IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
La declaración de Clara Brugada se puede leer como un intento político de controlar el clima de opinión sobre la seguridad, pero sugiere un riesgo de presión indirecta a la prensa, sobre todo en un contexto de violencia alta y de un atentado directo contra dos de sus principales colaboradores.
En conferencia planteó que “sería muy bueno un gran acuerdo con todos los medios de comunicación que le bajáramos a la nota roja”, vinculando la cobertura de hechos violentos con la percepción de inseguridad.
Ante la crítica pública, al día siguiente negó haber pedido un “pacto de silencio” y afirmó: “ni pacto de silencio ni censura”, diciendo que se tergiversaron sus palabras y que sólo proponía un diálogo sobre la función social y la ética del periodismo.
El problema es que cuando el llamado a “bajarle” a la nota roja proviene de la máxima autoridad de seguridad de la ciudad, suena menos a reflexión académica y más a una invitación política a moderar la cobertura de la violencia, algo que muchos periodistas leen como una forma de presión simbólica.
La libertad de expresión y “pacto de silencio” protege no sólo frente a la censura formal (leyes, clausuras, sanciones), sino también frente a prácticas de inhibición indirecta, como estigmatizar ciertos contenidos o sugerir que son “irresponsables” o “dañinos” cuando se refieren a hechos reales de interés público.
Pedir un “gran acuerdo” para reducir la nota roja, desde una posición de poder, puede interpretarse como una forma de censura blanda: no prohíbe legalmente, pero crea un ambiente de expectativa y presión para que los medios se autocensuren en temas de violencia.
Cuando un gobierno sostiene que la prensa “exagera” la violencia o “desinforma” por cubrir asesinatos y extorsiones, aun sin cambiar ninguna ley, manda una señal política de que ese tipo de periodismo es indeseable, lo que puede derivar en menor cobertura o en ajustes editoriales por temor a confrontaciones o represalias.
En el contexto de violencia en CDMX y caso de sus colaboradores asesinados la Jefa de Gobierno Clara Brugada argumenta que los delitos de alto impacto y los homicidios han disminuido, y que la percepción no acompaña esas cifras, atribuyendo parte de esa brecha a la cobertura mediática.
Sin embargo, datos recientes muestran que la Ciudad de México mantiene niveles relevantes de crimen, con alta concentración de delitos en alcaldías como Cuauhtémoc e Iztapalapa; en 2024 hubo una reducción de homicidios respecto al año previo, pero sigue siendo uno de los problemas centrales de la capital.
En este contexto, el asesinato directo de su secretaria particular y su coordinador de asesores, emboscados en una camioneta por sujetos en motocicleta, evidenció un ataque de alto perfil contra su círculo más cercano, que llevó incluso a la detención de 13 presuntos involucrados pero sin esclarecer aún autores intelectuales y móvil y que frente a hechos tan graves y visibles, la Jefa de Gobierno pida “bajarle” a la nota roja genera la impresión de que el objetivo no es tanto reducir la violencia como administrar su visibilidad pública.
La lectura política y riesgos democráticos en términos de gobernanza, la declaración puede leerse como un intento de alinear el relato mediático de la seguridad con la narrativa oficial de reducción de delitos, en lugar de asumir la cobertura crítica como un insumo incómodo pero necesario para rendición de cuentas.
Desde la perspectiva de derechos, la línea roja se cruza cuando el discurso oficial pretende delegitimar sistemáticamente la cobertura de violencia (criminalizándola como “morbosa” o “mentirosa”), porque eso abre la puerta a justificar restricciones normativas futuras o a tolerar agresiones contra periodistas.
En consideración de lo anterior, muchos analistas interpretan este episodio no como un simple malentendido, sino como un síntoma de una cultura política que busca controlar la agenda informativa: reducir el espacio de la crítica sobre seguridad, justo cuando la ciudad enfrenta homicidios de alto impacto y ataques contra figuras cercanas al gobierno.
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*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.
