Por Miguel Ángel Cristiani G.
En Veracruz parece existir una regla no escrita
dentro de algunas dependencias públicas: si no se habla del problema, el
problema no existe. La estrategia ha funcionado para maquillar estadísticas,
ocultar crisis y prolongar la cómoda ilusión de que todo está bajo control. El
inconveniente es que la realidad siempre termina entrando por la puerta
principal. O, como ahora ocurre en Xalapa, por las ventanas abiertas de las
casas.
Vecinos del fraccionamiento Lucas Martín han
comenzado a reportar en redes sociales la presencia de ejemplares de la llamada
Mosca del Gusano Barrenador. No se trata de un caso aislado ni de una
percepción exagerada producto de la alarma colectiva. Son varios los habitantes
que afirman haber encontrado dentro de sus viviendas cantidades inusuales de
estos insectos, llegando incluso a reportar hasta veinte ejemplares en una sola
casa después de una jornada laboral.
Y mientras los ciudadanos documentan, fotografían y
alertan, las autoridades hacen lo que mejor saben hacer cuando enfrentan un
asunto incómodo: guardar silencio.
Resulta particularmente preocupante porque México
ha enfrentado históricamente campañas sanitarias complejas para controlar y
erradicar al gusano barrenador. Durante décadas se destinaron recursos
millonarios, estrategias de vigilancia epidemiológica y programas de control
biológico para evitar que esta plaga afectara al ganado, a los animales
domésticos e incluso a los seres humanos.
No estamos hablando de una simple mosca molesta de
temporada. El riesgo sanitario asociado al gusano barrenador es ampliamente
conocido. Las hembras depositan sus huevecillos en heridas abiertas o lesiones
de animales de sangre caliente. Las larvas penetran en los tejidos vivos y
provocan infestaciones severas que pueden derivar en infecciones graves e
incluso la muerte de los animales afectados si no reciben atención oportuna.
Por eso llama poderosamente la atención la ausencia
absoluta de información oficial.
¿Existe monitoreo sanitario en la zona?
¿Las autoridades han realizado verificaciones?
¿La Secretaría de Salud tiene conocimiento de los
reportes?
¿La autoridad agropecuaria estatal ha desplegado
brigadas de inspección?
Nadie lo sabe.
Y cuando en temas de salud pública la información
desaparece, el vacío es ocupado por rumores, incertidumbre y miedo.
La situación adquiere mayor relevancia porque Lucas
Martín no es una comunidad aislada en la sierra ni una zona rural apartada. Se
trata de una zona urbana de la capital veracruzana donde cientos de familias
conviven diariamente con perros, gatos y otros animales domésticos. Muchos
propietarios acostumbran dejar a sus mascotas en patios, cocheras o incluso en
la vía pública durante varias horas. Basta una pequeña herida, un rasguño o una
lesión mínima para convertir al animal en un objetivo vulnerable.
Un experto en control de plagas y empresario de
fumigaciónes, nos comenta que lo más grave es que la prevención es
relativamente sencilla cuando existe información oportuna. Revisar
periódicamente a las mascotas, atender cualquier lesión, mantener condiciones
adecuadas de higiene y solicitar atención veterinaria inmediata ante signos
sospechosos son medidas básicas que podrían difundirse mediante campañas
públicas. Sin embargo, para informar primero hay que reconocer que existe un
problema.
Y ahí aparece nuevamente el viejo vicio burocrático
mexicano: la negación como política pública.
Durante años hemos visto cómo diversas autoridades
reaccionan únicamente cuando el problema se convierte en escándalo. No actúan
ante las primeras señales de alerta; esperan a que la situación alcance
dimensiones mediáticas. Entonces aparecen conferencias, boletines, fotografías
de supervisión y promesas de atención urgente. Para entonces, generalmente ya
es demasiado tarde.
La responsabilidad de un gobierno moderno no
consiste en administrar crisis consumadas, sino en prevenirlas. La
transparencia no debería ser una concesión extraordinaria ni un acto de buena
voluntad política. Es una obligación elemental frente a ciudadanos que tienen
derecho a conocer los riesgos que afectan a su comunidad.
Si los reportes vecinales son incorrectos, las
autoridades tienen la obligación de aclararlo con evidencia técnica. Si son correctos,
tienen la obligación de actuar de inmediato. Lo que resulta inadmisible es esta
cómoda posición de invisibilidad institucional que convierte a los ciudadanos
en vigilantes, investigadores y voceros de problemas que corresponden al
Estado.
En Veracruz, las plagas
parecen avanzar más rápido que las autoridades, porque mientras las moscas
trabajan todos los días, los responsables de proteger la salud pública siguen
escondidos detrás del silencio oficial.
