Por Miguel Ángel
Cristiani G.
· La Junta de Gobierno de la
UV enfrenta cuestionamientos legales tras el desechamiento de demandas de
amparo.
· El contexto jurídico se
complica por la interpretación de la autonomía universitaria y derechos
fundamentales.
· Expertos advierten sobre
posibles violaciones a la legislación estatal y federal.
El juez o la jueza que desechó las demandas de amparo interpuestas por los
doctores Manzo y Luna contra la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana
(UV) ha generado un fuerte debate en el ámbito académico y jurídico.
La decisión, tomada el pasado 3 de julio de 2023, se basó en una
jurisprudencia de 2010 que establece que el juicio de amparo es improcedente en
casos relacionados con el ejercicio de la autonomía universitaria,
específicamente en el nombramiento de rector. Sin embargo, esta jurisprudencia
fue emitida antes de la Reforma al artículo 1 de la Constitución Federal en
2011 y de la nueva Ley de Amparo de 2013, que redefinieron el concepto de
autoridad responsable.
Los demandantes argumentan que la autonomía de la UV no puede ser un escudo
para el incumplimiento del orden constitucional. En particular, señalan que la
Junta de Gobierno ha otorgado una prórroga al actual rector, Martín Aguilar, un
acto que carece de fundamento en la legislación universitaria y que, según los
demandantes, vulnera los derechos no solo de los aspirantes a la Rectoría, sino
de toda la comunidad universitaria.
El caso ha desatado una ola de críticas hacia la Junta de Gobierno, que ha
sido acusada de actuar al margen de la ley. La jurisprudencia en la que se
apoyó el juez para desechar las demandas ha sido objeto de cuestionamientos, ya
que se considera desactualizada y no acorde con las reformas legales recientes
que priorizan el respeto a los derechos humanos y el estado de derecho.
El académico Pancho López, quien ha seguido de cerca el caso, sostiene que
“la interpretación de la autonomía universitaria no debe ser utilizada como una
excusa para evadir la responsabilidad de cumplir con las normas establecidas en
la Constitución y las leyes secundarias”. López enfatiza que la UV, al ser una
institución pública, debe rendir cuentas y garantizar que sus procesos sean
transparentes y legales.
Los demandantes también han señalado que la prórroga otorgada al rector no
solo vulnera su derecho a una elección justa, sino que también afecta la
calidad académica de la institución. “La comunidad universitaria merece un
liderazgo que sea elegido de manera legítima y conforme a las normativas
vigentes”, afirmó el doctor Manzo en una conferencia de prensa.
Mientras tanto, la Junta de Gobierno ha mantenido un perfil cada vez más
bajo en medio de la controversia. A través de un comunicado, la institución
reiteró su compromiso con la autonomía y el respeto al marco legal, aunque no
ha ofrecido una respuesta clara sobre las acusaciones de irregularidades en el
nombramiento del rector.
El caso ha captado la atención de varios sectores de la sociedad, que ven en
él un reflejo de los problemas más amplios que enfrenta el sistema educativo en
México. La falta de transparencia en las decisiones administrativas de las
universidades públicas ha llevado a un creciente descontento entre estudiantes
y académicos, quienes exigen una revisión profunda de los procesos internos.
Por otra parte, especialistas en derecho administrativo advierten sobre las
implicaciones de este caso para el futuro de la autonomía universitaria en
México. “Si se permite que las universidades actúen por encima de la ley, se
sienta un precedente peligroso que podría afectar la gobernanza y la rendición
de cuentas en todas las instituciones públicas”.
El debate sobre la autonomía universitaria no es nuevo, pero este incidente
ha puesto de relieve la necesidad de un diálogo abierto sobre los límites y
responsabilidades de las instituciones educativas. La comunidad universitaria,
así como la sociedad en general, deberá permanecer alerta ante posibles
violaciones a los derechos fundamentales y exigir que se respeten las
normativas vigentes.
A medida que se desarrolla este conflicto, los doctores Vela, Manzo y Luna
han expresado su determinación de seguir buscando justicia a través de las
instancias legales pertinentes. “No podemos permitir que se ignoren nuestros
derechos y los de nuestros colegas. La comunidad universitaria debe estar unida
en la defensa del estado de derecho”, concluyó el doctor Rafael Vela.
Este caso no solo afecta a la Universidad Veracruzana, sino que plantea
interrogantes sobre el futuro de la educación superior en México y la relación
entre autonomía, legalidad y derechos humanos. La sociedad espera de las
autoridades estatales una resolución que respete estos principios fundamentales
y que garantice un ambiente académico justo y equitativo.
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