El debate sobre la eliminación del fuero constitucional debe centrarse en la rendición de cuentas, la transparencia y el fortalecimiento del Estado de derecho, sin permitir que esta figura se convierta en un mecanismo de presión o persecución por razones políticas.
Antonio Lagunes Toral advirtió que cualquier propuesta encaminada a eliminar el fuero constitucional debe construirse bajo principios de legalidad, imparcialidad y respeto al marco jurídico, con el objetivo de garantizar que ningún servidor público esté por encima de la ley, pero que tampoco se utilicen las instituciones de justicia para perseguir, intimidar o condicionar el ejercicio de las responsabilidades públicas.
Señaló que la discusión sobre esta figura constitucional representa un tema de relevancia para la vida democrática del país, debido a que involucra tanto la exigencia ciudadana de combatir la impunidad como la necesidad de preservar las garantías jurídicas que deben regir en un Estado democrático de derecho.
En ese sentido, destacó que el ejercicio de una función pública debe estar acompañado de responsabilidad, transparencia y disposición para rendir cuentas. Ningún cargo, responsabilidad administrativa o representación política debe convertirse en una protección absoluta frente a posibles investigaciones cuando existan elementos legales que justifiquen la actuación de las autoridades competentes.
Sin embargo, puntualizó que la eliminación del fuero no debe interpretarse como una autorización para actuar de manera discrecional ni como una vía para emprender procedimientos judiciales motivados por diferencias ideológicas, conflictos partidistas o intereses ajenos a la aplicación imparcial de la ley.
Justicia sin privilegios y sin persecución política
Antonio Lagunes Toral sostuvo que cualquier reforma en esta materia debe establecer procedimientos claros, mecanismos de control institucional y garantías suficientes para que las investigaciones se desarrollen con objetividad, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.
Indicó que el propósito de una modificación constitucional debe ser fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, asegurar que las responsabilidades públicas se ejerzan con apego a la legalidad y evitar que las diferencias políticas interfieran en la procuración e impartición de justicia.
Asimismo, consideró fundamental que las disposiciones legales se apliquen de manera uniforme, sin privilegios derivados del cargo, pero también sin distinciones que coloquen a determinados funcionarios en una situación de vulnerabilidad frente a posibles decisiones arbitrarias.
Desde esta perspectiva, el debate no debe limitarse únicamente a determinar si se elimina o se conserva el fuero, sino que debe contemplar las condiciones jurídicas e institucionales necesarias para garantizar que cualquier servidor público pueda ser investigado conforme a derecho, con independencia de su filiación política, nivel de responsabilidad o posición dentro de la administración pública.
La discusión también exige responsabilidad por parte de los actores políticos y de las instituciones involucradas, a fin de evitar que un tema de trascendencia constitucional sea utilizado como argumento de confrontación. La construcción de acuerdos debe privilegiar el interés público, el respeto a la legalidad y el fortalecimiento de los mecanismos democráticos de rendición de cuentas.
Fortalecer el Estado de derecho, una responsabilidad institucional
La eliminación del fuero constitucional, de concretarse mediante los procedimientos legales correspondientes, debe acompañarse de disposiciones que delimiten con precisión las facultades de las autoridades y garanticen que las investigaciones contra servidores públicos respondan a fundamentos jurídicos, no a presiones políticas.
Por ello, resulta indispensable preservar el equilibrio entre la obligación de combatir la corrupción y la impunidad, y el respeto a los derechos fundamentales de quienes desempeñan una responsabilidad pública. La aplicación de la justicia debe sustentarse en pruebas, procedimientos legales y resoluciones emitidas por las autoridades competentes.
Antonio Lagunes Toral advirtió que el verdadero objetivo de cualquier reforma de esta naturaleza debe ser consolidar instituciones más confiables, transparentes e imparciales, capaces de exigir cuentas a quienes ejercen el poder sin permitir que los mecanismos legales se desvirtúen por intereses particulares.
En conclusión, el debate sobre el fuero constitucional debe asumirse con seriedad, responsabilidad y visión institucional. La ciudadanía demanda que las leyes se cumplan y que los servidores públicos respondan por sus actos; al mismo tiempo, exige que la justicia se aplique sin arbitrariedades y con pleno respeto a los derechos establecidos en la Constitución.
La premisa fundamental es garantizar igualdad ante la ley: sin privilegios que propicien impunidad y sin mecanismos que permitan utilizar la justicia como instrumento de persecución política.
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