CLAROSCUROS
José Luis Ortega Vidal
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A diez años de la extinción del Sindicato de Trabajadores del Sistema de Agua y Saneamiento “Teniente José Azueta”, que marcó el adiós al SAS en la ciudad y puerto de Veracruz, se toman decisiones de gran envergadura administrativa, legal y política en torno al manejo privado del suministro del vital líquido y el servicio de drenaje en una zona conurbada cercana al millón de pobladores.
La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo promueve auditorías y revisión al Grupo Metropolitano Agua y Saneamiento (MÁS), que desde diciembre del 2016 atiende este rubro con pingües beneficios para la población y ganancias monetarias efectivas para los empresarios concesionarios.
Veracruz es el municipio con más población en la entidad -607 mil 209 ciudadanos-, y comparte una zona conurbada con Boca del Río, donde el grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento también cuenta con la clientela de 144 mil 550 personas; además de Medellín de Bravo y su población que asciende a 90 mil 202 habitantes, de acuerdo al INEGI y su censo 2020.
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Los Ayuntamientos de Veracruz, con la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo, y Medellín de Bravo, cuyo alcalde es Samuel Acosta Martínez, solicitaron al Congreso local auditar al grupo MAS.
Un boletín oficial del Ayuntamiento porteño detalla:
“El Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) inició este miércoles (22 de abril) las auditorías a la empresa Grupo MAS para revisar el manejo de recursos públicos y el cumplimiento de sus obligaciones como concesionaria del servicio de agua potable, drenaje y saneamiento”.
“Se realizarán tres auditorías: una legal y de cumplimiento a cargo del ORFIS, y dos adicionales: financiera-corporativa y técnica, desarrolladas por despachos especializados designados por el organismo; estos trabajos contemplan la revisión de más de tres mil 300 documentos administrativos, legales y contables relacionados con la operación de la concesionaria.
Además, incluyen la inspección de 181 instalaciones, entre plantas potabilizadoras, pozos, tanques elevados y plantas de tratamiento, así como el muestreo de más de seis mil kilómetros de redes de agua potable y drenaje, y de alrededor de 250 mil tomas domiciliarias y descargas en el área.
De forma paralela, se evaluará el cumplimiento de la certificación de la calidad de agua para el consumo humano por alguna entidad acreditada y aceptada por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), así como la política tarifaria aplicada por la empresa para determinar su apego a la normatividad y al derecho humano al agua. La auditoría financiera concluirá en un plazo de 60 días y la técnica en un periodo estimado de cuatro meses.”
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Al escenario de revisión profunda desde el ORFIS al grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, se suma un contexto político con antecedentes clave durante la última vez que el PRI gobernó la cuatro veces heroica ciudad de Veracruz vía el alcalde Ramón Poo Gil, durante el periodo 2024-2017, así como el arribo de la primera administración de izquierda -MORENA- con la presidenta Rosa María Hernández Espejo.
Aparece en escena el respaldo directo de la gobernadora Rocío Nahle García; el accionar desde la LXVII Legislatura donde Esteban Bautista Hernández es titular de la JUCOPO y el papel del ORFIS a cargo de Delia González Cobos.
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De la privatización del agua a la revisión de un modelo marcado por quejas ciudadanas.
De la visión empresarial del último priista -Ramón Poo Gil- y dos gobiernos panistas -Fernando Yunes Márquez y Patricia Lobeira Rodríguez-, al ejercicio de poder desde la visión política popular de una edil izquierdista: Rosa María Hernández Espejo.
