CLAROSCUROS
PARTE II
José Luis Ortega Vidal
(1)
“MORENA perdió la inmensa mayoría de demarcaciones de población originaria, indígena, cuyas demandas profundas: de carácter étnico; de respeto, cuidado y rescate de su identidad; culturales; ecológicas; alimentarias; educativas; de salud; no se resuelven con un programa de asignación económica directa. Sin que este argumento busque desdeñar, o sea contrario a esa decisión oficial ciertamente benéfica.”
Con este párrafo concluí la primera parte de este artículo, publicado el lunes.
Lo retomo porque expone una idea general sobre la realidad de fondo que viven –y padecen- grupos originarios veracruzanos y del país.
Durante más de quinientos años los indígenas no sólo han sido dominados y luego abandonados, sino que -en pleno siglo XXI- aún son despojados de la riqueza natural material que, cuando ellos la asumen y/o reclaman como propia, el Estado de inmediato muestra e impone una Constitución que nunca los tomó en cuenta, salvo como sujetos de despojo histórico.
(2)
En el municipio náhuatl de Zaragoza, donde MORENA sumó otra alcaldía a pesar de no haberla ganado en las urnas, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo entrega de los primeros recursos financieros del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que cuenta con 13 mil millones de pesos.
(3)
A una hora de distancia, en el municipio de Pajapan, pescadores y campesinos marcharon el pasado quince de febrero desde la población de Playa Linda a San Juan Volador, en protesta contra el gasoducto “Puerta al Sureste” construido por la empresa norteamericana TC Energy, bajo contrato con la Comisión Federal de Electricidad.
Vecinos de los pueblos originarios afectados en la sierra de Santa Marta, cuyas majestuosas montañas conviven con el litoral del Golfo de México, interpusieron un amparo para impedir la puesta operación del gasoducto submarino proveniente de Tuxpan de Rodríguez Cano y con arribo a las playas de Coatzacoalcos.
Los pescadores y campesinos denuncian la afectación de su fuente de trabajo, alimento y vida, dado que el gasoducto destinado a trasladar gas natural desde Brownsville, Texas, afecta la biodiversidad.
La petición de un amparo es para evitar la contaminación, la escasez de agua, la pérdida de fauna marina como peces, tortugas, aves; la inseguridad y enfermedades que afectarán a pueblos indígenas del sur veracruzano a cambio de generar millonarias ganancias para empresas transnacionales en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, cuyos Polos de Desarrollo y para el Bienestar (PODEBIS), dependen del gas natural como materia prima industrial.
(4)
Ha trascendido que la marcha del pasado quince de febrero en Pajapan, municipio colindante con Tatahuicapan de Juárez en la sierra de Santa Marta y Coatzacoalcos- vía la laguna del Ostión-, fue respaldada por organismos civiles como Centro de derechos humanos de los pueblos del Sur de Veracruz, Colectivo Altepee, Apetac, Greenpeace México, Cemda, Conexiones Climáticas, TerraVida, Ucizoni, Earthworks, así como Alianza Mexicana contra el fracking.
Existen referencias sobre vínculos de estas asociaciones con “Ballena o gas”, movimiento contra el proyecto del gasoducto Saguaro, en Sonora -al noroeste de México- y el pueblo nativo Wet’suwet’en de Canadá, opositor a la instalación de un gasoducto en su territorio, proyecto de la empresa TC Energy.
(5)
Además de las derrotas electorales de MORENA en la mayor parte de municipios con mayoría de habitantes indígenas en el sur, el pasado primero de junio, surge la contradicción entre un programa federal que entrega dinero en efectivo a ciudadanos originarios y afrodescendientes, y un mega proyecto –el del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)-, cuya estructura industrializadora provoca daños ecológicos irreversibles en territorios nahuas, popolucas, zapotecos, mazatecos, chinantecos, huaves, entre otros…
(6)
El discurso de “amor con amor se paga” se entiende desde la lógica electoral; esto es, desde la búsqueda del poder a cambio de compartir los parabienes materiales del Estado vía programas oficiales.
Asumida así, se trata de una frase demagógica, aplicable en temporadas comiciales.
A los pueblos indígenas no se les consultó para la construcción del gasoducto “Puerta al Sureste” y éste opera desde mayo pasado.
¿Algún juez federal otorgará el amparo a los nahuas de la sierra de Santa Marta y frenará un gasoducto submarino donde ya se invirtieron 3 mil 900 millones de dólares?
Aunque existiese ese juez y esa determinación, el poder de la 4T lo haría a un lado para dar continuidad al suministro de gas natural que viene desde Texas a Tuxpan y luego aterriza en las playas de Coatzacoalcos.
El gas texano resulta clave para la operación de la refinería Olmeca en Dos Bocas, inaugurada varias veces y aún sin operar al cien por ciento de su capacidad.
Ese gas importado desde Estados Unidos también se enviará a Yucatán para proyectos de producción eléctrica.
Más aún: sin el gas natural de “Puerta del Sureste” no podrán echarse a andar los Polos de Desarrollo para el Bienestar del (PODEBIS), del Corredor Interoceánico; anunciados hace siete años y de los cuales aún no existe ninguno…
¿Cómo construirlos, si no hay gas?
He ahí el papel proveedor del gasoducto construido por TC Energy, al cual se oponen pescadores y campesinos indígenas apoyados por grupos de la sociedad civil.
(7)
He aquí la contradicción de un amor que se paga con dinero en efectivo, pero se cobra con recursos ecológicos que afectan, como siempre, a los pueblos originarios.
(8)
Uxpanapa es un municipio del sur de Veracruz con población chinanteca –reacomodada por la construcción de la presa Cerro de Oro durante las décadas de los 70s y 80s del siglo pasado-; zoque –proveniente de Chiapas, tras la erupción del volcán Chichonal ocurrida el 28 de marzo de 1982-; así como totonaca enviada desde la zona de Papantla como parte de la dotación de tierras de la Reforma Agraria.
Aquí, están en espera de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, luego de haber conformado los comités respectivos.
El dinero llegará y no hay quejas en ese sentido.
Sin embargo, Uxpanapa es un municipio marginado en muchos rubros: salir desde su cabecera municipal –La Chinantla- hacia la carretera 185 que los comunica con Boca del Monte, Oaxaca, y después con Jesús Carranza, Veracruz, implica viajar unas tres horas.
A ello, se suman problemas con el abastecimiento de energía eléctrica; además de rezagos en la entrega de tierra asignada por dotación presidencial: en el Poblado 14 se les adeudan tres mil hectáreas; en Villa Juárez les deben mil quinientas hectáreas…
Estas y otras problemáticas profundas se padecen en Uxpanapa, un municipio conformado por territorios que antes formaron parte de Minatitlán, Las Choapas, Jesús Carranza e Hidalgotitlán.
En el también llamado Valle de Uxpanapa tenemos otro ejemplo de la contradicción entre los discursos políticos y las acciones del Estado para los pueblos originarios.
