DE PRIMERA MANO
Por
Omar Zúñiga
Sus
subalternos parecen realmente sus empleados y la padecen; los doctores José
Ramón Cossío y Marisol Luna la sufrieron en carne propia.
Hay
instituciones que se venden mejor de lo que se comportan.
La
Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Veracruzana,
a cargo de Norma Trujillo, es un ejemplo doloroso de esa brecha entre el
discurso y la realidad.
Mientras
sus boletines celebran la "cultura de paz" y los "Derechos
Humanos" proclamados en la Feria Internacional del Libro Universitario
(FILU) 2026, al interior de esa misma dependencia los trabajadores enfrentan
hostigamiento, discriminación y un ambiente de miedo que desmiente, punto por
punto, todo lo que la institución pregona.
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Apenas
ayer en este mismo espacio dimos cuenta que no es la primera vez que el nombre
de Norma Trujillo aparece ligado a conductas reñidas con el más
elemental profesionalismo, cortesia y sí, educación.
Periodistas
de la propia comunidad universitaria han dado cuenta de cómo la titular de
Comunicación Universitaria ha hecho de la grosería y la vulgaridad herramientas
de gestión.
El
caso de José Ramón Cossío y Marisol Luna no son anécdotas
aisladas: son síntomas de un estilo de dirección que confunde autoridad con
prepotencia, y jerarquía con impunidad.
Las
formas —destempladas, despectivas, carentes de la más mínima cortesía emulando
a su jefe de Rectoría— revelaron a una funcionaria que no sólo ignora los
protocolos de convivencia profesional, sino que los desprecia abiertamente
cuando considera que su posición la exime de respetarlos.
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Lo que
resulta particularmente revelador es el contraste: la misma dirección que
distribuye comunicados sobre empatía, inclusión y buen trato, es la que
protagoniza incidentes vergonzosos con comunicadores que hacen su trabajo. Si
la flamante directora no es capaz de mantener las formas frente a
destacadísimos investigadores
reconocidos a nivel nacional incluso internacional, difícilmente puede
sorprender lo que ocurre puertas adentro con su propio equipo.
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Respaldada
—o al menos tolerada— por Trujillo, Claudia Peralta Vázquez, jefa del
Departamento de Prensa, ha convertido los recursos institucionales en moneda de
cambio para premiar lealtades y castigar disidencias.
Durante
la cobertura de la FILU 2026, el personal eventual del departamento
—reporteros, diseñadores, correctores— trabajó jornadas que excedieron las ocho
horas de rigor, sin claridad sobre los horarios, sin compensación económica por
el esfuerzo adicional y sin el apoyo básico que en administraciones anteriores
se otorgaba de manera uniforme a todo el equipo: alimentos y viáticos de
transporte, poca cosa, pero es algo.
El
problema, precisan los trabajadores, no es la ausencia de presupuesto. Los
recursos existen y están aprobados. El problema es a quién decide Peralta
entregar esos recursos.
Mientras
algunos empleados —los que ella considera afines o leales— reciben apoyos y
consideraciones especiales, otros deben pagar de su propio bolsillo los costos
de estar haciendo su trabajo. Vulgo, pagan por trabajar.
La
misma jefa que omite apoyar a su equipo habría solicitado alimentos para ella
sola durante las jornadas más intensas de la FILU. Un gesto que, más allá de su
anécdota, condensa perfectamente la lógica que impera en el departamento:
primero yo, después yo y al final… yo.
Esta
discrecionalidad no es inocente ni casual.
Es un
mecanismo de control eficaz y perverso. Quien cuestiona, quien no se suma
incondicionalmente al grupo de los favoritos, quien simplemente hace su trabajo
sin rendirle pleitesía a la jefa, enfrenta exclusión, presión y —según
denuncian varios colaboradores— hasta actas administrativas levantadas con
testigos seleccionados a modo entre el personal cercano a la dirección. El
mensaje es prístino: la lealtad se compra con apoyos; la autonomía, se paga con
marginación.
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Es
difícil no percibir la ironía brutal de este cuadro. En los mismos auditorios
de la FILU donde se discutió sobre Derechos Humanos, diálogo y erradicación de
la violencia, los trabajadores de la dependencia encargada de transmitir esos
mensajes al mundo vivían exactamente lo contrario. Empleados con contratos
eventuales —es decir, con menor protección laboral y mayor vulnerabilidad—
sometidos a jornadas extenuantes, trato desigual y la amenaza permanente de
represalias si osan quejarse.
La
Rectoría de martincito - en minúsculas, igual que él- que opera bajo una
conducción cuestionada presume en su plan de trabajo el compromiso con los
Derechos Humanos y la erradicación de la violencia.
Son
palabras, mientras en la Dirección General de Comunicación Universitaria, la
violencia laboral tiene nombre, apellido y cargo. Y hasta ahora, completa
impunidad.
Esta
columna continuará dando seguimiento al caso. En próximas entregas,
testimonios, pruebas documentales y casos específicos de presunta violencia
laboral al interior del Departamento de Prensa de la UV.
Cuando
las instituciones fallan en lo más básico —tratar con dignidad a quienes
trabajan para ellas—, el periodismo y quienes lo ejercemos, tenemos la
obligación de decirlo.
¡Qué
barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
