Carnaval de Veracruz: la alegría que resiste al poder y le toma examen

Por Miguel Ángel Cristiani G

Hay fiestas que entretienen y hay fiestas que retratan a una sociedad. El Carnaval de Veracruz pertenece, sin discusión, a la segunda categoría: es termómetro social, válvula de escape colectiva y, al mismo tiempo, escenario político donde el poder —quiera o no— queda exhibido. Este martes 10 de febrero, con la tradicional Quema del Mal Humor en el Zócalo, inicia la mayor fiesta popular del estado y concluye el día 18 con el Entierro de Juan Carnaval en la Macroplaza del Malecón. Ocho días que parecen solo jolgorio, pero que dicen mucho más de lo que aparentan.

No exagero: en ningún otro rincón de Veracruz se vive una alegría tan orgánica, tan profundamente arraigada en la identidad colectiva. No es solo el puerto; son los veracruzanos de otras ciudades, de otros municipios, incluso de otros estados, los que regresan —como quien vuelve a casa— para reafirmar que la fiesta sigue siendo del pueblo y no del presupuesto. El Carnaval, a diferencia de muchos eventos oficiales, no se decreta: se hereda.

Este año, además, el Carnaval tiene un componente político inevitable. Es el primer gran evento que organiza la nueva presidenta municipal de Veracruz, la maestra Rosa María Hernández Espejo. Y conviene decirlo con claridad: llega con una ventaja que pocos reconocen y muchos omiten. Desde antes de rendir protesta el 31 de diciembre, ya estaba trabajando en la planeación de esta fiesta. No improvisó. Entendió que el Carnaval no admite ocurrencias de último momento ni protagonismos estériles.

Hay decisiones que merecen subrayarse. La primera: el programa artístico. Conciertos y coronaciones que buscan equilibrar tradición y atractivo popular, sin caer —hasta ahora— en el despilfarro obsceno que en otros tiempos se confundió con “espectáculo”. La segunda: el regreso a las fechas originales. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. El calendario del Carnaval no es capricho; responde a una lógica cultural y social que fue violentada en administraciones anteriores por razones más políticas que culturales. Corregir eso es respetar la memoria colectiva.

Y un tercer punto, nada despreciable en tiempos de inflación y bolsillos flacos: el costo de cuarenta pesos en las gradas para apreciar los desfiles. Es una decisión que, aunque modesta, manda un mensaje claro: la fiesta debe ser accesible. El Carnaval no es una zona VIP permanente ni un negocio disfrazado de tradición. Es, o debería ser, un derecho cultural.

Ahora bien, no todo es aplauso fácil ni sonrisa de comparsa. El Carnaval también pone a prueba a las autoridades en temas incómodos: seguridad, servicios públicos, movilidad, comercio informal y manejo responsable de recursos. La alegría no exime de la obligación. Al contrario, la multiplica. Porque cuando la ciudad se llena, cuando llegan miles de visitantes, cualquier error se amplifica y cualquier acierto también.

Aquí es donde el análisis debe ser honesto. Veracruz arrastra problemas estructurales que no se resuelven con confeti: desigualdad, rezago urbano, desconfianza ciudadana y una larga historia de gobiernos que usaron la fiesta como anestesia social. El reto de la actual administración es demostrar que el Carnaval puede ser celebración sin ser simulación; tradición sin ser pretexto; alegría sin ser cortina de humo.

La Quema del Mal Humor, ese ritual simbólico con el que arranca la fiesta, tiene una carga política más profunda de lo que muchos aceptan. Quemar lo que nos duele, lo que nos indigna, lo que nos harta, es un acto catártico, sí, pero también una advertencia: el mal humor regresa cuando el poder traiciona. Y la memoria social del veracruzano es más larga de lo que creen algunos funcionarios de paso.

El Carnaval de Veracruz es, en esencia, una lección democrática: la calle llena, el pueblo visible, la autoridad observada. No hay discurso que sustituya eso. La presidenta municipal tiene frente a sí una oportunidad y una responsabilidad. Si entiende que la fiesta no es suya, sino de la gente, habrá dado el primer paso correcto. Si cree que el Carnaval es solo un escaparate político, el juicio llegará —como siempre— después de que se apaguen las luces.

Porque al final, cuando Juan Carnaval sea enterrado y el Malecón vuelva a la rutina, quedará una pregunta incómoda flotando en el aire salado del puerto: ¿fue una fiesta para el pueblo o un ensayo más del poder para aprender a sonreír mientras gobierna?

 

El patrimonio que se entrega… y el que se abandona

Por Miguel Ángel Cristiani G.

En Veracruz hemos llegado al punto en que la historia ya no se honra: se entrega, se manipula, se empaca como souvenir político y se presume en redes sociales como si fuera un trofeo personal. Y mientras tanto, el verdadero recinto que guarda —o que debía guardar— la memoria civil del país, se cae a pedazos. Literalmente.

Durante décadas, los oficiales mayores del Registro Civil de Veracruz solían mostrar, con justificado orgullo, a los visitantes distinguidos al puerto, el libro donde quedó asentado el primer registro de nacimiento en México: el acta de Jerónima Juárez, hija del presidente Benito Juárez. No era un gesto banal. Ese documento simboliza el nacimiento de la institucionalidad civil en la República, uno de los pilares de las Leyes de Reforma que el propio Juárez promulgó durante su estancia en el puerto.

Ese libro —el primero, el fundacional, el que debiera resguardarse bajo estrictas medidas técnicas y legales de seguridad— no es propiedad emocional de nadie, sino patrimonio histórico de todos. Es un bien documental del Estado mexicano. Su administración no admite ocurrencias, caprichos ni gestos de gratitud política.

Por eso resulta inadmisible, por decir lo menos, que la gobernadora Rocío Nahle haya decidido regalar ese acervo a la presidenta Claudia Sheinbaum como si se tratara de una artesanía local. Más grave aún: que lo haya hecho en un evento público, posando con orgullo ante la cámara, como si la imagen de la entrega fuese un gran logro de gestión y no una flagrante violación al deber de custodia del patrimonio documental.

