Por Miguel Ángel Cristiani G.
En política, la confianza es importante; en el
servicio público, nunca debe ser suficiente. Cuando un gobernador sale a
respaldar públicamente a uno de sus principales colaboradores, el mensaje
político es claro: el funcionario no está solo y cuenta con todo el respaldo
del poder. Sin embargo, tratándose de un tema tan delicado como las presuntas
irregularidades en las notarías públicas, la confianza personal debe traducirse
en resultados verificables, no únicamente en declaraciones de respaldo.
La gobernadora Rocío Nahle afirmó que Ricardo Ahued
es "un secretario serio, que no se presta ni a hacer comparsa de los
cárteles ni de gente que simula". Son palabras de enorme peso político
porque colocan al secretario de Gobierno como el principal responsable de
conducir una de las tareas más sensibles de la actual administración: limpiar
un sistema notarial que durante décadas acumuló denuncias, sospechas y expedientes
que pocas veces llegaron hasta sus últimas consecuencias.
No es un secreto que el notariado veracruzano ha
vivido largos periodos donde la cercanía política pesó más que el mérito
profesional. Durante diversos gobiernos, las notarías fueron utilizadas como
premios de fin de sexenio, cuotas de poder o recompensas para operadores
políticos. Ese modelo convirtió una institución diseñada para brindar certeza
jurídica en un espacio donde, en demasiadas ocasiones, la discrecionalidad
sustituyó a la legalidad.
Por eso resulta relevante que el Gobierno del
Estado anuncie el cierre de tres notarías y mantenga abiertas nuevas
revisiones. La medida envía una señal de que existe disposición para revisar
procedimientos que durante años permanecieron intocables. Pero la verdadera
prueba apenas comienza.
Cerrar notarías genera impacto mediático; acreditar
jurídicamente las irregularidades y sancionar a los responsables representa el
verdadero desafío. La ciudadanía necesita conocer cuáles fueron las
inconsistencias detectadas, qué procedimientos administrativos o penales se
iniciaron y cuáles serán las consecuencias legales. De otra manera, el combate
a las irregularidades corre el riesgo de convertirse en un ejercicio de
comunicación política más que en una política pública de rendición de cuentas.
La defensa del patrimonio de los ciudadanos merece
mucho más que discursos. Cada escritura irregular puede representar el ahorro
de toda una vida; cada operación fraudulenta puede significar el despojo de una
vivienda, un terreno o un negocio familiar. Detrás de cada expediente existen
personas que depositaron su confianza en instituciones que estaban obligadas a
brindarles certeza jurídica.
También es acertado que la gobernadora advierta que
no permitirá que grupos interesados aprovechen estos procesos para obtener
beneficios indebidos. En un estado con fuerte polarización política y
permanentes disputas por el poder local, siempre existe el riesgo de que
investigaciones legítimas sean utilizadas como instrumentos de presión o de
ajuste de cuentas. Precisamente por ello, la mejor garantía contra cualquier
sospecha es la transparencia absoluta.
Ricardo Ahued llega a esta responsabilidad con una
reputación pública construida durante décadas. Su trayectoria política le ha
permitido conservar una imagen de funcionario prudente, institucional y alejado
de los escándalos que con frecuencia acompañan la vida pública. Sin embargo, el
prestigio personal tampoco sustituye la obligación de rendir cuentas. En el
servicio público, las biografías ayudan; los resultados son los que finalmente
califican.
El reto tampoco termina en las notarías. La
depuración institucional debe extenderse a los registros públicos, catastros,
oficinas de desarrollo urbano y todas aquellas áreas donde se generan derechos
patrimoniales. La corrupción inmobiliaria rara vez actúa sola; suele operar
mediante cadenas completas de complicidades administrativas que permiten
legalizar actos irregulares bajo la apariencia de absoluta normalidad.
La sociedad veracruzana observa con expectativa
este proceso porque durante demasiado tiempo escuchó promesas similares sin
conocer desenlaces contundentes. Hoy existe una oportunidad para demostrar que
el combate a las irregularidades no distingue apellidos, influencias políticas
ni antiguas lealtades.
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