IMPRONTA
Carlos Miguel Acosta Bravo
El llamado huachicol fiscal ya no puede verse
como un simple caso de contrabando de combustible. La nueva información sobre
el ingreso ilegal de 144 millones de litros de combustible en apenas 52 días
muestra algo mucho más grave, una estructura criminal con capacidad logística,
financiera, empresarial y política.
No estamos hablando de pequeños grupos que
roban gasolina en ductos o de operaciones improvisadas. Estamos frente a una
red que, presuntamente, logró mover alrededor de 2.7 millones de litros diarios
mediante documentación falsa, empresas fachada, transporte especializado,
complicidad aduanal y protección institucional.
Ese dato por sí solo debería encender todas
las alertas del Estado mexicano.
El huachicol fiscal se ha convertido en un
negocio multimillonario porque combina varios delitos al mismo tiempo:
contrabando, evasión fiscal, lavado de dinero, corrupción pública y
participación del crimen organizado. Su operación requiere algo más que
camiones y combustible. Necesita permisos, pedimentos, rutas, vigilancia,
contactos, funcionarios omisos o cómplices, y una red comercial capaz de
colocar el producto en el mercado.
Por eso el problema no puede explicarse
únicamente como una falla policiaca. Es una falla del sistema.
Durante años, el gobierno mexicano ha
prometido combatir el robo de combustible. Sin embargo, la continuidad de estas
operaciones demuestra que la estrategia no ha logrado desmontar el negocio
completo. Puede haber decomisos, detenciones y discursos oficiales, pero si el
combustible sigue entrando ilegalmente desde Estados Unidos, si se siguen
usando documentos falsos y si hay empresas involucradas, entonces el problema
sigue vivo.
Más aún, el caso golpea directamente una de
las decisiones más defendidas por el gobierno, la militarización de las
aduanas. Se dijo que entregar el control aduanal a mandos militares ayudaría a
reducir la corrupción y cerrar el paso a redes criminales. Pero si ahora las
investigaciones alcanzan a militares vinculados con operaciones aduanales,
entonces el discurso oficial queda severamente cuestionado.
La pregunta es inevitable, ¿quién permitió que
entraran millones de litros de combustible ilegal sin que nadie lo detuviera a
tiempo?
El asunto también tiene una dimensión
internacional. Estados Unidos ha aumentado su presión sobre México al señalar
redes de huachicol fiscal presuntamente vinculadas con el Cártel Jalisco Nueva
Generación. Las autoridades estadounidenses han acusado que este tipo de
operaciones no sólo sirven para contrabandear combustible, sino también para
lavar dinero y financiar actividades políticas.
Aquí es necesario hacer una precisión
importante. Los señalamientos sobre financiamiento de campañas son acusaciones
de autoridades estadounidenses y todavía deben probarse ante las instancias
correspondientes. No son, por sí mismos, una sentencia judicial. Pero
políticamente ya tienen un peso enorme.
Si se comprobara que dinero del huachicol
fiscal llegó a campañas, candidatos, medios de comunicación o redes políticas,
el golpe sería devastador. En especial para Morena, partido que ha construido
buena parte de su discurso alrededor del combate a la corrupción, con base en
la honestidad y la separación entre
poder político y poder criminal.
El daño no sería solamente legal. Sería un
daño de credibilidad.
Porque una cosa es afirmar que se combate la
corrupción y otra muy distinta es demostrar que se está dispuesto a investigar
hasta donde sea necesario, incluso si eso implica tocar empresarios,
funcionarios, mandos militares, operadores políticos o personajes cercanos al
poder.
El huachicol fiscal exhibe una realidad
incómoda. El crimen organizado ya no sólo disputa territorios con armas. También
disputa mercados, rutas comerciales, aduanas, contratos, empresas y
posiblemente espacios de influencia política. Su poder no está solamente en la
violencia, sino en su capacidad para infiltrarse en la economía formal.
Por eso el escenario más delicado es el de una
posible captura parcial de instituciones. No significa que todo el gobierno
esté involucrado, pero sí sugiere que algunas áreas del Estado han sido
vulneradas por intereses criminales y económicos.
Cuando un delito necesita documentación oficial,
rutas de transporte, permisos, protección, lavado financiero y distribución
comercial, es imposible pensar que todo ocurre desde fuera del aparato público.
Alguien mira hacia otro lado. Alguien facilita. Alguien protege. Alguien cobra.
México enfrenta entonces una crisis de
seguridad fiscal y política. Fiscal, porque el Estado pierde miles de millones
de pesos en impuestos que deberían destinarse a servicios públicos. Política,
porque cada nuevo señalamiento aumenta la sospecha de que las redes criminales
pueden estar comprando protección o influencia. Y de seguridad, porque el
negocio fortalece a grupos criminales con recursos suficientes para corromper,
intimidar y expandirse.
El gobierno mexicano tiene ante sí una prueba
mayor. No basta con negar señalamientos ni con acusar intereses externos.
Tampoco basta con presentar detenciones aisladas. Lo que se necesita es una
investigación completa, transparente y creíble.
Se debe saber qué empresas participaron, qué
rutas se usaron, qué funcionarios intervinieron, qué agentes aduanales
facilitaron la operación, qué transportistas movieron el combustible, qué
grupos criminales se beneficiaron y si hubo o no financiamiento político.
Mientras esas respuestas no existan, la
sospecha seguirá creciendo, y la desconfianza tanto de la sociedad como de
nuestro vecino y principal socio comercial también.
El huachicol fiscal ya no es sólo un delito
económico. Es una señal de alarma sobre la debilidad del Estado mexicano frente
a redes criminales que han aprendido a operar con apariencia legal. Si México
no desmonta estas estructuras desde la raíz, el mensaje será preocupante, que
el crimen organizado no sólo roba combustible, sino que también puede penetrar
instituciones, financiar poder y convertir la corrupción en una forma de
gobierno paralelo.
Ese es el verdadero riesgo. Y ese es el
desafío que el país ya no puede seguir minimizando.
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cacostabravo@yahoo.com.mx
Maestro en Comunicación por la Universidad
Iberoamericana. Formó parte del cuerpo
académico de la Licenciatura en Comunicación en esa institución, así como de la
Universidad Anáhuac, campús norte.
