IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
El balance de la gestión de Layda Sansores como Gobernadora surgida de Morena en Campeche es mayoritariamente negativo, en términos de resultados percibidos y clima político: enfrenta deterioro en seguridad y economía, conflictos con la prensa y su propio partido, y se ubica de forma sostenida entre los gobernadores peor evaluados del país.
Distintos rankings nacionales (Mitofsky, C&E, SRC, en ejercicios replicados en medios locales) la ubican recurrentemente entre los últimos lugares de aprobación, con niveles en torno a 37 42% y posiciones del 27 al 30 de 32 gobernadores, es decir, en el “pelotón de cola”.
Esta mala evaluación no es un dato aislado, pues encuestas sucesivas muestran una tendencia persistente de rechazo o desaprobación mayoritaria al desempeño de su gobierno.
La percepción de inseguridad en Campeche ha aumentado de forma notable durante su mandato: datos de la ENSU muestran que la población que se siente insegura pasó de niveles cercanos a 38–50% a cifras superiores a 55–69% en pocos años, colocándose por encima de la media nacional.
Paralelamente, investigaciones periodísticas documentan alzas fuertes en delitos como narcomenudeo (crecimientos de tres dígitos), extorsión y un incremento en homicidios dolosos entre 2021 y 2024, lo que alimenta la sensación de pérdida de control en seguridad pública.
El estado arrastra una trayectoria económica complicada, pero bajo Sansores analistas locales subrayan una continuidad del estancamiento: Campeche se mantiene en los últimos lugares en actividad económica y enfrenta recortes significativos en participaciones e inversión federal, lo que limita la capacidad de reacción del gobierno.
Esta combinación de bajo crecimiento, dependencia de Pemex y problemas de finanzas estatales refuerza la percepción de que la administración no ha logrado articular una estrategia clara de reactivación económica y en consecuencia que reactive el empleo, ni tampoco ha podido blindar al estado frente a choques externos.
Su estilo confrontativo la ha llevado a choques frecuentes con periodistas y medios locales, acusados por ella de campañas en su contra, lo que ha generado denuncias de uso del poder para desacreditar o presionar a la prensa crítica.
Más recientemente, el conflicto escaló dentro de Morena: policías ministeriales intentaron detener al presidente del Congreso y coordinador de la bancada morenista, José Antonio Jiménez, tras diferencias por el control de la Mesa Directiva y la solicitud de la Gobernadora para autorizar un crédito de mil millones de pesos, hecho leído como intento de intervención del Ejecutivo en el Legislativo.
En consecuencia Diputados de Morena han anunciado la ruptura política con la gobernadora, acusando a su gobierno de “represor” e intentar imponer decisiones sin diálogo, lo que exhibe una fractura interna que debilita su capacidad de gobernar y agrava su mala imagen pública.
En suma, el balance que se refleja en encuestas e indicadores es el de una gestión con resultados cuestionados en seguridad y economía, elevada conflictividad política (incluida dentro de Morena) y una aprobación que la coloca, de manera consistente, en la parte más baja del ranking nacional de gobernadores, muy cerca del último lugar.
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*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.
