Por Miguel Ángel Cristiani G
Hay fiestas que entretienen y hay fiestas que
retratan a una sociedad. El Carnaval de Veracruz pertenece, sin discusión, a la
segunda categoría: es termómetro social, válvula de escape colectiva y, al
mismo tiempo, escenario político donde el poder —quiera o no— queda exhibido.
Este martes 10 de febrero, con la tradicional Quema del Mal Humor en el Zócalo,
inicia la mayor fiesta popular del estado y concluye el día 18 con el Entierro
de Juan Carnaval en la Macroplaza del Malecón. Ocho días que parecen solo
jolgorio, pero que dicen mucho más de lo que aparentan.
No exagero: en ningún otro rincón de Veracruz se
vive una alegría tan orgánica, tan profundamente arraigada en la identidad
colectiva. No es solo el puerto; son los veracruzanos de otras ciudades, de
otros municipios, incluso de otros estados, los que regresan —como quien vuelve
a casa— para reafirmar que la fiesta sigue siendo del pueblo y no del
presupuesto. El Carnaval, a diferencia de muchos eventos oficiales, no se
decreta: se hereda.
Este año, además, el Carnaval tiene un componente
político inevitable. Es el primer gran evento que organiza la nueva presidenta
municipal de Veracruz, la maestra Rosa María Hernández Espejo. Y conviene
decirlo con claridad: llega con una ventaja que pocos reconocen y muchos
omiten. Desde antes de rendir protesta el 31 de diciembre, ya estaba trabajando
en la planeación de esta fiesta. No improvisó. Entendió que el Carnaval no
admite ocurrencias de último momento ni protagonismos estériles.
Hay decisiones que merecen subrayarse. La primera:
el programa artístico. Conciertos y coronaciones que buscan equilibrar
tradición y atractivo popular, sin caer —hasta ahora— en el despilfarro obsceno
que en otros tiempos se confundió con “espectáculo”. La segunda: el regreso a
las fechas originales. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. El
calendario del Carnaval no es capricho; responde a una lógica cultural y social
que fue violentada en administraciones anteriores por razones más políticas que
culturales. Corregir eso es respetar la memoria colectiva.
Y un tercer punto, nada despreciable en tiempos de
inflación y bolsillos flacos: el costo de cuarenta pesos en las gradas para
apreciar los desfiles. Es una decisión que, aunque modesta, manda un mensaje
claro: la fiesta debe ser accesible. El Carnaval no es una zona VIP permanente
ni un negocio disfrazado de tradición. Es, o debería ser, un derecho cultural.
Ahora bien, no todo es aplauso fácil ni sonrisa de
comparsa. El Carnaval también pone a prueba a las autoridades en temas
incómodos: seguridad, servicios públicos, movilidad, comercio informal y manejo
responsable de recursos. La alegría no exime de la obligación. Al contrario, la
multiplica. Porque cuando la ciudad se llena, cuando llegan miles de
visitantes, cualquier error se amplifica y cualquier acierto también.
Aquí es donde el análisis debe ser honesto.
Veracruz arrastra problemas estructurales que no se resuelven con confeti:
desigualdad, rezago urbano, desconfianza ciudadana y una larga historia de
gobiernos que usaron la fiesta como anestesia social. El reto de la actual
administración es demostrar que el Carnaval puede ser celebración sin ser
simulación; tradición sin ser pretexto; alegría sin ser cortina de humo.
La Quema del Mal Humor, ese ritual simbólico con el
que arranca la fiesta, tiene una carga política más profunda de lo que muchos
aceptan. Quemar lo que nos duele, lo que nos indigna, lo que nos harta, es un
acto catártico, sí, pero también una advertencia: el mal humor regresa cuando
el poder traiciona. Y la memoria social del veracruzano es más larga de lo que
creen algunos funcionarios de paso.
El Carnaval de Veracruz es, en esencia, una lección
democrática: la calle llena, el pueblo visible, la autoridad observada. No hay
discurso que sustituya eso. La presidenta municipal tiene frente a sí una
oportunidad y una responsabilidad. Si entiende que la fiesta no es suya, sino
de la gente, habrá dado el primer paso correcto. Si cree que el Carnaval es
solo un escaparate político, el juicio llegará —como siempre— después de que se
apaguen las luces.
Porque al final, cuando Juan Carnaval sea enterrado
y el Malecón vuelva a la rutina, quedará una pregunta incómoda flotando en el
aire salado del puerto: ¿fue una fiesta para el pueblo o un ensayo más del
poder para aprender a sonreír mientras gobierna?
