Pagar pensiones a los trabajadores jubilados del gobierno es un problema fuerte que, mal manejado, puede estallar en un futuro no lejano en Veracruz, el país y todo el mundo.
Por lo pronto, en Veracruz el problema está al nivel de un dolor de cabeza; no para que estalle, pero ya deben buscarse alternativas de solución.
Para darse una idea de la situación del Instituto de Pensiones del Estado debe tomarse en cuenta esto: hay 98 mil trabajadores en activo y 38 mil pensionados; es decir, por cada burócrata jubilado con pensión del IPE sólo hay 2.5 empleados en activo.
Y existe un dato para llamar la atención: en la actualidad, 17 mil servidores públicos reúnen los requisitos, entre ellos, lógicamente, el de la antigüedad, para pensionarse. Si todos, en estos días y semanas, se jubilaran y demandaran su pensión, el IPE no tendría capacidad para responder: colapsaría.
De acuerdo con informes públicos, mensualmente esa institución debe pagar en pensiones alrededor de 800 millones de pesos y, en diciembre, por los aguinaldos, la cifra aumenta a unos 2 mil millones. Además, debe cubrir al IMSS, por concepto de cuotas, más o menos 730 millones.
Como se ve, los gastos son altos, los pensionados, muchos, y los trabajadores en activo, pocos, en relación con quienes reciben pensiones.
Esa ruta no va hacia un buen puerto, dado, entre otros factores, el aumento en la expectativa de vida; es decir, cada vez el IPE y todos los organismos similares deben pagar por más años las pensiones y la base trabajadora, la que aporta sus cuotas, se incrementa a un ritmo bajo.
Hace unos días se reunieron los representantes de varios sindicatos para reclamarle al IPE que está otorgando pensiones en forma irregular, bajando los montos de lo que supuestamente deberían recibir los trabajadores jubilados recientemente u otorgando pensiones desiguales.
Al parecer, a estos dirigentes sindicales se les olvidó que en julio de 2014 entró en vigor una nueva ley para regir al IPE, legislación vigente que, entre sus puntos más importantes, contempló aumentar la cuota de los trabajadores (11.5% de su salario a partir de 2015) y el llamado Salario Regulador, hoy motivo de las protestas.
Esta nueva Ley del IPE fue impulsada por el entonces gobernador Javier Duarte para darle un respiro al Instituto de Pensiones, pues desde hace años es un dolor de cabeza cubrir sus pagos a todos los jubilados con derechos.
Y ese Salario Regulador, en síntesis, echó abajo la disposición de que los servidores públicos se podían pensionar con el salario devengado en su último año de servicio. ¿Por qué se eliminó? Era común —incluso fueron detectados algunos ayuntamientos y sindicatos que se prestaban a eso— subir las categorías de los burócratas o los salarios de última hora a cambio de un dinero.
Ahora las pensiones se otorgan con relación al promedio de los salarios recibidos en los últimos años; de ahí que ya no proceda la “venta de categorías” ni los aumentos salariales en los últimos meses de la vida activa de un trabajador.
Esto entró en vigor en 2017 y, en los últimos años, han sido autorizadas alrededor de 3 mil pensiones ya con el Salario Regulador, pero es hasta ahora que causa escozor y se exige que se apliquen con el último año de salario, lo que iría contra la ley.
Además, según se ha señalado en el IPE, si actualmente están otorgándose pensiones con distintos montos en categorías y salarios promediados similares se debe a que, al entrar en vigor la nueva ley, la de 2014, varios miles de trabajadores se ampararon para no pagar el aumento de la cuota a 11.5% y los jueces emitieron distintas resoluciones, hoy reflejadas en las pensiones otorgadas.
Ahora hay sindicatos reclamando lo que no reclamaron en 2014. En dado caso, las protestas deberían encaminarse a tratar de echar abajo la ley vigente, cuestión que se ve muy difícil de lograr, pues hacerlo pondría en riesgo al IPE.
Al IPE, pasados gobiernos lo estaban desfondando. Su reserva, que había llegado a unos 6 mil millones de pesos, se la estaban acabando. Hoy esa reserva cuenta con un buen capital, pero eso no basta. El Instituto vive y paga porque recibe un considerable subsidio, en el caso de la Federación, vía el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), que puede destinarse a infraestructura física (obras), saneamiento financiero (amortización de deudas), modernización (catastros y recaudación), educación, protección civil, investigación científica… y a apoyar a los sistemas de pensiones.
Lo que ha recibido el IPE vía el FAFEF es considerable. Empezó siendo muy poco, en tiempos del entonces director Gonzalo Morgado, quien fue gestor ante Hacienda; pero ahora son fuertes las cantidades. Por ejemplo, en 2017 fueron unos 2 mil 185 millones y, en total, en más de una década, el fondo ha aportado alrededor de 34 mil millones de pesos.
En el Gobierno del Estado vieron esas cifras y consideraron que sería mejor destinarlas a rubros como las obras. Eso sería lo ideal; la cuestión es que una revisión —como la que actualmente se realiza al Instituto de Pensiones— mostraría que con lo del FAFEF se paga el 52% de las 38 mil pensiones. Sin ese fondo, sin ese subsidio, no habría IPE.
Desde hace años, en distintos gobiernos, le buscan y le buscan una solución a largo plazo al problema de las pensiones en Veracruz, pero no se le halla la cuadratura al círculo.
En Alemania, ante la presión económica que significa para las finanzas gubernamentales, ya no habrá jubilación a los 63 años. La edad legal está fijada en 67 años para 2030 y se irá incrementando gradualmente hasta los 70 años a finales de este siglo. Para mayor precisión, actualmente quienes tengan una larga carrera laboral podrán jubilarse a los 65 años, y quienes no (menos de 38.6 años de cotizaciones), hasta los 67.
¿Qué hacer en Veracruz? Existe la propuesta de aumentar la base de trabajadores otorgando plazas al personal de confianza, pero una proyección indicó que sólo sería “patear el bote” y crear un problema mayor dentro de unos años.
Más temprano que tarde se llegará a la conclusión de la necesidad de otra reforma en materia de pensiones, para topar algunos beneficios y, sobre todo, aumentar gradualmente las aportaciones de los trabajadores.
Ya se verá con el tiempo la ruta a seguir.
