IMPRONTA
Diego Rivera Navarro,
alcalde morenista de Tequila, fue detenido en la Operación Enjambre, acusado de
encabezar desde el ayuntamiento una red de extorsión y corrupción contra
empresas tequileras y cerveceras, con presuntos vínculos al CJNG.
El golpe es doble para
Morena: refuerza la narrativa de “narcopolítica municipal” asociada a sus
cuadros locales y exhibe que la infiltración criminal no es un problema de
partidos anteriores, sino vigente bajo su gobierno.
En términos de percepción,
esto alimenta la idea de que Morena no ha sido capaz de blindar sus
candidaturas y gobiernos locales de la cooptación criminal, justo cuando el
discurso oficial prometía “limpiar” la vida pública de estas prácticas.
El video del presidente de
la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, mientras dos colaboradores le limpian los zapatos
en un acto oficial, se viralizó y fue interpretado como gesto de prepotencia,
elitismo y cultura cortesana, pese a sus disculpas posteriores.
Aunque el Poder Judicial
tiene autonomía, políticamente se asocia a la reforma impulsada por Morena y la
4T; por eso, escenas de servilismo y privilegios contradicen el discurso de “justicia
cercana, austera y del pueblo” con el que se justificó la reconfiguración del
tribunal.
El costo para Morena está en
la coherencia: si el emblema de la nueva Corte luce prácticas de viejo régimen,
se debilita la narrativa de que la reforma judicial significó una ruptura ética
y no sólo un reacomodo de cuotas de poder.
En Campeche, la crisis entre
el Congreso local y la gobernadora Layda Sansores ha escalado hacia acusaciones
públicas de autoritarismo, persecución a críticos, uso de procesos judiciales
para castigar disidencias, y un estilo de gobierno descrito como de control
político y represalias, que ha provocado incluso una fractura interna al
interior de Morena.
Ese patrón incluye
conflictos con medios, opositores y hasta con figuras de su propio partido, lo
que proyecta la imagen de una mandataria que rompe puentes y gobierna más desde
la amenaza que desde el consenso.
Para Morena, Campeche se
convierte en un caso de estudio negativo: un gobierno propio que ilustra lo que
sus adversarios llaman “autoritarismo guinda”, útil para que la oposición
argumente que, donde Morena concentra poder, suben los abusos y cae la calidad
democrática.
Marina del Pilar Ávila,
gobernadora de Baja California, arrastra señalamientos de presunta
narcopolítica y vínculos con el crimen organizado, centrados en las
investigaciones contra su exesposo, Carlos Torres, por integrar una red de
tráfico de armas, dinero y drogas ligada a Los Rusos, célula del Cártel de
Sinaloa, y en versiones de indagatorias de Estados Unidos por lavado de dinero.
A ello se suman acusaciones
previas de presuntos acercamientos con el CJNG, así como amenazas y narcomantas
donde grupos criminales la señalan y la colocan en el centro de disputas
territoriales; aunque varias imputaciones no han derivado en sentencias firmes,
el desgaste de imagen es profundo.
El efecto para Morena es que
la frontera norte, clave por T-MEC y violencia, se asocia a gobiernos con
sospechas graves de connivencia o incapacidad para contener al crimen,
debilitando la credibilidad del proyecto de seguridad de la 4T a nivel
nacional.
En el plano electoral, estos
casos refuerzan la narrativa de que Morena se ha convertido en un “nuevo PRI”:
alcalde ligado a extorsión y cártel, gobernadoras acusadas de autoritarismo y
narcopolítica, y una cúpula judicial afín con símbolos de privilegio, todo lo
cual mina la promesa de cambio ético.
En la gobernabilidad
interna, exhiben fisuras entre grupos morenistas (como en Campeche) y tensiones
entre discurso y práctica, lo que puede traducirse en menor disciplina
partidista y más costo para la dirigencia nacional al defender casos
indefendibles.
En términos de opinión
pública, lo que se erosiona no es sólo la imagen de actores individuales, sino
la idea de que Morena mantiene una “superioridad moral” sobre sus adversarios;
cada nuevo escándalo hace más verosímil para la ciudadanía que la corrupción,
el abuso y la cercanía con el crimen son problemas sistémicos del poder,
incluso cuando ese poder se ejerce en nombre de la transformación
