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jueves, 1 de octubre de 2026

Inicia una lucha feroz entre los morenistas por las candidaturas

 La Columna

Por Fanny Yépez


 ¿La 4t tendrá la fortaleza y unidad para soportar el encontronazo? 

Al acecho los de la oposición para captar a los resentidos   

 

Morena publicó oficialmente la convocatoria para las personas interesadas en postularse a una diputación federal en los 300 distritos de México, entre ellos 19 del estado de Veracruz, el anuncio se dio a conocer luego de que la dirigencia nacional concluyera la selección de perfiles para las coordinaciones estatales rumbo a los comicios del 6 de junio del 2027.

 Las fechas de registro: el periodo de inscripciones abrió el 29 de septiembre y cerrará de forma definitiva el 2 de octubre de 2026. El sistema de registro digital o recepción recibe las solicitudes en un horario de 09:00 a 21:00 horas.

 De acuerdo a la convocatoria los aspirantes no están obligados a solicitar licencia si tienen un cargo de elección popular, esto de acuerdo con las reglas de la dirigencia de Morena, las y los diputados federales que se encuentren en funciones actualmente y tengan la intención de buscar la reelección consecutiva, podrán participar en este proceso interno, sin necesidad de separarse de su cargo o solicitar licencia.

 En la siguiente etapa participarán quienes resulten seleccionados hacia el periodo formal de precampañas federales, contempladas del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, previas a la jornada electoral programada para el 6 de junio de 2027.

 Hasta esta etapa todo es miel sobre hojuelas, sin embargo, analistas políticos y medios de comunicación prevén tensiones, inconformidades y posibles divisiones internas en la etapa de elección de candidaturas a diputaciones federales de Morena.

 Esta previsión se sustenta en los siguientes factores observados en el desarrollo de su proceso interno:

 1. Inconformidades heredadas del proceso estatal

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes y Citlalli Hernández, acaba de concluir la designación de las 17 coordinaciones estatales (virtuales candidaturas a gubernaturas). Este proceso cerró con notables fracturas, protestas y reclamos de opacidad o "fraude" en estados como Sonora, Chihuahua, Baja California Sur y Nuevo León.

 El descontento de los grupos que quedaron fuera de las gubernaturas, presiona directamente la competencia por las 300 diputaciones federales, ya que muchos buscarán estos distritos como un premio de consolación o espacio de representación.

 2. Opacidad en el método de encuestas

A pesar de que la dirigencia prometió transparentar y publicar de manera detallada las encuestas realizadas, persisten severas críticas internas y externas hacia la Comisión Nacional de Elecciones, por el uso de metodologías cerradas. Al no haber total claridad sobre el diseño y levantamiento de los sondeos en la etapa distrital, se anticipa que los aspirantes perdedores impugnarán los resultados.

 3. Fricciones severas con los partidos aliados (PT y PVEM)

La tensión con los aliados de la coalición ha ido en aumento. El Partido del Trabajo (PT), a través de liderazgos como Reginaldo Sandoval, ha acusado a Morena de actuar con soberbia y de romper acuerdos cupulares, llegando a amenazar con fracturar la alianza en varias regiones o postular de manera independiente a candidatos descartados por el partido guinda. El reparto de los distritos federales con el Partido Verde (PVEM) también genera molestia entre las bases militantes de Morena, que rechazan ceder espacios territoriales históricos.

 4. Nuevas reglas de reelección sin licencia

Para el registro formal de aspirantes a las Coordinaciones Distritales Federales, la Comisión de Elecciones determinó que, los diputados federales en funciones que busquen la reelección no estarán obligados a pedir licencia. Esto genera una clara ventaja para los legisladores actuales frente a los aspirantes de las bases o liderazgos locales, lo que incrementa la crispación y las acusaciones de inequidad dentro del partido.

 Hay que tomar en cuenta las duras críticas que han lanzado los militantes del partido guinda al método de encuestas, los sectores de la militancia y liderazgos regionales han acusado opacidad, calificando en algunos casos las designaciones como "decisiones cupulares" o imposiciones. Se han documentado protestas y gritos de "¡Fraude!" en la presentación de resultados en distintas entidades.

 Y en base a ello, se visualiza que estás inconformidades se trasladen a los distintos estados del país, incluyendo Veracruz, este factor podría generar divisiones, desbandada, fuego amigo, bloqueos en las respectivas campañas y hasta votos de castigo, esto si no hay operación política.