Mientras tanto, frente al viejo Faro de Reforma —símbolo del constitucionalismo liberal y testigo de la firma de las Leyes de Reforma—, el edificio agoniza. Paredes manchadas, techos desprendiéndose, documentos deteriorándose, instalaciones obsoletas. Un escenario que ofende la memoria de Juárez y ridiculiza el discurso oficial de “preservación histórica”. Lo que debería ser un santuario cívico hoy parece más un almacén descuidado, de esos que apenas sobreviven sin presupuesto, sin vigilancia y sin voluntad política.

La ironía es tan grosera que raya en la burla: se inaugura una casa museo “del Benemérito de las Américas” al mismo tiempo que el inmueble donde se materializó una de sus reformas más trascendentales se encuentra en ruina absoluta. Una simulación de homenaje que, en el fondo, encubre la indiferencia institucional ante lo verdaderamente relevante.

Y por si fuera poco, el Instituto Nacional de Antropología e Historia —ese que antes protestaba por cualquier movimiento indebido de una piedra, un archivo o una réplica de museo— hoy guarda un silencio que solo puede calificarse como cómplice. “Calla como momia”, dirían algunos. Y cuando las instituciones que deberían proteger el patrimonio histórico deciden mirar hacia otro lado, la historia deja de pertenecer a la nación y comienza a ser botín del poder.

Lo ocurrido no es un mero error administrativo; es un mensaje político: la historia puede usarse, regalarse y presumirse. Y si para ello hay que desmantelar la memoria cívica del país, que así sea.

Pero la ciudadanía no está obligada a aceptar esa narrativa. La defensa del patrimonio no es un capricho de eruditos: es la defensa de nuestra identidad, de la legalidad y del respeto a las instituciones republicanas. Lo que se exige hoy es simple: devolver el libro a su lugar, rescatar el edificio histórico y recordar que el poder no otorga derecho de propiedad sobre la memoria nacional.

Porque la historia no se obsequia. Se custodia. Se respeta. Se protege.

 

San Juan de Ulúa: 200 años de olvido… y un fin de semana de festejos

Por Miguel Angel Cristiani G.

Hay lugares que, por sí mismos, deberían bastar para recordarle a un país quién es y de dónde viene. Y sin embargo, México —tan dado a las ceremonias, pero tan renuente al mantenimiento— parece necesitar que llegue la mismísima presidenta de la República para voltear a ver aunque sea un ratito a San Juan de Ulúa, ese monumento vivo de nuestra historia que, pese a su grandeza, se cae a pedazos entre humedad, salitre y desdén institucional.

 

Que Claudia Sheinbaum encabece en el Puerto de Veracruz los festejos por los 200 años de la consolidación de la Independencia de México en el mar, este domingo, es sin duda, una buena noticia. No todos los días la jefa del Estado recuerda que este país no solo se forjó en batallas terrestres, sino también sobre cubierta, cañón y marea. Y reconocer la capitulación de la Corona Española en el fuerte de San Juan de Ulúa —aquel episodio que marcó la salida definitiva del poder colonial— es históricamente justo. Pero también invita a preguntarnos si este homenaje, tan vistoso como efímero, servirá para algo más que para la foto conmemorativa.

 

Porque San Juan de Ulúa no es solo un escenario de celebraciones. Fue prisión, cuartel, sede de los Poderes Federales, fortaleza de resistencia, símbolo de la arquitectura militar novohispana y testigo de episodios que los libros de historia apenas alcanzan a resumir. En cuántos países —más cuidadosos, más responsables con su legado— no darían lo que fuera por tener una joya así. Y aquí, en México, presidentes van y vienen, pero la fortaleza sigue igual: agrietada, vulnerable, convertida en atractivo turístico a medio dejar y en responsabilidad institucional a medio asumir.

 

Mientras tanto, este fin de semana, la Secretaría de Marina desplegará toda una agenda de actividades: exposiciones, conciertos, regatas, carreras, espectáculos aéreos, eventos culturales y el esperado regreso del Buque Escuela Cuauhtémoc, ese Caballero de los Mares que, pese a ser orgullo nacional, tuvo que esperar un accidente en Estados Unidos para que se recordara que existe. El programa es amplio, colorido, técnicamente impecable. Pero la pregunta no sobra: ¿y después del domingo?

 

El Capitán de Navío Rafael Tiburcio Domingo explicó con claridad la importancia del 23 de noviembre. Tiene razón: fue en 1825 cuando el Capitán de Fragata Pedro Sainz de Baranda ordenó el bloqueo naval para desalojar al último reducto español. Fue entonces —y no en 1821— cuando la independencia quedó realmente consolidada. Esa historia merece ser contada, celebrada y enseñada. Pero también resguardada. No basta con recordar que hubo grandeza: hay que preservarla.

 

Las actividades iniciaron hoy en el World Trade Center de Boca del Río con una exposición sobre la Marina. Mañana habrá regatas y un concierto; el sábado, carreras y música sinfónica; y el domingo, la llegada del Cuauhtémoc y la presencia de la presidenta para develar una placa, recorrer el fuerte y asistir al sorteo de la Lotería Nacional. Todo muy solemne, muy institucional, muy acorde a la fecha.

 

Pero el verdadero homenaje que San Juan de Ulúa necesita no está en el protocolo, sino en la inversión. No en el discurso, sino en la restauración. No en el aplauso de ocasión, sino en un proyecto integral de rescate histórico, arquitectónico, turístico y cívico.

 

Porque no se celebra bien un pasado glorioso cuando se deja morir el espacio físico que lo contiene.

 

San Juan de Ulúa ha sido escenario de las luces y sombras de la nación. Lo mínimo que merece es un país que lo trate con la dignidad que la historia le otorgó. Ojalá que la visita presidencial no sea un acto de nostalgia, sino el inicio de una responsabilidad largamente pospuesta.

