IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
El asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ha provocado una ola de indignación y movilizaciones en la sociedad michoacana y mexicana frente a la violencia y la inseguridad, y está motivando la consolidación y posible crecimiento del Movimiento del Sombrero, ahora con la llegada a la presidencia municipal de Grecia Quiroz García, su esposa y sucesora.
La muerte de Manzo, ocurrida durante una celebración pública, generó manifestaciones espontáneas y actos de protesta en Michoacán y otras partes del país, con fuerte condena hacia las políticas estatales y federales de seguridad, consideradas insuficientes ante la presión de los grupos criminales.
Este hecho simboliza la creciente frustración social frente a la violencia y la ausencia de respuestas efectivas de los gobiernos, siendo ya el tercer asesinato de un alcalde en Michoacán en lo que va del año y el sexto a nivel nacional.
El perfil independiente y de confrontación de Manzo, quien exigía mayor apoyo y denunciaba públicamente la ineficacia de los gobiernos estatal y federal, ha reforzado el reclamo social de cambios de fondo en las estrategias de seguridad.
El Movimiento del Sombrero, fundado y liderado por Manzo, emergió como un referente de política municipal ciudadana, cercana y ajena a los partidos tradicionales; su símbolo —el sombrero tradicional sahuayense— refuerza el sentido de identidad, dignidad y lucha comunitaria contra la violencia.
Tras el crimen, el movimiento ha cobrado mayor visibilidad. Sus integrantes y simpatizantes insisten en la reacción colectiva y la defensa de sus espacios, lo que podría traducirse en una expansión del movimiento en otros municipios o regiones afectadas por el crimen organizado.
El proceso sucesorio, que culminó con la designación de Grecia Quiroz García (viuda de Manzo), fue impulsado por el propio movimiento, que busca mantener sus principios y su identidad independiente en el gobierno local.
Grecia Quiroz García era presidenta honoraria del DIF municipal y al asumir el cargo continuó los llamados a la sociedad para organizarse y vigilar a los jóvenes, además de exigir justicia por el asesinato de su esposo.
Su liderazgo, respaldado por una importante base social, puede fortalecer la tensión política tanto con el gobierno estatal como con el federal si las demandas de seguridad no reciben respuesta; hay expectativas de que incremente la presión pública para que se modifique la estrategia de seguridad y lucha contra la impunidad.
El movimiento de inconformidad puede intensificarse si no se producen cambios reales o si persisten los asesinatos de líderes comunitarios y la falta de resultados tangibles en el combate al crimen organizado.
La muerte de Carlos Manzo representa, para muchos sectores, el límite de la tolerancia social hacia la violencia y la impunidad, así como un catalizador para nuevas formas de organización ciudadana y exigencia política fuera de los partidos tradicionales.
Su figura, y ahora la de su esposa, simbolizan el reclamo de justicia y el llamado a la dignidad de los municipios amenazados por el crimen, de ahí el potencial para que el Movimiento del Sombrero crezca como alternativa cívica en Michoacán y, posiblemente, en otras regiones del país.
El asesinato de Carlos Manzo genera un riesgo importante de escalada de violencia entre los cárteles de droga y las autoridades en Michoacán y México en general. Manzo había adoptado una postura confrontativa y directa contra los grupos criminales, especialmente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los Cárteles Unidos, quienes disputan el control de la zona. Su muerte envía un mensaje para amedrentar a las autoridades locales y evidenciar el poder que aún ejercen estas organizaciones sobre los territorios y la política regional.
Este acto puede detonar un ciclo de represalias y enfrentamientos directos tanto entre los cárteles rivales como con fuerzas oficiales. Michoacán, que ha vivido dos décadas de violencia intensa, enfrenta en Uruapan y otras localidades un escenario donde los cárteles no sólo participan en narcotráfico sino en extorsión y control social mediante la violencia. La respuesta militarizada o policial puede acentuar los choques si no se acompaña de una estrategia integral de combate a la corrupción y narcopolítica.
Además, la alta corrupción y colusión de ciertos sectores políticos y fuerzas de seguridad dificultan acciones contundentes contra los grupos criminales. La eliminación de Manzo podría ser vista como un mensaje para otros líderes que adoptan posturas similares, lo que puede generar miedo o bien radicalización en las resistencias locales. La presencia de intereses políticos implicados sugiere que también hay una confrontación entre distintos grupos dentro del poder, ligada a la criminalidad organizada.
En suma, el riesgo de escalada reside en que el asesinato se traduzca en una etapa más violenta de la "guerra" con enfrentamientos crecientes, tanto entre cárteles rivales como con autoridades, sin una solución rápida a la raíz del problema estructural que es la narcopolítica y la corrupción.
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*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.
