IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
Durante los últimos siete años de la llamada Cuarta Transformación en México, los gobiernos de izquierda han mostrado un límite creciente en la tolerancia hacia las manifestaciones sociales, especialmente cuando existe riesgo de violencia o desorden público. Aunque el derecho a la libre manifestación está garantizado constitucionalmente, se han implementado medidas para limitar, contener y en ocasiones reprimir protestas que consideran riesgosas para la seguridad o el orden, lo que ha generado críticas sobre coartar derechos ciudadanos y mostrar una contradicción con los orígenes progresistas del movimiento.
En el caso de la reciente marcha Z del 15 de noviembre de 2025 en el
Zócalo de la Ciudad de México, el llamado "bloque negro" jugó un
papel central en los enfrentamientos con las fuerzas policiacas. Este grupo,
compuesto por alrededor de mil personas encapuchadas, ingresó violentamente al
Zócalo, derribando las vallas metálicas de protección del Palacio Nacional con
mazos, esmeriles, martillos y otros objetos, además de arrojar petardos y
proyectiles hacia la policía. Este accionar agresivo llevó a una respuesta
inmediata de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que desplegó gases lacrimógenos
y polvo de extintores para dispersar a los manifestantes y evitar daños
mayores. Hubo enfrentamientos con heridos de ambos lados, detenciones y un
ambiente de tensión marcado por gritos contradictorios de apoyo a la protesta y
denuncias de represión.
Este episodio evidencia una tensión entre el derecho legítimo a
manifestarse y la presencia de grupos que capitalizan la protesta para desatar
violencia, lo cual es utilizado para justificar el límite y la acción represiva
por parte del gobierno. Sin embargo, esta dinámica intensifica el debate sobre
la coherencia del gobierno de izquierda que se ha consolidado gracias a
movimientos sociales y ahora enfrenta la difícil paradoja de contener protestas
para preservar el orden público. Críticos y sectores sociales reclaman una
mayor apertura al diálogo y menos uso de la fuerza, especialmente ante la
presencia de mujeres, jóvenes y niños en las manifestaciones.
El límite impuesto por el gobierno de la Cuarta Transformación en estos
años ha estado marcado por una creciente regulación y control de las
manifestaciones que consideran violentas o riesgosas, y el "bloque
negro" en la marcha Z del 15 de noviembre fue el detonante de un
enfrentamiento que sirvió para justificar acciones policiales en un contexto ya
precario de relación entre poder y movimientos sociales.
Tras los disturbios ocurridos en la marcha de la Generación Z el 15 de
noviembre de 2025 en la Ciudad de México, se reportaron 40 personas detenidas,
de las cuales 20 fueron trasladadas al Ministerio Público por delitos como
agresiones y robos, y las demás por faltas administrativas. Las detenciones
comenzaron después de la manifestación cuando comenzaron los enfrentamientos
entre un grupo de encapuchados y la policía en las inmediaciones del Zócalo,
con un saldo de 20 civiles heridos y más de 100 policías lesionados. La
Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que se está trabajando en la
identificación de todos los responsables de delitos para continuar con las
investigaciones.
Posteriormente, ocho detenidos fueron vinculados a proceso judicial en
el Reclusorio Norte, con tres acusados formalmente de robo y lesiones, aunque
llevarán su proceso en libertad, y dos de ellos permanecen en prisión
preventiva mientras continúan las investigaciones. Otros cinco detenidos
enfrentan cargos menores por resistencia a particulares y permanecen en prisión
preventiva. En total, se informa que 29 personas permanecen detenidas
relacionadas con la marcha, y continúan abiertas carpetas de investigación,
mientras hay también una investigación en curso sobre posibles excesos y uso
abusivo de la fuerza por parte de policías, incluyendo agresiones a periodistas
durante los enfrentamientos.
En otras ciudades también hubo detenciones legales vinculadas a las
protestas, como en Guadalajara donde 40 personas fueron detenidas y acusadas
por actos vandálicos en la marcha del 15 de noviembre, aunque organizaciones
civiles han denunciado detenciones arbitrarias y brutalidad policiaca,
demandando la liberación inmediata de los detenidos.
La respuesta del estado ha sido un proceso penal contra varios de los
manifestantes detenidos por delitos durante los disturbios, al tiempo que se
abren investigaciones sobre el actuar policial, en un contexto de alta tensión
y controversia respecto a la gestión del derecho a la protesta y el manejo de
la fuerza pública.
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*Maestro en
comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del
cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad
Anáhuac, campús norte de CDMX.
