(segunda parte)
Dr. Rafael Vela Martínez
En la primera parte de este artículo se señaló que la
revisión del T-MEC encuentra a Veracruz en una posición paradójica: su limitada
participación en las exportaciones nacionales reduce la percepción inmediata de
riesgo, pero también evidencia la débil integración de su estructura productiva
a las cadenas de mayor valor. Aunque 96.7% de las unidades económicas
veracruzanas son microempresas y constituyen el principal soporte del empleo y
de la economía familiar, operan mayoritariamente con baja productividad, escaso
acceso a tecnología y poca vinculación con los mercados internacionales.
También destacamos que Veracruz cuenta con una amplia producción agrícola y gran
potencial agroindustrial, pero transforma poco, articula débilmente a
productores y empresas y, por ello, captura una proporción insuficiente del
valor final. A partir de este diagnóstico, corresponde ahora explicar cómo la
renegociación del T-MEC puede convertirse en una oportunidad para impulsar la
transformación productiva y exportadora de la entidad.
La revisión del T-MEC abre una ventana de
oportunidades de transformación: la incertidumbre
comercial puede frenar inversiones, pero también acelera la búsqueda de
proveedores regionales, contenido norteamericano, trazabilidad y cadenas más
cortas. Ahí reside la oportunidad veracruzana. Ninguna microempresa aislada
podrá competir de inmediato con una gran exportadora; no obstante, sí puede
hacerlo como integrante de una red organizada que comparta tecnología,
certificación, compras, almacenamiento, diseño, comercialización y logística. El
objetivo no debe reducirse a “exportar más”. Debe ser: elevar productividad,
calidad y escala para que empresas veracruzanas puedan vender en condiciones
competitivas dentro y fuera del país. La internacionalización puede comenzar
con exportación indirecta: convertirse en proveedor de una empresa “tractora”,
una empacadora, una agroindustria o un consorcio comercial. Después podrá
avanzar hacia contratos internacionales, marcas colectivas, denominaciones de
origen, comercio electrónico transfronterizo y acceso directo a distribuidores.
Veracruz cuenta, además, con una ventaja
que pocas entidades poseen: tres grandes puertos, una posición estratégica
entre el centro y el sureste, corredores ferroviarios y carreteros, abundancia
agrícola, industria alimentaria y energética, nueve espacios metropolitanos y
una red de ciudades intermedias capaz de articular territorios rurales. Pero la
infraestructura física, por sí sola, no crea exportadores. Se requiere
inteligencia económica, formación empresarial, investigación aplicada y
coordinación territorial.
Atentas sugerencias acerca de lo que deberían hacer el gobierno, los municipios, la
UV y el Congreso: el Gobierno del Estado tendría que formular de inmediato un Programa
Veracruzano de Escalamiento Productivo y Exportador de Micro y Pequeñas
Empresas, con metas por región, cadena productiva y mercado. Su prioridad debe
ser seleccionar productos con demanda comprobable, diagnosticar brechas
tecnológicas, financiar equipos compartidos, habilitar laboratorios de calidad,
facilitar certificaciones sanitarias y ambientales, y vincular proveedores
locales con empresas “tractoras”.
Los ayuntamientos no necesitan crear costosas oficinas de
comercio exterior. Deben identificar vocaciones y unidades productivas,
simplificar trámites, reservar suelo para centros de acopio y transformación,
mejorar accesos y promover consorcios intermunicipales. La escala adecuada no
siempre es el municipio aislado, sino la región metropolitana o el sistema
regional de ciudades.
La Universidad Veracruzana (UV)
debería asumir una función que hoy no cumple con la intensidad necesaria:
articular sus institutos, facultades y regiones universitarias con problemas
concretos de la planta productiva. Cada cadena prioritaria necesita paquetes
tecnológicos, diseño de procesos, inocuidad, trazabilidad, aprovechamiento de
residuos, empaque, marca, análisis de mercados y formación de cuadros técnicos.
El conocimiento universitario debe medirse también por su capacidad para elevar
productividad, empleo e ingreso en el territorio.
Al Congreso del Estado corresponde crear el marco legislativo
que facilite el impulso de acciones en el recuadro de esta propuesta; dar el
soporte legal para convertir esta agenda en política pública duradera:
presupuesto multianual, incentivos vinculados a resultados, reglas para compras
públicas innovadoras, fondos de garantías y mecanismos de evaluación. Sin
recursos, coordinación y rendición de cuentas, la “promoción económica” seguirá
reducida a ferias, discursos y fotografías.
La verdadera amenaza es permanecer igual: la revisión del T-MEC puede endurecer condiciones para
México, alterar inversiones y encarecer el acceso al principal mercado del
país. Pero el mayor riesgo para Veracruz no es únicamente lo que decidan
Washington, Ottawa o la Ciudad de México. Es que la entidad vuelva a dejar
pasar una transformación económica mientras sus instituciones contemplan el
proceso desde la periferia. La estructura de 96.7% de microempresas no debe
utilizarse para justificar la pasividad. Es, por el contrario, la razón para
actuar. Si esas unidades elevan productividad, se asocian, incorporan
tecnología y se enlazan con cadenas exportadoras, el efecto sobre empleo e
ingreso sería mucho más extendido que el derivado de unas cuantas inversiones
aisladas.
Veracruz no tiene que esperar a
convertirse en otro estado fronterizo ni copiar mecánicamente al Bajío. Debe
construir su propia vía: agroindustria sofisticada, manufactura regional,
logística portuaria, conocimiento aplicado y sistemas de ciudades que conecten
al campo con los mercados; pero además se cuenta con el Transístmico, que no ha
sido aprovechado en su más mínima expresión. Es necesario enfatizar que esta
oportunidad difícilmente volverá a presentarse en las próximas décadas con la
misma claridad. El momento de preparar a Veracruz para competir no será
cuando concluya la revisión del T-MEC. Es ahora.
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