IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo*
La iniciativa
de reforma a la Ley de Amparo presentada en septiembre de 2025 tiene como
objetivo modernizar y agilizar el juicio de amparo, redefiniendo conceptos
clave como el interés legítimo, limitando las suspensiones provisionales y
ajustando plazos procesales. Busca además incorporar elementos tecnológicos
como la presentación electrónica y expedientes digitales para hacer el juicio
más ágil. Sin embargo, impone restricciones fuertes, como eliminar la
suspensión de actos reclamados en casos de bloqueos de cuentas por lavado de
dinero, prohibir suspensiones que afecten deuda pública, y limitar la
suspensión en casos de actividades que requieren permisos o concesiones.
El mayor
punto de controversia es la inclusión de un artículo transitorio que impone
retroactividad a la reforma. Esto significa que los cambios aplicarán a casos
ya en curso, pudiendo revocar suspensiones otorgadas bajo la legislación
anterior, sin posibilidad de defensa para las partes afectadas. La
retroactividad viola el principio constitucional de irretroactividad de la ley
en perjuicio de personas, consagrado en el artículo 14 constitucional, y un
grupo amplio de expertos y la propia presidenta Claudia Sheinbaum han mostrado
su rechazo al artículo transitorio por considerarlo inconstitucional.
Este impacto
de retroactividad genera un riesgo grave a la certeza jurídica para las
inversiones productivas en México. La reforma, al debilitar garantías
procesales y la capacidad de defensa judicial frente a actos administrativos y
fiscales, aumenta la percepción de inseguridad para inversionistas nacionales y
extranjeros. Las empresas podrían enfrentar mayor riesgo regulatorio y
dificultades para defender sus derechos, lo que eleva la prima de riesgo,
encarece la obtención de financiamiento y reduce la competitividad del país
para atraer inversión en un contexto global competitivo. El debilitamiento del
juicio de amparo, históricamente herramienta clave para protección jurídica,
pone en entredicho un marco confiable para la economía productiva y la
formalidad.
La reforma propone modernizar y agilizar el
juicio de amparo, pero la inclusión de retroactividad y restricciones a
derechos fundamentales puede afectar negativamente la certeza jurídica y
confianza de inversores en México. Esto podría tener un impacto directo en la
estabilidad y crecimiento de inversiones productivas en el país.
El impacto de
la reforma a la Ley de Amparo en las inversiones extranjeras y en el riesgo
país de México en 2025 es significativo y negativo.
La reforma
limita la capacidad de defensa legal contra actos arbitrarios o injustificados
de autoridades, como clausuras, disposiciones fiscales desproporcionadas o
actos regulatorios sin sustento. Esto genera una percepción de menor certeza
jurídica en el país, que afecta la confianza de inversionistas tanto nacionales
como extranjeros. La pérdida de este mecanismo de defensa, históricamente clave
para proteger inversiones y derechos, eleva los riesgos legales para los
empresarios y disminuye la seguridad sobre la estabilidad de sus activos y
proyectos en México.
En
consecuencia, la reforma eleva la prima de riesgo del país, encarece el
financiamiento y puede frenar la entrada y crecimiento de la inversión
extranjera directa. Se ha reportado que capitales extranjeros ya muestran
preocupaciones sobre la inseguridad jurídica, con salidas de capital reflejadas
en cifras millonarias y cancelación o postergación de proyectos productivos. La
limitación del juicio de amparo puede visualizarse como una señal negativa para
un clima de negocios competitivo, lo que impacta directamente en el nivel del
riesgo país y la percepción global sobre México como destino de inversión.
Organismos
empresariales como Coparmex han advertido que esta reforma pone en riesgo la
justicia, la confianza, la generación de empleos y la inversión necesaria para
el desarrollo económico del país. Además, la oposición política y expertos
jurídicos señalan que el debilitamiento de esta garantía constitucional puede
ocasionar un retroceso en el estado de derecho y efectos adversos en la
atracción de capitales.
La reforma a
la Ley de Amparo aumenta el riesgo jurídico para los inversionistas, lo que
puede frenar inversiones extranjeras y elevar el riesgo país de México,
afectando la economía y la competitividad internacional del país
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*Maestro en
comunicación por la Universidad Iberoamericana, de la cual formó parte del
cuerpo académico de la Licenciatura en Comunicación, así como de la Universidad
Anáhuac, campús norte de CDMX.
