Por Miguel Ángel Cristiani
¿Qué ocurre cuando el propio Estado mexicano decide
ignorar a su máximo tribunal? No es una pregunta retórica ni un ejercicio
académico: es el retrato puntual de lo que hoy sucede en Veracruz con la
ampliación portuaria y el abierto incumplimiento de una sentencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
El caso es grave, pero sobre todo revelador. La
sentencia de amparo 54/2022 no es una sugerencia ni una recomendación
administrativa: es una orden judicial firme que obligaba a rehacer los
manifiestos de impacto ambiental, incorporar a las comunidades afectadas y
corregir violaciones al derecho humano a un medio ambiente sano. En términos
simples, la Corte dijo: deténganse, revisen y hagan las cosas conforme a la
ley.
Pero no ocurrió.
Organizaciones civiles, científicos y especialistas
han documentado que tanto la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
como la Administración del Sistema Portuario Nacional Veracruz han optado por
el camino más peligroso: simular el cumplimiento. Y en política pública, la
simulación no es una falta menor; es la antesala de la impunidad.
El señalamiento de Xavier Martínez Esponda no debe
tomarse a la ligera. Cuando afirma que existe un incumplimiento directo de una
sentencia judicial, está poniendo el dedo en una llaga estructural del Estado
mexicano: la distancia abismal entre el discurso institucional y la realidad
operativa. Porque aquí no estamos ante un conflicto técnico, sino ante una
violación constitucional.
El derecho a un medio ambiente sano no es una
concesión del gobierno en turno. Está consagrado en el artículo 4º
constitucional y respaldado por tratados internacionales. La propia Corte, al
revocar 14 autorizaciones de impacto ambiental, reconoció que el proyecto de
ampliación del Puerto de Veracruz se había construido sobre bases ilegales. ¿Y
la respuesta institucional? Continuar como si nada.
Peor aún: excluir a la sociedad.
La omisión de la participación ciudadana en la
reposición de los estudios ambientales no solo contradice la sentencia, sino
que vulnera principios básicos de gobernanza democrática. No se puede hablar de
desarrollo cuando se silencian a las comunidades; no se puede invocar progreso
cuando se margina la ciencia independiente.
La creación de la Misión Civil por la Defensa del
Sistema Arrecifal Veracruzano es, en ese sentido, una respuesta digna, pero
también una señal de alarma. Que la sociedad tenga que organizarse para
documentar lo que el Estado debería transparentar evidencia un vacío
institucional preocupante. Y ese vacío se llena, inevitablemente, con
desconfianza.
El Sistema Arrecifal Veracruzano no es un estorbo
para el desarrollo económico; es un patrimonio ecológico estratégico, una
barrera natural contra fenómenos climáticos y un ecosistema de valor
incalculable. Destruirlo o ponerlo en riesgo sin cumplir la ley no solo es
irresponsable: es profundamente miope.
Hay que decirlo con claridad: el incumplimiento de
una sentencia de la Suprema Corte no es un asunto administrativo, es un desafío
al Estado de derecho. Y cuando las propias autoridades federales se colocan
fuera de la ley, el mensaje es devastador: la legalidad es opcional.
En un país donde se exige a los ciudadanos cumplir
normas, pagar impuestos y respetar instituciones, resulta inadmisible que el
gobierno actúe con discrecionalidad frente a un mandato judicial. La ley no
puede ser un instrumento de conveniencia política.
Aquí no hay matices ni zonas grises: o se cumple la
sentencia o se viola la Constitución.
Y mientras las autoridades sigan apostando por la
simulación y el desgaste, el costo no será solo ambiental o jurídico, será
moral y político, porque un Estado que desacata a su propia Corte no gobierna:
se deslegitima.
