Hernández Casillas. 

Como se documentó en este espacio, el OPLE Veracruz no contrató a esas empresas desde 2023, y de ahí, qué casualidad, brotó la queja de remoción en su contra. 

En Veracruz, ya se sabe, a veces el pecado no es contratar mal, sino no contratar a quien “había que contratar”.

De ese contexto se desprende el compromiso más incómodo para ciertos intereses, garantizarle a la ciudadanía que “no hay espacios de opacidad presupuestal” y que el organismo actúa con responsabilidad institucional absoluta. 

A ello sumó la defensa de la autonomía frente a los poderes fácticos y los grupos de presión o políticos, la lista de “pretendientes” que quisieran un árbitro dócil es larga, y en temporada electoral suele crecer más rápido que las bardas pintadas.

Para que no quedara duda del manual, refrendó los principios rectores de la función electoral: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género. 

Siete, como los pecados capitales, sólo que estos sí hay que practicarlos todos los días y el de máxima publicidad es el que más incomoda, un árbitro que enseña sus cuentas deja sin guión a quienes viven de la insidia.

*****

El mensaje a los contendientes fue igual de directo, pidió un proceso que no sea de “descalificaciones vacías”, sino de contraste real de ideas y de propuestas viables, con todas las voces de Veracruz escuchadas, de las comunidades indígenas a las zonas urbanas. 

Y defendió el voto razonado, el sufragio, dijo, “no debe ser un acto mecánico ni condicionado”; quien todavía crea que una elección se gana con despensa, amenaza velada o tarjeta con logotipo, está leyendo un manual que el árbitro ya anunció que no piensa respetar.

Hubo además un recordatorio que muchos políticos prefieren olvidar, la legitimidad del sistema electoral mexicano no ha descansado en los partidos, sino en los ciudadanos que operan las elecciones. 

Los funcionarios de casilla, los observadores, los vecinos que cuentan voto por voto, esa es, a fin de cuentas, la verdadera garantía de que habrá una boleta esperando a cada veracruzano, de las Altas Montañas a las llanuras costeras y de Pánuco a Las Choapas.

*****

Para documentar el optimismo…, nadie es tan ingenuo como para pensar que un buen discurso blinda por sí solo una elección, pero lo dicho el viernes es un compromiso público, y los compromisos públicos tienen fecha de examen, el 6 de junio de 2027.

Pero hay una diferencia entre el árbitro que llega a la cancha pidiendo perdón y el que llega con el reglamento en la mano. 

Reyes Rocha mostró las tarjetas antes del silbatazo inicial, ahora toca ver qué equipo se quiere ir a los vestidores antes de tiempo… y a quién le va a echar la culpa.

¡Qué barbaridad!

deprimera.mano2020@gmail.com

Iniciativas Anticorrupción en Palacio Nacional; Higinio Martínez

 Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi

*Elegir Nueva Presidenta de INE con Propuestas de UNAM, CIDE… 

Argonmexico / El que no transa ¿no avanza?… La corrupción en el Instituto Nacional Electoral enloda a expresidentes del organismo comicial y a partidos políticos. Durante más de dos décadas formaron o prohijaron una red de corrupción que los envolvió como una telaraña, con factureras y empresas fantasma; pero les dieron contratos millonarios en papelería y material electoral que no producían.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda descorrió el manto protector y dijo haber bloqueado cuentas bancarias de 40 objetivos –25 personas y 15 empresas– vinculados con proveedores electorales, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), para que ésta realice las investigaciones pertinentes y determine responsabilidades.

Una Lista de Personas Bloqueadas confirmó que entre las afectadas figura la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y José Alfredo Hernández Casillas, contratista de material electoral; así como “parte de sus socios”.

El anuncio de la unidad de Hacienda ocurrió semanas después de que iniciara la oleada de “filtraciones” sobre presuntas prácticas de corrupción y tráfico de “influencias” de la expresidenta del INE. Medida adoptada “tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo, y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes”.

Durante la “mañanera” del 29 de octubre pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por Pablo Gómez, coordinador de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quien informó que varias empresas vinculadas con la proveeduría de material electoral fueron bloqueadas por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando él estuvo al frente de la UIF.

“Las empresas que se han mencionado no tienen planta industrial, no son industriales, no fabrican nada, tampoco son comerciantes (…). Son intermediarios que ganan las asignaciones, los contratos, y van y compran todo, o van a las imprentas y ahí se imprime todo. Ellos nunca han hecho nada”.

A partir de los análisis financieros y los elementos de riesgo identificados, la UIF presentó la denuncia correspondiente ante la FGR, con el propósito de que esa autoridad, en el ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones pertinentes y determine, conforme a derecho, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.

Se dijo que la inclusión de los 40 objetivos en la Lista de Personas Bloqueadas “es una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”; así que las personas y representantes legales de las empresas bloqueadas cuentan con los mecanismos de defensa, y la garantía de audiencia previstos en la legislación aplicable.

Al margen de todo, en su momento y antes de que se hicieran cambios sobre este mecanismo, varias de esas empresas obtuvieron suspensiones judiciales para que se les quitara de la Lista de Personas Bloqueadas.

Este lunes, en el acto de recepción del Paquete de Iniciativas en Materia de Combate a la Corrupción y la Impunidad que presentó el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar al Senado de la República, el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, pronunció un mensaje en el cual le puso el cascabel a la víbora de la corrupción.

“No hay corrupción si no hay impunidad. Nos preocupa ahora más la corrupción por el asunto del INE. Quien haya designado a la señora Guadalupe Taddei, la Cámara de Diputados no se equivocó, en ese momento era la indicada… Si en ese momento era la que debía haber, es ella o a quienes nos ponen a todos nosotros aquí en una responsabilidad, nos colocan por algo”.

Y señala tajante: lo del INE tiene que ver con un asunto de arreglos cupulares que ha habido desde hace tiempo entre los partidos políticos. “No estoy descubriendo el hilo negro. Cómo se designan las posiciones de consejeros electorales, los mismos magistrados del Tribunal Electoral. Un Tribunal Electoral hoy sometido, y un INE desdibujado actualmente, pues requerimos una reforma a fondo en este asunto”.

