Por Miguel Ángel Cristiani
A veces la corrupción no necesita millones de
dólares en paraísos fiscales ni sofisticadas triangulaciones financieras. A
veces basta una cooperativa escolar, una tiendita de refrescos y frituras, y
una cadena de funcionarios acostumbrados a ordeñar todo lo que huela a dinero
público. En Veracruz, hasta el pan con mayonesa termina convertido en botín
burocrático.
Por eso llamó la atención —y hay que decirlo con
claridad— la advertencia lanzada por la gobernadora Rocío Nahle García durante
su visita a Tuxpan: “Quien se quede con el dinero, lo corro”. La frase no fue
casual ni producto del entusiasmo discursivo. Fue el reconocimiento explícito
de una práctica añeja, vergonzosa y perfectamente normalizada dentro del
sistema educativo mexicano: el saqueo hormiga de los recursos escolares.
Porque las famosas “tienditas escolares” nunca han
sido un tema menor. Durante décadas operaron como cajas chicas, negocios
particulares, cuotas disfrazadas y espacios donde siempre aparecía alguien
“administrando” recursos sin transparencia ni vigilancia. Dinero que debía
regresar a las escuelas terminaba diluyéndose entre directorios escolares,
supervisiones, intermediarios y la tradicional cultura mexicana del “moche”.
La gobernadora puso el dedo en una llaga que muchos
conocen, pero pocos se atreven a tocar. El dinero de las cooperativas escolares
pertenece a los planteles. Punto. No es patrimonio personal de directores,
inspectores ni funcionarios administrativos que históricamente han tratado las
escuelas públicas como feudos privados.
El problema es mucho más profundo de lo que parece.
La descomposición administrativa del sistema educativo mexicano no comenzó con
las grandes reformas ni con los pleitos sindicales. Empezó hace décadas en las
pequeñas corruptelas cotidianas que terminaron convirtiéndose en “costumbre”.
La cuota para el ventilador. El cobro “voluntario”. La cooperación obligatoria.
El negocio de uniformes. La papelería condicionada. Y, por supuesto, la renta
de cafeterías escolares convertidas en minas de efectivo sin auditoría real.
Por eso resulta importante recordar que el Congreso
local ya reformó el artículo 230 Bis del Código Financiero Estatal para
establecer con claridad que el 80 por ciento de los ingresos de las tiendas
escolares debe destinarse al mantenimiento de los planteles y el 20 por ciento
restante a supervisión educativa y apoyo docente. Es decir, la ley ya existe.
Lo que faltaba era voluntad política para aplicarla.
Porque en Veracruz abundan reglamentos impecables
que terminan archivados en cajones donde también duermen la ética pública y la
rendición de cuentas.
Nahle fue más allá al advertir que no permitirá
cobros ilegales dentro de las escuelas. Y ahí tocó otro nervio sensible del
sistema educativo. Miles de padres de familia conocen perfectamente el
viacrucis económico de cada ciclo escolar. Aunque la educación pública es
constitucionalmente gratuita, muchas escuelas sobreviven gracias a cuotas
disfrazadas de “aportaciones voluntarias” que, en la práctica, tienen muy poco
de voluntarias.
La realidad es brutal: durante años el abandono
presupuestal obligó a directivos y asociaciones escolares a buscar recursos
como pudieran. Pero entre la necesidad legítima y la corrupción oportunista se
abrió un terreno fértil para abusos, discrecionalidad y negocios particulares.
Y hay que decir algo incómodo: no toda la
responsabilidad recae en los gobiernos. También existe una red de silencios
cómplices dentro de algunas estructuras escolares donde nadie pregunta, nadie
fiscaliza y nadie transparenta cuánto entra y cuánto sale de las cooperativas.
Mientras haya opacidad, siempre aparecerá el “listo” que meta mano al dinero
creyendo que nadie lo notará.
Por eso el verdadero reto no es lanzar advertencias
mediáticas ni amenazar con despidos frente a las cámaras. El reto es construir
mecanismos reales de supervisión, auditoría y transparencia pública dentro de
cada plantel. Publicar ingresos. Transparentar gastos. Fiscalizar contratos.
Romper la vieja cultura del efectivo administrado “de palabra”.
Porque en México la corrupción rara vez empieza
robando millones: normalmente comienza cuando alguien descubre que puede
quedarse con el dinero de los niños… y no pasa absolutamente nada.
Y si hasta las cooperativas escolares terminan
convertidas en negocio político y administrativo, entonces el problema ya no
está en las aulas: está en la moral podrida de quienes dicen administrarlas.