 

Mientras tanto, celebramos. Y está bien. Pero celebramos sobre ruinas que merecen mucho más que un fin de semana de fiesta.

El Fondo de Cultura Económica y el precio del machismo institucional

Por Miguel Ángel Cristiani G.

¿Hasta qué punto puede tolerarse la arrogancia en nombre de la cultura? Esa es la pregunta que hoy sacude al Fondo de Cultura Económica (FCE) y al gobierno federal, luego de las declaraciones de su director, Paco Ignacio Taibo II, quien, con una ligereza impropia del cargo, descalificó obras “horriblemente escritas” por mujeres, para oponerse a las políticas de inclusión literaria. Las palabras no fueron un exabrupto casual: son el reflejo de una forma de pensamiento que se resiste a entender la igualdad como valor, no como concesión.

El episodio, ocurrido el pasado 23 de octubre durante una conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, expuso algo más grave que un simple desliz verbal. Reveló cómo, desde una institución pública financiada por los contribuyentes, se reproducen prácticas de machismo institucional, disfrazadas de criterio literario. No es poca cosa: el FCE, fundado en 1934, es uno de los pilares de la cultura mexicana, y su función es promover el pensamiento crítico y la pluralidad, no el prejuicio ni la exclusión.

En respuesta, un grupo de escritoras, poetas y artistas, agrupadas como Las Horribles, realizó este martes un “mitin poético” frente a la sede del FCE en la Ciudad de México. Con lecturas, manifiestos y versos cargados de ironía, exigieron la renuncia de Taibo II, su disculpa pública y una revisión profunda de los criterios editoriales. La protesta no fue improvisada: fue la respuesta articulada de un movimiento que, desde hace años, denuncia la marginación de las voces femeninas en los espacios culturales controlados por hombres.

Que la presidenta Sheinbaum —la primera mujer en ocupar ese cargo— haya defendido al funcionario llamándolo “gran compañero” solo agravó el malestar. Las feministas, encabezadas por Diana Luz Vázquez del colectivo Ley Sabina, le recordaron que “cualquier hombre machista violenta a las mujeres y no puede ser un buen compañero”. La frase, tan dura como cierta, resume el dilema que enfrenta el nuevo gobierno: ¿de qué sirve tener un gabinete paritario si se toleran comportamientos que perpetúan la desigualdad desde las instituciones del Estado?

No se trata de censura ni de cuotas forzadas. Se trata de responsabilidad pública. Un funcionario cultural no puede burlarse de la lucha por la equidad de género ni usar la tribuna del Estado para dictar qué voces son dignas de leerse. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres obliga al Estado a promover condiciones de igualdad sustantiva; el FCE, como institución pública, está sujeto a ese mandato. Lo que Taibo II calificó de “poemas horribles” no es una cuestión estética: es una falta ética y política.

La cultura no necesita guardianes del buen gusto ni caudillos del canon literario. Necesita respeto, diversidad y diálogo. Y si el director del Fondo no entiende eso, debería hacerse a un lado. Su padre, Paco Ignacio Taibo I —a quien muchos recordamos como un maestro del periodismo, caballero de la cultura y un defensor de la libertad—, difícilmente habría caído en un desdén tan pobre y anacrónico.

Porque el verdadero problema no es solo lo que Taibo dijo, sino lo que su permanencia significaría: la normalización del desprecio. En tiempos donde México presume avances democráticos y de género, no podemos permitir que el Fondo de Cultura Económica se convierta en un fondo de exclusión misógina. La cultura pública debe ser la casa de todos, no el feudo de unos cuantos iluminados que se creen con derecho a decidir quién escribe bien y quién no.

La cultura no se defiende con soberbia, sino con respeto. Y el respeto, en estos tiempos, empieza por escuchar a las mujeres.

Paro activo en la UV: estudiantes acusan negligencia en tragedia del norte de Veracruz

Xalapa, Ver., 15 de octubre de 2025.

– Estudiantes de diversas facultades de la Universidad Veracruzana (UV) iniciaron un paro activo este miercoles en protesta por la tragedia ocurrida recientemente en municipios del norte del estado, que dejó un saldo preliminar de 17 personas fallecidas y decenas de afectadas. De acuerdo con los universitarios, lo sucedido no fue un accidente fortuito, sino resultado directo de omisiones graves por parte de autoridades estatales y federales.

La manifestación estudiantil comenzó en la capital del estado y se ha replicado en otras regiones universitarias. Los jóvenes exigen una investigación seria, la renuncia de funcionarios responsables y garantías de no repetición. La tragedia, ocurrida el pasado viernes en comunidades de Tantoyuca y Tempoal, fue provocada por el colapso de infraestructura vial y el desbordamiento de arroyos, tras las intensas lluvias asociadas al frente frío número 4. Sin embargo, estudiantes y algunos académicos sostienen que la falta de mantenimiento en caminos rurales y la ausencia de planes de protección civil fueron factores determinantes en la magnitud del desastre.

Desde temprana hora del lunes 14 de octubre, alumnos de las facultades de Sociología, Antropología, Derecho, Biología, Psicología y otras carreras instalaron mantas y bloquearon simbólicamente los accesos a instalaciones académicas en Xalapa, Poza Rica y Tuxpan. La protesta, definida como "paro activo", implica la suspensión de actividades administrativas y docentes, pero incluye foros, brigadas de apoyo y acopio para las comunidades afectadas.

En un pronunciamiento conjunto, leído frente al edificio de Rectoría en Xalapa, los representantes estudiantiles señalaron directamente a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) de Veracruz, así como a las autoridades municipales de la región Huasteca, por no haber atendido los reportes previos sobre el deterioro de puentes y caminos, aun cuando existían oficios y solicitudes ciudadanas documentadas desde hace más de un año.

“El desastre no fue causado únicamente por la lluvia; fue la negligencia institucional la que provocó que comunidades enteras quedaran aisladas, sin acceso a servicios médicos y, en casos extremos, sin posibilidad de evacuar a tiempo”, expresó Laura Méndez, vocera del colectivo universitario Raíz en Resistencia.

