Hora cero
Luis Alberto Romero
El Diario Oficial de la Federación publicó este jueves el decreto que reforma el inciso a) de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de extorsión.
A partir de este viernes, la modificación entra en vigor y representa un paso importante en el combate a uno de los delitos más extendidos y dañinos del país, al incrementar las penas y establecer nuevas bases legales para su persecución.
La reforma fue aprobada por el Senado el pasado 24 de septiembre y posteriormente turnada a los congresos locales, de los cuales 25 ya dieron su aval, permitiendo así que la Cámara de Diputados declarara su validez constitucional.
Con su publicación, el Congreso de la Unión tendrá ahora 180 días para expedir la Ley General contra la Extorsión, que buscará homologar penas, definir agravantes y garantizar que el delito se persiga de oficio en todo el país, fortaleciendo la coordinación entre la Federación y los estados.
Durante la discusión en el Senado, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña, advirtió que la extorsión no es un delito menor ni aislado, sino un flagelo que lacera hogares, negocios, instituciones y comunidades completas. Los datos la respaldan: según el INEGI, en 2023 la extorsión fue el delito más frecuente en México, con un costo social y económico superior a 124 mil millones de pesos.
En Veracruz, el problema ha sido persistente: en 2024 se registraron 938 denuncias; en promedio, 78 cada mes; y entre enero y agosto de este año se iniciaron 576 carpetas de investigación por extorsión, un promedio mensual de 72 casos, lo que implica una leve reducción en la incidencia. Sin embargo, la cifra negra —delitos no denunciados— sigue siendo elevada, lo que refleja el temor y desconfianza de las víctimas.
El endurecimiento de las penas y la próxima ley reglamentaria son pasos necesarios para combatir de raíz un delito que afecta tanto a ciudadanos como a empresas.
La extorsión no solo mina la economía y la seguridad, sino también la confianza en las instituciones. Esperemos que el avance en el marco legal y el endurecimiento de las sanciones sirva para reducir la incidencia.
@luisromero85
