IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
Las salidas y frenos de expansión de gasolineras estadounidenses en México responden sobre todo a un entorno regulatorio y de mercado cada vez más hostil para el capital privado, donde el huachicol fiscal, el giro pro Pemex, la inseguridad y la incertidumbre jurídica se combinan para erosionar la rentabilidad y el perfil de riesgo país.
Entre las razones principales para que salgan o dejen de crecer se encuentran empresas como Shell, Total, Gulf, BP, Repsol, Chevron, entre otras han decidido vender sus redes de estaciones a grupos locales (por ejemplo, Iconn/Petro 7) argumentando “crecientes desafíos” regulatorios, dificultad para obtener permisos de importación y un entorno claramente inclinado a favor de Pemex.Gulf habría prometido invertir 400 millones de dólares en terminales de almacenamiento y 2 mil estaciones de gasolina en tres años.
La reversión de la apertura derivada de la reforma energética (restricción de permisos, inspecciones discrecionales, reglas cambiantes para terminales privadas) limita la posibilidad de importar combustible y operar cadenas integradas, lo que mata la lógica de negocio para muchos jugadores extranjeros.
El gobierno ha utilizado decretos para suspender o restringir importaciones de decenas de productos petrolíferos, argumentando combate al contrabando y al huachicol fiscal, pero afectando a empresas formales que dependen de esas importaciones.
El huachicol fiscal es el contrabando técnico de combustibles: se importan como si fueran otros productos (para no pagar IEPS y otros impuestos) y se venden en el mercado interno a precios imposibles de igualar para quien cumple la ley.
Investigaciones recientes estiman que redes de huachicol fiscal, involucrando empresas y funcionarios, han costado cientos de miles de millones de pesos al fisco y pueden representar hasta cerca de 30% de la demanda de gasolinas y diésel en México.
Para las gasolineras formales de capital estadounidense, competir contra combustible de origen ilícito o subfacturado implica márgenes más bajos, riesgo reputacional y la percepción de que no hay “piso parejo”, lo que acelera decisiones de desinversión o venta de activos.
Un operador que importa gasolina pagando plenamente IEPS, IVA y aranceles no puede igualar precios de quien introduce combustible “disfrazado” de otro producto y evade la mayor parte de esa carga fiscal.
El creciente apoyo del gobierno a Pemex en la política energética reciente busca que Pemex recupere participación en refinación y venta de combustibles; esto se ha traducido en facilitarle permisos, permitirle operar con menos restricciones antimonopolio y usar su infraestructura como cuello de botella para privados.
Medidas como limitar importaciones privadas “para proteger la seguridad energética” y privilegiar a Pemex como proveedor mayorista encarecen o vuelven inviables los proyectos de cadenas integradas de marcas estadounidenses que habían planeado traer su propio producto y a pesar de la falta de capacidad de Pemex de abastecer la demanda del mercado nacional.
En los hechos, el mensaje para el capital extranjero es que, si quiere quedarse, debe resignarse a comprarle a Pemex y operar en condiciones poco claras, algo que choca con los modelos corporativos de control de calidad, suministros y cumplimiento normativo de muchas firmas de Estados Unidos.
A la presión regulatoria se suma el riesgo de inseguridad: robo a transportes de combustible, extorsión a estaciones, presencia de crimen organizado en cadenas logísticas, lo que encarece seguros y obliga a gastos adicionales en seguridad privada.
Casos de redes delictivas de huachicol fiscal que involucran homicidios, desapariciones y complicidades institucionales refuerzan la percepción de que el Estado no controla del todo el mercado de combustibles.
La incertidumbre jurídica se ha agudizado con reformas y decretos impugnados, cambios en reguladores y mensajes políticos que priorizan la “soberanía energética” sobre la certidumbre para la inversión; diversos análisis señalan que este entorno ha deteriorado la calificación de México como destino de inversión.
Ante este conjunto de factores, los corporativos estadounidenses están reprocesando sus planes de inversión futura, el retorno esperado baja (por competencia desleal y preferencia a Pemex) mientras el riesgo sube (inseguridad, cambios de reglas, tensión con Estados Unidos y negociaciones del TMEC), haciendo más atractivo colocar capital en otros mercados.
La presión política desde Estados Unidos (incluidas amenazas de usar energía como palanca en la revisión del USMCA) lleva a algunas empresas a evaluar que mantener apuestas grandes en un mercado donde el gobierno favorece a la empresa estatal puede generar conflictos con sus propios reguladores y accionistas.
Por todo lo anterior, muchas optan por vender activos a operadores locales, limitarse a cumplir contratos vigentes o simplemente dejar de expandir su red, esperando un entorno más predecible antes de comprometer nuevas inversiones en México.
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*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.