Según datos proporcionados por Protección Civil del estado, las lluvias torrenciales del viernes 11 de octubre causaron el colapso de al menos tres puentes rurales en Tempoal y Tantoyuca, además de múltiples deslaves que sepultaron viviendas improvisadas en laderas inestables. Hasta el momento, se han confirmado 17 personas fallecidas, entre ellas 5 menores de edad, y más de 40 personas desplazadas.

Organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Huasteca Tének han señalado que la falta de infraestructura adecuada y el abandono institucional de estas zonas –habitadas mayoritariamente por comunidades indígenas y campesinas– son elementos estructurales que explican la dimensión de la tragedia. A través de un comunicado, el organismo civil denunció que, pese a las alertas emitidas por pobladores desde el jueves 10 de octubre, las autoridades no evacuaron a tiempo ni activaron protocolos de emergencia.

El paro activo impulsado por los universitarios ha tenido amplia resonancia en redes sociales, donde circulan imágenes de aulas vacías y centros de acopio en distintas sedes de la UV. Además de exigir justicia para las víctimas, los estudiantes promueven una reflexión más amplia sobre la responsabilidad del Estado ante los desastres, y denuncian una política pública que —según ellos— ha marginado históricamente a las regiones indígenas del norte veracruzano.

“Nos enseñan en las aulas que la desigualdad no es casual. Hoy lo vemos con dolor: la tragedia es la expresión más brutal de una negligencia estructural”, declaró Mariana Téllez, estudiante de Sociología, en uno de los foros realizados como parte del paro.

El movimiento estudiantil mantiene su exigencia de diálogo con las autoridades estatales y federales, a la par que continúa recolectando víveres, medicamentos y materiales de primera necesidad para enviar a las zonas afectadas. Aunque no han fijado una fecha para levantar el paro, los organizadores adelantaron que se mantendrán en protesta hasta que haya una respuesta concreta y verificable por parte del gobierno.

La comunidad universitaria ha pedido también el acompañamiento de organismos de derechos humanos y expertos en gestión de riesgos para evaluar las condiciones estructurales de las comunidades en riesgo y prevenir nuevas tragedias.

Fortalecen Ayuntamiento y Notarios Públicos la cultura testamentaria

Xalapa, Ver.- Con el fin de impulsar la cultura testamentaria y evitar conflictos familiares y legales, integrantes del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz, instalaron un Módulo de Asesoramiento en el patio central de Palacio Municipal.

Al asistir al acto de instalación, el alcalde Alberto Islas Reyes agradeció la colaboración del cuerpo colegiado para trabajar en favor de las familias xalapeñas, ya que en este Módulo se brindará información sobre la campaña: “Septiembre, Mes del Testamento”, que se extendió durante todo octubre para que más personas puedan obtener descuentos importantes en la elaboración de testamentos.

El delegado de los Notarios de Xalapa adscritos al Colegio, Jorge Armando Lince de la Peña, invitó a la población a que acuda a este Módulo de Asesoramiento, en el que se brindará información sobre los trámites, requisitos y alcances legales de un testamento, así como los descuentos que se pueden obtener al participar en la campaña.

Destacó que un testamento tiene un costo promedio de 4 mil 500 pesos, pero en la campaña sólo tiene una cuota de mil 500 pesos para la población en general, y de mil 200 pesos para integrantes de las fuerzas armadas y personas adultas mayores de 65 años.

Detalló que realizar un testamento es fundamental, ya que se asegura el patrimonio familiar y decide libremente la forma en que se transmitirán los bienes después del fallecimiento de la persona.

Con ello, se evitan problemas legales, conflictos familiares y garantiza que la transmisión de los bienes no sea prolongada.

Expuso que todos los notarios de Xalapa estarán participando hasta el último día de octubre en la campaña “Septiembre, Mes del Testamento”.

Finalmente, invitó a la población a asistir al Módulo de Asesoramiento que estará en el patio central de Palacio Municipal esta semana en horario matutino.

Asistieron el regidor Carlos Ortega Murguía, así como el secretario del Ayuntamiento, Enrique Córdoba Del Valle y el notario Rafael de la Huerta.

¡PARO ACTIVO EN SOLIDARIDAD EN EL AREA DE ARTES DE LA UV!

La tragedia en la Zona Norte nos ha golpeado como comunidad universitaria. No podemos permanecer indiferentes mientras compañerxs pierden sus hogares y materiales de trabajo, y las clases continúan como si nada hubiera pasado.

📍 Unidad de Artes — Todas las carreras unidas

🗓 Miércoles 15: Paro activo

🗓 Jueves 16: Cierre total de la Unidad de Artes (7:00 am)

Porque la solidaridad también se practica.

#ParoActivo #UnidadDeArtes #UV #SolidaridadUniversitaria #EstudiantesOrganizados

El olvido post-temporal: Veracruz y la promesa rota de la ayuda tras la tormenta

Por Miguel Ángel Cristiani

Las imágenes que nos llegan del norte de Veracruz no requieren de subtítulos ni de análisis complejos: familias sumidas en el lodo, viviendas arrasadas, cultivos perdidos, y un clamor que se hace más urgente conforme las horas y los días pasan sin una respuesta concreta. El diluvio que, una vez más, arrasó con vidas y patrimonios en los municipios veracruzanos ha dejado al descubierto no solo la vulnerabilidad de las poblaciones ante fenómenos naturales, sino también la tremenda ineficacia del sistema de respuesta ante desastres que, lejos de mejorar, se diluye en un mar de promesas vacías. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién va a responder por los daños materiales, humanos y emocionales que esta catástrofe ha dejado atrás?

