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Con 47
votos, aprueba el Pleno este ordenamiento que, entre otras disposiciones, prevé
ahorros en el gasto gubernamental, mismo que será destinado a programas de
atención a la población.
El Pleno de la LXV Legislatura aprobó el Dictamen de la nueva Ley de
Austeridad para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la cual tiene por
objeto implementar medidas de austeridad en la planeación, programación,
presupuestación, ejecución y control del gasto gubernamental, como política
pública para cumplir con los principios de economía, eficacia, eficiencia,
transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de
carácter público que dispone la Entidad.
De esta manera se establece que los ahorros y economías obtenidos, con
motivo de la aplicación de esta ley, serán destinados a los programas
prioritarios de atención a la población y programas sociales con asignación de
recursos del Presupuesto de Egresos del Estado y demás leyes aplicables.
Esta Ley fue aprobada con 47 votos a favor, de diputadas y diputados de
los Grupos Legislativos de Morena, PAN, “Del Lado Correcto de la
Historia”, PRI-PVEM y MC-PRD, así como el legislador sin grupo. Además se
registró una abstención (diputada Judith Pineda Andrade, PAN).
Esta norma señala que los servidores públicos de la entidad recibirán los
beneficios del sistema público de seguridad social correspondiente. De esta
manera queda prohibido establecer o cubrir con recursos públicos haberes de
retiro o regímenes especiales de jubilación o pensión, así como la contratación
de seguros privados de gastos médicos, de vida o de separación individualizada
o colectiva por parte de los entes públicos locales para beneficio de cualquier
servidor público.
Durante el ejercicio fiscal no se crearán plazas adicionales a las
autorizadas en el Presupuesto de Egresos del Estado, ni se asignarán
previsiones adicionales para tal efecto. La contratación de servicios
personales por honorarios sólo procederá en casos excepcionales y plenamente
justificados.
Se incluye que sólo los servidores públicos con alta responsabilidad en
materia de seguridad, procuración e impartición de justicia podrán disponer,
con cargo al erario, de servicios de escolta.
Los vehículos oficiales sólo podrán destinarse a actividades prioritarias
y a la prestación de servicios directos a la población. Queda prohibido
cualquier uso distinto de los vehículos, salvo los que tengan carácter oficial
y los de escoltas, que autoricen las autoridades competentes.
El gasto neto total asignado anualmente a la difusión de propaganda
oficial por los entes públicos del Estado, se sujetará a los montos máximos que
para el efecto fije la autoridad competente en disposiciones generales, mismos
que se ajustarán a lo indispensable para dar cumplimiento a los fines
informativos, educativos o de orientación social cuya difusión sea determina
como necesaria.
Sólo se autorizarán, los viajes oficiales que resulten estrictamente
indispensables, en atención a las necesidades del servicio público. Queda
prohibida la adquisición de boletos de viajes aéreos en servicio de primera
clase o equivalente, así como la contratación de servicios privados de
aerotransporte.
En tanto no se autoricen nuevos programas o se amplíen las metas de los
existentes, los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía
eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación,
mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes
informáticos, pasajes, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios,
estudios e investigaciones, no podrán exceder de los montos erogados en el
ejercicio presupuestal inmediato anterior.
La adquisición y contratación de bienes y servicios de uso generalizado
de los entes públicos se llevarán a cabo de manera consolidada con el objeto de
obtener las mejores condiciones en relación con precio, calidad y oportunidad.
En otro sentido, la ley contempla que no serán constituidos fideicomisos,
fondos, mandatos o análogos, públicos o privados, ni se permitirá hacer
aportaciones, transferencias, pagos de cualquier naturaleza que tengan por
objeto evadir las reglas de disciplina, transparencia y fiscalización del
gasto.
Esta ley es resultado de la iniciativa que presentó, el pasado 13 de
diciembre, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez.
En los posicionamientos, por el Grupo Legislativo del Partido Acción
Nacional (PAN), la diputada Judith Pineda Andrade señaló que su bancada está a favor
de la austeridad y, agregó, que esperan que la aplicación de esta ley no lleve
a la parálisis de alguno de los entes públicos. Pidió que sean transparentados
los ahorros y se rindan cuentas claras sobre el destino de dichos recursos.