Al reconocer que a los diputados les corresponde designar al futuro mujer u hombre consejero presidente del INE, el senador mexiquense propone dejar esa responsabilidad en instituciones como la UNAM, UAM, CIDE o el Colegio de México. En las instituciones académicas de alto nivel; o de la iniciativa privada que también luego se queja como el Consejo Coordinador Empresarial, o la Asociación de Bancos. Y que hagan llegar sus propuestas a la Cámara de Diputados.

Añade: si de las propuestas de la UNAM, que para esa institución o del CIDE son las personas más honestas, transparentes, rectas, que pueden conducir el organismo, los diputados decidirían; pero que no sea parte del reacomodo de los grupos.

E insiste al remarcar: si no queremos simular un combate a la corrupción, tenemos que decir las cosas como son, los consejeros electorales, también los contralores del INE, el actual y el pasado, fueron producto de cuotas entre los diputados o los partidos políticos. Por eso tenemos los problemas hoy que hay en el INE y en muchas partes del país.

Así, descalifica a la Secretaría Anticorrupción “que no acaba de entender cuál es su función. Un Sistema Nacional Anticorrupción que no sirve para nada. De Andrés Manuel escuché, ya no debe haber las contralorías en cada dependencia federal, ni en cada dependencia estatal. El secretario pone a su contralor en las entidades; el alcalde pone su contralor”.

Incluso puntualizó: el Órgano Superior de Fiscalización, en el caso del Estado de México, “no hace nada que no le indiquen arriba”; para agregar que, todo acto de corrupción que encuentre el Órgano Superior de Fiscalización en el Estado de México, pasa al Tribunal de Justicia Administrativa y ese, si encuentra elementos, transfiera el asunto a la Fiscalía.

Bajo esa perspectiva, el senador Higinio Martínez plantea crear un Tribunal de Cuentas Federal, que implique la supervisión y vigilancia estatal y municipal. “Que todo funcionario sepa que hay un Tribunal al que le tiene que rendir cuentas el alcalde, en su estado; pero también en una correlación que vaya hacia abajo. No una Secretaría Anticorrupción que ni se entiende”.

Revela que la Presidenta de la República tiene en su escritorio ya la propuesta de cambios a 16 ordenamientos legales y dos nuevos. “Vayamos a fondo, es una limpieza a fondo. La corrupción en México se tiene que limpiar, no con “Vel Rosita”, sino con aguarrás o algo para que funcione. No hay de otra, no podemos hacer una reforma más.

Concluye al remarcar que aporten los académicos y ciudadanos que quieran combatir ese cáncer social. “Más lo que presente el Ejecutivo Federal, los diputados y senadores, puede llevarnos a algo que en verdad conduzca hacia la transformación y a terminar con el principal problema de este país que sigue siendo la corrupción y la impunidad. Porque, De dónde se hizo, de mulas Pedro…

argondirector@gmail.com y argonmexico@gmail.com

La Agencia Informativa Argonmexico le reitera a Usted, amable lector, la apertura para recibir sus comentarios, artículos y otras colaboraciones periodísticas que deseen publicar en nuestra página web argonmexico.com Sólo le recordamos que no damos tregua ni espacio a rumores, ni a la diatriba fácil, carente de argumentos válidos.

SILENCIO E IMPARCIALIDAD INSTITUCIONAL ELECTORAL

 CAFÉ DE MAÑANA

Por José Luis Enríquez 

Evitar los ataques en campañas entre los actores es tarea que corresponde a las instituciones del gobierno, y no únicamente al árbitro electoral: INE y OPLE.

Es bien sabido que el proceso 2026-2027 nació judicializado, pero nos debe ocupar a todos como sociedad evitar que el tono y lenguaje de los ataques de algun@s quienes contienden o buscan hacerlo en elecciones próximas en Veracruz.

Pero igualmente a los actores de la contienda, no estaría de más que los miembros de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, entre otros servidores públicos, eviten comunicar en favor o en contra de quienes buscan aparecer en la boleta electoral.

La competencia, mientras más cerrada pueda resultar dentro del marco normativo, fortalece la operación electoral y también la ideología partidista para que se encaucen esas conductas lejanas a la falta de respeto y posibles acciones de violencia.

Y es que debe prevalecer, sobre todo, la caballerosidad, y así los posibles ataques no salir de la autopista del respeto a todos y en todo.

Lo anterior tiene como base y fundamento —NO se justifican— que los ataques de campaña política en recientes procesos, a algun@s les han llevado a altos niveles de las calumnias, las difamaciones o expresiones que denigran a instituciones y las personas, y el arbitraje y las instituciones “deben de ser regulados”, tratando de buscar para encontrar y asegurar que haya un proceso electoral justo, pero también respetuoso.

El árbitro electoral (OPLE e INE) debería y podría establecer límites en el concepto de los contenidos de campañas, y ahí establecer entre las sanciones consideradas en materia de las violaciones a las normas, pues las campañas de lodo y odio deben atajarse, y evitar que resulten ya una característica en los procesos electorales —actual y en el devenir— y asegurar la mayor limpieza en la jornada correspondiente, como ahora en el relevo de diputados locales y federales veracruzanos.

Los ataques y calumnias hay veces que suben de tono y, lejos de afectarse contendientes y partidos políticos, causan entre la población electora malestar, elevado enojo social y, al final, incrementan la inhibición de sufragios, pero incluso dañan y afectan a las familias —algunas ocasiones a hijos menores— de quienes están en la arena por la lucha política.

Y aquí los árbitros (INE-OPLE) juegan un papel relevante, pues el activismo social nace de la promoción en la cultura de la participación ciudadana, y esta demanda una colectividad que sea responsable para votar, pero también respetuosa, y en ese engranaje no solo hay partidos y contendientes, los organismos autónomos tienen mucho que ver.

