Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay reformas que cambian las leyes y hay reformas
que pretenden cambiar la historia. La aprobada por el Congreso de Veracruz, que
prohíbe la reelección inmediata de diputaciones locales y ediles, además del
llamado nepotismo electoral, pertenece a esa segunda categoría. La pregunta es
si realmente desmontará una de las prácticas más arraigadas de la política
mexicana o si terminará siendo otro elegante maquillaje constitucional para una
enfermedad que sigue intacta.
Con 36 votos a favor y seis abstenciones, la LXVII
Legislatura armonizó la Constitución de Veracruz con la federal para impedir
que legisladores y autoridades municipales permanezcan de manera consecutiva en
el cargo y para cerrar el paso a que familiares directos de quien ejerce la gubernatura,
una diputación o un ayuntamiento puedan sucederlos de inmediato.
En el papel, la reforma luce impecable. En la
realidad, apenas comienza la prueba de fuego.
Porque el nepotismo nunca ha sido únicamente un
asunto de parentescos; ha sido un modelo de poder.
Durante décadas, los partidos políticos —sin
excepción— convirtieron las candidaturas en herencias familiares. Las
presidencias municipales pasaban de padres a hijos, de esposos a esposas, de
hermanos a hermanos. El cargo público dejó de ser una responsabilidad ciudadana
para convertirse en un patrimonio privado administrado desde las cúpulas
partidistas.
No era democracia. Era una sucesión monárquica con
credencial para votar.
Por eso resulta paradójico escuchar discursos
triunfalistas de quienes hoy celebran una reforma que combate prácticas de las
cuales buena parte de la clase política también obtuvo beneficios durante años.
La memoria política suele ser incómoda, pero no por ello deja de existir.
La eliminación de la reelección inmediata también
merece una reflexión más profunda. Cuando se aprobó en 2014, el argumento
consistía en fortalecer la rendición de cuentas. Un legislador eficiente
tendría la posibilidad de recibir nuevamente el respaldo ciudadano; uno incapaz
sería castigado en las urnas.
La teoría era correcta.
Lo que fracasó fue el sistema de partidos, que
sustituyó la evaluación ciudadana por la obediencia política. En muchos casos,
la permanencia dependía menos del desempeño legislativo que de la cercanía con
el dirigente, el gobernador en turno o el grupo dominante.
Ahora se elimina la reelección como si el verdadero
problema hubiera sido el instrumento y no quienes lo manipularon.
Más aún, el llamado nepotismo electoral contiene
limitaciones evidentes. La Constitución podrá impedir que un hermano sustituya
a otro, pero difícilmente evitará que el poder pase al secretario particular,
al operador financiero, al dirigente partidista local o al incondicional cuya
única credencial sea garantizar la continuidad del mismo grupo político.
Cambiar el parentesco no significa cambiar el
poder.
Los cacicazgos modernos ya no necesitan compartir
apellido. Les basta compartir intereses.
La auténtica reforma democrática no consiste
únicamente en prohibir determinados vínculos familiares. Exige procesos
internos transparentes en los partidos, elecciones competitivas, fiscalización
efectiva, independencia de las autoridades electorales y ciudadanos capaces de
castigar en las urnas a quienes utilizan el servicio público como plataforma de
negocios personales.
Mientras las candidaturas continúen decidiéndose
desde oficinas partidistas y no desde la voluntad libre de la militancia o de
la sociedad, cualquier prohibición seguirá siendo parcialmente simbólica.
Lo preocupante sería que esta reforma termine
vendiéndose como la solución definitiva al problema del nepotismo, cuando
apenas representa un primer paso. La política mexicana posee una extraordinaria
capacidad para adaptarse a las restricciones legales sin modificar sus viejos
hábitos. Cuando una puerta se cierra, inmediatamente abre una ventana.
Veracruz necesita algo más que reformas
constitucionales bien redactadas. Necesita gobernantes que entiendan que el
poder pertenece a los ciudadanos y no a las familias, a los grupos políticos o
a las redes de complicidades que sobreviven sexenio tras sexenio cambiando
únicamente de siglas.
Porque la corrupción política nunca ha dependido
exclusivamente de los apellidos, sino de una cultura de impunidad que convierte
las leyes en discursos y las reformas en propaganda.
Si para impedir que el
poder se herede fue necesario escribirlo en la Constitución, el verdadero
problema nunca estuvo en los apellidos de los políticos, sino en la pobreza
democrática de quienes convirtieron los cargos públicos en patrimonio familiar.
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