Dr. Rafael Vela Martínez.
La vida de las universidades públicas en México está regida por un principio fundamental: la autonomía. Esta no solo implica la libertad para definir planes académicos o de investigación, sino, sobre todo, la capacidad de autorregularse dentro de un marco legal. Por tanto, la legalidad no es opcional, sino una obligación ineludible que todas las universidades deben acatar. En este sentido, la elección de autoridades universitarias, especialmente de los rectores, debe estar sujeta a los estatutos y reglamentos internos, más allá de quién designe al rector o de la edad que tenga el aspirante. Sin embargo, este principio ha sido violado recientemente en la Universidad Veracruzana (UV), donde la Junta de Gobierno ha prorrogado ilegalmente el mandato del actual rector, Martín Aguilar Sánchez, generando una grave crisis institucional cuyos principales afectados son los jóvenes universitarios.
Un análisis comparativo entre las universidades públicas del país permite entender que, si bien cada institución tiene autonomía y particularidades propias, todas comparten un elemento esencial: la necesidad de respetar su normatividad interna. Por ejemplo:
• Universidades como la UNAM, la UAM y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) establecen con claridad límites de edad para quien aspire a la rectoría (entre 30 y 70 años).
• Otras instituciones como la Universidad de Guadalajara o la Universidad Autónoma de Aguascalientes no establecen restricciones etarias, enfocándose más en la trayectoria y el perfil académico.
• En la mayoría de los casos, el órgano que elige al rector varía entre Juntas de Gobierno (UV, UNAM, UAM, UAA), Consejos Universitarios (BUAP, UAN, UAS, UAT), o en casos excepcionales como el Instituto Politécnico Nacional, la designación proviene directamente del Ejecutivo Federal.
Este mosaico de estructuras refleja la riqueza y pluralidad del sistema universitario mexicano. No obstante, lo que permanece constante es la exigencia de cumplir con las reglas internas establecidas. La legalidad, entonces, es el eje rector que da legitimidad al proceso, sin importar si es una Junta o un Consejo quien toma la decisión.
La situación actual en UV rompe con este principio de legalidad. De acuerdo con su Estatuto General, el rector debe tener entre 30 y 65 años al momento de su designación. No obstante, la Junta de Gobierno decidió, sin sustento legal alguno, extender por cuatro años más el mandato del rector Martín Aguilar Sánchez, aun cuando había rebasado el límite de edad.
Este hecho constituye una violación flagrante al Estatuto General de la UV y sienta un precedente altamente peligroso para la autonomía universitaria, pues demuestra cómo un órgano colegiado —en teoría garante de legalidad— puede torcer las normas para favorecer intereses particulares. La Junta de Gobierno, en vez de ejercer un papel ético y regulador, se ha convertido en promotora de la ilegalidad, anulando el sentido mismo de la autonomía universitaria.
Es tan evidente la ilegalidad de la prórroga, que el Rector Martín Aguilar y su incondicional Junta de Gobierno tienen temor de que los tribunales de la justicia federal puedan echar atrás la extensión de su mandato por 4 años más; en fechas recientes estos actores incorporaron un recurso de apelación para evitar que se llevara a cabo la Audiencia Constitucional fijada para el día 4 de septiembre pasado, donde se iba a dictar si un servidor tenía la razón al haber incorporado una demanda de amparo ante la justicia federal por haber extendido de manera ilegal la prórroga y violado mis derechos constitucionales, o si Martín Aguilar y su Junta de Gobierno tenían la razón como tanto han pagado para difundir en los medios de comunicación esa infame mentira. Si la razón les asiste, entonces ¿Por qué tanto miedo frente a los tribunales federales?
En contraste con lo ocurrido en Veracruz, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ha demostrado que es posible actuar con firmeza y legalidad, incluso en contextos de alta presión política y mediática. En su proceso reciente de elección de rector, la institución dejó fuera a varios aspirantes por no cumplir con los requisitos legales establecidos en la normativa universitaria, sin importar su relevancia pública o vínculos personales. Entre ellos, destaca el caso de la Dra. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue excluida del proceso por no reunir los requisitos establecidos en la convocatoria. Además, otro aspirante fue descalificado por haber falsificado documentos para fortalecer su currículum. Estas decisiones, tomadas con base en la ley y no en el oportunismo político, fortalecen la institucionalidad de la BUAP y demuestran que la autonomía universitaria se ejerce con legalidad, no con privilegios.
La prórroga ilegal en nuestra querida universidad, no solo representa una falta administrativa; constituye una amenaza a la esencia misma de la universidad pública. Un rector cuya permanencia no se sostiene en la legalidad carece de legitimidad para representar a la comunidad universitaria, gestionar recursos o tomar decisiones de largo plazo. Los principales perjudicados de esta crisis son los jóvenes estudiantes, quienes enfrentan un entorno contaminado por la incertidumbre, la falta de transparencia y el descrédito institucional. Se debilita la calidad educativa, se estancan proyectos académicos, y se deteriora el ambiente universitario. Los estudiantes merecen una universidad en donde las decisiones se tomen con responsabilidad, legalidad y visión de futuro.
En nuestra Máxima Casa de estudios debe revocarse la prórroga, y debe iniciarse un nuevo proceso de elección conforme a los estatutos vigentes, garantizando un proceso abierto, justo y legal. La rectoría no es un botín político ni una posición vitalicia: es una responsabilidad de alto nivel que debe ejercerse con apego a la ley. La comunidad universitaria, y en especial los estudiantes, exigen y merecen un liderazgo legítimo que esté a la altura de los desafíos educativos de nuestro tiempo.
