Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay noticias que no sorprenden, pero aun así
indignan. Y la inminente posibilidad de que Javier Duarte de Ochoa recupere su
libertad esta semana es una de esas postales de la impunidad nacional que, como
un mal déjà vu, regresan para recordarnos que en Veracruz el pasado nunca
termina de irse… porque nunca ha pagado la cuenta completa.
¿Salir libre? Sí, libre. Aunque más de 60 mil
millones de pesos desviados mediante empresas fantasma durante su
administración siguen brillando por su ausencia. Aunque el saqueo documentado
hace casi una década dejó boquetes presupuestales, hospitales en ruinas,
escuelas abandonadas y una estela de cinismo que todavía atraviesa la vida
pública del estado. Y aunque, según las investigaciones periodísticas, su red
de prestanombres incluía desde jóvenes sin ingresos hasta una señora de la
tercera edad con cataratas que figuraba como “accionista” de millones que jamás
vio ni firmó.
En mayo de 2016, “Animal Político” destapó
una de las tramas de corrupción más meticulosas y burdas al mismo tiempo: 905
millones de pesos desviados a través de 38 empresas fantasma,
ligadas por el hilo invisible de la miseria: personas humildes usadas como
escudos legales, como si el poder político hubiera decidido burlarse del país
entero. Ese trabajo periodístico —uno de los más importantes de la década—
derivó en una sentencia de nueve años por lavado de dinero y asociación
delictuosa. Apenas la punta del iceberg.
Porque lo que nunca se terminó de dimensionar fue
el tamaño real del hueco que dejó su administración. Ese boquete, hoy sabemos,
era mucho mayor. Monumental. Y no sólo en pesos: en instituciones, en confianza
pública, en la moral colectiva.
Lo más alarmante es que el método no murió con
Duarte. La fórmula de las empresas fantasma —esa alquimia mexicana donde la
pobreza se convierte en firmas, las firmas en contratos y los contratos en
dinero público desaparecido— volvió a aparecer durante el gobierno de Morena en
Veracruz, según documentó la misma fuente. El mecanismo es siempre el mismo. Lo
que cambia es el color del partido. Y eso debería preocuparnos más que
cualquier apellido.
Pero hoy, mientras Duarte se prepara para salir por
la puerta grande de la ley pequeña, conviene recordar que la justicia mexicana
es tan generosa como selectiva. La ley castiga, sí, pero sólo hasta donde
conviene. El resto queda archivado entre tecnicismos, criterios jurídicos y esa
indulgencia que parece reservada para quienes conocen bien el funcionamiento
interno del poder.
¿Quién responde por lo que falta?
¿Quién por quienes fueron usados como prestanombres?
¿Quién por los veracruzanos que siguen pagando un saqueo que oficialmente ya
está “saldado”?
La salida de Duarte no es sólo un episodio
judicial: es un espejo. Y el reflejo que devuelve no es amable. Nos recuerda que
el sistema no cambia porque se llene la boca con discursos contra la
corrupción. Cambia cuando se cierran los caminos que permiten que un
funcionario robe y luego, años después, salga caminando como si nada, mientras
las víctimas siguen esperando explicaciones… y los miles de millones siguen
perdidos en algún rincón donde la ley ya no alcanza.
La verdadera pregunta no es si Duarte saldrá libre.
La verdadera pregunta es: ¿quién será el próximo en entrar por esa puerta
giratoria?
