Por Miguel Ángel Cristiani
¿En qué momento negociar se volvió una simulación y
el derecho laboral una concesión caprichosa del patrón?
Lo ocurrido en la empresa Corporación Integral de
Comercio Exterior (CICE), en el Puerto de Veracruz, no es un conflicto más: es
un síntoma claro de la degradación del diálogo laboral en México, donde la ley
existe, pero su cumplimiento se negocia como si fuera favor y no obligación.
La huelga estallada a las 00:00 horas de este
lunes, con las banderas rojinegras ondeando en las instalaciones portuarias, no
fue producto de la improvisación ni de la radicalización sindical. Fue, simple
y llanamente, la consecuencia de una cerrazón empresarial que decidió dinamitar
la mesa de negociación antes que reconocer derechos básicos consagrados en la
ley. Ocho violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo no son un error
administrativo: son una estrategia.
El dato es tan insultante como revelador. La
empresa ofreció apenas 3 millones de pesos para el reparto de utilidades, lo
que equivale a unos 400 pesos por trabajador. La Constitución y la Ley Federal
del Trabajo son claras: el 10% de las utilidades debe distribuirse entre los
trabajadores. ¿Estamos ante una empresa que no genera ganancias o ante una que
maquilla sus cifras para evadir responsabilidades? La pregunta no es menor,
porque toca el nervio de la transparencia corporativa en México.
Pero si eso no bastara, la oferta salarial de la
empresa —un incremento del 0.01% frente al 20% solicitado— no solo es
insuficiente: es una provocación. En un contexto inflacionario donde el poder
adquisitivo se erosiona día con día, proponer un aumento simbólico raya en el
desprecio. No es negociación, es burla institucionalizada.
El impacto de esta huelga no es menor. Más de 1,200
trabajadores están involucrados directa o indirectamente, y las operaciones
portuarias ya resienten las consecuencias. La paralización de maniobras afecta
la salida de mercancías, como el caso de un embarque de Tubos y Aceros de
México (Tamsa), lo que pone en evidencia algo que el discurso oficial suele
olvidar: sin trabajadores no hay logística, no hay comercio, no hay economía.
Sin embargo, el problema de fondo va más allá de
CICE. Este conflicto revela una práctica que persiste en diversos sectores: la
simulación del cumplimiento laboral. Se firman contratos colectivos que luego
se incumplen, se establecen mesas de diálogo que terminan en monólogos
empresariales, y se recurre a tribunales que, aunque hoy más independientes,
siguen siendo la última trinchera de derechos que debieron respetarse desde el
inicio.
El papel del Estado tampoco puede quedar al margen.
Si bien un juez federal reconoció el derecho a huelga, lo cierto es que la
prevención del conflicto fue inexistente. La reforma laboral de 2019 prometió
un nuevo modelo de justicia laboral, más ágil, transparente y equitativo. Casos
como este obligan a preguntarse si esa promesa se está cumpliendo o si seguimos
atrapados en viejas inercias donde el poder económico pesa más que la ley.
No se trata de romantizar la huelga ni de idealizar
al sindicalismo. Se trata de reconocer que el equilibrio entre capital y
trabajo es un pilar de cualquier democracia funcional. Cuando ese equilibrio se
rompe, lo que sigue no es solo un conflicto laboral, sino una fractura social.
Porque al final del día, lo que está en juego no es
un porcentaje salarial ni un monto de utilidades: es la dignidad del trabajo.
Y cuando una empresa decide que cumplir la ley es
opcional, lo que realmente está declarando en huelga no es su operación, sino
su compromiso con la justicia.