 Amén de los amagos de los partidos aliados, la tensión se extiende a la coalición oficialista. El Partido del Trabajo (PT) ha lanzado duras advertencias sobre una posible fractura con Morena rumbo a 2027. Su dirigencia acusa a Morena de actuar con "autosuficiencia" y de no otorgarle los espacios correspondientes a sus aliados. Por su parte, el Partido Verde (PVEM) ha logrado ganar terreno y negociar posiciones clave. Tal parece que la operación cicatriz no ha dado resultado, entre los grupos inconformes, quienes amagan de no trabajar a favor de los que fueron favorecidos.

 En tanto, los partidos de oposición están al asecho de los inconformes y resentidos para captarlos y cobijarlos a fin de atraer a sus grupos que le representen votos a su favor.

 Mientras esto sucede, estaremos tras el burladero, observando la lucha feroz y encarnizada que se dará entre morenistas en esta etapa que ya inicio. La pregunta que queda en al aire es si la 4t tendrá la fortaleza y cohesión para soportar este encontronazo.

Río Pantepec nivel normal a la altura de Álamo

 


Canal pozo 50 escurrimiento ligero
Arroyo el Ídolo escurrimiento moderado

El nuevo marco constitucional para la soberanía eléctrica

RUTA ENERGÉTICA

Por Héctor Ramírez Rodríguez

En su Segundo Informe de Gobierno, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que, en materia de planeación, el Estado reafirmó su conducción para fortalecer la soberanía energética y garantizar que la expansión del sistema responda a criterios técnicos, de seguridad y de interés público. Este principio, que parecía una aspiración programática, hoy cuenta con un soporte jurídico renovado: la Reforma Constitucional en materia de Áreas y Empresas Estratégicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de octubre de 2024, y complementada con sus leyes secundarias el 18 de marzo de 2025.

Esta reforma modificó los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, redefiniendo el papel del Estado en la industria eléctrica y estableciendo un nuevo marco para la planeación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN). El primer cambio sustantivo fue la transición de las antiguas “empresas productivas del Estado” hacia la figura de “empresas públicas del Estado”. Con ello, se eliminó el criterio mercantil introducido en 2013 y se restituyó la prioridad del interés público sobre la rentabilidad. La Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos ya no están jurídicamente obligadas a maximizar utilidades, sino a garantizar autosuficiencia energética, continuidad operativa y prestación de servicios esenciales.

El segundo cambio, contenido en el artículo 27, consolidó la planeación estratégica centralizada. La Constitución reafirma que la conducción del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), así como la transmisión y distribución, son responsabilidad exclusiva del Estado. Además, se estableció que la participación privada en generación y comercialización será regulada por leyes secundarias, sin que en ningún caso tenga prevalencia sobre la CFE. El marco reglamentario de 2025 fijó un piso mínimo: la empresa pública deberá generar al menos el 54 por ciento de la energía eléctrica nacional, asegurando capacidad suficiente para sostener la estabilidad del sistema.

El artículo 28 precisó que estas funciones exclusivas no constituyen monopolios, y amplió el catálogo de áreas estratégicas al incluir el litio y el internet público como actividades del Estado. Este ajuste fortalece la visión de soberanía tecnológica y energética, y permite articular políticas de planeación que integren electrificación, conectividad y transición energética.

Este nuevo marco constitucional tiene implicaciones directas para la planeación del sector. La fijación de un piso de generación pública exige acelerar la inversión en infraestructura, modernizar centrales, ampliar redes de transmisión y fortalecer subestaciones. Asimismo, redefine la modalidad de asociación privada: de un esquema de libre competencia a uno de inversión mixta regulada, subordinada a la planeación del SEN y orientada a objetivos de seguridad y justicia energética.

El fortalecimiento de la planeación no es un acto administrativo; es base de una política de Estado que busca garantizar energía suficiente, estable y segura para el desarrollo nacional. La reforma constitucional ofrece las bases para una planeación ordenada, con criterios técnicos y visión de largo plazo, indispensable para enfrentar la transición energética, la demanda creciente y los desafíos de confiabilidad del sistema.

En la siguiente colaboración analizaremos el Eje 2: Justicia energética: cerrar brechas para garantizar el derecho al desarrollo, con base en cifras oficiales y evaluaciones técnicas.

 

X @hector_ramirezr