En política y en las instituciones, las formas importan tanto como el fondo. Un comunicado sin firma no es una simple omisión burocrática: es un acto que desnuda la fragilidad de una institución que, en lugar de hablar con voz clara y responsable, prefiere el susurro anónimo, la evasiva y la simulación. Y eso es exactamente lo que ocurre hoy en la Universidad Veracruzana.
En las últimas semanas hemos visto circular documentos que pretenden
“representar” la postura de la máxima casa de estudios frente al espinoso tema
de la prórroga del rector. Ahí está el comunicado atribuido a la Facultad de
Derecho, fechado el 1 de septiembre, que “desmiente” los pronunciamientos en
contra de dicha prórroga. Sin embargo, ese papel no lleva la firma de ningún
director, consejo técnico o autoridad académica. ¿Cómo puede la comunidad
universitaria tomar en serio un mensaje que no se atreve a asumir autoría?
Lo mismo ocurre con la llamada publicación de la “Oficina del Abogado
General”, que apareció sin la rúbrica de la titular. En un asunto estrictamente
jurídico, donde la abogada general debería conducir con claridad y
responsabilidad el posicionamiento institucional, lo único que aparece es un
comunicado fantasma, impersonal, sin rostro. La omisión no es casual: es un
acto de negación de la propia responsabilidad.
Que un comunicado institucional circule sin firma es tan grave como
dejar las puertas de una bóveda abiertas. Cualquiera podría redactar un texto,
colgarle un membrete y hacerlo pasar como oficial. Esa ambigüedad erosiona la
confianza, mina la credibilidad y revela que quienes deberían dar la cara
prefieren esconderse detrás de un sello sin dueño.
El mensaje es claro: las autoridades universitarias, lejos de defender
con argumentos sólidos la legalidad de la prórroga, optan por la simulación. Si
de verdad la Facultad de Derecho sostiene esa postura, que lo hagan
formalmente, con la firma de sus autoridades. Si la Abogada General considera
válido el proceso, que se pronuncie públicamente y asuma su papel. Pero lo que
vemos son papeles huérfanos, mensajes acéfalos y una estrategia de evasión.
Todavía más preocupante es enterarse de que la Junta de Gobierno ha
presentado quejas para frenar los amparos interpuestos contra la prórroga del
rector. En lugar de permitir que los procesos sigan su curso natural, buscan
retrasar la decisión judicial. ¿A qué le temen? Si están convencidos de que la
prórroga es legal, lo lógico sería esperar con tranquilidad la resolución.
Lo que estos movimientos revelan es otra cosa: que la Junta de Gobierno
no actúa en defensa de la institución ni de la comunidad universitaria, sino
para proteger intereses particulares, quizá los del propio rector. La paradoja
es grotesca: una universidad que debería ser ejemplo de transparencia,
legalidad y debate abierto, se esconde detrás de comunicados sin autor y de
maniobras dilatorias.
Las instituciones no se sostienen por la fuerza de sus muros ni por la
solemnidad de sus sellos, sino por la confianza de la comunidad a la que
sirven. Cuando la Universidad Veracruzana recurre al anonimato y a la opacidad,
lo que erosiona no es sólo su credibilidad, sino su propia legitimidad.
Una universidad pública, financiada con recursos de todos, no puede
permitirse el lujo de hablar en voz baja ni de esconder firmas. Tiene la
obligación de transparentar sus decisiones, de asumir con rostro y nombre cada
posicionamiento y de rendir cuentas a estudiantes, académicos y sociedad. Todo
lo demás es simulación, y la simulación es el camino más corto hacia la
descomposición institucional.
Ante este panorama, la comunidad universitaria y la sociedad veracruzana
no pueden permanecer en silencio. Es hora de exigir:
- Comunicados
firmados por las autoridades responsables, que otorguen validez y asuman consecuencias.
- Respeto
irrestricto al proceso de amparo, sin
maniobras dilatorias ni obstáculos al derecho de los ciudadanos a buscar
justicia.
- Honestidad
institucional por parte de la Junta de Gobierno, que no representa intereses personales, sino la voluntad y la
confianza de toda la comunidad universitaria.
La Universidad Veracruzana merece más que silencios firmados por nadie.
Merece transparencia, diálogo y respeto al marco legal que la rige. Quien
encabeza un cargo público, quien firma como autoridad académica, no tiene el
derecho de callar cuando la institución atraviesa un conflicto tan delicado.
Guardar silencio o esconderse detrás del anonimato no es neutralidad: es
complicidad.
La UV no puede seguir transitando por la ruta de los comunicados sin
firma, de las maniobras jurídicas oscuras y de la simulación institucional. Si
de verdad quiere preservar su prestigio, debe volver a hablar con voz clara,
responsable y valiente. Porque lo que está en juego no es sólo la legitimidad
de una prórroga, sino la credibilidad de una de las instituciones más
importantes de Veracruz.
Y cuando una universidad pierde credibilidad, pierde también su razón de
ser.