DE SOBREMESA

Los legisladores en funciones, además de pensar en volver a postularse y reelegirse, también podrían pensar y construir leyes en contra de la difamación, la calumnia, las injurias o figuras similares e, incluso, si aquí en Veracruz se creó la de injurias a la autoridad durante el sexenio de Cuitláhuac García: “leyes de protección a las autoridades por supuestos insultos de la sociedad civil”, ¿por qué no igual hacerlo para proteger a contendientes y sus familias?

UN CAFÉ LECHERO LIGHT

Hace unos días, la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro me comentó que la óptica y el enfoque de Morena no están a favor de la prohibición de las rodadas en motocicletas, más bien están a favor de la educación vial, y eso lleva a que se busque una regulación y prevención.

La legisladora añade que la prohibición puede resultar inconstitucional respecto al libre tránsito y al derecho de asociación, pues, además, muchos de los accidentes que ocurren de motos suceden en solitario, no colectivamente.

Este debate en torno a las rodadas en motocicletas y la regulación vial es un asunto de alto grado de atención en la agenda legislativa.

El asunto reviste centralmente la concientización, la educación vial y la regulación preventiva, y relegando medidas prohibitivas que no resuelven el problema de fondo y pueden criminalizar a los usuarios de motocicletas alejados de la legalidad, de ahí la necesidad de colaborar con los colectivos de motociclistas para establecer rutas seguras, horarios adecuados y el uso obligatorio del equipo de protección.

El tema seguirá en la agenda, pues incluye salvaguardar la integridad de peatones y automovilistas.

¡ES CUANTO!

enriquezambell@gmail.com;

enamjl62@gmail.com

Recorte al INE

 IMPRONTA

Carlos Miguel Acosta Bravo

El recorte de hasta 11 mil millones de pesos al presupuesto del INE para 2027 no es un ajuste administrativo menor, es una reducción de capacidad institucional en el año en que México renovará 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales y cientos de ayuntamientos. Si se suma el escándalo Taddei y el paro de trabajadores de los módulos, el riesgo no es solo logístico, es de legitimidad electoral.

El INE había solicitado 47,700 millones de pesos para 2027. Tras ajustes del Ejecutivo y de la Comisión de Presupuesto, la asignación quedó en 36,274 millones, una reducción de 23.9%.

De ese monto, 10,842.6 millones corresponden al financiamiento público de ocho partidos y candidaturas independientes. Eso deja aproximadamente 25,431 millones para la operación del INE y la organización de la elección, frente a los 31,431 millones que había solicitado para ese fin.

La reducción real para la organización electoral es de unos 6 mil millones de pesos. El INE deberá hacer con 11 mil millones lo que había planeado hacer con 17 mil millones para proyectos electorales, además de cubrir su gasto operativo anual de alrededor de 14 mil millones.

La elección de 2027 requerirá instalar más de 176 mil centros de votación, organizar capacitación, logística, boletas, credenciales, supervisión y cómputos. El recorte puede afectar directamente la contratación y capacitación de 51,714 capacitadores y supervisores electorales, cuya nómina representa 53.2% de una partida de 13,453 millones.

Esta también la impresión, resguardo y distribución de boletas y documentos electorales; el mantenimiento de módulos de atención ciudadana y expedición de credenciales que son necesarias para los comicios, y también se requiere actualización tecnológica, insumos operativos y logística de casillas; se requiere también brindar capacidad técnica y operativa de las juntas distritales y locales para supervisar procesos concurrentes.

El INE sostiene que la propuesta no pondrá en riesgo el ejercicio de sus funciones. Pero la contradicción es evidente, si el gasto operativo anual ya consume 14 mil millones, dejar 11 mil millones para proyectos electorales obliga a recortar actividades, personal o previsiones.

El recorte llega mientras trabajadores de los más de 800 módulos de atención ciudadana reclaman mejores salarios y condiciones laborales. Han convocado a un paro nacional para el 9 de noviembre, y el INE respondió con una propuesta de incremento salarial de 6% para el personal de nivel FA1 a partir de enero de 2027.

El riesgo es doble, retrasos en credencialización, si los módulos reducen horarios o suspenden servicios, se afecta la actualización del padrón y la expedición de credenciales para votar; y también se puede registrar la sobrecarga operativa, si el personal reduce horas o abandona el servicio, la preparación de la elección se complica.

El INE ha dicho que no habrá despidos ni suspensión de servicios, pero la tensión laboral persiste. Un paro prolongado podría generar retrasos en la actualización del padrón y en la logística electoral.

La elección de 2027 será una de las más grandes de la historia reciente, 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y miles de cargos municipales. El recorte puede afectar la calidad de la organización en varios frentes. La cobertura territorial: menos capacitadores y supervisores pueden significar menor presencia en zonas rurales o marginadas.

Menos presupuesto puede limitar la capacidad de resolver contingencias el día de la jornada y podría también afectar la confianza ciudadana, si el INE aparece debilitado, la percepción de fragilidad institucional aumenta.

El recorte llega en medio del escándalo por presuntos vínculos de Guadalupe Taddei con proveedores del INE, específicamente con José Alfredo Hernández Casillas, y se encuentran incluidas empresas investigadas por la UIF y la ASF. La combinación de recorte presupuestal y crisis de confianza crea un escenario de doble presión.

El INE debe organizar una elección compleja con menos recursos, Debe demostrar transparencia en contrataciones mientras enfrenta señalamientos de corrupción. Debe contener el descontento laboral de su personal; Debe sostener la legitimidad de un proceso electoral en el que se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

El riesgo es que la narrativa pública se concentre en la crisis interna del INE y no en la calidad de la elección. Eso puede alimentar cuestionamientos sobre la neutralidad del árbitro y la limpieza del proceso. La respuesta no puede ser solo recortar. Debe incluir mecanismos que protejan la capacidad operativa y la transparencia del INE.

Se debe también separar de manera clara el presupuesto diferenciado y separar claramente el financiamiento a partidos del gasto operativo y electoral. La auditoría externa debe someter a revisión independiente todas las contrataciones y proveedores cuestionados e informar de manera clara a la sociedad mexicana de sus resultados.

