Por Miguel Ángel Cristiani G.
Radiografía del OPLE Veracruz
Cuando se
habla del presupuesto del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, hay
una cifra que suele aparecer completa, redonda y contundente: cientos de millones
de pesos.
Pero detrás
de esa cifra existe una distinción que resulta indispensable hacer si realmente
queremos saber cuánto cuesta la democracia veracruzana.
No todo
el dinero que aparece en el presupuesto del OPLE es dinero que el OPLE se gasta
en su propia operación.
Una parte
muy importante tiene otro destino: los partidos políticos.
Y ahí
comienza una cuenta que los ciudadanos tenemos derecho a conocer.
En 2024, el
presupuesto originalmente planteado por el OPLE ascendió a 1 mil 399.9
millones de pesos. De esa cantidad, 358.37 millones correspondieron a
prerrogativas para los partidos políticos, mientras que 1 mil 041.53
millones fueron destinados a los programas institucionales del propio
organismo: desarrollo y fortalecimiento institucional, proceso electoral y
cartera de proyectos.
Dicho de
otra manera: aproximadamente uno de cada cuatro pesos del presupuesto
planteado para 2024 tenía como destino el financiamiento político.
Y eso
ocurrió precisamente en un año electoral, cuando Veracruz eligió gobernador y
diputados locales.
La cifra no
es menor.
Pero tampoco
debe interpretarse automáticamente como un gasto excesivo.
Las
prerrogativas forman parte del modelo constitucional de financiamiento público
de los partidos y su distribución responde a fórmulas legales.
El problema
periodístico es otro:
¿Cuánto
de lo que llamamos “presupuesto del OPLE” corresponde realmente al
funcionamiento del organismo y cuánto termina en manos de los partidos?
2025: otra vez, casi 286 millones para los partidos
En 2025 el
presupuesto autorizado del OPLE fue de 1 mil 400 millones de pesos.
El documento
financiero oficial distribuyó 285.87 millones de pesos al programa
institucional denominado E404, “Prerrogativas a Partidos Políticos”.
Es decir, alrededor
del 20.4 por ciento del presupuesto total autorizado quedó destinado a
esta finalidad.
Mientras tanto, el
organismo destinó 365.96 millones a servicios personales, 330.47 millones a
materiales y suministros y 416.71 millones a servicios generales.
Aquí aparece un
contraste interesante.
2025 fue el año de
la elección de los 212 ayuntamientos de Veracruz. Eso explica buena
parte del incremento en los gastos relacionados con la organización electoral.
Pero las
prerrogativas de los partidos constituyen una bolsa distinta.
No dependen
simplemente de cuántas boletas haya que imprimir o de cuántos consejos
municipales deban instalarse.
Son parte del
financiamiento político que corresponde conforme a las reglas electorales.
Por eso debemos
separar ambas cosas.
2026: menos presupuesto, pero una bolsa política
todavía enorme
Para 2026 el
presupuesto aprobado al OPLE descendió considerablemente.
Después de los
ajustes, el organismo quedó con 665.73 millones de pesos.
Pero dentro de esa
cantidad, 264.04 millones fueron destinados a prerrogativas de los partidos
políticos.
Esto significa que
cerca del 40 por ciento del presupuesto redistribuido tiene como destino
el financiamiento político.
Y aquí aparece un
dato que merece ser explicado al ciudadano.
En 2026,
prácticamente cuatro de cada diez pesos que aparecen dentro del
presupuesto del OPLE corresponden a prerrogativas partidistas.
No significa que el
OPLE pueda utilizar esos recursos para contratar personal, comprar vehículos o
pagar oficinas.
Son recursos con
destino específico.
Pero sí forman parte
de la bolsa presupuestal que debe aprobarse y contabilizarse dentro del gasto
electoral del estado.
Y eso permite
formular una pregunta mucho más precisa:
¿Cuánto le cuesta
al ciudadano veracruzano el funcionamiento del árbitro electoral y cuánto le
cuesta mantener el sistema de partidos?
Son dos preguntas
diferentes.
Y hasta ahora suelen
aparecer mezcladas.
La
democracia tiene precio
El financiamiento público de los
partidos tiene una razón de ser.
Busca evitar, al menos en teoría,
que las organizaciones políticas dependan exclusivamente del dinero privado y
establece reglas para que compitan bajo determinadas condiciones de equidad.
Es parte del diseño democrático
mexicano.
Pero que algo esté permitido por
la ley no significa que deba dejar de ser observado por los ciudadanos.
Al contrario.
Entre más dinero público se
entregue, mayor debe ser la transparencia.
Porque el ciudadano que paga
impuestos tiene derecho a saber cuánto recibe cada partido, bajo qué fórmula,
para qué actividades y qué mecanismos existen para comprobar su utilización.
Y aquí aparece otra veta de
nuestra investigación.
No basta con saber que en 2026 se
presupuestaron 264.04 millones de pesos para prerrogativas.
Tenemos que saber cómo se
distribuyó esa cantidad entre los partidos políticos.
Quién recibió más.
Quién recibió menos.
Cuánto corresponde al
financiamiento ordinario.
Cuánto al gasto de campaña.
Qué recursos se destinan a
actividades específicas.
Y qué sucede con el dinero cuando
un partido pierde su registro o deja de tener derecho a determinadas
prerrogativas.
Porque detrás de cada peso hay una
fórmula.
Y detrás de cada fórmula hay
votos.
El
verdadero costo de los partidos
Hay otro elemento que
tampoco debemos perder de vista.
Los partidos no solamente
reciben financiamiento público a través del OPLE.
También existen otros
recursos, prerrogativas y mecanismos de financiamiento previstos por la
legislación electoral.
Por eso, para conocer
realmente cuánto cuesta el sistema de partidos en Veracruz, tendremos que sumar
todas las bolsas correspondientes y compararlas con el tamaño del padrón
electoral.
Será entonces cuando
podamos responder una pregunta mucho más sencilla para cualquier ciudadano:
¿Cuánto paga cada
veracruzano por mantener el sistema electoral y de partidos?
La respuesta puede
resultar más reveladora que cualquier discurso político.
No es contra los partidos; es por la transparencia
Conviene dejarlo
claro.
Esta investigación
no pretende cuestionar la existencia de los partidos políticos ni negar su
función dentro de una democracia.
Una democracia sin
partidos difícilmente puede ser competitiva y plural.
Lo que sí debe
cuestionarse es la falta de claridad con la que muchas veces se presentan las
cifras.
Porque decir que “el
OPLE cuesta 665 millones de pesos” no cuenta toda la historia.
Y decir que “los
partidos reciben 264 millones” tampoco.
Hay que saber cuánto
cuesta cada componente.
Cuánto se destina a
la burocracia electoral.
Cuánto a la
organización de las elecciones.
Cuánto al financiamiento
de los partidos.
Y cuánto termina
realmente convirtiéndose en una mejor participación ciudadana.
Ésa es la diferencia
entre hacer una crítica política y hacer periodismo de investigación.
En Bitácora
Política hemos decidido hacer las dos cosas: preguntar y documentar.
Porque el dinero
público no tiene partido.
Es dinero de los
ciudadanos.
Y precisamente por
eso, los ciudadanos tienen derecho a saber dónde termina cada peso.
Continuará.



.jpeg)
.jpeg)












