.Dr. Rafael Vela Martínez.
Nuestra querida Universidad Veracruzana (UV), institución pública autónoma y orgullo de la vida académica de Veracruz, atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Una decisión tomada por la Junta de Gobierno de esta casa de estudios el pasado 20 de junio de 2025 —la prórroga ilegal por cuatro años más del rector Martín Aguilar Sánchez— ha desatado una crisis institucional sin precedentes, cuyas consecuencias no solo impactan a la comunidad universitaria, sino también a toda la sociedad veracruzana.
Frente a esta realidad, más de 4,000 estudiantes, académicos, investigadores, trabajadores y egresados nos hemos unido en la Red UV por la Legalidad, un movimiento amplio, plural y profundamente comprometido con la defensa de la legalidad universitaria. Desde esta plataforma hemos emprendido acciones formales y pacíficas para restablecer el orden legal que ha sido vulnerado, y hoy hacemos un llamado urgente y respetuoso a las autoridades estatales y a la sociedad civil para que esta causa sea escuchada, comprendida y respaldada.
Es importante señalar que en un oficio entregado el 1 de octubre de 2025, hemos solicitado de manera formal una audiencia con la Gobernadora Constitucional del Estado de Veracruz, Ing. Norma Rocío Nahle García. Esta reunión tiene un profundo sentido institucional, y sus objetivos son claros:
1. Exponer con documentos y argumentos jurídicos las irregularidades legales cometidas por la Junta de Gobierno de la UV al otorgar una prórroga sin fundamento ni proceso formal, lo cual vulnera la Ley de Autonomía y la Ley Orgánica de la universidad.
2. Presentar el estado actual de los juicios de amparo interpuestos por integrantes de la Red ante el Poder Judicial de la Federación, buscando revertir legalmente este acto.
3. Compartir los hallazgos del informe del ORFIS sobre la cuenta pública 2024, que evidencian serias fallas administrativas durante la gestión del rector prorrogado, y que fortalecen el argumento de que dicha prórroga no solo es ilegal, sino injustificable.
4. Buscar, con respeto a la autonomía universitaria, vías institucionales para detener el deterioro de la legalidad y la gobernanza dentro de la UV, en un marco de cooperación y responsabilidad compartida.
Somos una gran mayoría de universitarios quienes reconocemos y valoramos el papel de la Gobernadora como jefa del Poder Ejecutivo estatal y como figura garante de la legalidad y del buen uso de los recursos públicos. Por ello, creemos firmemente que su participación en este tema, lejos de vulnerar la autonomía, puede ser una muestra de compromiso con la legalidad, la educación y el interés superior del estado.
Paralelamente, hemos dirigido un segundo oficio a la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Naomi Edith Gómez Santos, solicitando que, en ejercicio de sus facultades legales, la Legislatura realice una interpretación auténtica de los artículos 10 de la Ley de Autonomía y 36 de la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana.
En concreto, pedimos que el Congreso defina, de manera clara y vinculante, si la expresión “podrá prorrogarse” contenida en dichos artículos faculta realmente a la Junta de Gobierno para evitar la emisión de una nueva convocatoria y simplemente extender unilateralmente el mandato del rector. Esta ambigüedad ha sido utilizada por la Junta para justificar un acto que no solo carece de respaldo legal explícito, sino que viola el debido proceso universitario, al eliminar la participación de la comunidad en la elección del rector.
A la ilegalidad del procedimiento se suma ahora un argumento incuestionable: la ineficacia administrativa y el presunto daño patrimonial documentado por el ORFIS en su informe de la Cuenta Pública 2024. Este informe, elaborado por el órgano técnico de fiscalización del estado, detalla con precisión múltiples irregularidades durante la gestión del rector prorrogado. Algunos de los hallazgos más graves incluyen:
Daño patrimonial por $1,253,774.97 por un anticipo no amortizado en la construcción de aulas en la Facultad de Ingeniería Civil (región Poza Rica-Tuxpan).
$153,542.89 de daño patrimonial por falta de justificación documental en la obra de sanitarios en la Unidad de Ciencias de la Salud (Coatzacoalcos-Minatitlán).
Cuentas por cobrar por más de $806 millones de pesos no recuperadas, correspondientes a subsidios estatal y federal.
Siete obras terminadas, por más de $47 millones de pesos, que no han sido registradas como activos fijos de la Universidad.
Adquisiciones fraccionadas sin licitación por $1.8 millones, violando los principios de transparencia y rendición de cuentas.
Partidas bancarias no depuradas por más de tres meses, que evidencian descontrol contable.
Estos datos no solo reflejan una gestión administrativa ineficiente, sino que confirman la urgencia de revisar la decisión de prorrogar a quien ha dirigido esta administración cuestionada. ¿Cómo justificar una extensión de mandato cuando los resultados están lejos de ser satisfactorios y los organismos fiscalizadores del propio Estado lo están señalando?
Por ello, desde este espacio, realizo de manera respetuosa un llamado a toda la comunidad universitaria a sumarse a este esfuerzo que encabeza la “Red UV por la legalidad”. Esta no es una causa de un grupo, ni responde a intereses personales o políticos. Es la defensa de un principio: nadie puede mantenerse en el poder por encima de la ley.
De igual forma, también hago extensivo este exhorto a la ciudadanía veracruzana. Porque lo que ocurre en la Universidad no es ajeno al resto de la sociedad. La UV administra recursos públicos cuyo origen es el pago de nuestros impuestos; forma a los futuros profesionistas del estado y colabora en proyectos sociales y de desarrollo regional. Una universidad mal administrada, dirigida de forma ilegítima y sin transparencia, perjudica directamente a todos los veracruzanos.
Hoy, la Universidad Veracruzana está en una encrucijada; sin embargo, somos muchos los universitarios que, con pleno respeto a las instituciones y a la autonomía universitaria, confiamos en que la Gobernadora Rocío Nahle García y el Congreso Legislativo del Estado escucharán con apertura y atención las preocupaciones legítimas de una parte significativa de la comunidad universitaria, y contribuirán —desde sus ámbitos de competencia— a fortalecer la legalidad, la transparencia y la confianza institucional que Veracruz merece.
¡Porque la prórroga ilegal debe revertirse!
¡Porque la legalidad no se negocia!
¡Porque la Universidad Veracruzana debe ser ejemplo de integridad, no reflejo de impunidad!
Comentarios y opiniones: rvelam_1@hotmail.com
