IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
El anuncio de la inversión por 5.6 billones de pesos en cinco años es un mensaje fuerte de apuesta por el nearshoring y la infraestructura, pero su capacidad real de atraer capital dependerá de si el gobierno logra compensar, con reglas claras, la desconfianza que genera la reforma judicial y las señales de politización de la Corte, incluida la actuación de la ministra Lenia Batres.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó un Plan de Inversión en Infraestructura 2026 2030 por 5.6 billones de pesos (públicos y “mixtos”), con énfasis en energía, trenes de pasajeros, carreteras, puertos y obras estratégicas vinculadas al nearshoring.
El esquema descansa en inversión pública directa y en esquemas de “inversión mixta” (asociaciones con privados) para detonar recursos adicionales y complementar los incentivos del Plan México para relocalización de cadenas productivas.
En el papel, esto responde a una demanda real de empresas que necesitan energía confiable, logística y certidumbre regulatoria para localizar plantas y centros de distribución en México.
La reforma al Poder Judicial, que reconfigura la integración y el nombramiento de jueces y ministros, ha sido señalada por centros de estudio y analistas como un factor de mayor incertidumbre jurídica, pues se percibe una posible reducción de independencia y mayor politización de tribunales.
Evaluaciones del sector privado apuntan a que ya se observa desaceleración de la inversión y que la reforma puede elevar la “prima de riesgo” exigida para proyectos de largo plazo, sobre todo en sectores intensivos en litigios regulatorios (energía, infraestructura, financiero).
Hay que tener presente que cuando el inversionista duda de que tendrá un árbitro judicial neutral en caso de conflicto con el Estado, aun los paquetes de gasto público más ambiciosos pierden parte de su efecto atractivo.
El papel de la Suprema Corte y de Lenia Batres bajo la nueva configuración, ha enviado señales contradictorias: decisiones de atracción de asuntos fiscales de grandes grupos (como FEMSA) tras rechazar previamente la revisión alimentan la percepción de criterios cambiantes y espacio para decisiones discrecionales.
El protagonismo de Lenia Batres, identificada con el oficialismo, y sus choques abiertos con colegas por supuesta defensa de intereses empresariales o por exclusiones en casos sensibles, han sido leídos por parte del empresariado como muestra de politización y conflicto interno en el máximo tribunal.
Ese entorno no significa necesariamente que toda inversión se detenga, pero sí que los grandes jugadores pedirán contratos más robustos, garantías adicionales, seguros y quizá retornos más altos para compensar la percepción de riesgo judicial.
La certidumbre y qué confianza despierta el plan a favor del plan presenta que México sigue siendo un polo estructuralmente atractivo por T MEC, cercanía a Estados Unidos y la tendencia al nearshoring, y el volumen de inversión anunciada en infraestructura envía una señal de que el gobierno quiere acompañar esa ola con obras concretas.
La alianza discursiva con el sector empresarial y los incentivos fiscales al nearshoring muestran disposición a construir un entorno pro inversión, al menos en lo económico.
Los argumentos en contra o condicionantes son, por un lado la reforma judicial y la percepción de una Corte menos independiente son vistas por think tanks y analistas internacionales como factores negativos para la inversión y el crecimiento, porque aumentan la inseguridad jurídica.
Episodios donde ministras como Batres son percibidas como actores políticos más que como jueces imparciales refuerzan entre inversionistas el temor de que controversias con el Estado se resuelvan en clave política.
En síntesis, el anuncio de Sheinbaum genera expectativas positivas en sectores que necesitan infraestructura y aprovechan el nearshoring, pero la confianza plena sólo llegará si el gobierno acompaña ese plan con señales claras de certidumbre, respeto a contratos, estabilidad regulatoria y contención de la politización del Poder Judicial; sin eso, buena parte de los 5.6 billones corre el riesgo de quedarse como promesa de gasto más que como catalizador de grandes flujos nuevos de capital privado
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*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.
