IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
El artículo 17 de la nueva
Ley de Extorsión en México ha generado preocupaciones importantes sobre su
impacto en la libertad de expresión, particularmente por criminalizar a dueños
de medios de comunicación, editores y periodistas que emitan críticas a las
acciones del Gobierno de la Cuarta Transformación. Esta medida puede
interpretarse como una forma de censura, ya que utiliza un marco legal penal
para sancionar las expresiones críticas legítimas y el ejercicio del periodismo
independiente, lo cual contradice los derechos consagrados en la Constitución
Política de México, especialmente el artículo 7 que garantiza la libertad de
difundir opiniones sin censura previa.
Varios expertos y
organizaciones defensoras de la libertad de prensa han advertido que este tipo
de disposiciones pueden transformarse en un mecanismo para intimidar y
silenciar voces incómodas, al equiparar la crítica al poder con un acto
delictivo como la extorsión. Esto genera un clima de autocensura y
amedrentamiento en los medios y periodistas, deteriorando el derecho de la
sociedad a estar informada y a la pluralidad de opiniones en un estado
democrático. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) incluso ha
señalado ambigüedades en esta ley que podrían dar lugar a restricciones
indebidas a la libertad de expresión, y está trabajando para presentar acciones
de inconstitucionalidad que protejan este derecho fundamental.
La aplicación del artículo
17 en este contexto puede ser vista como una falta grave a la libertad de
expresión, constituyendo una vía indirecta de censura que daña los pilares
democráticos del país al penalizar la crítica y limitar la labor de la prensa
independiente, en flagrante contradicción con la Constitución mexicana.
El Artículo
17 de la nueva Ley de Extorsión tendría efectos particularmente negativos sobre
el periodismo de investigación en México. Al criminalizar críticas a las
acciones del gobierno —una parte fundamental del trabajo periodístico
independiente— este artículo puede funcionar como un mecanismo de intimidación
y censura indirecta. Los periodistas de investigación, que se dedican a revelar
casos de corrupción, abusos de poder y malas prácticas gubernamentales, podrían
enfrentar acusaciones penales bajo ese marco, lo que genera un riesgo legal
elevado y una presión para autocensurarse.
Esto
afectaría la capacidad de la prensa para cumplir su función esencial de
vigilancia y rendición de cuentas en una democracia, ya que las investigaciones
profundas y reveladoras se verían obstaculizadas por el temor a represalias
judiciales y económicas. También podría provocar un clima de autocensura y
reducción en la pluralidad informativa, limitando el derecho del público a
recibir información veraz y crítica sobre temas de interés público.
Organizaciones
defensoras de derechos humanos y de libertad de expresión han advertido que
esta disposición afecta directamente el trabajo de periodistas de investigación,
poniéndolos en una situación de vulnerabilidad legal y riesgo personal, y
minando el periodismo como pilar fundamental para la transparencia y la
democracia en México.
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*Maestro en
comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del
cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad
Anáhuac, campús norte de CDMX.
