DE PRIMERA MANO
Hay
crueldad y mucha, en desperdiciar lo que a otros les cuesta la vida.
El pasado 6
de febrero, en una sala de juntas de la calle Soconusco en Xalapa, burócratas de
Servicios de Salud de Veracruz (SESVER) se reunieron en una especie de cónclave
de los 40 del siglo XX, para -entre otros asuntos del orden del día-, rubricar
la baja de dos lotes de medicamento oncológico caducado.
El primero:
fármacos con un valor de 15 mil 67 pesos con 94 centavos, provenientes del
Hospital Regional "Dr. Luis F. Nachón", mejor conocido como “el Civil
de Xalapa”.
El segundo,
el que más vergüenza e indignación provoca es el medicamento caducado del
Hospital Estatal de Cancerología "Dr. Miguel Dorantes Mesa", por un
importe de 929 mil 242 pesos con 26 centavos.
Es decir casi
un millón de pesos en medicamentos contra el cáncer que se dejaron pudrir en
una bodega.
Noventa y
cuatro kilogramos de insumos oncológicos convertidos en basura certificada, con
actas, dictámenes técnicos y reportes fotográficos que le dan a la negligencia
un barniz de pulcritud burocrática; se lavaron la cara.
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Esto ocurre
mientras el país atraviesa por la peor crisis de desabasto de medicamentos
oncológicos.
Desde 2019,
la falta de fármacos contra el cáncer ha provocado la muerte de al menos 4 mil
niñas y niños en el país, según organizaciones civiles que denuncian un
"genocidio silencioso" en el sistema público de salud.
Pero en
Veracruz se dejan caducar las quimioterapias.
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La historia
del cáncer y la corrupción en Veracruz tiene un capítulo especialmente sórdido
que el partido hoy gobernante explotó políticamente hasta el cansancio.
En enero de
2017, el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares denunció que durante la
administración del su antecesor Javier Duarte, las autoridades estatales de
salud suministraron agua destilada a niños con cáncer que debían recibir
quimioterapia.
Morena hizo
de ese escándalo un estandarte moral. Era el símbolo perfecto de la maldad
priista: niños con leucemia recibiendo agua mientras los funcionarios robaban.
El escándalo recorrió el mundo y contribuyó al derrumbe político del PRI en
Veracruz.
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Ante este escándalo
—documento público, firmado, sellado y archivado— la reacción de la oposición
política en Veracruz ha sido, en el mejor de los casos, tibia.
Luis
Carbonell de la Hoz, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, sólo atinó a
pedir una explicación. ¡Una explicación!, como si la magnitud del problema se
resolviera con un boletín.
El gesto
político equivale a descubrir un incendio y pedir al vecino que explique qué
pasó, mientras las casa sigue ardiendo.
Lo que
Carbonell debió hacer —si aspira a hacer algo más que ruido mediático— es
instruir a sus diputados en el Congreso local para presentar un exhorto formal
al gobierno del estado, exigir la comparecencia de la titular de SESVER,
solicitar una auditoría sobre los protocolos de almacenamiento y gestión de
medicamentos oncológicos en todos los hospitales bajo administración estatal, y
pedir cuentas por el impacto real en la atención a pacientes durante el periodo
en que esos fármacos debieron estar disponibles pero ya no lo estaban.
Eso es ser oposición.
Eso sería hacer su trabajo.
Pero la
bancada naranja parece tener otros compromisos. Mientras el dirigente lanza
declaraciones que no comprometen a nadie, la diputada Elena Córdova —que
debería ser la voz de Movimiento Ciudadano en el Congreso local— se la pasa
veraneando en Puente Nacional, cómodamente cobijada por la alcaldesa, su
incondicional.
La
indignación, al parecer, tiene horario de oficina y no aplica en fines de
semana ni en municipios amigos.
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Detrás del burocratismo
del acta de la sesión del 6 de febrero en SESVER, hay una verdad sencilla y
brutal: alguien dejó que las medicinas para los enfermos de cáncer se volvieran
basura. Y nadie, por ahora, parece dispuesto a pagar por ello.
En
Veracruz, las lecciones del pasado no se aprenden. Se archivan.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