Es una realidad incuestionable que las lluvias y las avenidas de los ríos en las zonas afectadas han superado los límites de lo soportable, pero no podemos seguir cediendo ante la falacia de la "emergencia controlada" mientras las familias no tienen ni lo mínimo para sobrevivir. Porque lo que está ocurriendo no es solo una cuestión de meteorología, sino un fracaso institucional que lleva años gestándose. Las víctimas de esta tragedia no necesitan que se les diga que la naturaleza es impredecible, sino que necesitan respuestas urgentes, soluciones reales y recursos que les permitan reconstruir lo que perdieron, algo que hoy parece más una promesa política que una acción inmediata.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– se apresuran a atender el reclamo legítimo de los afectados, pero más allá de las visitas protocolarias y las declaraciones llenas de buenas intenciones, lo cierto es que la ayuda sigue siendo inalcanzable para aquellos que más la necesitan. ¿De qué sirve que los gobernantes asistan a las zonas devastadas si la población continúa sin lo básico? ¿De qué sirve el desgaste mediático cuando el apoyo no llega a donde se necesita? Y lo más alarmante: ¿qué sucede cuando el aparato estatal se convierte en una barrera, como ocurre con las fuerzas armadas que bloquean la entrada de ayuda humanitaria? Esta situación no es solo una irregularidad, es una grave violación a la ética y a la necesidad de los pueblos afectados.

La frase "no nos ha llegado ninguna ayuda" resuena en cada rincón de las zonas impactadas, como un eco de desesperación. Y aunque las organizaciones civiles están haciendo lo que pueden, sus esfuerzos son insuficientes ante la magnitud del desastre y, sobre todo, ante la falta de voluntad política para liberar los recursos y permitir que las ayudas lleguen con la celeridad que el caso exige. Lo que estamos presenciando es una crisis dentro de la crisis.

Esto nos lleva a una reflexión más profunda: la desaparición del FONDEN, ese Fondo Nacional de Desastres Naturales que en su momento fue un recurso vital para enfrentar situaciones como la que ahora estamos observando, no fue un simple cambio administrativo. Fue una decisión ideológica, una de las muchas tomadas bajo el pretexto de "optimizar" recursos y destinar más fondos a las grandes obras de infraestructura. Sin embargo, al eliminarlo, el gobierno federal dejó a las comunidades más vulnerables a su suerte, pues ahora, más que nunca, la falta de un mecanismo efectivo de apoyo ha quedado expuesta.

La justificación de que el FONDEN se utilizaba para "grandes obras" no solo es una falacia, sino una mentira disfrazada de eficiencia. Los recursos nunca fueron suficientes para atender a la totalidad de las víctimas, pero al menos existía un esquema de respuesta que, si bien imperfecto, garantizaba una acción más rápida. Hoy, esa promesa se ha diluido en una parálisis presupuestal que se traduce en desinterés y desdén por los afectados.

Este es un momento crucial para reflexionar sobre el verdadero rol del Estado: ¿Para qué existen los gobiernos si no es para proteger, para atender, para auxiliar a los más vulnerables en situaciones de emergencia? Las inundaciones, los huracanes y las tormentas siempre serán impredecibles, pero la respuesta de un gobierno no debe serlo. La ciudadanía no pide milagros ni soluciones inmediatas, pero sí acciones concretas, respaldadas por recursos, por leyes que no se manipulen según las necesidades del poder, y por una ética que garantice que, cuando el desastre golpee, el Estado no se convierta en una figura ausente.

La lección de esta tragedia, por lo tanto, no debe ser solo la de reconstruir lo que se ha perdido, sino también la de exigir una nueva política pública de gestión de desastres que no se limite a repartir discursos, sino a construir infraestructura, a gestionar recursos de manera transparente, y a garantizar que la ayuda llegue a donde más se necesita.

Para Veracruz y para todo el país, el clamor de los afectados debe ser una llamada de atención para las autoridades y para la sociedad en su conjunto: el tiempo de las promesas vacías ya pasó. La reconstrucción no solo debe ser física, sino también ética y política. Y la próxima vez que el desastre se asome, no debemos seguir esperando la respuesta que nunca llega.

Lleva Congreso ayuda humanitaria a damnificados del norte de Veracruz

• Encabezan las acciones el diputado Esteban Bautista Hernández y la legisladora Naomi Edith Gómez Santos.

• Durante 48 horas entregan directamente a las familias afectadas más de 25 toneladas de víveres.

Xalapa, Ver., 14 de octubre de 2025.- Ante la contingencia derivada de las fuertes lluvias registradas en el norte de la entidad y la urgencia de dar atención a las personas damnificadas, el Congreso del Estado agilizó las acciones, transportó e inició la entrega de más de 25 toneladas de víveres y artículos no perecederos en los municipios de Poza Rica, Cazones de Herrera y Álamo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Esteban Bautista Hernández, la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Naomi Edith Gómez Santos, legisladoras y legisladores partieron con dos camiones cargados con apoyos, cuya distribución directa entre las personas afectadas dio inicio durante la noche del lunes y la madrugada de este martes. Las primeras entregas se realizaron en la Casa de Cultura, la Casa del Migrante y en la colonia Morelos, en Poza Rica.

El legislador expresó su solidaridad y cercanía con las y los veracruzanos que han sufrido los estragos de las lluvias e informó que “son dos camiones con víveres y demás artículos de primera necesidad. Sabemos que ninguna cantidad es suficiente, que las demandas muchas veces nos rebasan, pero se trata de no quedarse en las palabras y en los buenos deseos, sino en actuar, sobre todo, en emergencias como ésta”.

Aclaró que “venimos personalmente a entregarlos y a ayudar en todo lo que sea necesario. Aquí es importante no politizar una desgracia. Mientras hay gente sufriendo, es inadmisible que haya quienes quieran sacar raja política de una situación tan lamentable que nos desafía y nos reta a todas y a todos a hacer a un lado las diferencias y unirnos porque nuestras hermanas y nuestros hermanos en desgracia nos necesitan”.

En ese sentido, Esteban Bautista Hernández reiteró la invitación a seguir realizando todas las aportaciones posibles en los centros de acopio como el instalado en el Palacio Legislativo, ubicado entre las avenidas Encanto y Lázaro Cárdenas, colonia El Mirador de esta ciudad, donde se continúa recibiendo la ayuda destinada a las zonas siniestradas.

