Por Miguel Angel Cristiani G.
La pregunta no es caprichosa: es un grito que todos
escuchamos cuando una moto zigzaguea entre autos, se trepa a la banqueta o pasa
rozando a un peatón que solo intenta cruzar con vida. Pero las autoridades, tan
prestas para montar operativos fotogénicos, parecen no tener —o no querer
tener— una cifra clara. En seguridad vial, donde no hay datos, suele haber
desinterés… o comodidad.
Mientras en Veracruz seguimos contando anécdotas en
lugar de estadísticas, en el Estado de México se animan a lo que aquí ni
siquiera se discute: un nuevo reglamento de tránsito para motocicletas,
con reglas específicas, verificables y, sobre todo, obligatorias. Entrará en
vigor el 25 de noviembre de 2025. Allá, al menos, se entiende que la movilidad
no es una ocurrencia sino una política pública que salva vidas.
Es curioso —por no decir vergonzoso— que un
territorio con más habitantes, más tráfico y más accidentes tome medidas
claras, mientras en Xalapa se sigue tolerando que cualquiera suba a una moto
como quien se trepa a un juego mecánico. Y no exagero. Basta salir a Lázaro
Cárdenas o Rébsamen a media tarde para constatar el caos: menores conduciendo,
adultos sin casco, motos sin placas, sin luces, sin papeles y sin el más mínimo
respeto por la ley. Y aun así, nadie puede responder cuántas circulan
legalmente.
El contraste con el reglamento mexiquense es
evidente. Allá se exige algo tan básico como que solo personas adultas con
licencia vigente puedan conducir. Aquí, en cambio, la moto se ha vuelto el
vehículo de facto para quienes no tienen licencia, no quieren sacarla o no
pueden pagarla. El Estado ha cedido ese terreno.
El uso de casco certificado —con vigencia no
mayor a cinco años— es otro punto que demuestra seriedad. No cualquier casco de
plástico comprado en la esquina; uno que realmente proteja. Y lo mismo aplica
para el acompañante. Un recordatorio elemental: la cabeza no tiene refacciones.
También se prohíbe transportar a menores que no
puedan sostenerse o apoyar los pies. ¿Cuántas veces hemos visto en Xalapa a un
niño abrazado al conductor, dormido o tambaleándose entre los topes? La
normalización del riesgo se vuelve peligrosa cuando deja de escandalizarnos.
El reglamento mexiquense incluso define cómo
rebasar, por dónde y bajo qué condiciones, algo que aquí parece materia de
libre interpretación. Y establece límites claros: nada de cargar objetos que
comprometan la estabilidad. Nada de invadir ciclovías. Nada de circular con
luces apagadas. Nada de andar sin papeles.
Por supuesto, las sanciones llegarán. Primero
mínimas, después progresivas: de 16 a 20 UMAS, según la falta. Eso se llama
política pública gradual. Aquí, en cambio, las multas se anuncian con bombo y
platillo, pero rara vez se aplican.
La reflexión es inevitable: ¿qué esperamos en
Xalapa para ordenar el caos motociclista? ¿Un aumento en los
atropellamientos? ¿Más muertos en calles mal iluminadas? ¿Otra serie de
operativos irrelevantes que solo duran lo que la foto en redes sociales?
La capital necesita un reglamento claro, aplicable
y aplicado. Y antes que eso, necesita saber cuántas motocicletas circulan
realmente. Porque sin datos, no hay política; sin política, no hay prevención;
y sin prevención, lo único seguro es el riesgo.
Si el Estado de México puede empezar a poner orden,
Xalapa también. La movilidad no es una apuesta: es una responsabilidad pública.
Y ya vamos tarde.
