En México, el problema no es que los políticos
militen en un partido. El problema comienza cuando confunden el presupuesto
público con la cartera personal del movimiento político al que pertenecen. Y en
Córdoba, Veracruz, el alcalde Manuel Alonso Cerezo parece haber cruzado esa
línea con una naturalidad que retrata el deterioro ético de muchos gobiernos
municipales emanados de Morena.
La información difundida en redes sociales y
documentos de viáticos exhibe algo que, en cualquier democracia seria, sería
motivo de investigación administrativa inmediata: el alcalde reportó gastos
superiores a cinco mil pesos para asistir a una supuesta “capacitación” en
Oaxtepec, Morelos. Sin embargo, el propio informe termina por desnudar la
simulación: se trató de una reunión partidista de Morena, donde participó
incluso Luisa María Alcalde, dirigente nacional del partido oficial.
Es decir, no fue un encuentro institucional de alcaldes
para mejorar políticas públicas, fortalecer capacidades técnicas o gestionar
recursos para Córdoba. Fue un acto político-partidista. Y aun así, el costo
salió del bolsillo de los ciudadanos.
Pero el escándalo no termina ahí. Lo verdaderamente
ofensivo es el mecanismo empleado: el propio alcalde autorizó su comisión,
aprobó el gasto y lo cargó al erario municipal. En otras palabras, juez y
parte. Una escena digna de las viejas prácticas del PRI que Morena prometió
erradicar, aunque hoy parece perfeccionar con descaro burocrático.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas
establece principios básicos para el servicio público: legalidad, honradez,
lealtad, imparcialidad y eficiencia. También obliga a que todo gasto público
tenga justificación institucional y beneficio colectivo verificable. Aquí surge
la pregunta incómoda: ¿cuál fue el beneficio concreto para los cordobeses de
asistir a un encuentro partidista? ¿Qué programa municipal mejoró? ¿Qué
inversión llegó? ¿Qué problema de seguridad, agua, basura o desarrollo
económico se resolvió tras ese viaje?
La respuesta, hasta ahora, es ninguna.
Y mientras tanto, Córdoba sigue enfrentando rezagos
urbanos, problemas de infraestructura, inseguridad y servicios públicos
deficientes. Pero al parecer, para algunos funcionarios la prioridad no está en
gobernar, sino en quedar bien con la estructura política nacional que reparte
candidaturas y cuotas de poder.
Lo preocupante es que esta conducta ya se normalizó
en buena parte de la clase política mexicana. Se utilizan camionetas oficiales
para mítines, personal del ayuntamiento para operar campañas, oficinas públicas
para movilización electoral y recursos municipales disfrazados de “comisiones
de trabajo”. Todo bajo el argumento cínico de que “todos lo hacen”.
No. Precisamente porque todos lo han hecho durante
décadas, México arrastra una profunda crisis de desconfianza hacia sus
gobernantes.
Morena llegó al poder prometiendo austeridad
republicana, separación entre gobierno y partido y combate frontal a los abusos
del pasado. Andrés Manuel López Obrador construyó buena parte de su narrativa
denunciando precisamente este tipo de excesos. Por eso resulta todavía más
grave que muchos cuadros morenistas reproduzcan las mismas prácticas que antes
condenaban con ferocidad moral.
Porque cuando un alcalde usa dinero público para
acudir a reuniones partidistas, no solo incurre en una posible irregularidad
administrativa; envía un mensaje devastador: el poder ya no distingue entre
gobierno, partido y patrimonio público.
Y ahí es donde empieza el verdadero peligro
democrático.
No se trata únicamente de cinco mil pesos en
viáticos. El monto incluso podría parecer menor frente a los gigantescos
desfalcos que históricamente han saqueado al país. El problema es el símbolo.
La cultura política que representa. La idea de que el funcionario puede
disponer del dinero ciudadano según su conveniencia política y luego
autoaprobarse el gasto con absoluta impunidad.
Si las contralorías municipales, los órganos
internos de control y el ORFIS guardan silencio frente a estos casos, entonces
dejan de ser instituciones de vigilancia para convertirse en simples oficinas
decorativas al servicio del poder.
Porque cuando un alcalde convierte el ayuntamiento
en sucursal partidista, deja de gobernar para los ciudadanos y comienza a
administrar el municipio como botín político.