Participaron en la entrega de apoyos las diputadas Liud Herrera Félix, Ingrid Jeny Calderón Domínguez, Laura Nayeli Mejía Larios, Ivonne Selene Durán López, Dorheny García Cayetano, Victoria Gutiérrez Pérez, Astrid Sánchez Moguel, Tania María Cruz Mejía, Dulce María Hernández Tepole, Estefanía Bastida Cuevas y Angélica Peña Martínez, así como los diputados Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, Diego Castañeda Aburto, Alejandro Porras Marín y Urbano Bautista Martínez.

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Reporta CNPC 29 fallecidos y 18 personas no localizadas en Veracruz por las lluvias

Xalapa, Ver., 13 de octubre de 2025.— Las intensas lluvias que azotan el estado de Veracruz desde hace varios días han dejado, hasta este lunes, un saldo preliminar de 29 personas fallecidas y 18 más en calidad de no localizadas, confirmó Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC). La funcionaria federal informó que los tres niveles de gobierno ya coordinan acciones para brindar atención a los afectados, especialmente en los municipios más golpeados por las inundaciones.

La información fue proporcionada durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional, donde Velázquez aseguró que se mantiene el despliegue operativo en la región norte del estado y se activaron los protocolos de emergencia en 40 municipios veracruzanos, de los cuales 22 presentan daños de consideración. Reiteró que las familias de las víctimas “no quedarán desamparadas”, y pidió a la población mantenerse en comunicación con las autoridades mediante la línea nacional 079 para reportar personas no localizadas.

Según la CNPC, los municipios con mayor afectación incluyen Espinal, Coyutla, Poza Rica, Cazones, Tihuatlán, Coatzintla, Álamo Temapache, Ixhuatlán de Madero, Benito Juárez, Tantoyuca, Tempoal, El Higo, Platón Sánchez, Chalma, Zontecomatlán, Ilamatlán, Texcatepec, Zacualpan, Huayacocotla, Tuxpan, Gutiérrez Zamora y Tecolutla.

En todos estos puntos se reportan desde deslaves y anegaciones hasta daños en infraestructura carretera, caída de árboles y postes, interrupción del suministro eléctrico, así como la pérdida de viviendas. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional han desplegado elementos para apoyar con tareas de rescate, reparto de víveres y habilitación de albergues temporales.

Velázquez Alzúa destacó que los equipos de Protección Civil federal continúan en las regiones de mayor impacto, principalmente Poza Rica y Álamo, donde se concentran los trabajos de búsqueda, rescate y entrega de ayuda humanitaria.

La presidenta Sheinbaum instruyó mantener comunicación permanente con el gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, y reiteró que la Federación respaldará todos los esfuerzos de atención y reconstrucción. Por su parte, la mandataria estatal ha sostenido reuniones con los alcaldes de las zonas afectadas y ha supervisado personalmente algunos de los puntos críticos.

El gobierno estatal habilitó centros de acopio en Xalapa, Poza Rica y Tuxpan, e hizo un llamado a la ciudadanía a contribuir con insumos de primera necesidad, como alimentos no perecederos, agua potable, ropa en buen estado, cobijas, productos de higiene y medicamentos.

Además de los 22 municipios prioritarios, la CNPC detalló que un total de 40 demarcaciones presentan afectaciones directas, incluyendo Tlalixcoyan, Tempoal, Zontecomatlán, Ilamatlán, Misantla, Tlachichilco, Naranjos Amatlán, Yecuatla, Coxquihui, Coahuitlán, Pueblo Viejo, Nautla, Omealca, San Rafael, Los Reyes y Xoxocotla.

En muchos de ellos, las lluvias rebasaron los niveles históricos registrados, lo que provocó el desbordamiento de ríos, cortes en las vialidades y pérdida de cosechas. Habitantes de las zonas rurales han sido evacuados preventivamente ante el riesgo de que continúen las precipitaciones en los próximos días.

La CNPC mantiene activa la alerta amarilla en gran parte del estado, mientras que las regiones de montaña y costa norte se encuentran en fase naranja debido a los pronósticos de nuevas tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que un sistema de baja presión en el Golfo de México podría intensificarse, lo que generaría más lluvias en las próximas 72 horas.

El gobierno federal exhortó a la población a no cruzar ríos crecidos, evitar transitar por caminos inundados y atender las indicaciones de Protección Civil y autoridades municipales. El apoyo de las fuerzas armadas también contempla la distribución de insumos básicos mediante el Plan DN-III-E.

Durante su intervención, Laura Velázquez subrayó la importancia de la colaboración ciudadana, tanto para reportar emergencias como para evitar la difusión de rumores o información no verificada. Aseguró que la CNPC dará seguimiento puntual a cada caso de persona no localizada y que se brindará acompañamiento psicológico y legal a los deudos.

Hasta el momento no se han precisado las identidades de las personas fallecidas ni se ha ofrecido un desglose por municipio, lo que ha generado incertidumbre en algunas comunidades. Organizaciones civiles han solicitado que se transparente el manejo de los recursos de emergencia y se garantice una distribución equitativa.

La tragedia en Veracruz deja al descubierto nuevamente la vulnerabilidad estructural de muchas regiones del país ante fenómenos meteorológicos, particularmente en zonas con alta marginación y débil infraestructura pública. La respuesta gubernamental ha sido inmediata en términos logísticos, pero será en los próximos días, conforme se actualicen las cifras y se profundice el diagnóstico, cuando podrá evaluarse el verdadero alcance de los daños.

El compromiso expresado desde Palacio Nacional es claro: “Nadie quedará desamparado”. El cumplimiento de esa promesa dependerá, como siempre, de la eficacia de las instituciones y de la vigilancia activa de la ciudadanía.

Así luce el centro de Tuxpan esta noche

 

Protección Civil del Gobierno de Tuxpan reitera el exhorto para que evacuen la zona centro cercana al río, partes bajas y próximas a esteros, arroyos y lagunas.

