Por Miguel Ángel Cristiani
El poder tiene una vieja costumbre: disfrazar la
promoción personal de “compromiso social”. Cambian los partidos, cambian los
colores y cambian los discursos, pero la tentación de usar los programas
públicos como plataforma política sigue siendo la misma. Y en Veracruz, esa
enfermedad parece gozar de excelente salud.
La alcaldesa del puerto de Veracruz, Rosa María
Hernández Espejo, quien se supone conoce perfectamente las leyes electorales y
los límites constitucionales de la promoción gubernamental, ha decidido caminar
peligrosamente sobre la línea de la ilegalidad. Y lo más grave es que no puede
alegar ignorancia.
No estamos hablando de una improvisada llegada de
última hora al servicio público. Hernández Espejo fue catedrática de la
Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana, periodista radiofónica
y hasta figura pública en Bienestar durante años. Es decir, sabe perfectamente
cómo opera la comunicación política, cómo se construye una narrativa de
posicionamiento y cuáles son las restricciones legales para los funcionarios
públicos en materia de propaganda personalizada.
Por eso resulta imposible creer que la constante
aparición de su imagen en eventos de entrega de apoyos sociales sea producto de
la casualidad o del entusiasmo administrativo. No. Aquí hay cálculo político.
Hay estrategia de posicionamiento. Y hay un intento evidente de asociar programas
federales con la imagen de una autoridad municipal.
La semana pasada ocurrió nuevamente durante la
entrega de tarjetas de Bienestar para personas con discapacidad. Recursos
federales. Programas financiados por la Federación. Operación institucional
bajo reglas federales. Pero el evento terminó convertido en escaparate político
municipal disfrazado de “coordinación” entre órdenes de gobierno.
Ahí estuvo la alcaldesa, acompañada del todavía
delegado federal Juan Javier Gómez Cazarín, hablando de Bienestar, de respaldo
institucional y de programas impulsados “desde su administración”, como si el
dinero saliera de las arcas municipales o de la generosidad personal de algún
funcionario en campaña permanente.
Y ese es precisamente el problema: la perversión
del sentido público de los programas sociales. Porque los apoyos no son favores
políticos. No son regalos personales. No pertenecen a ningún alcalde, delegado
o gobernador. Son recursos públicos provenientes de los impuestos de los
ciudadanos y están protegidos por disposiciones constitucionales y electorales
que prohíben su utilización con fines de promoción personalizada.
Habrá que recordarle a la alcaldesa de Veracruz y
de paso a su jefe de prensa, que el artículo 134 de la Constitución es
clarísimo: la propaganda gubernamental debe tener carácter institucional y
fines informativos, educativos o de orientación social, sin incluir nombres,
imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier
servidor público. Más claro imposible. Pero en Veracruz pareciera que muchos
políticos leen la Constitución como quien hojea un menú: solo escogen lo que
les conviene.
Lo verdaderamente preocupante es que este tipo de
conductas se han normalizado. Hoy cualquier entrega de despensas, becas, apoyos
sociales o tarjetas bancarias termina convertida en sesión fotográfica
institucional. Funcionarios sonriendo y posando frente a cámaras, colocando
logos, pronunciando discursos y construyendo capital político con recursos
públicos. El bienestar convertido en escenografía electoral.
Y no se trata de un asunto menor ni de un
tecnicismo jurídico para abogados electorales. La utilización propagandística
de programas sociales erosiona la equidad democrática, manipula la percepción
ciudadana y confunde deliberadamente al beneficiario haciéndole creer que el
apoyo depende de la voluntad del político en turno y no de un derecho
constitucional.
Más aún cuando Veracruz tiene una larga historia de
clientelismo político, manipulación electoral y uso faccioso de la pobreza.
Durante décadas, los programas sociales fueron herramientas de control
político. Cambiaron las siglas, pero muchos vicios sobrevivieron cómodamente
reciclados en nuevos discursos de transformación.
La presidenta municipal tiene derecho a gobernar,
comunicar y rendir cuentas. Lo que no tiene derecho es a convertir programas
públicos en plataforma de autopromoción política anticipada. Porque una cosa es
informar y otra muy distinta es construir imagen personal aprovechando la
vulnerabilidad social de quienes reciben apoyos.
En política también existe la obscenidad
institucional: esa donde algunos funcionarios creen que repartir recursos
públicos les otorga derecho automático a posar como benefactores de un dinero
que no es suyo.
Porque cuando un político utiliza la pobreza para
promocionarse, deja de servir al pueblo y empieza a servirse de él.
