Por Miguel Ángel Cristiani
En México y Veracruz, la austeridad dejó de ser
política pública para convertirse en escenografía. Se predica en tribuna, se
presume en conferencias… y se hunde —literalmente— en el estero cuando la
realidad alcanza a los protagonistas del discurso.
El reciente incendio de una embarcación vinculada
al diputado federal Zenyazen Roberto Escobar García no sería, en otro contexto, más que
un accidente marítimo. Pero en el Veracruz político, donde la narrativa oficial
insiste en la “austeridad republicana”, el episodio adquiere una dimensión
simbólica difícil de ignorar: el contraste brutal entre el discurso de
sobriedad y la ostentación privada.
No se trata del siniestro en sí. Afortunadamente no
hubo pérdidas humanas, aunque sí personas lesionadas, lo cual es lo
verdaderamente importante. El punto es otro: ¿de dónde sale el nivel de vida
que permite a ciertos funcionarios y exfuncionarios moverse en yates, lujos y
estilos de vida que simplemente no corresponden con sus ingresos públicos
conocidos?
Porque no estamos hablando de un empresario exitoso
ni de un inversionista con historial financiero transparente. Estamos hablando
de quien fue secretario de Educación en el gobierno de Cuitláhuac García
Jiménez, es decir, del responsable de administrar uno de los presupuestos más
grandes y sensibles del estado.
Y aquí es donde la historia deja de ser anecdótica
y se vuelve estructural.
La Secretaría de Educación de Veracruz no solo
maneja miles de millones de pesos al año; también ha sido históricamente un
espacio donde la opacidad administrativa, el manejo discrecional de recursos y
la falta de fiscalización efectiva han permitido la construcción de fortunas
inexplicables. No es un secreto: es una constante documentada durante décadas
por auditorías, observaciones y escándalos que rara vez terminan en sanciones
ejemplares.
Lo verdaderamente escandaloso no es que un político
tenga dinero. Lo verdaderamente grave es que lo tenga sin que exista claridad
sobre su origen, sin auditorías contundentes y sin que los órganos de control
—federales o estatales— hayan emitido siquiera “una observacioncita”, como
diría el argot burocrático.
Porque en México, y particularmente en Veracruz, el
problema no es la corrupción visible. Es la corrupción normalizada.
El episodio del yate no es un hecho aislado. Es la
fotografía perfecta de un modelo político donde el discurso público vive en un
universo paralelo al comportamiento privado. Donde se habla de combatir
privilegios mientras se reproducen con discreción. Donde la narrativa de
transformación convive cómodamente con prácticas de viejo régimen.
Y sí, las redes sociales hicieron su trabajo:
exhibieron el incidente, amplificaron detalles, convirtieron el episodio en
tema público. Pero más allá del morbo, lo relevante es lo que revela: una clase
política que sigue creyendo que la rendición de cuentas es opcional y que la
memoria ciudadana es corta.
Peor aún: el silencio institucional.
¿Dónde están las aclaraciones patrimoniales? ¿Dónde
los posicionamientos de los órganos de fiscalización? ¿Dónde la congruencia
entre discurso y realidad? Porque cuando no hay explicaciones, lo que crece no
es la duda: es la sospecha.
Y la sospecha, en política, es corrosiva.
Veracruz ya ha visto demasiadas veces esta
película. Funcionarios que entran con ingresos modestos y salen con patrimonios
que desafían cualquier lógica financiera. Escándalos que se diluyen.
Investigaciones que se enfrían. Responsabilidades que nunca llegan.
Mientras tanto, la ciudadanía observa, registra y
acumula agravios.
Porque el verdadero incendio no fue el del yate: es
el de la credibilidad pública que sigue consumiéndose cada vez que un
funcionario presume austeridad… mientras navega en el privilegio.
Y en Veracruz, la austeridad no se hunde por
accidente: se quema porque nunca fue real.