También se pide a la población no acercarse a las áreas inundadas.

Poza Rica amanece bajo el agua

Esta es la vista panorámica de la colonia Morelos y puente cazones I. 

Se recomienda seguir la indicación de Protección civil.

Rocío Nahle se fue de "volada" al norte del Estado por las inundaciones!!!

Xalapa, Ver. 09 octubre 2025.- Quien literalmente este jueves "se fue de volada" al norte del Estado para supervisar las inundaciones por las torrenciales lluvias de las últimas horas fue la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, quien tras concluir un evento con agentes navieros en el World Trade Center (WTC) de Boca del Río abordó un helicóptero de Protección Civil Estatal para desplazarse lo más rápido posible a las zonas afectadas y supervisar durante su trayecto las afectaciones desde el aire para enfocar la ayuda en donde más hacía falta en ese momento.

Una vez que aterrizó, Nahle García se desplazó hasta las zonas inundadas donde constató a ras de piso, cercana a la gente y con el agua hasta las rodillas, los pasos a seguir para apoyar a los ciudadanos afectados y supervisar los trabajos de rescate y rehabilitación en las zonas inundadas por el desborde de varios ríos y arroyos.

Afortunadamente a esta hora no hay fallecidos que lamentar, tan sólo daños materiales, casas inundadas y diferentes caminos cerrados por deslaves o socavones.

Por la tarde-noche Nahle seguía en el norte den estado supervisando el nivel de los cauces de los ríos y coordinándose con las diferentes instancias de los tres niveles de gobierno.

Encabeza Rocío Nahle atención a zonas afectas por las lluvias en el norte de Veracruz.

**Estamos coordinados atendiendo a nuestra gente que resultó afectada.

**Se prevé un nuevo temporal de lluvias en Veracruz en los próximos días.

**Por lo que se le pide a la población mantenerse al tanto del pronóstico y extremar precauciones.

La gobernadora Rocío Nahle García encabezó este jueves los trabajos de apoyo a las zonas afectadas por las intensas lluvias registradas en la zona norte de Veracruz.

La mandataria efectuó un recorrido aéreo por los municipios afectados por las intensas lluvias, con el propósito de constatar personalmente las condiciones de las comunidades impactadas, así como los avances en las acciones de auxilio y prevención.

Desde temprana hora, la mandataria estatal sobrevoló los municipios de Gutiérrez Zamora, Poza Rica y Coatzintla, donde se registran anegamientos por el aumento en los niveles de los ríos.

La atención y el apoyo a las familias damnificadas ha sido inmediata.

En sus redes sociales, la gobernadora Rocío Nahle informó que la población se encuentra a salvo y recibe atención inmediata, gracias al trabajo coordinado de los tres órdenes de gobierno.

“Estamos verificando que las familias afectadas tengan todo el apoyo necesario; lo más importante es atender a nuestra gente y garantizar su seguridad”, expresó la gobernadora, quien destacó la labor que realizan las secretarías de Protección Civil, Seguridad Pública, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, desplegadas en los municipios más afectados.

Nahle García precisó que en Álamo y Tantoyuca aún persisten zonas inundadas, mientras que el río Cazones presentó un ligero desbordamiento durante la madrugada. Por ello, se mantiene una vigilancia constante en toda la región norte, con puestos de mando instalados en Poza Rica, Álamo, Papantla y Huayacocotla, desde donde se coordinan las acciones de monitoreo, evacuación y rescate.

Asimismo, informó que el DIF Estatal acudirá este viernes a las comunidades afectadas para brindar apoyo directo a las familias, con víveres, atención médica y asistencia social.

Con la activación de los planes Tajín, DN-III-E y GN-A, la respuesta institucional se mantiene en alerta máxima. La presencia de Rocío Nahle en las zonas afectadas ratifica su compromiso con la población veracruzana, al supervisar de manera directa los esfuerzos de auxilio y garantizar que ningún veracruzano quede sin apoyo frente a la emergencia provocada por las lluvias.

Sin gente en albergues temporales

De acuerdo con la gobernadora, hasta ahora ninguna persona fue llevada a los albergues temporales de Poza Rica.

"Hoy esperemos que baje ya la lluvia, anoche esperábamos que estuviera fuerte en el norte porque es una vaguada que va hacia allá", explicó.

Desbordamiento del río Cazones

La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), en coordinación con la Secretaría de Protección Civil (SPC), amplió la suspensión de clases en 61 municipios del norte del estado. Entre ellos, Poza Rica. 

Las afectaciones en los municipios del norte de Veracruz son diversas. Mientras que las lluvias ocasionaron el incremento de niveles en algunos ríos y arroyos de respuesta rápida, en Poza Rica hubo un leve desbordamiento del río Cazones.

La cuenta pendiente de la transparencia

 

Por Miguel Ángel Cristiani

En Veracruz, la palabra rendición de cuentas ha sido tan usada y desgastada que ya casi nadie la toma en serio. Pero cuando se habla de un daño patrimonial por más de 2 mil 300 millones de pesos, detectado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) en municipios, dependencias estatales y organismos autónomos, la ironía se vuelve indignación.

No se trata de una cifra perdida en el aire. Es dinero público, dinero de todos. Y detrás de cada peso desviado hay una historia de escuelas inconclusas, calles intransitables y hospitales sin medicinas.

El problema no es nuevo. Lo nuevo —y lo preocupante— es que sigue ocurriendo con la misma impunidad con la que se han disfrazado los discursos sobre la “transformación” y la “honestidad valiente”. Los gobiernos cambian, los colores también, pero los vicios permanecen: opacidad, simulación y falta de sanciones reales.

Hoy el ORFIS, encabezado por Delia González Cobos, ha iniciado un proceso de revisión de cuentas públicas, auditorías y capacitación técnica. Se habla incluso de posibles denuncias penales ante irregularidades detectadas. Es un paso muy necesario, sí, pero insuficiente si no se traduce en resultados concretos. Porque la fiscalización sin consecuencias es apenas un ritual burocrático.

