(TODAVÍA PREVALECEN VICIOS DE
LA
“PICARESCA ELECTORAL” EN MÉXICO)
Por Francisco Berlín Valenzuela*
Analizando el proceso electoral que se está llevando a cabo en nuestro país, con la finalidad de elegir al próximo presidente de la república, diputados y senadores al Congreso de la unión, así como gobernadores, alcaldes y diputados de varias entidades federativas, es oportuno reflexionar sobre el significado y la dimensión que tienen tan importantes eventos comiciales, con el propósito de que los ciudadanos tengan una información adecuada.
Para la mayoría de los electores, el
participar en estos comicios el primero de julio, significa cumplir con los
derechos que como ciudadanos tienen de votar a los gobernantes que de acuerdo
con la ley deben ser electos por el pueblo. Así, el artículo 35 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que son prerrogativas del
ciudadano: “I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para
todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la
ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad
electoral corresponde a los partidos políticos así como a los ciudadanos que
soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos,
condiciones y términos que determine la legislación”.
Para la doctrina del Derecho Electoral, la
importancia del sufragio se explica en razón de que es un elemento esencial para
la integración de los gobiernos representativos. Es, por lo tanto, una forma de
designación de los gobernantes por el pueblo, constituyendo la variable electoral de una democracia,
la cual en una concepción integral
se compone también de otras variables como son: las económicas, políticas, jurídicas, sociales y culturales, entre
otras, que en su conjunto nos llevan a conceptualizar cuando estamos en
presencia de una nación verdaderamente democrática. Así lo establece nuestra Carta
Magna en su artículo 3º, al mencionar que el criterio que orienta a la
educación: “a) Será democrático,
considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un
régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante
mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”.
Las anteriores reflexiones son esenciales
para comprender, que por el solo hecho de que una nación realice elecciones
periódicas, cada tres o seis años, esto de ninguna manera significa que tiene
una democracia plena, pues para ello sería necesario observar que las otras
variables mencionadas, formen parte también de su estilo de vida y
comportamiento cotidiano.
A mayor abundamiento, hay que tener en
cuenta que la complejidad de una variable electoral deriva del cumplimiento de
diversos factores como son: que los miembros de un partido decidan con su libre
participación, quiénes deben ser sus candidatos para competir en una contienda
electoral y no se los impongan desde las altas esferas del poder; que los
electores en general no se sientan coaccionados ni presionados por la intensa
campaña que realizan los partidos con el enorme presupuesto oficial que se les
asigna, tratando de convencerlos de que sus candidatos son los mejores para
ocupar los cargos públicos por los que compiten, haciendo caso omiso del sentir
popular, que comprende que la mayor parte de las veces, ellos son apoyados por
importantes funcionarios gubernamentales,
dentro de una red de complicidades entrelazadas, con el propósito de seguir
conservando el poder y asegurar la continuidad de intereses y políticas
públicas de dudosa integridad ética.
A lo anterior, habría que agregar la enorme
desconfianza que los electores tienen sobre la limpieza de los procesos
electorales y el poco respeto a su voluntad ciudadana expresada en las urnas,
pues en el imaginario colectivo existen múltiples experiencias de prácticas
electorales censurables, influenciadas con los recursos públicos, que son
utilizados para apoyar a candidatos afines a los partidos que ejercen el poder
político en el gobierno federal o en las entidades federativas.
Observan con disgusto los electores, vicios
y prácticas que no han podido ser desterradas del todo, muchas de las cuales forman
parte de la “picaresca electoral” de nuestro sistema político, estando
presentes nuevamente algunas de ellas en las actuales elecciones, al seguirse
realizando el reparto de despensas a los votantes, compra de sufragios por
diversos medios, empleo de programas gubernamentales para beneficiar a posibles
partidarios, así como la existencia de comportamientos que constituyen el
llamado por el pueblo “ratón loco”; “embarazamiento” de urnas; nombramiento de
funcionarios electorales “a modo”, seleccionados de una lista de simpatizantes del partido oficial; utilización de calígrafos
especializados en alteración de actas; instalación de casillas especiales para
recoger la votación de personas en tránsito, en las que se forman en los
primeros sitios numerosos votantes afines a un partido para agotar
tempranamente el número de boletas autorizadas; manipuleo de las credenciales electorales
por los partidos, al adquirir copias de ellas previo pago a sus poseedores, con
el propósito de utilizarlas para sufragar en favor de sus candidatos.
Aun recordamos que en no muy lejanas épocas
existieron las llamadas “casillas zapatos”, en las que todos los votos emitidos
al 100%, eran para un solo partido político, sin que ninguno de los electores
registrados en el padrón, dejara de emitir su sufragio ese día.
Independientemente de estas anomalías
electorales, algunas por fortuna ya superadas, todavía existe el llamado “voto
verde”, por medio del cual se asegura la votación colectiva de los hombres del
campo, de las poblaciones rurales, a través de caciques y personajes
influyentes, que los comprometen a cambio de favores económicos o de obras para
sus comunidades, con lo cual se obtiene una alta votación para los partidos y
candidatos que ofrecen tales beneficios.