Es urgente atender la demanda salarial, y establecer mejores condiciones y estabilidad del personal de módulos antes de que el paro escale, para no dar espacio a problemas sociales tan ampios como lo han significado las marchas de personal del IMSS, por incremento salarial y insumos para hospitales y democracia sindical.

El recorte al INE no es solo una decisión fiscal. Es una decisión política sobre la calidad de la democracia mexicana. Si el INE pierde capacidad operativa mientras enfrenta escándalos de corrupción y paros laborales, el riesgo no es solo logístico podría ser de legitimidad electoral.

La pregunta que el país debe hacerse no es si el INE puede organizar una elección con menos dinero. Es si puede organizarla con confianza, transparencia y capacidad de respuesta. Si la respuesta es no, el costo será mayor que el ahorro presupuestal.

Cruceros: ¿y Veracruz para cuándo?

Miguel Ángel Cristiani G.

Mientras en Veracruz se sigue anunciando que ahora sí, que ya vienen los cruceros turísticos para 2027, las cifras nacionales del sector permiten dimensionar el tamaño de la oportunidad que nuestro estado podría estar dejando pasar.

Y es que el turismo de cruceros no es una promesa ni una ocurrencia de funcionarios buscando reflectores. Es una actividad económica que está creciendo en México y que representa una importante fuente de ingresos para los destinos portuarios que han sabido aprovecharla.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que durante los primeros nueve meses de 2026 nuestro país recibió 8.9 millones de pasajeros de cruceros, lo que representa un crecimiento de 15 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En ese lapso se registraron 2 mil 413 arribos de embarcaciones, un incremento de 11.2 por ciento.

Las cifras hablan por sí solas.

En el Pacífico, Puerto Chiapas registró un crecimiento de 90.2 por ciento en pasajeros; Mazatlán recibió más de 355 mil visitantes y Cabo San Lucas contabilizó casi un millón de pasajeros.

Pero si volteamos hacia el Golfo-Caribe, donde geográficamente se encuentra Veracruz, los números tampoco son despreciables: 5.9 millones de pasajeros y mil 550 arribos de cruceros.

Cozumel recibió 3.7 millones de pasajeros en 995 arribos, mientras que Progreso, Yucatán, contabilizó 402 mil 454 pasajeros y 125 arribos.

Y aquí es donde surge inevitablemente la pregunta: ¿por qué otros puertos del país están aprovechando el crecimiento de esta industria mientras Veracruz apenas sigue anunciando que los cruceros llegarán el próximo año?

Porque una cosa es anunciar que vendrán los barcos y otra muy distinta es tener las condiciones necesarias para recibirlos, atender a sus pasajeros y convertir su llegada en una derrama económica para los prestadores de servicios, comerciantes, transportistas, restauranteros y trabajadores del sector turístico.

No basta con que un crucero aparezca en el horizonte y tome una fotografía de la costa veracruzana. Se necesita infraestructura portuaria, seguridad, conectividad, servicios turísticos, promoción internacional y una coordinación efectiva entre autoridades estatales, municipales y portuarias.

Los cruceristas no solamente llegan para observar el mar. Bajan de las embarcaciones, contratan recorridos, visitan sitios históricos, consumen alimentos, compran artesanías y generan movimiento económico.

Veracruz tiene historia, cultura, gastronomía, música, playas, zonas arqueológicas y una riqueza turística que pocos estados pueden presumir. Lo que hace falta es convertir esos atractivos en productos turísticos competitivos.

Los datos presentados por la Secretaría de Turismo federal deberían servir como una llamada de atención para las autoridades veracruzanas.

El crecimiento de 15 por ciento en pasajeros y de 11.2 por ciento en arribos demuestra que existe un mercado en expansión. La oportunidad está ahí, pero no se aprovecha con discursos ni conferencias de prensa.

Ojalá que para 2027 los anuncios se conviertan finalmente en realidad y que Veracruz deje de ser solamente un puerto de paso para convertirse en un destino turístico de cruceros.

Porque mientras otros puertos cuentan millones de pasajeros y cientos de arribos, aquí seguimos esperando que llegue el primer barco de la nueva etapa.

Como diría Pancho López, el filósofo xalapeño ateniense: «No es lo mismo ver pasar los barcos que saber aprovechar cuando llegan a tu puerto».

 

¡JUSTICIA PARA DANNA! FAMILIARES Y AMIGOS EXIGEN TODO EL PESO DE LA LEY CONTRA EL PRESUNTO FEMINICIDA

Xalapa, Ver.- Con mensajes de indignación, dolor y exigencia de justicia, Carlos González, acompañado de familiares y amigos de Danna Itzel Díaz, alzó la voz para exigir a las autoridades que el presunto responsable de su muerte enfrente todo el peso de la ley.

Durante la manifestación realizada en la colonia Rafael Lucio, señaló que Danna ya había comentado sobre la situación de violencia que atravesaba con su expareja sentimental e incluso tenía previsto separarse.

Con profundo pesar, recordó que la joven tenía apenas un año dedicada al modelaje y también continuaba con sus estudios. Era madre de una niña de un año y tenía toda una vida por delante.

Carlos González expresó que no le corresponde juzgar, pero sí exigir que las autoridades hagan su trabajo y garanticen justicia para Danna.

“Hoy nos deja una huella imborrable. No soy autoridad para juzgar, pero es necesario que las autoridades realicen su trabajo y castiguen con todo el peso de la ley. Hoy callaron una sonrisa y no queremos que se juzgue su actividad ni su forma de vida”, manifestó.

Entre las principales exigencias dirigidas a la Fiscalía se encuentra que solicite la prisión preventiva justificada y logre la vinculación a proceso del presunto responsable por el delito de feminicidio, conforme a las determinaciones legales correspondientes.

Con cartulinas y consignas, familiares y amigos expresaron su reclamo:

¡Justicia para Danna, ninguna más!

¡No al feminicidio!

Nadie tiene derecho a arrebatarte la vida.

Danna, tu voz no será silenciada.

Su voz fue silenciada, nuestras voces no.

Si su ausencia duele, la impunidad indigna.

Exigimos justicia digna.

Todo el peso de la ley contra el presunto feminicida.

