Dr. Rafael Vela Martínez
La
comunidad ha pasado más de seis meses protestando, amparándose y exigiendo legalidad.
Mientras tanto, tribunales federales han aplicado normativas anteriores a las
reformas constitucionales de 2011 y a la Ley de Amparo reformada en 2013,
dejando indefensos a quienes buscan que se respete el Estado de Derecho dentro
de la UV.
Si el
Congreso no actúa pronto mediante una interpretación auténtica que eche abajo
la prórroga, esta ilegalidad podría prolongarse hasta enero de 2026, un
semestre académico más y las consecuencias serían devastadoras para toda una
generación, por ello, es importante reflexionar acerca de la realidad cruda que
hoy viven los estudiantes y que debe ser conocida por la opinión pública.
La
primera víctima: el futuro profesional de los jóvenes
En
México, el prestigio institucional determina si un egresado encuentra empleo,
accede a posgrados o participa en intercambios. Hoy, la UV envía al exterior un
mensaje inquietante: es una universidad con un rector señalado como espurio y
un gobierno interno fracturado. Esto ya se refleja en:
- retrasos en trámites de titulación,
certificaciones y convenios;
- incertidumbre sobre acreditaciones
nacionales e internacionales;
- congelamiento de programas de
movilidad;
- desconfianza de instituciones
externas para firmar nuevos acuerdos.
Para los
jóvenes, esto no es teoría: es su futuro inmediato perdiendo valor cada día que
la ilegalidad se sostiene.
Un
clima académico tóxico que golpea el aprendizaje
Los
estudiantes están tratando de formarse en una universidad donde:
- los docentes viven bajo presión y
temor a represalias;
- proyectos académicos están
detenidos o cancelados;
- concursos, apoyos y becas están
paralizados;
- áreas completas trabajan sin
claridad de mando.
El salón
de clase no es ajeno a esto. Cuando la institución está en crisis, la calidad
del aprendizaje cae, la motivación se
derrumba y el ambiente educativo se contamina de frustración. Los
universitarios lo sienten todos los días.
La
institución que debería protegerlos, los está dejando solos
Mientras
miles de estudiantes marchan, se informan y exigen legalidad, la rectoría
permanece aferrada a una prórroga cuestionada por:
- expertos en derecho,
- exrectores,
- académicos de todas las áreas,
- y amplios sectores de la comunidad.
No hay
diálogo real, no hay escucha y peor aún: no hay voluntad de corregir la
ilegalidad.
El
costo emocional: ansiedad, enojo y desesperanza
Detrás
de los comunicados oficiales y las declaraciones públicas hay cientos de
historias personales:
- jóvenes que ya no saben si podrán
titularse a tiempo,
- estudiantes que perdieron
oportunidades de movilidad,
- generaciones que temen que su
título pierda valor,
- universitarios que sienten que su
voz no importa.
La
crisis ha generado un clima de ansiedad colectiva que ningún rector tiene
derecho a provocar, mucho menos mediante una actuación considerada ilegal y
opaca.
Lo
que todo Veracruz debe entender
La UV no
es una institución cualquiera: es el corazón académico de Veracruz y una de las
universidades públicas más grandes del país. Aquí estudian miles de jóvenes
que, con esfuerzo, sostienen su educación con becas, trabajos o el apoyo
limitado de sus familias. Cada día de ilegalidad es una forma de traición a
esos estudiantes.
Lo que
hoy ocurre no es un asunto administrativo, ni un conflicto interno aislado.
Es un atentado contra:
- la autonomía universitaria,
- la legalidad,
- y el derecho de los jóvenes a un
futuro digno.
La
exigencia es clara: la comunidad universitaria espera —y merece— que el
Congreso del Estado de Veracruz:
- Emita una interpretación auténtica
que declare inválida la prórroga.
- Renueve a los integrantes de la
Junta de Gobierno.
- Convoque de inmediato a un proceso
transparente y legal para elegir rector.
Nada de
esto es opcional: es lo mínimo necesario para detener la erosión del futuro de
miles de jóvenes.
Una
universidad debe proteger a sus estudiantes, no ponerlos en riesgo: la UV está
a tiempo de corregir el rumbo. Pero si esta ilegalidad continúa, lo que estará
en juego ya no será un nombre ni un cargo, sino la credibilidad completa de la
institución y el destino de toda una generación de universitarios que hoy
observa, con dolor, cómo la casa de estudios que eligió les está fallando.
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