Lo más lamentable de todo lo anterior, es
que la ciudadanía conoce muy bien estos vicios e irregularidades electorales
reseñadas, los cuales consiente muchas veces, por las apremiantes condiciones
económicas en las que se encuentra y las presiones ejercidas para que lo permitan.
También, es censurable que los organismos electorales rectores del proceso, que
conocen de estas violaciones, como es el Instituto Nacional Electoral (INE), el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía
Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, así
como los correspondientes en las entidades federativas, permanezcan
indiferentes a su existencia y hagan caso omiso de la obligación que tienen de
aplicar las sanciones correspondientes y aplicar la ley a quienes llevan a cabo
tales conductas, mermando el prestigio institucional que habían logrado
alcanzar.
Los electores veracruzanos y los mexicanos
en general, deben saber que para la moderna doctrina del Derecho Electoral, el
sufragio tiene una connotación más amplia, razón por la cual el maestro argentino
Carlos Fayt, lo considera como “un derecho político que tienen los
miembros del pueblo del Estado de participar en el poder como electores y
elegidos, es decir, el derecho a formar parte del cuerpo electoral y, a través
de éste, en la organización del Poder”, explicando con claridad las funciones
inmanentes: que son electorales y participativas, a las que agrega las funciones trascendentes como son,
las de: legitimación de los gobiernos e
integración de los órganos del Estado.
Mediante las funciones
electorales del sufragio, se llevan a cabo, entre otras, la designación de
candidatos, se establecen las calidades de electores y elegibles, se norman las
etapas del proceso comicial, así como la creación de las instituciones y
organismos que lo operan. Es importante, explicar que los ciudadanos al
concurrir a las urnas para emitir su voto, cumplen esta función al elegir a sus
gobernantes, la cual es muy limitada, pues una vez que lo hacen, no tienen ninguna forma de seguir
interviniendo en el trabajo político que los elegidos realizarán, por lo que
deben esperar a las próximas elecciones para volver a participar y ser tomados
en cuenta, , constituyendo lo que la doctrina denomina “elección-dimisión”, en
virtud, de que los ciudadanos al emitir su voto, renuncian a seguir participando
en el control de las acciones de los funcionarios elegidos. Estas ideas, llevadas
al extremo, nos dicen los autores españoles Cotteret y Emeri, condujeron al
revolucionario ruso Lenin, a decir que: “las elecciones sólo son el medio que
permite a los oprimidos elegir, cada cuatro años, a sus opresores”.
Para contrarrestar y complementar lo
anterior, algunos teóricos de los sistemas electorales, proponen la
introducción de las funciones participativas, que se realizan a través del
sufragio, en las llamadas formas de democracia semidirecta como son el
referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular y la revocación del mandato,
y que constituyen una forma concreta del ejercicio del poder en el Estado, por
parte de los miembros del cuerpo electoral, en la que el elector sigue
interviniendo individualmente, durante el periodo del mandato de los
gobernantes, quienes deseando compartir las responsabilidades públicas, buscan el
apoyo del pueblo, convocándolo para que manifiesten en un “si” o en un “no”
su voluntad política o administrativa.
Estas formas de democracia semidirecta que
son comunes en numerosas naciones, otorgan al electorado las posibilidades de una
mayor participación política, que va más allá de elegir a los gobernantes, pudiendo
participar en la toma de decisiones llevadas a cabo por ellos, convirtiéndose
en coparticipes del poder, como resultado de una convocatoria para intervenir
en una consulta popular y expresar sus opiniones sobre los asuntos públicos
cuestionados. Sería deseable que en México, donde ya existen estas formas de
democracia semidirecta, tanto a nivel federal como local, se utilizarán más frecuentemente,
para superar los estrechos límites de su intervención solo en los periodos de
elección de sus autoridades, para lo cual habría que legislar al respecto.
A trece días de que se celebren los
comicios que señalamos al principio de este análisis, nos queda la convicción
de que tenemos un sistema electoral muy complejo y complicado, carente por lo
mismo de la claridad y sencillez, que debían ser su principal virtud, pues
hemos visto que las constantes reformas que se le han venido haciendo en las
últimas cuatro décadas, motivadas por la desconfianza, suspicacia e intereses
partidistas, han conducido a una legislación cada vez más confusa y de difícil comprensión para todos los
involucrados.
Es de desearse que dentro de las múltiples
lecciones que nos deje este accidentado proceso electoral, en el que
lamentablemente más de un centenar de candidatos y políticos han sido privados
de su existencia y otros muchos ciudadanos han sufrido la embestida de una
violencia desenfrenada que parece imparable, se proceda a revisar el contenido
de la legislación electoral para corregir todas las anomalías que se han presentado y se
pueda construir un verdadero derecho electoral que nos lleve a mejorar la
calidad de la democracia mexicana que aún se encuentra inacabada.
*Analista
Político. Autor de libros sobre Derecho Electoral y Derecho Parlamentario.
Catedrático Universitario. Profesor-Investigador Emérito del Colegio de Veracruz.
Ex Secretario de Gobierno de Veracruz y ex Diputado Federal. Fundador del
Instituto Nacional de Derecho Electoral y Estudios Políticos, A.C.
