Por Miguel Ángel Cristiani G
¿Autonomía universitaria o patente de corso? La
pregunta no es retórica ni malintencionada: es obligada cuando la continuidad
de Martín Aguilar Sánchez queda jurídicamente blindada, mientras los
señalamientos financieros siguen esperando respuesta. La reciente resolución
del Primer Tribunal Colegiado cerró la puerta del amparo contra la
prórroga del rector en la Universidad Veracruzana, pero abrió —o debería
abrir— otra discusión más incómoda: la de la rendición de cuentas y el uso de
recursos públicos.
Los hechos son claros. El tribunal desechó el
último recurso promovido por Carlos Welsh Rodríguez al considerar que la
prórroga rectoral no es impugnable por la vía del amparo, pues emana del
ejercicio de la autonomía universitaria y de las atribuciones de la Junta de
Gobierno. Jurídicamente, el capítulo está cerrado. Políticamente y
éticamente, no. Porque una cosa es que la ley procesal no alcance para revertir
una decisión interna y otra, muy distinta, es confundir autonomía con
impunidad.
Conviene recordar —con serenidad y memoria
histórica— que la autonomía universitaria no es un privilegio personal ni un
escudo para administraciones opacas. Es una conquista social destinada a
proteger la libertad académica, el pensamiento crítico y la gobernanza
colegiada. No fue diseñada para silenciar preguntas incómodas ni para pasar por
alto observaciones de los órganos fiscalizadores. En ese punto, la discusión se
desplaza del terreno judicial al cívico: ¿quién explica y quién responde?
Porque mientras el rector queda firme en el cargo,
permanece sin aclararse un señalamiento de la Auditoría Superior de la
Federación por más de cuatro millones de pesos observados en gastos de
gasolina. No se trata de una anécdota contable ni de una minucia
administrativa. Es dinero público. Es recurso que sale del erario y que, por
definición, exige comprobación, transparencia y explicación puntual. La ASF no
opina: observa, documenta y requiere solventación.
Aquí es donde la narrativa oficial se queda corta.
Se ha repetido hasta el cansancio que “la vía legal está agotada” y que “los
tribunales avalaron la decisión”. Cierto. Pero ninguna sentencia judicial
exonera de la obligación de aclarar observaciones financieras. Ningún fallo
sustituye la responsabilidad administrativa. Y ninguna autonomía cancela el
deber de rendir cuentas. Confundir esos planos es un error —o una estrategia—
que empobrece el debate público.
El problema de fondo no es sólo un rector
prorrogado; es un modelo de gobernanza que parece sentirse cómodo en la
opacidad. La Junta de Gobierno ejerció sus facultades, sí, pero también tiene
la responsabilidad de velar por la integridad institucional. El silencio frente
a observaciones de la ASF no fortalece a la universidad; la debilita. La
percepción pública importa, y mucho, cuando se administra una institución que
forma generaciones y maneja presupuestos millonarios.
Desde una perspectiva política más amplia, el caso
de la Universidad Veracruzana es un espejo de una práctica recurrente en el
país: blindar decisiones con tecnicismos legales mientras se pospone —o se
elude— la explicación de fondo. Se gana en tribunales, pero se pierde en
legitimidad. Y sin legitimidad, la autoridad se vuelve frágil, por más
prórrogas que tenga.
No se trata de linchar ni de difamar. Se trata de
exigir claridad. ¿Dónde están las facturas? ¿Cómo se justifican los gastos
observados? ¿Quién autorizó, quién supervisó y quién responde? Son preguntas
elementales en cualquier administración pública responsable. El rector y su
equipo tienen la palabra. Callar no es prudencia; es desdén por la inteligencia
de la comunidad universitaria y de la sociedad que financia a la institución.
La Universidad Veracruzana merece algo mejor que un
rector jurídicamente intocable pero políticamente cuestionado. Merece
autoridades que entiendan que la autonomía no se defiende con silencios, sino
con transparencia; no con blindajes legales, sino con cuentas claras. Porque al
final, la verdadera fortaleza institucional no se mide en sentencias
favorables, sino en la confianza que se es capaz de sostener.
Un rector puede estar blindado por los tribunales,
pero jamás debería estarlo frente a la verdad ni frente al dinero público.
