Xalapa, Ver., 1 de octubre de 2025.—La Universidad Veracruzana, cinco dependencias estatales, 171 municipios, 34 organismos públicos descentralizados y ocho entidades paramunicipales resultaron con observaciones por presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2024, que en conjunto suma 2 mil 311 millones 380 mil 833.74 pesos. El hallazgo fue revelado por el Organismo de Fiscalización Superior (Orfis) en su informe anual, entregado al Congreso del Estado.
De acuerdo con el documento oficial, las auditorías realizadas a 310 entes fiscalizables arrojaron irregularidades que podrían constituir daño patrimonial en 41 dependencias estatales, 171 municipios, ocho paramunicipales y decenas de organismos descentralizados. Las revisiones abarcaron finanzas, obra pública y manejo presupuestal mediante pruebas y muestras selectivas.
El mayor monto observado corresponde a los municipios, donde se detectaron irregularidades por mil 476 millones 63 mil 654 pesos. En total, 171 de los 212 ayuntamientos presentaron señalamientos que van desde inconsistencias administrativas hasta posibles desvíos. Entre los municipios observados figuran Córdoba, Cosoleacaque, Coatepec, Papantla, Pánuco, San Andrés Tuxtla, Poza Rica, Xico y Zongolica, entre otros.
En siete ayuntamientos —entre ellos Fortín, Naranjos Amatlán, Ixhuacán de los Reyes, Pánuco, Jilotepec y Poza Rica— se suman observaciones por 61 millones 486 mil 762.82 pesos relacionadas con deuda pública, obligaciones financieras y disciplina presupuestaria.
Respecto de las dependencias estatales, el informe señala un presunto daño patrimonial por 62 millones 632 mil 248.42 pesos. La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas encabeza la lista con 27 millones 742 mil 096.79 pesos, seguida de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca, con 15 millones 164 mil 164.95 pesos. La Secretaría de Educación acumula 10 millones 737 mil 497.11 pesos; Medio Ambiente, 4 millones 758 mil 104.72 pesos; y Desarrollo Social, 4 millones 230 mil 384.85 pesos.
La Universidad Veracruzana tampoco quedó exenta. En su caso, el Orfis detectó un presunto daño patrimonial de 1 millón 407 mil 317.86 pesos, además de observaciones de carácter administrativo. Aunque el monto es menor en comparación con otras dependencias, el señalamiento resulta significativo por tratarse de la principal institución educativa del estado.
Los organismos públicos descentralizados sumaron 766 millones 765 mil 194.03 pesos en irregularidades. Entre ellos figuran la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, el Instituto de Espacios Educativos, Radiotelevisión de Veracruz, Servicios de Salud de Veracruz, el Instituto Veracruzano del Deporte, la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz y varios institutos tecnológicos regionales.
En cuanto a las entidades paramunicipales, ocho reportaron irregularidades por un total de 4 millones 449 mil 156.34 pesos. El informe también precisa que otras nueve entidades de este tipo registraron inconsistencias administrativas que derivaron en recomendaciones.
El Orfis aclaró que las cifras corresponden a observaciones detectadas en auditorías y que, en los procesos posteriores, los entes involucrados tendrán la oportunidad de presentar documentación adicional o solventar las irregularidades. Sin embargo, la magnitud de los montos observados coloca nuevamente bajo la lupa la transparencia en el manejo de recursos públicos en Veracruz.
Especialistas en fiscalización consultados por medios locales advierten que el daño patrimonial detectado refleja deficiencias en la planeación y ejecución del gasto. A su juicio, las irregularidades en municipios y organismos descentralizados suelen repetirse cada año, lo que evidencia una falta de controles internos.
El Congreso del Estado será el encargado de analizar el informe y, en su caso, remitir las observaciones a la Fiscalía Anticorrupción u otras instancias competentes. Legisladores de distintas fracciones adelantaron que revisarán con detalle los hallazgos, sin descartar responsabilidades administrativas o incluso denuncias penales.
Cabe recordar que el Código de Ética Periodística y la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres obligan a informar con claridad, precisión y sin sesgos, por lo que este señalamiento debe entenderse como un proceso en curso y no como una condena definitiva. En este sentido, tanto autoridades universitarias como dependencias estatales y ayuntamientos tendrán la oportunidad de aclarar o solventar las observaciones.
La rendición de cuentas y el escrutinio público resultan indispensables para garantizar un uso adecuado de los recursos. Mientras tanto, la Cuenta Pública 2024 coloca en el centro del debate el reto de la transparencia y la eficiencia en la administración estatal y municipal de Veracruz.