La movilización busca mantener visible el caso y exigir que no haya impunidad, además de hacer un llamado para que ninguna mujer vuelva a perder la vida a consecuencia de la violencia.

ASF investiga irregularidades en organismos electorales con el apoyo de informantes

 La Auditoría Superior de la Federación obtuvo testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera y mensajes de WhatsApp como parte de nuevas investigaciones.

CDMX, 09/11/2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que por primera vez desarrolla investigaciones con la colaboración directa de personas que han aportado información y elementos relevantes sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas realizadas durante varios años en organismos electorales.

De acuerdo a un comunicado oficial publicado este día, los informantes participan bajo el “Programa de Reducción de Sanciones para Informantes en Investigaciones”, establecido con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

La ASF señaló que esta colaboración le ha permitido obtener datos de personas que conocen cómo se habrían llevado a cabo diversas operaciones relacionadas con contrataciones públicas en organismos electorales.

Entre los elementos recabados se encuentran testimonios, documentos, fotografías, videos, información financiera, domicilios y conversaciones de WhatsApp, además de nombres y alias de personas que presuntamente estarían involucradas en los hechos investigados.

Uno de los principales hallazgos señalados por la ASF apunta a que los beneficiarios finales de distintas empresas habrían intervenido en procesos para seleccionar proveedores y establecer requisitos técnicos dentro de las contrataciones.

Según el organismo, estos elementos constituyen indicios de que dichas acciones pudieron realizarse con el propósito de favorecer intereses particulares.

La información, sin embargo, forma parte de investigaciones en curso, por lo que su existencia no implica por sí misma que las personas señaladas sean responsables de alguna falta administrativa o delito. Será necesario que las autoridades competentes determinen las responsabilidades correspondientes conforme avance cada procedimiento.

La Auditoría Superior de la Federación indicó que las investigaciones continuarán para identificar a más personas posiblemente involucradas, conocer el destino de los recursos públicos y determinar las responsabilidades que correspondan.

El anuncio abre una nueva línea de investigación al incorporar de manera directa información proporcionada por personas que conocerían el funcionamiento interno de las operaciones bajo revisión.

¡A todo motor y sin freno! 40 mil motos y una anarquía vial en Xalapa

 BITÁCORA POLÍTICA

Por Miguel Ángel Cristiani G.

En Xalapa, las motocicletas se multiplican como si fueran una plaga sobre ruedas. Ya circulan alrededor de 40 mil unidades en la capital veracruzana y su zona de influencia, mientras los accidentes se cuentan por decenas cada semana. De acuerdo con especialistas, pueden registrarse hasta 15 percances diarios en Xalapa y municipios vecinos.

La pregunta es inevitable: ¿estamos ante una modernización del transporte o frente a un problema de seguridad vial que las autoridades todavía no consiguen controlar?

En cinco años se duplicó el número de motocicletas. Se utilizan para trasladarse al trabajo, repartir mercancías y sortear el congestionamiento de una ciudad donde el tránsito parece obedecer, cada vez más, a la ley del más aventado y no a la del reglamento.

El problema no es que los ciudadanos utilicen una motocicleta. Para miles de familias representa una herramienta de trabajo y una alternativa económica de transporte. El verdadero problema aparece cuando la necesidad de llegar más rápido se convierte en una carrera contra la vida.

Zigzaguear entre automóviles, rebasar por donde no se debe, ignorar los límites de velocidad y circular sin casco son conductas que convierten las calles en una ruleta rusa. Y cuando ocurre el accidente, el cuerpo del motociclista es el que suele llevarse la peor parte.

Las cifras son para preocuparse. El Inegi registró 13 mil 54 accidentes de motocicleta en Veracruz entre 2020 y 2025. Además, entre septiembre y octubre se reportaron cinco accidentes mortales en Xalapa que involucraron a motociclistas.

No son simples estadísticas. Son vidas truncadas, familias destrozadas y gastos médicos que muchas veces terminan golpeando los bolsillos de quienes menos tienen.

Las autoridades municipales anunciaron operativos de revisión y prevención, con un esquema semejante al de los alcoholímetros. La intención es correcta, pero habrá que ver si las acciones se sostienen en el tiempo o terminan convertidas en esos despliegues espectaculares que aparecen unos días y después desaparecen, mientras el problema continúa circulando a toda velocidad.

Porque detener motociclistas para revisar documentos no basta. Hace falta vigilar los puntos de mayor riesgo, exigir el uso del casco certificado, verificar licencias y placas, sancionar las maniobras peligrosas y garantizar que los operativos se apliquen sin distinciones ni mordidas.

También debe quedar claro que la responsabilidad no recae exclusivamente en el gobierno. Ninguna autoridad puede colocarle el casco a quien se niega a usarlo ni evitar todos los accidentes si los propios conductores desprecian las reglas más elementales.

El Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes advierte que un casco certificado y correctamente abrochado puede reducir hasta en 72 por ciento el riesgo de traumatismos craneales graves y alrededor de 40 por ciento la mortalidad en caso de accidente. Es decir, una medida tan sencilla puede marcar la diferencia entre regresar a casa o no volver jamás.

La Ley de Tránsito establece obligaciones, documentación y sanciones. Lo que falta demostrar es que la norma se cumple y que las autoridades tienen la capacidad de hacerla respetar.

Con 40 mil motocicletas en circulación, Xalapa necesita una política integral de movilidad, educación vial y vigilancia permanente. No se trata de perseguir motociclistas, sino de impedir que las calles sigan cobrando vidas.

Porque una ciudad no progresa simplemente porque tenga más vehículos. Progresa cuando sus habitantes pueden llegar a su destino sin jugarse la vida en cada esquina.

Y mientras unos aceleran sin medir las consecuencias y otros administran el problema con operativos ocasionales, la pregunta de Pancho López sigue en el aire: ¿cuántas tragedias más se necesitan para entender que la seguridad vial no admite frenos burocráticos?

