Por Miguel Ángel Cristiani
En la política mexicana hay una escena que se
repite con puntualidad casi religiosa: ciudadanos formados, carpetas en mano,
esperando ser escuchados por una autoridad que, en teoría, gobierna para todos.
La postal es conocida, pero no por ello menos reveladora. En el puerto de
Veracruz, la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo ha decidido
institucionalizar esa imagen bajo el nombre de “Día del Pueblo”. La cifra se
presume: 211 atenciones personalizadas en una sola jornada. El mensaje es
claro. La lectura, en cambio, exige algo más que aplausos.
Porque el problema no es que el gobierno escuche;
el problema es que tenga que hacerlo así.
El modelo de audiencias públicas, con funcionarios
alineados para recibir peticiones de obra, servicios, seguridad o bienestar,
tiene un aire de eficiencia inmediata. Participan áreas municipales, se
coordinan esfuerzos, se promete seguimiento. Todo suena correcto en el papel.
Incluso podría decirse que hay voluntad política. Pero en el fondo, lo que se
observa es un síntoma más profundo: la persistencia de un aparato gubernamental
que no logra anticiparse a las necesidades y termina reaccionando caso por
caso.
Gobernar no debería implicar que el ciudadano tenga
que pedir lo básico.
El dato de las 211 atenciones no es, como se quiere
presentar, un indicador de éxito, sino una radiografía de la demanda acumulada.
Cada gestión recibida habla de una falla previa: calles sin mantenimiento,
servicios deficientes, inseguridad latente o programas sociales insuficientes.
Es decir, lo que se atiende en ventanilla abierta debió resolverse desde la
planeación.
La historia administrativa de Veracruz no es ajena
a este fenómeno. Durante décadas, los gobiernos municipales han privilegiado la
atención directa como herramienta política, muchas veces con tintes
clientelares. Se escucha al que llega, se resuelve al que insiste, se posterga
al que no tiene acceso. El riesgo es evidente: la política pública se
fragmenta, pierde visión integral y se convierte en una suma de respuestas
aisladas.
Y sin embargo, el discurso oficial insiste en
presentar estos ejercicios como avances estructurales. Se habla de cercanía, de
humanismo, de eficacia. Pero la verdadera eficacia no se mide en el número de
solicitudes recibidas, sino en la reducción de esas solicitudes. Un gobierno
eficiente es aquel que disminuye la necesidad de acudir a él para resolver lo
elemental.
Aquí entra un punto clave que no suele mencionarse:
la responsabilidad institucional. La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
así como los principios de transparencia y rendición de cuentas, obligan a las
autoridades a informar con claridad, pero también a actuar con resultados
verificables. La comunicación directa no sustituye la obligación de gobernar
con planeación, presupuesto y evaluación.
Además, la concentración de decisiones en espacios
como el “Día del Pueblo” puede generar discrecionalidad. ¿Quién decide qué se
atiende primero? ¿Con qué criterios se priorizan las demandas? ¿Dónde queda la
política pública frente a la gestión individual? Son preguntas que no aparecen
en el boletín, pero que definen la calidad del gobierno.
No se trata de desestimar el esfuerzo ni de negar
el valor simbólico del contacto ciudadano. Se trata de poner el dedo en la
llaga: mientras el gobierno celebre la fila, la fila seguirá creciendo.
Porque la cercanía sin resultados es solo una forma
elegante de administrar la inconformidad.
Y cuando un gobierno presume cuántos ciudadanos
atiende en ventanilla, en realidad está confesando, sin decirlo, cuántos
problemas no ha sabido resolver.
