Por Miguel Ángel Cristiani
Las imágenes que nos llegan del norte de Veracruz no requieren de subtítulos ni de análisis complejos: familias sumidas en el lodo, viviendas arrasadas, cultivos perdidos, y un clamor que se hace más urgente conforme las horas y los días pasan sin una respuesta concreta. El diluvio que, una vez más, arrasó con vidas y patrimonios en los municipios veracruzanos ha dejado al descubierto no solo la vulnerabilidad de las poblaciones ante fenómenos naturales, sino también la tremenda ineficacia del sistema de respuesta ante desastres que, lejos de mejorar, se diluye en un mar de promesas vacías. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿quién va a responder por los daños materiales, humanos y emocionales que esta catástrofe ha dejado atrás?
Es una realidad incuestionable que las lluvias y las avenidas de los ríos en las zonas afectadas han superado los límites de lo soportable, pero no podemos seguir cediendo ante la falacia de la "emergencia controlada" mientras las familias no tienen ni lo mínimo para sobrevivir. Porque lo que está ocurriendo no es solo una cuestión de meteorología, sino un fracaso institucional que lleva años gestándose. Las víctimas de esta tragedia no necesitan que se les diga que la naturaleza es impredecible, sino que necesitan respuestas urgentes, soluciones reales y recursos que les permitan reconstruir lo que perdieron, algo que hoy parece más una promesa política que una acción inmediata.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– se apresuran a atender el reclamo legítimo de los afectados, pero más allá de las visitas protocolarias y las declaraciones llenas de buenas intenciones, lo cierto es que la ayuda sigue siendo inalcanzable para aquellos que más la necesitan. ¿De qué sirve que los gobernantes asistan a las zonas devastadas si la población continúa sin lo básico? ¿De qué sirve el desgaste mediático cuando el apoyo no llega a donde se necesita? Y lo más alarmante: ¿qué sucede cuando el aparato estatal se convierte en una barrera, como ocurre con las fuerzas armadas que bloquean la entrada de ayuda humanitaria? Esta situación no es solo una irregularidad, es una grave violación a la ética y a la necesidad de los pueblos afectados.
La frase "no nos ha llegado ninguna ayuda" resuena en cada rincón de las zonas impactadas, como un eco de desesperación. Y aunque las organizaciones civiles están haciendo lo que pueden, sus esfuerzos son insuficientes ante la magnitud del desastre y, sobre todo, ante la falta de voluntad política para liberar los recursos y permitir que las ayudas lleguen con la celeridad que el caso exige. Lo que estamos presenciando es una crisis dentro de la crisis.
Esto nos lleva a una reflexión más profunda: la desaparición del FONDEN, ese Fondo Nacional de Desastres Naturales que en su momento fue un recurso vital para enfrentar situaciones como la que ahora estamos observando, no fue un simple cambio administrativo. Fue una decisión ideológica, una de las muchas tomadas bajo el pretexto de "optimizar" recursos y destinar más fondos a las grandes obras de infraestructura. Sin embargo, al eliminarlo, el gobierno federal dejó a las comunidades más vulnerables a su suerte, pues ahora, más que nunca, la falta de un mecanismo efectivo de apoyo ha quedado expuesta.
La justificación de que el FONDEN se utilizaba para "grandes obras" no solo es una falacia, sino una mentira disfrazada de eficiencia. Los recursos nunca fueron suficientes para atender a la totalidad de las víctimas, pero al menos existía un esquema de respuesta que, si bien imperfecto, garantizaba una acción más rápida. Hoy, esa promesa se ha diluido en una parálisis presupuestal que se traduce en desinterés y desdén por los afectados.
Este es un momento crucial para reflexionar sobre el verdadero rol del Estado: ¿Para qué existen los gobiernos si no es para proteger, para atender, para auxiliar a los más vulnerables en situaciones de emergencia? Las inundaciones, los huracanes y las tormentas siempre serán impredecibles, pero la respuesta de un gobierno no debe serlo. La ciudadanía no pide milagros ni soluciones inmediatas, pero sí acciones concretas, respaldadas por recursos, por leyes que no se manipulen según las necesidades del poder, y por una ética que garantice que, cuando el desastre golpee, el Estado no se convierta en una figura ausente.
La lección de esta tragedia, por lo tanto, no debe ser solo la de reconstruir lo que se ha perdido, sino también la de exigir una nueva política pública de gestión de desastres que no se limite a repartir discursos, sino a construir infraestructura, a gestionar recursos de manera transparente, y a garantizar que la ayuda llegue a donde más se necesita.
Para Veracruz y para todo el país, el clamor de los afectados debe ser una llamada de atención para las autoridades y para la sociedad en su conjunto: el tiempo de las promesas vacías ya pasó. La reconstrucción no solo debe ser física, sino también ética y política. Y la próxima vez que el desastre se asome, no debemos seguir esperando la respuesta que nunca llega.