 

Veracruz entre los 8 estados con más asesinatos en el país

 La Columna

Por Fanny Yépez

9 de noviembre de 2026

En el mes de octubre se registraron 56 asesinatos en el estado

La SSP y la FGE han fallado, lo revelan las negativas estadísticas

  

Lamentablemente durante el pasado mes octubre de 2026, los homicidios dolosos a nivel nacional y estatal registraron un incremento del 10.4 por ciento (con 1,215 víctimas frente al 1,100 de septiembre), según cifras preliminares del Gabinete de Seguridad federal.

 El aumento o la fluctuación en los índices de homicidios y violencia en México, responde a una combinación de factores estructurales, disputas entre grupos del crimen organizado y la evolución de las estrategias de seguridad pública a lo largo de los últimos años.

 Los asesinatos en México repuntaron un 10.4% durante octubre de 2026, interrumpiendo la tendencia a la baja que se venía registrando en meses anteriores. De acuerdo con las cifras oficiales preliminares del Gabinete de Seguridad, el país registró 1,215 víctimas de homicidio doloso frente a las 1,100 contabilizadas en septiembre.

 La mayor parte de los homicidios dolosos en el país (alrededor del 70%) se cometen con armas de fuego, cuyo flujo e ingreso al país ha facilitado una mayor letalidad en los enfrentamientos. Esto demuestra que las autoridades han fallado en la contención y aseguramiento de armas de fuego que entran al país, principalmente por la frontera norte.

 El flujo continuo de armas de fuego hacia México es un problema multifactorial complejo, en el que convergen la debilidad e infiltración histórica en las aduanas, la colusión de funcionarios, el tráfico hormiga y la facilidad de adquisición en Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos gubernamentales por reformar el sistema aduanero, las redes del crimen organizado siguen encontrando grietas para ingresar armamento.

 Componendas y colusión, diversos análisis apuntan a que el poder económico del crimen organizado corrompe los filtros de revisión. Quienes facilitan o "se hacen de la vista gorda" ante el ingreso de cargamentos, actúan como un eslabón indispensable en la cadena delictiva

 La efectividad de las autoridades para contener los asesinatos en México, es objeto de un intenso debate, existiendo un marcado contraste entre las estadísticas oficiales a la baja a nivel nacional y repuntes críticos o crisis locales de violencia, que alimentan la percepción de un fallo estatal.

 Por un lado, el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal argumenta que la Estrategia Nacional de Seguridad está funcionando, reportando que el promedio diario de homicidios dolosos disminuyó un 52%, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026 (pasando de 86.9 a 42.2 casos diarios).

 Datos clave del reporte

 • Promedio diario: Se promediaron 39 personas asesinadas al día, en todo el territorio nacional.

• Acumulado histórico: Con corte al 8 de noviembre de 2026, la administración actual acumula un total de 50,694 víctimas en lo que va del sexenio.

• Armas de fuego: El reporte histórico destaca que más del 70% de las víctimas murieron por heridas causadas por proyectiles de arma de fuego.

 Los 8 estados con mayor índice de homicidios

 La violencia ligada a homicidios dolosos continúa altamente concentrada en el país. Durante el mes de octubre, las ocho entidades que registraron las cifras más altas en números absolutos fueron:

 1. Estado de México: 160 asesinatos.

2. Sinaloa: 155 asesinatos (registrando su mes más violento del año debido a las disputas internas del crimen organizado).

3. Guanajuato: 124 asesinatos.

4. Baja California: 76 asesinatos.

5. Chihuahua: 73 asesinatos.

6. Michoacán: 65 asesinatos.

7. Veracruz: 56 asesinatos.

8. Sonora: 55 asesinatos.

 A pesar del repunte mensual en el mes de octubre, los reportes diarios emitidos por agencias de análisis como el Monitoreo de TResearch, indican que el promedio generalizado de la última semana de noviembre muestra una reducción del 26% en comparación con los mismos días del año previo. Sin embargo, los picos de violencia letal generados por enfrentamientos entre facciones antagónicas mantienen bajo presión la estrategia del Gabinete de Seguridad de la federación.

 El debate sobre si las autoridades del estado de Veracruz han fallado en detener los asesinatos, muestra dos perspectivas contrastantes basadas en distintas formas de medir la violencia delictiva. Mientras el gobierno destaca una reducción porcentual constante en sus indicadores interanuales, partidos de oposición, colectivos civiles y reportes de prensa sostienen que las cifras absolutas y las crisis paralelas reflejan una estrategia insuficiente.

 Los números son fríos, pero contundentes y sumamente reveladores, 56 personas han sido asesinadas en el estado de Veracruz, este índice deja muy mal paradas a las autoridades de la Secretaria de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del estado y, aunque no les guste, podemos ver que han sido ineficientes, no han podido contener esta matanza que coloca a la entidad veracruzana como una de las más inseguras del país.

  El resultado elemental de esa situación que no se puede ocultar, porque ahí están los números, es que esta referencia ahuyentan las inversiones y el turismo, entre otras situaciones negativas.

LAS REGLAS, LOS INTERESES Y LAS CONTRADICCIONES DEL PODER

 EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA 

¿ES MÉXICO UN PAÍS DEMOCRÁTICO?

    Por Francisco Berlin Valenzuela*

TERCERA PARTE

INTRODUCCIÓN

En las dos primeras entregas de este análisis, hemos examinado algunos de los principales conceptos, principios y condiciones que permiten identificar la existencia de una auténtica democracia, así como las contradicciones que pueden presentarse entre sus postulados teóricos y su funcionamiento en la realidad.

Se ha expresado que la democracia no puede reducirse a la celebración periódica de elecciones, ni a la existencia formal de instituciones y procedimientos que aparentemente legitiman el ejercicio del poder.

Su autenticidad depende también de la observancia de principios fundamentales, como la libertad, la igualdad, el pluralismo, el estado de derecho, la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a la voluntad ciudadana.

En esta tercera parte abordaremos otras dos falacias que permiten examinar cómo las reglas electorales, la utilización de los recursos públicos y las prácticas internas de los partidos políticos pueden distorsionar el funcionamiento de los sistemas democráticos.

SÉPTIMA FALACIA

LA EXISTENCIA DE LEYES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES GARANTIZA LA AUTENTICIDAD DE LA DEMOCRACIA.

