IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
La elección para renovar el Congreso de
Coahuila dejó una de las señales políticas más relevantes rumbo a 2027. Más
allá de los números, la victoria del PRI en los 16 distritos electorales abre
un debate sobre los límites del poder político, el alcance real de los
programas sociales y el desgaste que pueden generar los escándalos públicos
cuando no existen respuestas convincentes por parte de las autoridades.
Es cierto que Coahuila representa un caso
particular. Históricamente ha sido uno de los bastiones más sólidos del priismo
nacional y cuenta con una estructura territorial que durante décadas ha
demostrado capacidad de movilización y organización electoral. Reducir el
resultado únicamente a un rechazo contra Morena sería un análisis simplista.
Sin embargo, tampoco puede ignorarse el
contexto nacional en el que ocurrió esta elección.
Durante años se construyó la percepción de que
los programas sociales se habían convertido en una herramienta electoral
prácticamente infalible. La lógica era sencilla, quien entrega beneficios
directos a millones de ciudadanos cuenta con una ventaja política difícil de
revertir. No obstante, la experiencia electoral comienza a demostrar que los
apoyos sociales pueden generar respaldo, pero no necesariamente garantizan
lealtad absoluta en las urnas.
Los ciudadanos pueden valorar una pensión, una
beca o un programa gubernamental y, al mismo tiempo, expresar inconformidad
frente a otros temas que consideran igual o más importantes. La seguridad, la
corrupción, la transparencia y la rendición de cuentas siguen teniendo peso en
la decisión electoral.
En ese escenario aparece uno de los temas más
incómodos para Morena, la percepción de impunidad.
Los señalamientos contra personajes cercanos
al movimiento, las acusaciones que han trascendido incluso a nivel
internacional y la defensa política de figuras cuestionadas han alimentado una
narrativa que podría estar comenzando a generar costos electorales. El caso de
Rubén Rocha Moya es quizá el ejemplo más visible. Aunque no existe una
resolución judicial que lo responsabilice de delito alguno, la discusión
pública sobre los señalamientos en su contra ha colocado al partido gobernante
en una posición defensiva que no ha logrado cerrar por completo.
El problema para Morena no radica únicamente
en las acusaciones, sino en la percepción de que algunas figuras públicas
reciben respaldo político inmediato mientras las investigaciones permanecen
ausentes, limitadas o poco visibles para la ciudadanía. En política, la
percepción suele ser tan importante como los hechos.
Por supuesto, sería irresponsable afirmar que
la derrota en Coahuila fue consecuencia directa del caso Rocha Moya o de los
señalamientos realizados desde Estados Unidos contra actores políticos
mexicanos. No existen, hasta ahora, estudios demoscópicos que permitan
establecer una relación causal contundente.
Pero también sería ingenuo descartar que estos
factores hayan influido en el ánimo de una parte del electorado.
La lección que deja Coahuila parece ser otra,
ningún partido es invulnerable. Ni siquiera aquel que controla la Presidencia
de la República, la mayoría de los gobiernos estatales y una amplia red de
programas sociales. Cuando los ciudadanos perciben errores, excesos o falta de
rendición de cuentas, las urnas siguen siendo el mecanismo más eficaz para
enviar mensajes políticos.
Quizá el dato más importante no sea que el PRI
ganó los 16 distritos. Lo verdaderamente relevante es que una parte del
electorado parece estar recordando a todos los partidos que el respaldo
ciudadano no es un cheque en blanco.
Y si Morena interpreta el resultado únicamente
como un fenómeno local, podría estar pasando por alto una advertencia que, con
el tiempo, podría replicarse en otras regiones del país rumbo a las elecciones
de 2027.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad
Iberoamericana. Formó parte del cuerpo
académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la
Universidad Anáhuac, campús norte.
