IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
A 30 días de la instauración del nuevo Poder Judicial en México, el balance de su funcionamiento presenta avances importantes pero también desafíos y cuestionamientos.
Los nuevos jueces y magistrados cuentan en su mayoría con altos promedios académicos (mayoría con promedio 9 en especialidad), aunque algunas plazas fueron anuladas por incumplimiento de requisitos académicos. Avances y conocimiento, se ha completado la elección popular de jueces, magistrados y ministros, un hecho histórico que busca dar -según opinión del partido gobernante- mayor legitimidad y representación ciudadana.
Han asumido sus cargos más de 2,000 integrantes, incluyendo nueve ministros de la Suprema Corte, bajo la presidencia de Hugo Aguilar, con una mezcla de perfiles cercanos al oficialismo y algunos independientes.
Independencia y Libertad frente al Ejecutivo, hay percepciones encontradas; algunos trabajadores y expertos denuncian presiones y un camino hacia la politización y afinidad con el poder Ejecutivo.
La elección popular resulta controvertida, pues se acusa de manipulación por los acordeones del bienestar y de que los electos podrían responder a intereses políticos, restando autonomía real.
La Suprema Corte cuenta formalmente con independencia constitucional, pero hay signos de que se está reemplazando experiencia por perfiles ideológicos o políticos. La calidad académica de los nuevos integrantes es alta, pero hay cuestionamientos sobre la experiencia judicial y posibles vínculos políticos que les restan independencia y autonomía.
Se han reportado escándalos relacionados con la nómina en la Suprema Corte, donde el presidente Hugo Aguilar tiene 97 asesores, lo que genera críticas respecto a los costos operativos y contradicción con la austeridad prometida.
El costo total de la elección judicial fue millonario, proyectándose en más de 6,500 mil millones de pesos, un gasto sin precedentes para renovar el sistema judicial.
El nuevo Poder Judicial en México representa un cambio estructural con mayor participación ciudadana y potencial para revitalizar el acceso a justicia, pero enfrenta retos importantes para demostrar autonomía real, profesionalismo y eficiencia, mientras la atención pública está atenta a sus costos, transparencia y posible politización
En los primeros 30 días del nuevo Poder Judicial en México, algunas decisiones judiciales relevantes incluyen, la Suprema Corte reafirmó que el derecho a reclamar responsabilidad civil por actos de violencia sexual sufridos en la infancia o adolescencia es imprescriptible, protegiendo el acceso a la justicia para víctimas en esta situación.
Se estableció que el delito de feminicidio también aplica cuando existe una “relación de hecho” entre víctima y agresor, ampliando el marco para combatir violencia contra las mujeres.
La Corte resolvió que el ahorro para la pensión alimenticia de hijos puede ser retenido de trabajadores del Estado en ciertas circunstancias, garantizando obligaciones familiares.
Se reportan juicios relevantes en tribunales federales sobre despenalización del aborto a nivel federal, así como casos de criminalización de defensores comunitarios y ambientales. Empleados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Órgano de Administración Judicial (OAJ) y de tribunales colegiados definen esta etapa como un caos administrativo y judicial. Esto, unido a la falta de experiencia de la mayoría, ha orillado a que muchos integrantes discutan y resuelvan sobre asuntos que apenas han leído, avisan los empleados, y en consecuencia se cuelguen de votos de los otros. Además, que esté todo televisado en directo ha provocado que los ministros prefieran “hacer su speech, aunque sea sobre cosas que nada tienen que ver": “Pasa que uno habla de una cosa y otro de otra, no hay interlocución. Y eso que los asuntos que han estado complicados los han quitado”.
La Corte se está separando de esa función especializada para convertirse en un escenario de poder político, también en un trampolín. Eso, avisan, ya pasó con los tribunales de los Estados, donde sus presidentes se convertían después en gobernadores. “absoluto desastre administrativo del Órgano” (El país, 13-10-25).
Se está fortaleciendo el Tribunal de Disciplina Judicial para sancionar corrupción, nepotismo y fallas en la impartición de justicia dentro del Poder Judicial. Se ha implementado la concentración de amparos contra la reforma judicial para un mejor control en pocos juzgados especializados, iniciativa promovida por el INE.
En materia electoral, destacan resoluciones del Tribunal Electoral sobre suspensión de procedimientos y regulación de campañas.
Estas decisiones reflejan una agenda activa en derechos humanos, justicia familiar, corrupción judicial y regulación electoral con un Poder Judicial que busca mostrar capacidad operativa desde su renovación concreta, aunque aún bajo fuerte escrutinio público y solo el tiempo permitirá concluir si fue positivo o incluso negativo por la incertidumbre que ha generado en posibles inversionistas para nuestro país.
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*Maestro en comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del cuerpo académico de la Licenciatura en comunicación, así como de la Universidad Anáhuac, campús norte de CDMX.