La existencia de un ordenamiento jurídico que regule los procesos electorales constituye una condición indispensable para el funcionamiento de cualquier sistema democrático. Sin embargo, no debe confundirse la existencia formal de normas e instituciones con la garantía de que los procesos electorales se desarrollen efectivamente bajo condiciones de equidad, imparcialidad y libertad.

Las disposiciones electorales, por sí mismas, no aseguran que la competencia política se produzca en condiciones de igualdad. Su aplicación puede verse afectada por interpretaciones interesadas, modificaciones normativas que favorezcan a determinados actores y prácticas que, aprovechando los espacios de discrecionalidad, alteren el sentido y la finalidad de las normas jurídicas.

La manipulación del derecho electoral puede presentarse tanto en la elaboración de las reglas como en su aplicación. Cuando quienes ejercen el poder tienen la posibilidad de modificar las condiciones de la competencia en beneficio propio, se debilita uno de los presupuestos esenciales de la democracia: que todos los participantes estén sujetos a reglas generales, imparciales y previamente establecidas.

También deben examinarse las condiciones en que se desarrollan las campañas electorales, particularmente cuando existen diferencias sustanciales en el acceso a los recursos económicos, a los medios de comunicación y a las estructuras institucionales.

Una elección no adquiere legitimidad democrática únicamente porque se hayan instalado casillas, recibido votos y efectuado un cómputo conforme a determinadas disposiciones legales. Es necesario que la voluntad ciudadana se haya formado y expresado sin coacciones, condicionamientos ni ventajas indebidas.

De ahí la importancia de contar con organismos electorales autónomos, independientes y dotados de credibilidad, así como con tribunales capaces de resolver las controversias con estricto apego a la Constitución y a las leyes.

La democracia requiere que las reglas del juego electoral no sean instrumentos al servicio de quienes ejercen el poder, sino garantías para quienes participan en la competencia política y, sobre todo, para los ciudadanos.

La legalidad electoral es indispensable, pero no suficiente: las normas pueden existir formalmente y, sin embargo, ser utilizadas de manera que desvirtúen los principios que deberían proteger.

OCTAVA FALACIA

LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SU DISTRIBUCIÓN ENTRE LA POBLACIÓN CONSTITUYEN, POR SÍ MISMOS, UNA PRUEBA DE DEMOCRACIA.

Los programas sociales representan instrumentos legítimos de la acción pública. Su finalidad consiste en atender necesidades de los sectores vulnerables, reducir las desigualdades, combatir la pobreza y mejorar las condiciones de vida de la población.

Nadie podría cuestionar la obligación del Estado de procurar mejores condiciones de bienestar para sus habitantes. Por el contrario, una democracia debe preocuparse por garantizar que los beneficios del desarrollo alcancen a todos los sectores de la sociedad.

Sin embargo, sería equivocado considerar que la existencia de programas sociales o la entrega de apoyos económicos constituyen, por sí mismas, una demostración de que existe una auténtica democracia.

El problema aparece cuando esos programas dejan de responder exclusivamente a criterios de justicia social y se convierten en instrumentos de promoción de las acciones gubernamentales o de presiones electorales, a través de la utilización de recursos públicos para generar adhesiones, obtener simpatías, condicionar la conducta comicial de sus beneficiarios, todo lo cual constituye una deformación de la función social del Estado.

Los apoyos gubernamentales no deben presentarse como concesiones personales de quienes ejercen el poder. Tampoco debe confundirse la gratitud individual que pudiera despertar la recepción de un beneficio económico, con una obligación política o electoral hacia quien lo otorga.

La ciudadanía debe conservar plena libertad para apoyar, cuestionar o rechazar a los gobernantes, sin temor a perder los beneficios que legítimamente le correspondan.

Por otra parte, el bienestar de una sociedad no puede medirse exclusivamente por la cantidad de recursos que recibe mediante programas asistenciales. También debe considerarse la capacidad del Estado para generar oportunidades, promover el empleo, fortalecer la educación, garantizar servicios de salud y construir condiciones que permitan a las personas superar permanentemente sus circunstancias de vulnerabilidad.

En este sentido, conviene recordar que la prosperidad de la población y la fortaleza económica del Estado no son objetivos contrapuestos, sino realidades que deben complementarse.

De poco serviría que una nación consiguiera sacar a su población de la pobreza si, como consecuencia de decisiones económicas equivocadas, fuera el propio Estado el que terminara empobreciéndose y perdiendo capacidad para cumplir sus responsabilidades.

La justicia social no debe medirse únicamente por los apoyos económicos que distribuye un gobierno, sino por las oportunidades que genera, los derechos que garantiza y las condiciones de dignidad que permite alcanzar a sus habitantes.

CONTINUARÁ EN LA CUARTA PARTE

Entre las Barricas y Catas

Por:

Turismólogo

Tito Barquín

*Vino vs Licor:*

Son categorías diferentes y características distintas, en su contenido alcohólico e ingredientes, desde su proceso de producción y elaboración siendo esto ultimo en distinguirse. Los Vinos generalmente son elaborados con uvas, pudiendo usar otras frutas.

*Productores:*

Hay más de 14 estados en México que producen miles de hectáreas de viñedos. Las copas de vino que se toma, representan el esfuerzo de quienes lo producen como un orgullo para el que lo disfruta.

*Artesanales:*

En el estado de Veracruz no hay industria a gran escala que elabore Vino con uva de mesa. Pero si tenemos Vinos Artesanales con fábricas y productores tradicionales en: Veracruz, Xalapa, Coatepec, Xico, Mahuixtlán, San Andrés, Catemaco, Tantoyuca, San Rafael, Alto Lucero, Naolinco y otros. Donde lo elaboran con frutas de temporada, miel, frutos silvestres y algunas frutas dependiendo de la región.

*Tres maneras:*

La actividad turística el Enoturismo, consiste en visitar y conocer los viñedos, bodegas, barricas, museos, monumentos, catas, como también a conocer la cultura del vino en diferentes regiones del mundo, a esta actividad también se le puede decir: Enoturismo, Turismo Enológico o Turismo del Vino. 

