Por Miguel Ángel Cristiani G
¿De verdad alguien cree que casi dos mil millones
de pesos pueden evaporarse sin responsables y sin consecuencias, solo porque el
poder así lo desea? En Veracruz, esa parece ser la apuesta: que el escándalo se
desgaste, que la cifra se diluya y que la memoria colectiva haga lo que la
justicia no ha querido hacer.
El señalamiento es grave y no admite matices. La
Auditoría Superior de la Federación detectó un presunto daño a la Hacienda
Pública Federal por mil 896 millones 723 mil pesos correspondientes a la
Cuenta Pública 2024 del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. No es una
cifra menor ni un error administrativo. Es, en términos llanos, un boquete
financiero de proporciones obscenas en un estado marcado por la pobreza, la
violencia y la precariedad de los servicios públicos.
Por eso resulta pertinente —y necesario— el reclamo
público del dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Luis
Carbonell de la Hoz, quien exigió que las autoridades federales y estatales
no se conviertan en cómplices por omisión. Su advertencia no es estridente: es
lógica. Cuando la ley no alcanza a los poderosos, deja de ser ley y se
convierte en simulación.
Los datos no provienen de rumores ni de adversarios
políticos: emanan de la Auditoría Superior de la Federación, el máximo
órgano fiscalizador del país. Y los hallazgos son tan detallados como
indignantes. Solo en la Secretaría de Seguridad Pública, bajo el mando del
capitán Cuauhtémoc Zúñiga, se detectó un gasto superior a 414.8 millones de
pesos en alimentos “gourmet” —arrachera, salmón y otros lujos—
supuestamente destinados a centros penitenciarios. En un estado donde los
penales padecen hacinamiento, violencia y carencias elementales, el dato no es
solo irregular: es insultante.
Pero si la seguridad indigna, la salud avergüenza.
El mayor quebranto financiero se concentra en los Servicios de Salud de
Veracruz, con mil 78 millones de pesos aún por aclarar. Recursos
federales destinados a salvar vidas, no a perderse en laberintos
administrativos ni en cuentas bancarias paralelas. La auditoría habla de
mezclas indebidas de financiamiento, contratos sin soporte documental, posibles
empresas fantasma y pagos por bienes y servicios que nadie puede acreditar que
existieron.
Aquí conviene separar hechos de juicios. El hecho
es que existen observaciones formales, documentadas y cuantificadas. El juicio
—legítimo— es preguntarse por qué, frente a estos señalamientos, no se observa
una respuesta institucional contundente. ¿Dónde están las investigaciones
penales? ¿Dónde las inhabilitaciones? ¿Dónde la rendición de cuentas? El
silencio oficial no es prudencia jurídica: es una señal política.
La historia reciente de Veracruz explica el
escepticismo ciudadano. Demasiados escándalos han terminado en el archivo
muerto; demasiados exfuncionarios han cambiado el banquillo por el fuero del
olvido. Cada vez que se protege a un exgobernador bajo el argumento de la
“estabilidad”, se envía un mensaje devastador: robar desde el poder sale barato
si se pertenece al grupo correcto.
La exigencia no es venganza ni linchamiento
mediático. Es cumplimiento de la ley. Que se investigue, que se aclare y, si
hay responsabilidades, que se sancione. Así de simple y así de complejo. La
democracia no se mide solo en elecciones, sino en la capacidad del Estado para
aplicar la justicia sin mirar colores partidistas.
Veracruz no necesita más discursos ni cortinas de
humo. Necesita instituciones que funcionen y autoridades que entiendan que el
dinero público no es botín de salida ni herencia política. Como bien advirtió
Movimiento Ciudadano, la salud y el patrimonio de los veracruzanos no pueden
ser moneda de cambio para proteger a nadie.
Porque cuando casi dos mil millones de pesos
desaparecen y el poder guarda silencio, no estamos ante un error contable:
estamos frente a una traición pública que exige justicia, no complicidad.
La verdadera auditoría pendiente no es financiera,
es moral: o se castiga la corrupción o se normaliza el saqueo.
