Por Miguel Ángel Cristiani
En política, como en la administración pública, los
detalles suelen revelar más que los grandes discursos. Mientras los ciudadanos
escuchan promesas de transparencia, eficiencia y austeridad, la realidad suele
esconderse en los documentos más simples: una factura, una comprobación de
gastos o una requisición de oficina. Ahí es donde aparecen las verdaderas
prioridades de quienes administran los recursos públicos.
Esta semana, una información publicada por el
diario Notiver, dirigido por nuestro amigo y ex jefe Alfonso Salces, exhibió un
hecho que, aunque pudiera parecer menor, resulta profundamente revelador. Según
la documentación difundida, en la Secretaría de Turismo del Estado se cargan a
gastos de la dependencia consumos de botanas, frituras, golosinas y hasta
gansitos Marinela.
La pregunta no es si un funcionario tiene derecho a
comer un gansito. Por supuesto que puede hacerlo. La verdadera cuestión es por
qué debe pagarlo el contribuyente.
Más aún cuando se trata de una dependencia cuya
función principal debería ser promover a Veracruz como destino turístico,
fortalecer la infraestructura del sector, apoyar la capacitación empresarial y
generar estrategias para atraer visitantes nacionales e internacionales.
Difícilmente una bolsa de frituras o una dotación de pastelillos industriales
contribuyen a incrementar la ocupación hotelera o a mejorar la derrama
económica.
Lo más preocupante es que este episodio ocurre
después de la severa llamada de atención pública que la gobernadora Rocío Nahle
dirigió al secretario de Turismo, Igor Rojí, cuando intentó justificar pagos a
un supuesto proveedor. En aquella ocasión, el mensaje fue contundente: ningún
gasto debía realizarse sin la debida autorización y sin cumplir los
procedimientos establecidos.
Parecería que la lección no fue suficientemente
comprendida.
Porque el problema no son los pocos pesos que pueda
costar una botana. El problema es la cultura administrativa que refleja. Cuando
los funcionarios comienzan a considerar los recursos públicos como una
extensión de su cartera personal, se pierde la frontera entre la
responsabilidad institucional y el privilegio burocrático.
Y aquí surge otra interrogante todavía más delicada.
¿De qué partida presupuestal salen estos gastos? ¿Están relacionados con
recursos provenientes del Impuesto Sobre la Nómina del 2 por ciento? Ese
gravamen ha sido durante años una de las principales fuentes de financiamiento
para proyectos vinculados al desarrollo económico y turístico del estado.
Sin embargo, empresarios, hoteleros, restauranteros
y prestadores de servicios continúan preguntándose dónde están los resultados
tangibles de millones de pesos recaudados. Cada año aportan recursos bajo la
promesa de impulsar la competitividad turística de Veracruz, pero las
explicaciones sobre el destino preciso de esos fondos siguen siendo
insuficientes.
Mientras tanto, las carreteras presentan
deficiencias, muchos destinos carecen de promoción efectiva, la señalización
turística sigue siendo limitada en diversas regiones y la competencia con otros
estados se vuelve cada vez más difícil.
Resulta ofensivo para quienes pagan impuestos
observar que los recursos públicos terminan financiando antojos personales mientras
existen necesidades estratégicas sin resolver.
La austeridad no consiste en pronunciar discursos
ni en colocar eslóganes en las paredes gubernamentales. La austeridad se
demuestra en cada factura autorizada, en cada peso ejercido y en cada decisión
administrativa.
Porque cuando una dependencia encargada de promover
el turismo aparece en los titulares por comprar frituras y pastelillos con
cargo al erario, el problema deja de ser contable para convertirse en político.
Veracruz necesita servidores públicos que
administren recursos, no consumidores profesionales de presupuesto.
Y cuando el dinero destinado al desarrollo
turístico termina convertido en gansitos, frituras y caprichos burocráticos, lo
que realmente se está consumiendo no son botanas: es la credibilidad del
gobierno.
