Por Miguel Ángel Cristiani G.
El más reciente Informe de Movilidad Social en México 2025: La ruta hacia la inclusión financiera, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), pone el dedo en una de las llagas más profundas del país: la desigualdad de origen sigue marcando el destino de millones de mexicanos, y la inclusión financiera —presentada como una promesa de movilidad— aún no logra ser una realidad accesible para todos.
El documento, sustentado en la Encuesta ESRU de Movilidad Social (ESRU-EMOVI 2023), ofrece una radiografía descarnada: en México, la mitad de quienes nacen en el 20% más pobre no logra superar esa condición, y apenas dos de cada cien alcanzan los niveles de ingresos más altos. La movilidad social, ese ideal de que el esfuerzo individual puede transformar el destino, sigue siendo una excepción y no la regla.
El estudio del CEEY agrega un ángulo crucial: la relación entre la inclusión financiera y las oportunidades de ascenso económico. Tener acceso a una cuenta bancaria, un crédito o un seguro no es solo una cuestión de comodidad moderna, sino un factor determinante en las posibilidades de desarrollo. Sin embargo, el panorama es desalentador: solo el 49% de la población mexicana cuenta con algún producto financiero formal, mientras que el resto vive al margen del sistema.
Las diferencias regionales son alarmantes. En el norte y el noroeste del país, siete de cada diez personas tienen algún tipo de inclusión financiera; en el sur, apenas tres de cada diez. La brecha de género refuerza la desigualdad: el 54% de los hombres accede a servicios financieros frente al 44% de las mujeres. Las cifras revelan un país fracturado, donde la ubicación geográfica, el nivel educativo y el género determinan el acceso a derechos económicos básicos.
El informe profundiza en un dato revelador: la inclusión financiera de los padres multiplica por tres las posibilidades de que sus hijos asciendan en la escala socioeconómica. Quienes crecieron en hogares con acceso a servicios bancarios tienen 3.25 veces más probabilidades de alcanzar el nivel más alto de ingresos que aquellos cuyos padres no los tuvieron. La inclusión, entonces, también se hereda. Y con ella, las desigualdades.
Lo preocupante es que este círculo virtuoso se convierte en un círculo vicioso para la mitad del país que sigue excluida. En los hogares donde nunca se habló de ahorro, inversión o crédito, los hijos repiten patrones de desconfianza y dependencia de la informalidad. Las tandas, los préstamos personales o los empeños sustituyen al banco. Así, la cultura financiera se convierte en un nuevo lenguaje de exclusión.
El informe señala que las mujeres, además de enfrentar brechas salariales y laborales, cargan con un “déficit de agencia financiera”. No se trata solo de falta de dinero, sino de falta de poder sobre el dinero. Culturalmente, se les ha enseñado a cuidar el gasto, no a generar patrimonio; a ahorrar para emergencias, no a invertir para el futuro. En los hogares más pobres, esta desigualdad se agrava con la falta de conectividad digital y la ausencia de servicios financieros accesibles.
El CEEY plantea una propuesta audaz: pasar de la educación financiera a la construcción de capacidades financieras. No basta con enseñar qué es un crédito o cómo abrir una cuenta; se requiere transformar hábitos, creencias y actitudes. Es una tarea que involucra tanto al Estado como al sector privado. El primero debe crear condiciones estructurales —regulación, infraestructura y educación desde la niñez—; el segundo, productos accesibles y sin sesgos que respondan a las necesidades reales de la población.
El desafío, sin embargo, no es solo técnico sino político. Porque detrás de las cifras hay un país donde la pobreza y la exclusión se administran, pero no se transforman. La inclusión financiera no puede convertirse en un eslogan vacío, sino en una política pública integral que garantice igualdad de oportunidades reales, no solo en el papel. De lo contrario, el sistema financiero seguirá siendo un privilegio reservado para quienes ya están dentro.
El informe
del CEEY nos deja una lección que debería resonar en las campañas,
los congresos y los bancos: no hay movilidad social sin inclusión
financiera, y no hay inclusión financiera sin justicia
social.
Mientras el acceso al sistema bancario dependa del
código postal, el género o el color de piel, México seguirá
siendo un país donde la cuna determina el futuro.
