DE PRIMERA MANO
En 1997, el 18 de
marzo hace 29 años, académicos de la Universidad Veracruzana conformaron la Asociación Civil Teocalli para
poder adquirir un terreno de 13 mil 580 metros cuadrados (casi las 1.5
hectáreas), en lo que hoy es la calle Agustín Lara, de la colonia Badillo,
pegadito Las Ánimas, en Xalapa.
Desde ese mismo año, el entonces
propietario inicial y a quien se le compró el predio, Héctor Frutis Montes
de Oca, por diferencias con su comprador Rafael Hakim Aburto (quien
a su vez vendió el terreno a Tecoalli), “ordenó” la invasión del predio que él
mismo había vendido.
Desde entonces, esta asociación de los
hoy jubilados, adultos mayores todos (incluso varios de sus integrantes
originales han fallecido) no han visto la suya para poder tomar posesión y
construir sus viviendas, que son su patrimonio, ya en el invierno de sus vidas.
El proceso legal, por razones desde
entonces incomprensibles, los han llevado por caminos misteriosos que han
colocado a estos jubilados a tener la propiedad, legal pero no la posesión (el
terreno fue invadido). Así de complicado e incomprensible como lo está usted
leyendo.
Quienes hoy tienen invadido este terreno
tienen la ventaja de la corrupción que existe, en distintos ámbitos, pero sobre
todo, señalan al Poder Judicial de Veracruz.
Los afectados señalan a Julio Castro
como el directamente responsable de todo este embrollo legal y de estar
operando en notarías y en el Tribunal Superior de Justicia y quien tiene
invadido el terreno en cuestión.
Explican que han tenido varios abogados,
pero todos los han engañado; sin embargo llama poderosamnte la atención el
penúltimo despacho que los representó, cuya titular fue magistrada del Tribunal
Superior de Justicia y cuya identidad piden se conserve en reserva, por temor -justificado-
a represalias.
Sin embargo, bajo la batuta de esta
persona y aprovechando sus nexos y conocimiento desde adentro en el TSJ,
mediante engaños, chicanadas y tácticas dilatorias, los jubilados fueron
guiados directamente al que ella buscaba fuera un camino sin retorno al
despeñadero.
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Estas tácticas dilatorias llegaron a tal
grado, que los jubilados no “pudieron ser” notificados de una acción legal en
su contra, que los tiene hoy en un impasse grave, pues bajo el argumento
y a pesar de que su domicilio es ampliamente conocido, nunca les avisaron, ni
siquiera a través de su asesoría legal, la ex magistrada en cuestión.
Por esta causa fueron declarados “en
rebeldía” y perdieron un juicio que seguramente ganarían, sin poderse defender.
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Hoy en día piden la intervención de la gobernadora Rocío
Nahle y del secretario de Gobierno Ricardo Ahued, pues el compromiso
que han mostrado contra el Cartel Inmobiliario, los mueve a pensar que ellos
mismos pueden ser apoyados por las más altas autoridades de la entidad, que se
han manifestado contra estas injusticias, sobre todo en tratándose de
catedráticos universitarios que perdieron su patrimonio, que actualmente
alcanza un valor comercial superior a los 60 millones de pesos.
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Teocalli AC, de profes jubilados, adultos mayores,
tienen la escritura, legal por supuestom que los avala como los legítimos
propietarios del predio de la calle Agustín Lara.
Esta es la razón por la que es realmente
incomprensible que las autoridades judiciales no fallen en su favor.
El llamado que hacen ellos también es
dirigido a la magistrada presidenta del TSJ, Rosalba Hernández,
proveniente de la cultura del esfuerzo, que sabe lo que se sufre para ganar un
salario e ir construyendo un patrimonio familiar y se sensibilice con ellos
para identificar y actuar conta esos malos servidores públicos que han ido edificando
esta farsa faraónica.
Ya hay nombres y apellidos en todo esto
y sería un buen principio actuar en consecuencia.
Pero también está este grupo de
jubilados que han creído y siguen creyendo en las instituciones de Veracruz,
para que se les haga justicia.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
