Por Miguel Ángel Cristiani G.
La corrupción ya no escandaliza Lo verdaderamente
alarmante es la descarada normalización de la impunidad. El saqueo dejó de
esconderse; ahora presume relojes caros, residencias blindadas, camionetas de
lujo y viajes internacionales exhibidos con insolencia en las benditas redes
sociales que el propio obradorismo convirtió en tribunal popular… hasta que
comenzaron a juzgar a los suyos.
Por eso es que todos son inocentes, aunque se muestren
las pruebas.
Porque hay algo profundamente podrido en un régimen
donde todos los acusados resultan milagrosamente inocentes, aunque las
evidencias los persigan como moscas sobre carne descompuesta.
Ahí están los videos, las propiedades, los
contratos, los vínculos familiares, los operadores financieros y las fortunas
imposibles de explicar con salarios públicos. Ahí están los testimonios, las
filtraciones, las investigaciones periodísticas y los expedientes
internacionales. Pero en la narrativa oficial todo termina reducido a “golpeteo
político”, “campaña mediática” o “ataques de los conservadores”. La vieja
receta priista reciclada con propaganda morenista.
Y mientras el discurso presidencial sigue hablando
de honestidad valiente, la realidad exhibe un gobierno incapaz —o peor aún,
poco dispuesto— a tocar a los suyos.
Porque la impunidad en México no desapareció:
simplemente cambió de uniforme partidista.
El caso de Sinaloa es especialmente delicado. No
por el escándalo político en sí, sino por lo que representa geopolíticamente.
La información sobre solicitudes de extradición y señalamientos internacionales
contra funcionarios ligados al gobierno sinaloense coloca al país en una
situación extremadamente vulnerable frente a Estados Unidos. Y aquí conviene
hablar sin ingenuidad: Washington no mueve piezas militares ni agencias de
inteligencia por capricho diplomático.
Cuando la DEA, el FBI y la CIA comienzan a
coincidir públicamente en diagnósticos sobre infiltración criminal, el problema
deja de ser mediático y se convierte en asunto de seguridad hemisférica.
México ya vivió algo parecido en los años más
oscuros del narcotráfico colombiano. Primero fueron las advertencias. Después
las listas negras. Luego las sanciones financieras. Finalmente llegaron las
operaciones de presión internacional. La historia enseña algo brutal: cuando
Estados Unidos percibe que un gobierno perdió capacidad o voluntad para
enfrentar al crimen organizado, deja de confiar en las instituciones locales y
comienza a diseñar escenarios unilaterales.
Por eso resulta inquietante el silencio oficial.
Mientras en redes sociales circulan versiones sobre
movimientos navales estadounidenses en aguas internacionales del Pacífico
—incluyendo portaaviones y fragatas asociadas anteriormente a operaciones de
presión geopolítica—, el gobierno mexicano parece atrapado entre el cálculo
político y el miedo diplomático. Nadie explica. Nadie aclara. Nadie fija
postura contundente.
Y el silencio, en política, casi siempre termina
oliendo a debilidad.
Donald Trump, con toda su brutalidad verbal y su
estilo pendenciero, entiende perfectamente cómo explotar el miedo de la
sociedad estadounidense frente al narcotráfico. Cuando lanza frases como “o
acaban con los cárteles o lo hacemos nosotros”, no habla únicamente para
México: habla para su electorado, para el aparato militar y para los sectores
duros de seguridad nacional que consideran a los cárteles una amenaza
terrorista regional.
Lo grave es que México parece no comprender la
magnitud del deterioro institucional que proyecta hacia el exterior.
Porque mientras aquí seguimos discutiendo si tal
funcionario es “compañero del movimiento” o “víctima de persecución política”,
allá observan otra cosa: rutas del fentanilo, lavado de dinero, control
territorial criminal y autoridades sospechosamente incapaces de actuar contra
estructuras que todos conocen.
Y eso tiene consecuencias.
Consecuencias económicas, diplomáticas, financieras
y hasta militares.
La soberanía no se defiende con discursos
patrioteros en conferencias mañaneras. Se defiende construyendo instituciones
creíbles, fiscalías autónomas y gobiernos capaces de castigar a los corruptos,
aunque militen en el partido oficial. Porque un país donde nadie poderoso pisa
la cárcel termina convertido en territorio administrado por pactos, favores y
silencios.
Hoy Morena enfrenta exactamente aquello que juró
combatir: una élite política intoxicada de poder, rodeada de sospechas y
protegida por un sistema de impunidad cada vez más descarado.
Y mientras el gobierno siga tratando la corrupción
propia como simple daño mediático, México continuará acercándose peligrosamente
a una verdad devastadora: cuando un Estado protege más a sus funcionarios
cuestionados que a sus ciudadanos honestos, deja de gobernar una República y
comienza a administrar un encubrimiento institucional permanente.
Porque el verdadero problema ya no es que existan
políticos vinculados con corrupción o crimen; el verdadero desastre nacional es
que el poder haya decidido convertir la impunidad en política oficial de
gobierno.