Cada año, el informe del ORFIS se convierte en una pasarela de discursos sobre la transparencia. Los diputados “analizan”, los alcaldes “defienden”, los auditores “revisan”, y al final, todo se diluye en la niebla de la burocracia. Las sanciones, cuando llegan, son anecdóticas; los responsables, rara vez pisan un tribunal. Mucho menos la cárcel. La ciudadanía, por su parte, asiste como espectadora resignada a una obra que conoce de memoria: la de la impunidad institucionalizada.

Pero hay un punto clave que no puede pasarse por alto: la importancia de contar con perfiles técnicos y éticos en los puestos encargados de vigilar y fiscalizar el uso de los recursos públicos. No se trata solo de “buenas intenciones”, sino de competencia profesional y moral. Sin servidores públicos capacitados, el sistema de fiscalización se convierte en una coladera donde lo ilegal se disfraza de “error administrativo”.

La corrupción no es solo un asunto de números, sino de valores. De nada sirve detectar daños millonarios si quienes deben sancionar forman parte del mismo entramado de complicidades. Veracruz ha sufrido por décadas una cadena de funcionarios complacientes y políticos cómplices que reducen la rendición de cuentas a una farsa.

Por eso, la formación técnica y ética que hoy impulsa el ORFIS debe ir más allá del curso de capacitación rutinario. Requiere una auténtica reforma institucional que blinde la fiscalización contra los intereses partidistas y las presiones del poder. No basta con enseñar cómo auditar; hay que enseñar a decir no. A no ceder ante el chantaje político, a no encubrir desvíos, a no justificar el saqueo.

La ética pública no se improvisa: se construye con reglas claras, con sanciones ejemplares y con funcionarios que sepan que su deber es con la ley, no con el jefe en turno.

El mayor antídoto contra la corrupción es la vigilancia ciudadana. Pero para ejercerla, el ciudadano necesita información accesible, veraz y oportuna. El ORFIS debe abrir sus datos, transparentar sus auditorías como ya lo está haciendo y permitir el escrutinio público. No hay justificación técnica para esconder lo que es de interés general.

Si el daño patrimonial asciende a más de 2 mil 300 millones, la sociedad tiene derecho a saber quiénes son los responsables, qué dependencias están involucradas y qué sanciones se aplicarán. No se trata de linchar, sino de exigir justicia.

Porque en Veracruz ya no basta con indignarse. Es hora de responsabilizar a los responsables. De dejar de premiar la incompetencia con impunidad.

El daño patrimonial no es solo una cifra: es el retrato de un sistema que se niega a cambiar. Y mientras los ciudadanos sigamos aceptando la corrupción como parte del paisaje, la cuenta pendiente seguirá creciendo.

Veracruz no necesita más discursos sobre transparencia; necesita decisiones firmes, sanciones ejemplares y ética pública en acción. Solo entonces podremos hablar, sin sarcasmo, de una verdadera rendición de cuentas.

Veracruz en la encrucijada: amparos pendientes, reformas y derechos en riesgo

 

Por Miguel Ángel Cristiani 

En Veracruz, los amparos no solo son trámites legales: representan esperanzas, retrasos y en muchos casos, silencios. Hoy la reforma a la Ley de Amparo, propuesta por el Senado, promete cambios sustanciales en figuras clave como el interés legítimo, los efectos de las suspensiones y la posible retroactividad en los procedimientos en curso.  

Juristas y abogados veracruzanos observan con preocupación. Por ejemplo, preocupa que estas modificaciones limiten la capacidad de ciudadanos y colectivos locales para impugnar actos de autoridad que consideran injustos, especialmente cuando ya hay procesos iniciados.  

El daño inmediato ya es palpable. Hay más de mil solicitudes de amparo en tribunales de Veracruz que permanecen sin resolverse por más de dos años, pese a que las normas internacionales y constitucionales marcan otros plazos razonables. Esto significa que quienes esperan justicia —ya sea para proteger derechos laborales, ambientales, universitarios o políticos— enfrentan no solo la lentitud, sino el riesgo de que su amparo sea regulado por la nueva ley en lugar de la vigente al momento de su inicio. Con la retroactividad, estos casos podrían verse afectados en términos de garantías procesales.  

Un caso concreto: la aspirante a la rectoría de la Universidad Veracruzana, Marisol Luna Leal, tramitó un amparo contra la prórroga otorgada al rector actual, alegando que no fue un proceso debidamente fundamentado o regulado por la normativa orgánica aplicable. Este amparo fue admitido, aunque la suspensión provisional del acto reclamado fue negada. Tal situación refleja cómo, aunque la vía legal existe, su eficacia depende de muchos factores —tiempos, interpretación judicial, y ahora, el marco legal que podría cambiar mientras el caso está en trámite. 

Otro ejemplo es la denuncia de la inejecución de amparo en el caso de Rogelio Franco Castán, quien ganó un amparo que declara inexistente el delito de retención de menores. A pesar del fallo, permanece bajo restricciones como el resguardo domiciliario.  

Si la reforma se aprueba tal como está, con retroactividad, podría generar casos en los que quienes ya tramitan amparo vean modificadas las reglas bajo las cuales acudieron a la justicia, lo cual bajo el principio constitucional de seguridad jurídica y no retroactividad podría generar litigiosidad adicional e incertidumbre. 

La justicia no debe llegar tarde, ni bajo leyes cambiadas a mitad del partido. Veracruz tiene casos reales, personas reales que han depositado confianza en el amparo como recurso de defensa, y cuyas expectativas podrían ser transformadas por reformas apresuradas. 

Si se legisla, debe hacerse con claridad: garantizando que los casos en curso respeten las reglas anteriores; asegurando que los derechos adquiridos no se vean menoscabados; dotando de recursos a los tribunales para evitar rezagos; y promoviendo que la ciudadanía participe, vigile y demande transparencia. 

Porque más que cambiar leyes, lo que Veracruz necesita es que los derechos se sostengan, y que la esperanza no muera en espera de una sentencia.