*Celebración:*

Por iniciativa de la Red Europea de Ciudades del Vino, desde el año 2009 se festeja el "Día Mundial del Enoturismo" cada día 8 de Noviembre. La fecha de celebración simboliza la identidad, cultura, tradición, desarrollo económico y turístico en varias regiones del mundo, no confundir esta festividad con el día Internacional del Vino (25 de Mayo).

*Reciente:*

Si bien México no está dentro de los principales países vitivinícolas del mundo y no figura dentro de los destinos más importantes a nivel mundial, en cuanto al Enoturismo se refiere, es por ser reciente comparado con los países europeos o sudamericanos el desarrollo de esta modalidad de hacer turismo. 

*Empleos y Economía:*

Promover este atractivo acerca a miles de turistas, visitantes e interesados en conocer los lugares con viñedos, quienes generan empleos y derrama económica para la "Industria Sin Chimeneas".

Lic. Fco. Tito Barquín.

Asesor en:

Turismo y Promoción

Tourism & Promotion

Este 2026, Ayuntamiento ha reparado con bacheo 10 mil metros cuadrados de superficie

*Xalapa, Ver., 9 de noviembre de 2026.-* Para mejorar las condiciones de circulación, brindar seguridad vial y dar mantenimiento a la infraestructura vehicular que por años no se realizó, sólo en lo que va de 2026, la Administración Municipal que encabeza la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, ha aplicado cerca de 27 millones de pesos en trabajos de bacheo y reposición de losas de concreto en avenidas principales como Ruiz Cortines, Miguel Alemán y Villahermosa.

En respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía, que es la mejora de vialidades, desde enero se inició un Programa de Bacheo permanente para atender el deterioro de calles y avenidas, mismo que es causado por las lluvias, el tránsito vehicular y las condiciones de las redes hidrosanitarias.

Como parte de la primera etapa, durante el primer semestre del año se repararon más de 10 mil metros cuadrados de superficie en distintas avenidas.

Derivado de la segunda fase que ya inició, se lleva a cabo la rehabilitación de algunos tramos de la avenida Ruiz Cortines, labores que se extenderían en fecha próxima a la avenida Primero de Mayo.

Paralelamente, la Dirección de Obras Públicas realiza trabajos de reposición de losas de concreto en las avenidas Xalapa, Maestros Veracruzanos y Chedraui Caram hacia El Castillo.

En cuanto a la avenida Lázaro Cárdenas, al tratarse de un tramo federal, las acciones de reparación se realizarán en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), donde el Ayuntamiento será coadyuvante.

El Programa de Bacheo y de mejoramiento de vialidades se mantendrá durante todo el Gobierno Municipal, ya que es una prioridad para el Ayuntamiento al ser una de las principales demandas de la población.

Al pueblo, las obligaciones; al funcionario, el festín

Víctor Murguía Velasco

Los servidores públicos deben estar sujetos a evaluación, pues, de no estarlo, pueden hacer lo que quieren, responderle únicamente a quien les dio el cargo, cobrar sin trabajar y, en síntesis, vivir de los impuestos e incluso saquearlos, sin aportar algo bueno al pueblo.

«Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error», frase que dejó para la posteridad el tuxpeño César Garizurieta y que exponen de otra forma lo señalado en la introducción de estos comentarios.

Este fin de semana vimos cómo los trabajadores del Poder Judicial de la Federación protestaron porque iban a ser sometidos a evaluación. Argumentaron, entre otras cosas, que estarían sujetos a criterios subjetivos que pondrían en riesgo su trabajo.

Intervino el presidente de la Corte, el ministro Hugo Aguilar, y acordaron que la evaluación no estaría ligada a sanciones ni a la separación del cargo.

Recordemos las protestas de maestros durante el gobierno de Peña Nieto, por la aprobación de la reforma educativa que contemplaba la evaluación de los profesores e incluso la posible separación de la plaza en caso de no aprobar los exámenes.

El rechazo del magisterio fue masivo en todo el país; aquí lo vimos en Xalapa. Los maestros gritaban que primero evaluaran a los legisladores que habían aprobado la ley ya los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. En ese punto no les faltaba razón.

Es necesario que en el servicio público haya una evaluación periódica, sin margen para que sea utilizada con multas revanchistas, para despedir a quien haga bien las cosas oa quien rechace la corrupción y las malas prácticas burocráticas.

Por decir algo y poner un ejemplo local (intemporal): ¿qué pasaría si hubiera esa evaluación y el secretario de Obras Públicas estuviera sujeto a ella para, entre otros temas, conocer públicamente si ejerció el presupuesto a tiempo, no incurrió en subejercicios y no devolvió millones de pesos a la Federación?

¿Qué pasaría si el secretario de Finanzas y Planeación, sujeto a evaluación, tuviera que demostrar que no otorgó contratos a empresas señaladas de incurrir en irregularidades?

¿Qué pasaría si el delegado de Bienestar (el actual o los del pasado) tuviera que mostrar las bases para designar a los subdelegados regionales o municipales?

¿Qué pasaría si el secretario de Turismo tuviera que mostrar cuántos turistas más llegaron a Veracruz, con cifras de los hoteleros vinculados a sus informes al SAT?

Si esas evaluaciones hubieran existido desde hace algún tiempo, la situación actual de Veracruz podría ser mejor.

En la actualidad, para los funcionarios de alto nivel solo existen las comparaciones ante los diputados del Congreso local, pero está claro que no aportan nada.

El funcionario puede informar lo que quiera; el formato lo favorece y, si hay cuestionamientos importantes y algún legislador exhibe la corrupción del secretario de despacho, no pasa nada.

Ahí está como muestra la acusación por corrupción en la Secretaría de Salud, realizada por el entonces diputado Marlon Ramírez durante una comparecencia (en el gobierno de Cuitláhuac). No pasó de ahí. Ahora sabemos, por una denuncia formal de la actual administración, que hay más de mil millones de pesos que siguen sin aparecer.

Mientras tanto, que siga el festín en el servicio público.