IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
El mensaje pronunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 31 de mayo en el Monumento a la Revolución tuvo como eje central la defensa de la soberanía nacional, un concepto que históricamente ha ocupado un lugar privilegiado en el discurso político mexicano. La soberanía representa la capacidad del Estado para tomar decisiones sin injerencias externas, proteger sus instituciones y garantizar el bienestar de su población. Sin embargo, existe una realidad que amenaza con vaciar de contenido ese discurso: la persistente percepción de impunidad frente a posibles vínculos entre actores políticos y organizaciones criminales.
La soberanía no se fortalece únicamente con declaraciones públicas ni con llamados a la unidad nacional. Su verdadera fortaleza depende de la capacidad del Estado para ejercer la ley de manera imparcial dentro de su propio territorio. Cuando existen señalamientos sobre presuntas relaciones entre funcionarios o políticos y grupos delictivos, la respuesta institucional no puede ser el silencio, la minimización o el encubrimiento. Por el contrario, la obligación de cualquier gobierno democrático es investigar, esclarecer y, en caso de acreditarse responsabilidades, sancionar conforme a derecho.
La discusión no debe centrarse en la culpabilidad anticipada de nadie. En un Estado de derecho, las acusaciones por sí solas no constituyen pruebas. Las responsabilidades penales deben determinarse mediante investigaciones profesionales, evidencia sólida y procesos judiciales transparentes. Esa es precisamente la diferencia entre la justicia y la persecución política. Sin embargo, también es cierto que la ausencia de investigaciones profundas o la falta de resultados genera sospechas que terminan erosionando la confianza ciudadana.
México arrastra desde hace décadas una herida institucional difícil de cerrar, la percepción de que existen dos sistemas de justicia. Uno que actúa con rapidez frente a ciudadanos comunes y otro que parece incapaz de alcanzar a personajes con poder político, económico o influencia partidista. Esa percepción no surgió de la nada; es consecuencia de numerosos casos en los que las acusaciones de corrupción, complicidad o protección al crimen organizado concluyeron sin sanciones ejemplares para figuras de alto nivel.
Por ello, el desafío para cualquier administración no consiste únicamente en defender la soberanía frente a presiones externas, sino en demostrar que las instituciones mexicanas tienen la fortaleza suficiente para investigar a sus propios integrantes cuando existen sospechas fundadas. La mejor respuesta ante cualquier señalamiento no es la confrontación discursiva ni la descalificación automática, sino la apertura de investigaciones transparentes que permitan conocer la verdad.
La confianza ciudadana no se recupera con discursos, sino con hechos. Cada caso esclarecido, cada funcionario sancionado cuando existen pruebas y cada investigación realizada sin distinciones partidistas fortalece mucho más a las instituciones que cualquier declaración política. La legitimidad del Estado depende de que los ciudadanos perciban que nadie está por encima de la ley.
En ese sentido, si el gobierno federal realmente busca consolidar su autoridad moral y política, la prioridad debería ser garantizar que toda denuncia relacionada con posibles nexos entre poder político y delincuencia organizada sea investigada hasta sus últimas consecuencias. No importa si se trata de funcionarios federales, gobernadores, alcaldes o legisladores; tampoco importa el partido al que pertenezcan. La ley debe aplicarse con el mismo rigor para todos.
La soberanía nacional es un valor fundamental, pero pierde fuerza cuando la ciudadanía percibe que la impunidad sigue siendo una constante. Un Estado verdaderamente soberano no es aquel que únicamente rechaza presiones externas, sino aquel que demuestra que sus instituciones son capaces de impartir justicia sin privilegios ni excepciones. Ahí radica la verdadera prueba de fortaleza democrática.
Porque al final, la credibilidad de un gobierno no se mide por la contundencia de sus discursos, sino por su disposición para enfrentar la verdad, incluso cuando esa verdad pueda resultar incómoda para quienes ejercen el poder.
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Maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte.
